El único tema en el que coinciden la izquierda y la derecha en Estados Unidos estos días es el control de las megatecnológicas: todos parecen estar de acuerdo en que llegó la hora de que el gobierno federal regule las plataformas digitales. La cuestión ya no es si hay que hacerlo, sino cómo.
Hace poco, Nancy Pelosi (presidenta de la Cámara de Representantes y la funcionaria federal demócrata de más alto rango) discrepó de su importante electorado big-tech de San Francisco, al declarar que “la era de la autorregulación se terminó”. El presidente Donald J. Trump convocó a un encuentro sobre redes sociales en la Casa Blanca esta semana; en tanto, el senador republicano Josh Hawley de Missouri presentó un proyecto de ley que pondría en riesgo las garantías de inmunidad de las plataformas que exhiban prácticas “políticamente sesgadas” de moderación de publicaciones.
Los políticos están canalizando una difundida animosidad pública hacia las plataformas digitales: según una encuesta del Pew Research Center, los estadounidenses consideran que la desinformación es más peligrosa que el delito violento. Pero en marcado contraste con los países europeos, hasta ahora las autoridades estadounidenses le han escapado a la regulación, aduciendo para ello la complejidad de la tecnología o el riesgo de censura estatal. Ahora, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos (FTC) y el Departamento de Justicia (DOJ) acordaron coordinar investigaciones por prácticas anticompetitivas contra Facebook, Amazon, Google y Apple; en tanto, la subcomisión de la Cámara de Representantes encargada de vigilar esas prácticas también inició una investigación propia. Pero si se iniciaran acciones legales, serán lentas y difíciles de ganar con la legislación actual. Además, sin supervisión regulatoria, las medidas antitrust por sí solas no pueden resolver las vulnerabilidades que amenazan el flujo de información necesario para el funcionamiento de la democracia.
Las plataformas digitales actúan como filtro de los medios, y moldean el consumo de noticias, la expresión política y las lealtades de la sociedad civil. Pero como documentó el fiscal especial de los Estados Unidos Robert Mueller, también permiten a bots, cuentas falsas y “granjas de clics” influir en los usuarios, y delegan funciones editoriales en algoritmos optimizados que amplifican escándalos y teorías conspirativas para mantener a los usuarios conectados mirando anuncios. El contenido falso (por ejemplo el reciente video adulterado de Pelosi) corrompe todavía más la cadena de suministro de noticias. Y en general, las plataformas sólo aplican sus términos de servicio después de que la desinformación se viralizó.
Es verdad que la tecnología de las plataformas digitales y sus prácticas comerciales son cada vez más complejas; y las audiencias en el Congreso han dejado a la vista la extensión del analfabetismo digital entre los políticos. Pero la complejidad no impidió a Estados Unidos crear organismos especializados como la Administración de Alimentos y Medicamentos y la Comisión de Regulación Nuclear para proteger la seguridad de la ciudadanía. Y en el ámbito de la información y la expresión, la Comisión Federal de Comunicaciones tiene un historial de proteger la libertad de expresión contra abusos de entidades con poder de filtro.
Ahora que la clase política estadounidense está dispuesta a actuar, debe empezar instituyendo un organismo estatal regulatorio especializado para proteger la integridad de la cadena de suministro de información. Nos imaginamos una nueva Agencia para la Democracia Digital que haga lo que las megatecnológicas no tienen incentivos para hacer por sí mismas: mejorar la transparencia, dar más control a los usuarios y ayudar a sostener el periodismo local.
