Este viernes 22 de mayo vence el plazo final para que la Argentina logre un acuerdo con los acreedores privados para renegociar la deuda. Es decir, la plata que inversores extranjeros le prestaron a la Argentina en los últimos años.
La propuesta original del gobierno. El equipo económico que lidera el ministro de Hacienda, Martín Guzmán, presentó un plan para reestructurar US$ 66.000 millones. El monto equivale al 15% de lo que produce en bienes y servicios todo el país en un año (llamado PBI). Esa propuesta, que busca renegociar casi la mitad del total de la deuda externa argentina y un quinto del total de la deuda pública, fue rechazada por los acreedores hace una semana.
Durante el fin de semana llegaron tres contraofertas por parte de los acreedores y la reacción del equipo económico fue positiva. La propuesta de los acreedores reduce de tres a sólo un año el período de gracia que pedía el Gobierno, incluyen rendimientos superiores a los ofrecidos y no hay quita en el monto adeudado.
- Valor de las nuevas propuestas. Proponen un valor presente promedio del 57%, muy lejos del 45% que ofreció la Argentina. ¿La cifra mágica será del 52%? Difícilmente se llegue a un acuerdo antes del viernes, fecha límite, por lo que se seguirá negociando mientras la Argentina entre en un período de default sin acciones judiciales.
El gobierno dice que busca un acuerdo que sea sostenible en el largo plazo y evitar un default desordenado, que a grandes rasgos significa no poder pagar los vencimientos y que en consecuencia el país no pueda acceder a nuevos créditos.
Lo que ofreció Guzmán:
- Suspender los pagos de intereses y capital por 3 años, un duro recorte en las tasas de interés (62%), una pequeña quita al monto total adeudado (5,4%) y una extensión general de los plazos para pagar los vencimientos.
- Los acreedores actuales obtendrían nuevos bonos con tasas de interés que comienzan en cero y aumentan gradualmente a medida que la economía se recupere, pero que en promedio serían de 2.33%.
Los beneficios de lograr un acuerdo. La propuesta de Guzmán significaría un ahorro de entre US$ 34.000 y US$ 41.000 millones para el Estado, lo que equivale entre el 8 y el 11% del PBI de la Argentina.
Para dimensionar esa cifra, veamos un ejemplo: si el Estado tuviese acceso a ese dinero todo junto y no tuviera otros compromisos, el monto sería suficientes para erradicar la indigencia, financiar el presupuesto de educación de todo un año y sobraría plata para financiar casi el 40% de lo que gastamos en el sistema de salud.
- El Observatorio de la Deuda Social de la UCA calcula que se necesitan US$ 1.300 millones para erradicar la indigencia
- Por ley, el presupuesto anual de educación debe ser el equivalente al 6% del PBI, pero en la realidad se invierte solo el 5%.
- En salud, las últimas cifras oficiales muestran que el Estado gasta el equivalente del 6,6% del PBI.
Otros efectos positivos:
- Dólar más bajo. El Estado va a necesitar menos dólares, dándole espacio al Banco Central para relajar el cepo y planchar el tipo de cambio.
- Inflación y salarios. Al bajar la demanda por dólares, y por ende el tipo de cambio, habría menos inflación y mejoraría el salario real.
Qué pasa si la Argentina entra cae en default. Sería la novena vez en nuestra historia y la sexta en los últimos 100 años. A nivel macroeconómico eso significa menos capacidad de gasto e inversión y, por lo tanto, menor actividad económica.
- Se cortaría por completo el crédito externo, al tiempo que el doméstico sería muy difícil de conseguir. La lógica es que si los acreedores internacionales no le prestan al gobierno, tampoco le van a prestar a las provincias o a empresas. La falta de credito para las empresas complicaría la inversión y eso resulta en menos crecimiento y menos empleo.
Lo que le debemos al mundo. El monto que quiere reestructurar el Gobierno representa el casi la mitad del total de lo que debe el país al mundo. La deuda pública total de la Argentina es de US$ 320.000 millones, lo que representan el 90% del PBI.
De los cuales un cuarto del total se lo debemos a acreedores privados, entre ellos, tenedores de bonos locales e internacionales; un tercio al sector público, principalmente la ANSES; y el 20% restante se lo debemos a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI).
El apoyo de un Premio Nobel de Economía. El economista Joseph Stiglitz lideró una carta abierta de apoyo a la propuesta argentina que también firmaron 135 economistas de la talla de Thomas Picketty, Mariana Mazzucatto, Jeffrey Sachs y Ricardo Hausmann.
En un extracto dice lo siguiente:
“Ahora es el momento para que los acreedores privados actúen de buena fe. Una resolución responsable sentará un precedente positivo, no solo para Argentina, sino para el sistema financiero internacional en general”.
Stiglitz dice que el alivio de la deuda es la única forma de combatir la pandemia del COVID-19 y establecer la economía argentina en un camino sostenible. Las Naciones Unidas considera que el impacto del shock en el país será uno de los peores en su región. El propio Guzmán reveló que este año la economía registraría una contracción del 6,5%.
