El nuevo rol del Estado: un balance entre libertades individuales y la necesidades comunes | RED/ACCIÓN

El nuevo rol del Estado: un balance entre libertades individuales y la necesidades comunes

Hoy en día, las nuevas tecnologías digitales y estructuras organizativas pueden permitir al estado equilibrar la eficacia de las políticas con la libertad de los ciudadanos. Pero lograr esto requerirá que los gobiernos sean receptivos, inclusivos, dispuestos a experimentar y emprendedores.

El nuevo rol del Estado: un balance entre libertades individuales y la necesidades comunes

Foto: AFP

El tamaño y el papel del Estado han sido objeto de intenso debate durante más de un siglo, y hoy vuelven a serlo como resultado de la COVID‑19. ¿Deben los gobiernos involucrarse en más áreas de la vida social y económica, o supone eso necesariamente menos libertad y más derroche?

A un lado están los libertarios, que en el mejor de los casos consideran que el Estado es incompetente e ineficiente, y en el peor de los casos lo ven como una amenaza a la libertad individual. Es la tradición intelectual de Friedrich A. Hayek y Milton Friedman, y de dirigentes políticos como Ronald Reagan y Margaret Thatcher.

Se les oponen los estatistas, que piensan que el Estado es por naturaleza benévolo, y quieren expandir su poder de influencia sobre la sociedad y la economía. Es la visión de los socialistas fabianos y de los partidarios de la planificación central, de políticos contemporáneos como los senadores estadounidenses Bernie Sanders y Elizabeth Warren, y de partidos políticos europeos como Syriza en Grecia, el Movimiento Cinco Estrellas en Italia y Podemos en España.

Pero hoy existen nuevas tecnologías digitales y estructuras de organización que permitirían a los estados equilibrar la eficacia gubernamental con la libertad de los ciudadanos. El Estado puede ser a un mismo tiempo grande y pequeño, generoso y frugal, involucrarse en la vida de la gente sin llegar a entrometerse. Esto es particularmente importante durante una crisis como la actual pandemia de COVID‑19, en la que al Estado le cabe un papel crucial.

En las últimas dos décadas, Internet, las redes sociales, los teléfonos inteligentes y el abaratamiento de las computadoras y del software permitieron a las empresas privadas hacer más con menos; esto modificó desde la base sectores enteros, desde los medios de comunicación y la música hasta la venta minorista y el turismo. Esa revolución ahora está llegando al Estado. Gobiernos de todo el mundo tienen cada vez más acceso a tecnologías (y a los modelos de organización relacionados, por ejemplo unidades de innovación, laboratorios de políticas, equipos de análisis conductual) que modifican profundamente la escala y magnitud potencial de lo que pueden lograr. Para bien o para mal, las autoridades ahora pueden crear un vasto aparato estatal en poco tiempo y con bajo costo.

Estos cambios traen consigo tres grandes consecuencias respecto del funcionamiento del Estado. En primer lugar, es posible una provisión estatal de servicios con más calidad y agilidad y menos costo. Si Amazon, Google y Facebook pueden aprovechar el big data para ofrecer a grandes números de clientes una experiencia fluida y eficiente (a la que además intentan mejorar todo el tiempo), está claro que los gobiernos pueden hacer lo mismo por los ciudadanos. En la India, por ejemplo, el gobierno federal pudo proveer a más de mil millones de ciudadanos una identificación digital única en poco más de cinco años y por menos de un dólar por persona.

Un aspecto más preocupante es que los gobiernos también pueden usar las herramientas digitales para tener más control de sus ciudadanos, vigilarlos más de cerca y acumular más poder. Si las grandes tecnológicas consiguieron tanta influencia en la vida de las personas, esas mismas tecnologías pueden ser mucho más peligrosas en manos de los gobiernos.

Por ejemplo, el sistema de crédito social del gobierno chino usa tecnologías digitales para rastrear las interacciones y transacciones de ciudadanos y empresas, y les asigna una puntuación que combina las calificaciones crediticias a la manera occidental con otras más abarcadoras e invasivas de carácter reputacional, basadas en la conducta pública y privada. Esa puntuación repercute en el acceso de las personas a puestos de trabajo, financiación y servicios sociales (y también en su libertad para viajar).

Luego está la cuestión de la actitud que deban tomar los gobiernos hacia el uso de esas herramientas y tecnologías en el sector privado. Las autoridades deben decidir cómo regular plataformas digitales que cuentan con un poder inmenso, y cómo vincularse con las empresas (grandes y pequeñas) para estimular la innovación y el crecimiento inclusivo.

Las tecnologías digitales son inventos recientes, pero la cuestión del equilibrio entre la eficacia gubernamental y la libertad individual es muy anterior. En 1936, John Maynard Keynes advirtió: «Los sistemas de los estados totalitarios de la actualidad parecen resolver el problema de la desocupación a expensas de la eficacia y la libertad». Pero añadió: «puede ser posible que la enfermedad se cure por medio de un análisis adecuado del problema, conservando al mismo tiempo la eficacia y la libertad».

Para hacer frente a este desafío, los gobiernos tienen que seguir cuatro principios fundamentales. En primer lugar, el Estado debe estar atento a las necesidades de la ciudadanía. El diseño y la provisión de servicios públicos deben guiarse por la perspectiva de las personas que los usan en vez de basarse en el punto de vista de las autoridades. En los Países Bajos, por ejemplo, se está aplicando esta idea en el área de la asistencia social.

En segundo lugar, el Estado debe ser inclusivo, y equilibrar los intereses y necesidades de diferentes grupos de ciudadanos. Por ejemplo, la legislación sobre seguridad social y empleo debe tener en cuenta las necesidades de los empleadores y las de quienes buscan empleo. Es el objetivo al que apuntan el sistema danés de «flexiguridad» y los experimentos de ingreso básico universal que se están haciendo en diversos países.

En tercer lugar, el Estado debe experimentar. Debe probar constantemente nuevas iniciativas en programas piloto para reducir el riesgo de fracaso, evaluarlas y luego extender las que funcionen. El Reino Unido lo hizo en educación y en justicia penal (mediante la organización Behavioural Insights Team y la red What Works).

En cuarto lugar, el Estado debe tener espíritu emprendedor. Esto implica vincularse en forma proactiva con nuevas empresas y tecnologías, regularlas en formas innovadoras y cultivarlas para que florezcan. Algunos ejemplos incluyen el modelo regulatorio protegido (sandbox) del RU para el fomento de los sectores fintech y de los vehículos autónomos.

En momentos en que el mundo no termina de recuperarse de la pandemia y debe enfrentar complejas cuestiones sistémicas como el cambio climático, es vital volver a la pregunta fundamental de la política: qué forma debe adoptar el gobierno. Si no nos hacemos (y repetimos a menudo) esa pregunta, corremos el riesgo de terminar con un modelo de gobierno que nunca hubiéramos elegido.

Jaideep Prabhu, profesor de Negocios y Empresas Indias y director del Centro de Negocios Mundiales y de la India en la Escuela de Negocios Judge (Cambridge), es autor de How Should a Government Be? The New Levers of State Power (Profile Books, 2021) [¿Cómo deben ser los gobiernos? Las nuevas herramientas del poder estatal].

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