Se dice que para entender las decisiones de las políticas “hay que seguir el dinero”. Inspirados por ese consejo, en The Nature Conservancy (en colaboración con el Paulson Institute y el Cornell Atkinson Center for Sustainability) hicimos cuentas para ver cuánto costaría preservar la biodiversidad, es decir, la variedad y abundancia de vida en el planeta.
Llegamos a la conclusión de que, si bien en el mundo se gastan anualmente entre $124 y 143 mil millones (a 2019) en actividades económicas en beneficio de la naturaleza, una suma muchísimo mayor se destina a actividades que la dañan. Es más, para proteger y entonces comenzar a restaurar la naturaleza necesitamos con urgencia cerrar una brecha de financiación anual de entre $598 y 824 mil millones.
Esa brecha tiene consecuencias devastadoras. Para inicios de esta década, el mundo no había podido alcanzar ninguno de los Objetivos de Aichi de 2010, el plan maestro global de conservación de la biodiversidad. Hoy se está preparando otro plan. A lo largo de los últimos dos años, los científicos y el gobierno han estado redactando un nuevo marco de trabajo global de objetivos para el manejo de la naturaleza hasta 2030, que se ha de adoptar en la próxima Convención sobre Diversidad Biológica (CBD COP15) en Kunming, China, cuya primera parte se ha programado para octubre próximo.
Al igual que el del acuerdo climático de París 2015, el marco de trabajo de la CBD contendrá las metas de los gobiernos, fijará prioridades claras e indicará qué debe hacer el sector privado para apoyar los objetivos globales. Sin embargo, nuestro estudio indica que para detener la crisis de la biodiversidad habrá que respaldar estas ambiciones con planes de financiación igualmente ambiciosos.
Para tal fin, nuestro informe recomienda distintas maneras para obtener los fondos necesarios para reconstruir una economía que ayude a la naturaleza. La brecha financiera se debe ir cerrando en ambos sentidos: reducir la necesidad financiera y aumentar los flujos de fondos. Primero, debemos detener o redirigir la actividad económica que dañe activamente a la naturaleza. Si bien los gobiernos alrededor del planeta proporcionan cerca de $530 millones anuales en subsidios y ayudas de precios a los agricultores, solo un 15% de estos incentivos apoyan resultados sostenibles. Peor aún, en su mayoría llevan al uso excesivo de fertilizantes o a la conversión de tierras (entre muchos otros efectos que acaban por degradar la naturaleza).
En segundo lugar, tenemos que ser más creativos sobre cómo generamos más fondos para proteger y restablecer las áreas naturales, así como mejores leyes para asegurarnos de que no haya una pérdida neta de naturaleza. A medida que desarrollamos nuevas infraestructuras para una economía de bajo uso de carbono, debemos evitar tanto como sea posible dañar la naturaleza, y compensar los efectos realmente inevitables con la recuperación o protección de ecosistemas en otros puntos del planeta.
Dentro del sector privado existe un amplio margen de maniobra para el desarrollo de herramientas “ecofinancieras” como bonos de impacto ambiental y préstamos verdes con bajos intereses para financiar iniciativas que mejoran la biodiversidad. Pero, para hacer realidad este potencial, los gobiernos deben crear las condiciones adecuadas para una mayor inversión privada mediante el desarrollo y la aplicación de mecanismos que den valor a la naturaleza en sus operaciones y sus cadenas de suministro.
Finalmente, tenemos que dotar de más eficiencia a nuestro gasto actual. Los arrecifes de coral, los bosques, los humedales y otros ecosistemas ofrecen hábitats sanos y sostenibles, al tiempo que brindan a las comunidades servicios de protección costera y gestión de aguas naturales. A veces esta “infraestructura natural” es más eficaz en función de sus costes que las soluciones de ingeniería “grises” como las represas y los muros de contención.
La protección y recuperación de ecosistemas naturales no solo preserva la biodiversidad, sino que ayuda a absorber gases de efecto invernadero y desarrollar resiliencia contra los efectos del cambio climático. La crisis de biodiversidad está íntimamente relacionada con la crisis climática. Las soluciones climáticas naturales (conservación, recuperación y una mejor gestión de los ecosistemas) tienen el potencial de cubrir un tercio de las reducciones anuales de emisiones necesarias para mantener el calentamiento global bien por debajo de los 2º Celsius.
El primer borrador del nuevo plan de acción global para la biodiversidad recalca la importancia de cerrar la brecha financiera anual de $700 mil millones para 2030, y llama a una reducción de $500 mil millones en los flujos financieros intersectoriales perniciosos y la movilización de otros $200 mil millones al año en flujos financieros positivos.
Estos objetivos financieros son una contraparte necesaria a los objetivos de sostenibilidad sectoriales, en que las áreas cruciales son la agricultura, la infraestructura y los servicios financieros. El Objetivo 15 del plan de acción pide a todas las empresas que “evalúen e informen sus relaciones de dependencia y sus efectos sobre la biodiversidad y reduzcan de manera progresiva su impacto negativo en al menos la mitad, al tiempo que aumentan los efectos positivos”.
Además, los ministros de finanzas del G7 han respaldado el nuevo Grupo Especial sobre Transparencia Financiera Relacionada con la Naturaleza, lo que impulsó a que muchas grandes firmas financieras fortalezcan sus informes sobre el impacto de sus activos sobre la biodiversidad (de manera similar a los ya exigidos informes climáticos). Todos estos son pasos en la dirección correcta, pero es necesario alinear por completo los flujos financieros generales con resultados positivos para la naturaleza, lo que ya está ocurriendo con respecto a la descarbonización.
Para pasar de la aspiración a la puesta en práctica, el nuevo marco de trabajo por la biodiversidad debe requerir a los países el desarrollo de planes nacionales financieros de la biodiversidad que identifiquen y entonces cierren las brechas nacionales de financiación, alineen todos los flujos financieros públicos y privados y, de ser necesario, presten asistencia a iniciativas similares más allá de sus fronteras. Estas reformas (y sus presupuestos correspondientes) deberán incluir partidas específicas para comunidades indígenas y locales que contribuyan a la conservación de la biodiversidad.
Los países en desarrollo necesitarán ayuda financiera, lo que se puede hacer duplicando los flujos de ayuda extranjera para mediados de esta década (algo que los países donantes ya lograron a mediados de la década de 2010), y asignando hasta un 30% de la ayuda climática a soluciones naturales, como ya han hecho países como Francia y el Reino Unido.
Por último, es crucial adoptar medidas dentro de cada país. Es necesario que los países destinen un mayor gasto a reducir sus emisiones, desarrollar resiliencia, proteger la biodiversidad y, en general, gasten menos en actividades dañinas para la naturaleza y el clima.
Ya no basta con seguir el dinero: debemos tomar una iniciativa activa en redirigirlo.
Andrew Deutz es Director de Finanzas de Políticas, Instituciones y Conservación Globales en The Nature Conservancy.
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