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Este contenido contó con participación de miembros de RED/ACCIÓN
La situación a la que nos expone la crisis por el nuevo coronavirus no pone a todos los sectores (ni a todas las personas) frente a los mismos desafíos ni responsabilidades. Desde el comienzo de la emergencia, miles de organizaciones de la sociedad civil (OSC) se han ocupado de atender a los sectores más vulnerables: niños, niñas y adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y víctimas de violencia.
Pero, como el sector privado, el sector civil comparte un problema: cómo cubrir los costos de sus intervenciones. La emergencia evidenció, según exponen muchas organizaciones, la necesidad de un reconocimiento y regulación por parte del Estado que les permita asegurar el trabajo que hacen para acompañar a millones de familias del país.
Sobre esto hablamos con Laura Taffetani. Es abogada, integra la Fundación Pelota de Trapo y coordina la mesa legal y fiscal de Sociedad Civil en Red, una iniciativa que tiene financiamiento de la Unión Europea, y que reunió a seis grandes redes integradas por más de 400 organizaciones para impulsar una serie de medidas que faciliten el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil.
—¿Qué evidenció esta emergencia sobre lo que solemos llamar "el tercer sector" y qué reconocimiento están pidiendo exactamente las organizaciones de la sociedad civil (OSC)?
—Desde el principio de la pandemia, ha sido necesaria la articulación con las organizaciones, que están en terreno, para poder llegar a las comunidades más vulnerables. Es un momento propicio para entender que hay que valorizar y regularizar el rol fundamental que cumplen las organizaciones en una democracia. En la AFIP, por ejemplo, hoy ponen en el mismo lugar a una empresa que a una OSC. Mientras que la realidad es que hay organizaciones que se dedican a actividades que les correspondería al Estado. Por ejemplo, del mismo modo que en la educación se contempla un gasto público y subsidios a escuelas privadas, sostener un hogar de niños, de tercera edad, o de personas con discapacidad también debería ser una obligación estatal. Además, el sector es muy diverso y lo integran desde grandes clubes como Boca Juniors hasta merenderos de barrio. Por eso, no puede existir la misma exigencia para todas en el plano fiscal. Es necesaria una segmentación. En lo laboral, no hay una normativa específica para los trabajadores y trabajadoras de las OSC. Si te manejás con trabajo registrado caés en la Ley de Trabajo en general. Y la mayoría de los trabajadores en el sector no están registrados porque es imposible para las organizaciones poder cumplir con ese marco.
—¿Sabemos cuántas organizaciones hay en el país y a cuántas personas afectarían estos cambios de regulación?
—No hay estadísticas serias que puedan conmensurar al sector. Se calcula que son más de 100.000 las organizaciones de la sociedad civil. Muchas nacieron en el 2001. En cada momento duro del país nacen o crecen organizaciones. Pero después quedan. Desde Sociedad Civil en Red justamente estamos iniciando una investigación que permita contar con esa información. También, desde el Centro Nacional de Organizaciones de la Comunidad se están adecuando los mecanismos necesarios para hacer un registro nacional.
—Organizaciones que en situaciones más ordinarias se dedican, por ejemplo, a construir proyectos de ingeniería tuvieron que pasar a articular con comedores de barrio para entregar alimentos. ¿En esta crisis también se están creando nuevas organizaciones? ¿O se reconvierten las que ya existían?
—En términos de ayuda alimentaria se han creado un montón de organizaciones informales. Hay que ver cuáles permanecen en el tiempo. Sostenerlas es otro desafío, y seguramente va a ser un impacto grande. Hay grandes organizaciones que han tenido que adecuarse a la crisis. O reconvertirse. Yo pertenezco a Pelota de Trapo, una organización que tiene programas de oficios para niños y niñas, donde aprenden gráfica o panadería. Todo está suspendido porque no podemos dar talleres. Y los chicos la estaban pasando mal. Así que tuvimos que reconvertirlo a ayuda alimentaria, aunque nunca fue el objetivo del proyecto. Los bolsones de la Provincia de Buenos Aires, se entregan cada 15 días, a través de las escuelas, y son insuficientes. Por eso entregamos un bolsón nosotros, una vez por semana, que contemple realmente lo que van a consumir. Hacemos bolsones para 120 familias.
—¿Cómo se armaron las propuestas que le presentaron desde Sociedad Civil en Red al ministro de Desarrollo Social y qué respuesta tuvieron?
— Hace un año, un grupo de expertos de la Sociedad Civil en Red, Cáritas Nacional, Red Sur e Interredes empezamos a trabajar en armar un estatuto para que los trabajadores comunitarios también estén regulados. Se armó una mesa de 80 organizaciones, muy diversas desde lo que hacen y desde su ideología, para entender qué cosas legales atravesaban a todos y ponernos como meta generar propuestas para acercar al Estado. Lo interesante es que fue un proceso muy participativo y rico, donde los expertos armaban una primera propuesta, la presentaban a la mesa y, en base a sus opiniones, se modificaba. En enero presentamos el proyecto al ministro de Desarrollo Social de la Nación, Daniel Arroyo. Él propuso avanzar con una mesa de trabajo y pedir presupuesto para implementarlo. Los funcionarios saben de esta dificultad y del rol esencial que cumplen las organizaciones. Más aún, en emergencias como la que estamos viviendo. Ahora se entiende más abiertamente.
—¿Qué pensás que va a cambiar de ahora en adelante?
—Esta emergencia permite que se avancen procesos que tienen que ver con una realidad de hace mucho tiempo. Son cuatro décadas de una actividad que no se reconoció como laboral, sino como asistencia a las crisis. Otra cosa ha sido que, frente a la emergencia, el Estado ha tenido que implementar programas sin saber cómo ni qué alcance tendrían. Por ejemplo, el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Pero no tenían números de a cuántas personas alcanzaba, porque se trataba en gran medida, de asistir a trabajadores no registrados. Y funcionó. Demuestra que cuando una política es necesaria se puede llevar adelante y lograr un impacto. Hoy resulta más ágil pensar propuestas de cambios, la crisis nos ayuda a tener una mirada más integral de los problemas.
*Las necesidades que tienen muchas organizaciones de la sociedad civil en plena pandemia fue expuesta por un miembro de RED/ACCIÓN y dio origen a esta entrevista.
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