La ADD limitaría las vulnerabilidades del sistema digital sin interferir en las decisiones sobre el contenido, del mismo modo en que los proveedores de radio, televisión, cable y telecomunicaciones fueron adquiriendo más responsabilidad pública conforme se desarrollaron. La autorregulación tuvo un papel importante, incluido en esto las normas de transparencia propias de la industria periodística. Pero la regulación estatal (por ejemplo aplicación de normas de neutralidad a las empresas de telecomunicaciones, obligación de revelar las fuentes de propaganda política, restricciones a la posesión simultánea de periódicos y emisoras de radio y televisión en un mismo mercado, y el apoyo a la programación no comercial) fue esencial para evitar abusos. Al menos en radio y televisión, la regulación de los medios creó una cultura y un discurso del interés público.
En el caso de los filtros digitales de medios, la ADD: impondría transparencia respecto de quién paga publicidad política, la presencia de bots y las identidades de administradores de grupos y sitios web que se presentan como fuentes de noticias; ayudaría a los usuarios a comprender cómo y por qué ellos y sus conciudadanos han sido individualizados, y limitaría la vigilancia abusiva; daría a los usuarios control sobre el modo en que se usan sus datos y la forma en que los algoritmos les presentan contenido; ayudaría a los usuarios a protegerse de videos falsos y experimentos conductuales; y prestaría especial atención a la infraestructura de Internet y otros soportes para el periodismo de investigación y verificación de datos.
Para no caer en las mismas trampas que los organismos regulatorios estadounidenses de la era industrial (que tendían a obstaculizar la innovación con normas demasiado rígidas y a ponerse del lado de las empresas establecidas u otros intereses arraigados) la ADD tendría una estructura pensada para el siglo XXI. Sería un organismo regulador flexible, con diseño ágil de software y salarios suficientes para desarrollar la capacidad técnica interna necesaria. Y tendría fuertes restricciones que impidan a exempleados recientes actuar como representantes de la industria, para evitar “puertas giratorias” entre el gobierno y las plataformas digitales.
El nuevo organismo podría trabajar codo a codo con las autoridades estadounidenses de defensa de la competencia y de la privacidad en la FTC y en el DOJ, o incluso combinarse con ellas. Con el ejemplo de la Oficina de Protección Financiera del Consumidor, la ADD sería transparente y colaborativa, y pondría sus datos y procesos al alcance del público. Fijar estándares y medir en forma sistemática su efectividad le permitiría adaptarse a la evolución continua de la tecnología.
La ADD no decidiría respecto de si publicaciones individuales en Internet son verdaderas, falsas o de cualquier modo cuestionables, sino que se concentraría en los riesgos sistémicos de desinformación. Impondría una rendición de cuentas democrática exigiendo a las grandes plataformas tener reglas claras para la eliminación de contenido, la publicación de identidad de los anunciantes, un proceso de apelación para los usuarios y el acceso abierto a investigadores por motivos de interés público. Exigiría que las políticas de las plataformas que obligan a los usuarios a informar su verdadero nombre incluyan medidas de verificación, y que la categorización de un tema como trending topic confiera la credibilidad que los usuarios presuponen. También podría mandar a las plataformas que permitan a los usuarios personalizar los algoritmos que determinan qué noticias se les presentan. Y en vista de que las plataformas capturaron fuentes de ingresos que en otros tiempos sostenían al periodismo local, la agencia también podría crear un fondo para el sostenimiento de esos medios.
Aunque las plataformas digitales plantean una infinidad de cuestiones complicadas, el Estado tiene el deber de proteger a la ciudadanía, como ya lo hace en otras áreas igualmente complejas. Mientras Estados Unidos se prepara para la elección presidencial de 2020, la inteligencia artificial presenta desafíos cada vez más grandes al ecosistema informativo. La salud de la democracia estadounidense está en juego, y se ha vuelto necesario regular en defensa de la libertad.
Karen Kornbluh, ex embajadora de los Estados Unidos ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, es investigadora y directora de la Iniciativa para la Innovación Digital y la Democracia en el Fondo Marshall de Estados Unidos en Alemania. Ellen P. Goodman es profesora en la Escuela de Derecho Rutgers e investigadora superior no residente en el Fondo Marshall de Estados Unidos en Alemania.
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