El ingreso básico universal es una mala idea para luchar contra la desigualdad- RED/ACCIÓN

El ingreso básico universal es una mala idea para luchar contra la desigualdad

 Una iniciativa de Dircoms + RED/ACCION

Siempre se debe tener cuidado con las soluciones simples para problemas complejos, y el ingreso básico universal no es una excepción. El hecho de que esta respuesta a la automatización y la globalización haya sido recibida con tal entusiasmo indica una ruptura en la política democrática y la vida cívica.

El ingreso básico universal es una mala idea para luchar contra la desigualdad

Foto: AFP

Debido a la insuficiencia de la red de seguridad social en los Estados Unidos y otros países desarrollados, las propuestas para un ingreso básico universal (IBU) están ganando popularidad. La brecha entre los ricos y todos los demás se ha ampliado significativamente en los últimos años, y muchos temen que la automatización y la globalización la amplíen aún más.

Para estar seguro, si la única opción es entre el empobrecimiento masivo y un Ingreso Básico Universal, es preferible un IBU. Tal programa permitiría a las personas gastar su dinero en lo que más valoran. Se crearía un amplio sentido de propiedad y un nuevo electorado para sacudir el sistema de la política de grandes cantidades de dinero. Los estudios sobre programas de transferencia condicional de efectivo en economías en desarrollo han encontrado que tales políticas pueden empoderar a las mujeres y otros grupos marginados.

Pero el Ingreso Básico Universal es una mala idea, entre otras cosas porque sería prohibitivamente costosa a menos que estuviera acompañada de profundos recortes en el resto de la red de seguridad. En los EE. UU. (Población: 327 millones), un IBU de solo US$ 1.000 por mes costaría alrededor de US$ 4 billones por año, lo que se aproxima a todo el presupuesto de 2018. Sin grandes ahorros de costos, los ingresos fiscales de los EE. UU. Tendrían que duplicarse , lo que impondría enormes costos de distorsión a la economía. Y, no, un IBU permanente no podría financiarse con deuda del gobierno o moneda recién impresa.

Sacrificar todos los demás programas sociales por un IBU es una idea terrible. Tales programas existen para abordar problemas específicos, como la vulnerabilidad de los ancianos, los niños y las personas con discapacidad.

Imaginen vivir en una sociedad donde los niños todavía pasan hambre, y donde aquellos con problemas de salud se ven privados de la atención adecuada, porque todos los ingresos fiscales se destinaron al envío de cheques mensuales a todos los ciudadanos, millonarios y multimillonarios incluidos.

Aunque el Ingreso Básico Universal es un buen eslogan, es una política mal diseñada. La teoría económica básica implica que los impuestos sobre el ingreso son distorsionadores en la medida en que desalientan el trabajo y la inversión.

Además, los gobiernos deberían evitar las transferencias a las mismas personas de quienes obtienen los ingresos, pero eso es precisamente lo que haría una IBU. En los EE. UU., alrededor de las tres cuartas partes de los hogares pagan al menos algunos impuestos federales sobre la renta o la nómina, y una proporción aún mayor paga los impuestos estatales.

Además, ya se ofrece una política más sensata: un impuesto a la renta negativo, o lo que a veces se denomina “ingreso básico garantizado”. En lugar de darles a todos US$ 1.000 por mes, un programa de ingreso garantizado ofrecería transferencias solo a las personas cuyo ingreso mensual es por debajo de esa cifra.

Los defensores de la ingreso básico argumentarían que los programas de transferencia no universales son menos atractivos porque los votantes no los aceptarán con entusiasmo. Pero esta crítica es infundada. El ingreso básico garantizado es tan universal como el seguro nacional de salud, que no imparte pagos mensuales a todos, sino que beneficia a cualquiera que haya incurrido en costos médicos.

Lo mismo se aplica a los programas que garantizan incondicionalmente el apoyo a las necesidades básicas, como los alimentos para las personas con hambre y el seguro de desempleo para los desempleados. Tales políticas son ampliamente populares en los países que las tienen.

Finalmente, gran parte del entusiasmo por ingreso básico se basa en una mala interpretación de las tendencias de empleo en las economías avanzadas. Contrariamente a la creencia popular, no hay evidencia de que el trabajo tal como lo conocemos desaparezca pronto. La automatización y la globalización son, de hecho, trabajos de reestructuración, eliminando ciertos tipos de empleos y aumentando la desigualdad. Pero en lugar de construir un sistema en el que una gran parte de la población reciba subsidios, deberíamos adoptar medidas para alentar la creación de empleos de "clase media" con un buen sueldo, al mismo tiempo que fortalecemos nuestra red de seguridad social. El IBU no hace nada de esto.

En los EE. UU., los principales objetivos de la política deberían ser la atención médica universal, beneficios de desempleo más generosos, programas de capacitación mejor diseñados y una ampliación de beneficios tributarios a los los trabajadores de bajos salarios. Es menos costoso que un ingreso básico garantizado e incentiva directamente el trabajo.

Por el lado de los negocios, reducir los costos indirectos y los impuestos sobre la nómina que los empleadores pagan por la contratación de trabajadores estimularía la creación de empleos.

Igualmente importante, estas soluciones aprovechan la política democrática. No se puede decir lo mismo de un IBU, que se lanza en paracaídas desde arriba como una forma de aplacar a las masas descontentas. Las propuestas de un ingreso básico garantizado tienen todas las características del "pan y circo" utilizado por el imperio romano y bizantino: subsidios para desactivar el descontento y apacigua a las masas, en lugar de brindarles oportunidades económicas.

En contraste, el estado de bienestar social moderno que ha servido tan bien a los países desarrollados no fue impuesto por magnates y políticos, sino que el resultado de políticas democráticas. Su objetivo era proporcionar tanto un seguro social como oportunidades a las personas. La gente común hizo demandas, se quejó, protestó y se involucró en la formulación de políticas públicas, y el sistema político respondió. Se buscó proteger a los desfavorecidos y crear oportunidades, al mismo tiempo que se fomentaba el compromiso cívico.

Muchos problemas sociales actuales están arraigados en nuestro abandono del proceso democrático. La solución no es botar suficientes migajas para mantener a las personas en casa, distraídas y pacificadas. Más bien, necesitamos rejuvenecer la política democrática, impulsar la participación cívica y buscar soluciones colectivas. Solo con una sociedad movilizada y políticamente activa podemos construir las instituciones que necesitamos para compartir la prosperidad en el futuro, mientras protegemos a los más desfavorecidos entre nosotros.

Daron Acemoglu es profesor de economía en MIT y coautor (con James Robinson) de "Por qué fracasan los países".

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