Hace menos de doce meses, líderes del sector privado se reunieron en el Foro Económico Mundial, con una idea de optimismo y una serie de compromisos nuevos para revitalizar la lucha contra el cambio climático. Se fijaron metas ambiciosas, se anunciaron planes audaces. Y entonces cayó la COVID‑19.
La ferocidad y el impacto generalizado de la pandemia alteraron la vida y la actividad económica en formas que habían sido olvidadas; en un intento de protegerse, el mundo se vio obligado a tomar medidas drásticas: cuarentenas, restricciones al desplazamiento de personas, cierres de escuelas, etcétera. Pero entre tanto sufrimiento humano, se da una cruel ironía: este año hubo una reducción récord de la emisión mundial de gases de efecto invernadero. Por lo menos ya nadie podrá negar el potencial de la acción colectiva.
Pero no hay que tratar cambios temporales como una nueva normalidad. Ahora que comienzan a distribuirse vacunas contra la COVID‑19 y el mundo tiene un primer atisbo de salida de la crisis, tenemos que trazar un nuevo rumbo hacia una recuperación inclusiva, para que la prisa por reiniciar la economía no revierta los avances hechos en otros frentes, en particular el clima y el medioambiente.
Si este año nos enseñó algo, es que hay una conexión indisoluble entre la salud y el bienestar del planeta y la gente. Las amenazas globales que enfrentamos demandan con urgencia acciones coordinadas. La COVID‑19 no es excusa para postergar los compromisos medioambientales, sino que resalta la importancia de que cada organización (pública o privada) reevalúe su impacto ambiental y los reafirme.
Sabemos hace mucho que la crisis climática demanda acción colectiva. En las conferencias de las Naciones Unidas sobre el clima celebradas en Copenhague (2009) y París (2015), los gobiernos abandonaron la idea de atribuir la responsabilidad exclusiva por el cambio climático a los países industrializados ricos. Más allá del hecho evidente de que las emisiones acumuladas de estos países superan con creces a las del mundo en desarrollo, todos los firmantes del Acuerdo de París asumieron la responsabilidad colectiva de enfrentar el problema.
Según un informe publicado en octubre de 2020 por el Pew Research Center, para el 70% de las personas en catorce países el cambio climático es una amenaza importante. Y sin embargo, la creciente polarización política en muchos países llevó a que el progreso en la cuestión desde 2015 esté frenado o haya sido, en el mejor de los casos, desparejo. Marcos multilaterales como el de París siguen siendo esenciales, pero ya es evidente que la acción de los gobiernos no es suficiente para evitar que el calentamiento global supere los 2 °C respecto de los niveles preindustriales. De aquí en adelante, necesitamos estrategias alternativas.
A la par que los jóvenes exigen una respuesta más contundente de la dirigencia política al cambio climático, los consumidores demandan que las empresas sean más transparentes en relación con la responsabilidad que les cabe por los problemas sociales y ambientales y qué hacen para resolverlos. Corporaciones y asociaciones empresariales han formulado aspiraciones prometedoras, como las que sustentan la Campaña del Billón de Árboles del Foro Económico Mundial, una respuesta multisectorial en apoyo de la Década de Restauración de Ecosistemas de las Naciones Unidas.
Ahora la tarea es poner en práctica estas iniciativas a gran escala. Existe un saludable escepticismo respecto de que las empresas puedan (o quieran) cumplir sus declaraciones de «propósitos» (y quién les exigirá rendir cuentas si no lo hacen). Pero la realidad es que las empresas ya no pueden seguir viendo el cumplimiento de esos propósitos y la búsqueda de ganancias como hechos separados. La sostenibilidad sólo es posible cuando es un elemento esencial incorporado desde el inicio a la estrategia de crecimiento de las empresas, no un añadido filantrópico.
Es verdad que el accionariado ha incrementado la presión para que los directivos de las empresas presenten información sobre los avances en pos de metas ambientales, sociales y de gobernanza; y el interés de las empresas en mostrar que están «haciendo su parte» generó cierto grado de saludable competencia a ver cuál es la que cumple más rápido los estándares ambientales compartidos. Pero no es suficiente. Las empresas tienen que salir de sus cuatro paredes y asumir responsabilidad por sumar la participación de otros actores, sin distinción de sectores, fronteras y contextos.
Ese compromiso es urgente. A pesar de la reducción de la actividad económica que hubo en 2020, los desastres meteorológicos son cada vez más frecuentes y graves. Según los Centros Nacionales de Información Ambiental de los Estados Unidos, en 2020 hubo al menos 16 fenómenos meteorológicos con pérdidas superiores a los mil millones de dólares cada uno (y esto, sólo en Estados Unidos). El promedio de esos fenómenos entre 1980 y 2019 fue 6,6 por año; pero en el período 2015‑19 la cifra asciende a 13,8.
Una acción climática real y escalable sólo será posible si los sectores público y privado se unen detrás de planes de ejecución conjunta. Acuerdos e iniciativas de colaboración público‑privada, como los delineados en el Objetivo de Desarrollo Sostenible n.º 17 de las Naciones Unidas, tienen la ventaja de que combinan el poder de cambios esenciales en la formulación de políticas y de modelos de negocios escalables al servicio de la lucha contra desafíos globales importantes.
Además, estos acuerdos crean una especie de «efecto de red». Iniciativas como el compromiso climático de mil millones de dólares de Microsoft demuestran de qué manera las empresas pueden unir fuerzas para apoyar programas preexistentes que necesitan capital con urgencia para crecer y extenderse a otros mercados. Otro ejemplo es la plataforma Priceless Planet Coalition de Mastercard, una iniciativa que reúne a gobiernos, organizaciones sin fines de lucro y empresas con el objetivo de plantar cien millones de árboles, en el contexto de esfuerzos de reforestación más amplios, y que extiende la idea de colaboración a los consumidores, ayudándolos a comprender su incidencia en las emisiones y presentándoles formas de involucrarse directamente.
Con un esfuerzo conjunto, podemos reducir el riesgo implícito en las acciones individuales, incorporar las normas ambientales al núcleo de actividades comerciales, crear nuevos modelos sostenibles de negocios y alcanzar la escala necesaria para proteger el futuro del planeta. Compartir recursos y experiencia no es suficiente, se necesita una acción colectiva para restaurar el equilibrio entre la humanidad y la naturaleza antes de que sea demasiado tarde. Actuando por separado, terminaremos unidos en el fracaso.
Michael Froman, representante de comercio de los Estados Unidos durante el gobierno del presidente Barack Obama, es vicepresidente en Mastercard y director de su área de crecimiento estratégico.
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