¿Qué es la reforma constitucional de Chile? | RED/ACCIÓN

Mujeres, indígenas y ciudadanos comunes están a cargo de reescribir la Constitución en Chile: qué se espera de la nueva Carta Magna

 Una iniciativa de Dircoms + RED/ACCION

La convención que va a redactar la nueva Constitución en Chile es histórica por lo particular de su composición, no solo a nivel nacional sino también a nivel internacional. La convención se caracteriza por su paridad de género, 17 bancas ocupadas por pueblos originarios y muchos candidatos independientes. Y esto genera una gran expectativa.

Un hombre saluda a una mujer indígena con el Congreso de fondo.

Intervención: Denise Belluzo.

El 4 de julio del presente año, se definió en Chile a la presidenta de la convención que va a reformar la Constitución. La líder de este grupo de personas, que tienen en sus manos una tarea prácticamente refundacional, es Elisa Loncón. Ella es una mujer de 58 años, profesora de Inglés, doctora en Humanidades y Literatura. Su elección como líder de este organismo tuvo una relevancia simbólica porque Loncón es indígena originaria del pueblo mapuche.

En mayo, Chile votó a los integrantes de la convención, conformada por 155 representantes. Por primera vez en la historia, tendrá paridad de género: la componen 77 mujeres y 78 hombres. La centroderecha, espacio al que suscribe el oficialismo, no alcanzó a obtener un tercio de las bancas, por lo que no tendría poder suficiente como para bloquear los cambios que puedan consensuar los demás espacios. Entre los convencionales hay una notable presencia de ciudadanos particulares, que no provienen de ningún partido político, y de candidatos de izquierda, aunque se trata de una izquierda segmentada.

Esta nota se desprende de un episodio de FOCO, el podcast de RED/ACCIÓN.

Existe otra particularidad: de las 155 bancas, 17 corresponden a personas pertenecientes a pueblos originarios. Es decir que por primera vez en la historia a nivel mundial hay una convención constituyente que tiene paridad de género y tanta presencia de poblaciones originarias. Esto genera grandes expectativas respecto al tipo de Constitución que se va a redactar.

¿Se puede esperar un documento muy innovador, en línea con la convención que la va a redactar?

Juan Negri es doctor en Ciencias Políticas en la Universidad de Pittsburgh, Estados Unidos, profesor y director de las carreras Ciencias Políticas y Estudios Internacionales en la Universidad Di Tella. “Este proceso constituyente tiene lugar en un contexto profundo de crisis de los partidos políticos y las élites tradicionales, lo cual resultó en una convención muy curiosa y muy sobresaliente en términos del lugar que se les da a grupos tradicionalmente desaventajados. Se aseguraron lugares específicos para pueblos originarios: 17 asientos. Las organizaciones de la sociedad civil podían postular candidatos independientes, y había una muy estricta paridad de género. Todo eso lleva a una convención muy única en el grado de apertura a sectores tradicionalmente desaventajados”.

“La constitución no está escrita, pero se aspira a que todo este proceso resulte en un documento que sea muy progresista en términos de derechos de la minorías, cuestiones ambientales y otros temas de una agenda más de izquierda. El resultado ha sido muy favorable y tendiente a las demandas de la izquierda”, agrega Negri.

Por otro lado, la chilena Marta Lagos es miembro del comité de expertos en opinión pública de la ONU y fundadora de Latinobarómetro, un prestigioso sondeo que desde hace 23 años se encarga de registrar las inclinaciones políticas de la población de 18 países. Además, monitoreó la transición chilena a la democracia desde 1987 hasta el día de hoy, y resalta que “los pueblos originarios han sido ignorados, olvidados, invisibilizados, escondidos, ninguneados durante 500 años. El Estado chileno no ha hecho de facto ninguna política pública que incluya a los múltiples pueblos originarios y en particular al pueblo mapuche, que es el más numeroso, más aun ignorando las dificultades que fueron señaladas por el pueblo mapuche”.

Foto: Elisa Loncón en la Asamblea Constituyente, Chile/ Fuente: AFP

“Esta nominación de Elisa Loncón como presidenta de la Convención Constitucional Constituye tiene un impacto simbólico muy importante para el principio de la reparación ignominiosa de lo que ha hecho el Estado chileno con los pueblos originarios”, resalta Lagos.

Recordemos que la Constitución es la ley fundamental de un Estado. Tiene mayor jerarquía que cualquier otra ley, y define todo el ordenamiento jurídico, los derechos y obligaciones de los ciudadanos y el alcance de los poderes de las instituciones que rigen a un país.

