Vivimos en el Oscurantismo de las estadísticas sobre desigualdad. Más de diez años después de la “Gran Recesión”, los gobiernos todavía no pueden rastrear con precisión la evolución del ingreso y la riqueza.
Las agencias de estadísticas producen estadísticas del crecimiento del ingreso para la población en general (cuentas nacionales), pero no para la “clase media”, la “clase trabajadora” o el 1% y 0,1% más rico.
En un momento en que Google, Facebook, Visa, Mastercard y otras corporaciones internacionales conocen detalles íntimos sobre nuestras vidas privadas, los gobiernos todavía no capturan, mucho menos publican, las estadísticas más básicas relacionadas a la distribución del ingreso y la riqueza.
Esta deficiencia tiene enormes costos para la sociedad. La percepción de que las desigualdades están alcanzando picos injustificables en muchos países, combinado con una falta de alguna elección informada posible para los votantes, es alimento para los demagogos y los críticos de la democracia.
Para colmo de males, muchas veces se considera que los expertos en el campo de la desigualdad dependen excesivamente de estrategias metodológicas específicas, como quedó ilustrado en la reciente historia de tapa de The Economist, “Ilusiones de desigualdad”. Pero, por supuesto, los datos en las ciencias sociales, por su propia naturaleza, están abiertos al desafío, lo que hace que los debates metodológicos sean esencialmente inevitables. La pregunta es dónde trazar la línea entre un desacuerdo académico legítimo sobre los niveles y tendencias de la desigualdad y un negacionismo absoluto de la desigualdad.
Si la desigualdad es aceptable o no –y si debería hacerse algo o no al respecto- es una cuestión de elección colectiva. Para contribuir al debate, más de 100 investigadores de todo el mundo han unido fuerzas para desarrollar métodos innovadores para compilar estadísticas de desigualdad a través de la Base de Datos Mundial sobre la Desigualdad (WID por su sigla en inglés), que hoy cubre más de 100 países. La WID incluye el conjunto más amplio posible de fuentes de datos disponibles, desde encuestas hogareñas, datos de la administración tributaria, cuentas nacionales y rankings de riqueza publicados en los medios, hasta los “Panama Papers”, a través de los cuales el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación expuso acopios de riqueza escondidos en varios paraísos fiscales.
La metodología de la WID se establece de manera tal que permita que los resultados se reproduzcan y se debatan, contribuyendo al mismo tiempo a la expansión y mejora de los datos disponibles. Cuando se la aplica de manera consistente a varias regiones y países, aparecen patrones divergentes, en los que la desigualdad aumenta en algunos países y se estanca o declina en otros (pocos). Y la WID es una de las múltiples instituciones –incluidos el Centro de Datos Transnacionales LIS, el Instituto de Compromiso con la Igualdad, el Banco Mundial y la OCDE- que hoy funcionan fructíferamente para que entendamos mejor estas cuestiones.
Pero el progreso a la hora de medir la desigualdad se ha visto afectado por los recientes desarrollos en materia de políticas, que ocultan relatos sobre una mayor transparencia. Muchas economías avanzadas han reducido la cantidad de auditorías impositivas realizadas cada año, lo que hace más difícil acceder y analizar esta fuente clave de información. De la misma manera, en tanto se han eliminado gradualmente los impuestos progresivos sobre los ingresos de capital, y dado que se han derogado los impuestos a la riqueza y la herencia, algunas de las fuentes más básicas de datos sobre desigualdad de riqueza han desaparecido.
Debido a la falta de datos fiscales y administrativos de alta calidad sobre los ingresos de capital y la riqueza, muchos observadores recurrirán a otras fuentes, como los rankings de multimillonarios publicados por una cantidad de revistas. Pero, si bien estas fuentes pueden ofrecer información valiosa, no cumplen con los estándares del rigor metodológico y la claridad conceptual sobre los que debería basarse una conversación pública informada.
Por estas razones, los investigadores, los medios y las organizaciones de la sociedad civil tienen que involucrarse más. Es crítico que desarrollemos un conjunto de indicadores y métodos para rastrear el ingreso y la riqueza que sean reconocidos internacionalmente. Las agencias de estadísticas gubernamentales deberían publicar los niveles de ingresos y riqueza del 1%, 0,1% y 0,001% más alto, así como los impuestos efectivos que pagan estos grupos.
Con ese objetivo, una meta particularmente importante vendrá con una revisión, a presentarse en los próximos tres años, del Sistema de Cuentas Nacionales de las Naciones Unidas. (Actualmente estemos trabajando con las oficinas de estadísticas nacionales, la OCDE y las Naciones Unidas en este esfuerzo). Las estadísticas del PBI originariamente surgían del compromiso terco de los investigadores de ofrecer evidencia de los ingresos nacionales durante la Gran Depresión. Sería una lástima tener que esperar al centenario del PIB –o a otra recesión- para diseñar estadísticas de crecimiento distributivo.
Todas las sociedades deben empezar por comprometerse más en la producción y difusión de información económica transparente. Instamos a todas las partes interesadas de la sociedad civil, los medios, los gobiernos y la comunidad académica a sumarse al esfuerzo de trasladar los datos sobre desigualdad al siglo XXI.
Thomas Piketty es profesor de Economía en la Paris School of Economics y codirector de la Base de Datos Mundial sobre la Desigualdad. Emmanuel Saez es director del Centro para el Crecimiento Equitativo en la Universidad de California en Berkeley. También contribuyeron Facundo Alvaredo, codirector de la Base de Datos Mundial sobre la Desigualdad, y Lucas Chancel, codirector de la Base de Datos Mundial sobre la Desigualdad.