Hoy en día, Chile tiene una Constitución que rige desde 1980, momento en el cual el poder lo tenía la dictadura militar de Pinochet, que se extendió de 1973 a 1990. Hay varias objeciones en torno al documento. Por empezar, una buena parte de la población considera que es ilegítima ya desde su origen, por haber sido redactada durante una dictadura y no durante un gobierno democrático. Después, en el contenido hay otras cuestiones, como su tinte autoritario: hay expertos que consideran que refleja una desconfianza hacia el pueblo a la hora de tomar sus propias decisiones.

Otro tema que gira alrededor de la Constitución chilena son los servicios esenciales: la salud, la seguridad social y la educación. La actual Constitución ubica al Estado en un lugar de subsidiario, y no de prestador y garante de estos servicios. El Estado chileno se limita a vigilar que se cumplan estos derechos, que están en manos de particulares. La dictadura de Pinochet se caracterizó en gran parte por sus privatizaciones. El resultado es una desigualdad en el acceso a cuestiones básicas.

Lagos explica que “el aspecto más importante de la constitución de Pinochet que se quiere cambiar son las mayorías calificadas, que han impedido la producción de múltiples reformas a lo largo de estos 30 años, impidiendo los cambios. En segundo lugar, se requiere quitarle los rasgos autoritarios a la constitución de Pinochet y en tercer lugar, dispersar el poder, es decir devolverle el poder a la gente la soberanía con el voto. Esto implica reforma de los partidos políticos, del financiamiento de la política, reforma profunda de cómo funcionan las organizaciones sociales, el financiamiento de las organizaciones sociales y los movimientos sociales, y para esto tienen que existir mayorías posibles en los futuros congresos. No poner vallas que son imposibles de alcanzar”.

La idea de reformar la Constitución empezó a cobrar fuerza después de un estallido social que hubo en octubre de 2019, cuando el Gobierno de Sebastián Piñera aumentó las tarifas del servicio de subte. La tensión fue creciendo hasta que en octubre de 2020 hubo un plebiscito, que preguntaba a toda la población chilena si debía reformarse la Constitución: un 78% dijo que sí.

Foto: AFP

“Lo increíble de este proceso es que todo esto tuvo origen en una serie de protestas por el aumento del subte en Santiago de Chile. Un fenómeno menor, en un contexto incluso de crecimiento económico, destapa una serie de tensiones subterráneas muy profundas. Esas tensiones muchas de ellas siguen en su lugar. Chile es un país excesivamente elitista, la educación secundaria y universitaria de un grupo cerrado determina el acceso a los mejores trabajos, a la clase política, la clase política es muy cerrada. Esos son los problemas de Chile profundos, los estructurales, en un contexto ahora de desprestigio de los partidos políticos y el gobierno. Y lo que hay que ver es si la Constitución logra resolver todos esos problemas. Lo más probable es que no llegue a resolver tan rápidamente todas esas cuestiones”, dice Juan Negri.

¿Qué cambios se pueden anticipar en esta nueva Constitución?

“No sé si se pueden anticipar los cambios. Lo que sí se pueden anticipar son las expectativas. Las expectativas son que cambie la dispersión del poder que hay hoy en día en Chile. Hoy hay cinco familias que controlan el 20% del producto bruto interno del país, y que por encima de las voluntades democráticas, estos poderes económicos interfieren en las políticas públicas. Interfiriendo de esa manera también en la manera en que el Estado hace una construcción del bien común. El Estado chileno no construye mucho bien común. Construye los bienes que logra conseguir dadas las presiones de los grupos económicos”, opina Marta Lagos.

Y agrega: “Esa es una de las transformaciones más importantes que tienen que suceder con la nueva constitución, que es construir la igualdad ante la ley, la igualdad ante la Justicia, y en tercer lugar, regulaciones que permitan controlar los poderes fácticos y económicos, que no pasen por encima de la voluntad del pueblo”.

“Es importante agregar cuáles son los riesgos. Los riesgos son poner demasiada expectativa en un texto constituyente. La Constitución escrita no resuelve los problemas, sino que es un primer paso. Asimismo, el riesgo es que, como ocurre en muchos países de América Latina, se amplíen derechos en el texto pero no pase lo mismo en la vida real. Hay una ventaja que tiene Chile en este aspecto, que es que la Constitución no está siendo llevada adelante por un líder muy fuerte. En general en otros países de América Latina esas reformas son el resultado de un líder autoritario y muy fuerte que concentra poder en el Ejecutivo. Este no es el caso. Pero el riesgo es que sea demasiado ambiciosa e idealista y que después la realidad le dé un fuerte golpe”, hace énfasis Negri.

En estos momentos, la convención tiene un año para redactar la nueva Carta Magna del país. Una vez terminada, el año que viene, la población deberá votar a través de un plebiscito para aprobarla o rechazarla.

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