La crisis climática y la crisis financiera de 2008 son dos caras de la misma moneda. Ambas nacieron como consecuencia de la misma característica tóxica del modelo económico prevaleciente en el mundo: la práctica de gastar a cuenta del futuro. Proteger a la humanidad tanto de la ruina ambiental como financiera exige una estrategia completamente nueva para el crecimiento –que no sacrifique el mañana en el altar de hoy.
En un sentido, el germen de ambas crisis se puede rastrear hasta un mismo episodio: la creación de un nuevo orden internacional después de la Segunda Guerra Mundial. Las instituciones de Bretton Woods que apuntalaban el orden –el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional- fomentaron una rápida globalización, caracterizada por un marcado incremento de las exportaciones de recursos del Sur Global al Norte Global. El resurgimiento de políticas económicas neoliberales –incluida la eliminación de barreras comerciales, una desregulación de amplio alcance y la erradicación de los controles de las cuentas de capital- a fines de los años 1970 aceleró este proceso.
Si bien este sistema incentivó un crecimiento y un desarrollo económicos sin precedentes, tuvo serios inconvenientes. Las innovaciones financieras sobrepasaron la regulación –o directamente la eludieron-, permitiendo que la industria financiera expandiera su influencia sobre la economía, asumiendo enormes cantidades de riesgo y recogiendo recompensas gigantescas. Eso finalmente condujo a la crisis de 2008, que puso al sistema financiero global al borde del colapso. Considerando que la reforma por la que pasó el sistema fue mínima, los riesgos sistémicos agudos persisten hasta la fecha.
En el frente ambiental, la extracción desenfrenada de recursos destruyó los ecosistemas de los países en desarrollo, alentando al mismo tiempo un consumo acelerado –más fundamentalmente de energía- en el mundo desarrollado. Hoy, a pesar de representar apenas el 18% de la población global, las economías avanzadas consumen alrededor del 70% de la energía del mundo que, en su gran mayoría (el 87%), proviene de combustibles fósiles.
La división Norte-Sur, por ende, está intrínsecamente vinculada a las emisiones de dióxido de carbono. Y, por cierto, ha asomado la cabeza en cada negociación climática de las Naciones Unidas, donde los países que más han contribuido al cambio climático –empezando por Estados Unidos- muchas veces se interponen en el camino de una acción efectiva.
La resistencia, por lo general, se reduce a una única consideración: la actual prosperidad económica. Por lo tanto, la única solución realista a la crisis climática es reemplazar la energía basada en combustibles fósiles por renovables de manera rápida y lo más costo-efectiva posible para mantener los motores del crecimiento en marcha. Afortunadamente, ya sabemos que eso es posible. La clave es un mercado de carbono global.
El Protocolo de Kioto de 1997 intentó utilizar un sistema de cuotas negociables para fijar un precio a las emisiones de CO2. Si bien varios países finalmente se negaron a firmar el protocolo –Estados Unidos firmó, pero no lo ratificó-, el mercado de carbono que creó (diseñado por uno de nosotros, Chichilnisky) ayudó a que la energía limpia sea más rentable y la energía sucia, menos.
Si bien el Protocolo de Kioto colapsó, el mundo ha usado de base este trabajo, y algunas de sus economías más grandes –China, la Unión Europea y varios estados norteamericanos, incluida California- hoy están utilizando esquemas de comercialización de emisiones. El valor de los mercados globales negociados para cuotas de CO2 creció el 250% el año pasado, y hoy supera los 178.000 millones de dólares anualmente.
Un mercado de carbono global reactivado ayudaría a cortar el nudo gordiano del crecimiento económico y la degradación ambiental. Es más, crearlo y operarlo prácticamente no costaría nada. Un esquema que ofrezca eficiencia basada en el mercado atraería a las economías desarrolladas. Los países en desarrollo, por su parte, lo apoyarían porque los límites obligatorios a las emisiones sólo se aplicarían a las economías de ingresos medios y altos, como era el caso del Protocolo de Kioto.
El potencial de un mercado de carbono global sigue creciendo. El año pasado, las Academias Nacionales de Ciencia, Ingeniería y Medicina de Estados Unidos y el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático informaron que “las tecnologías de emisiones negativas” que eliminan y secuestran CO2 del aire podrían escalarse de manera segura para capturar y almacenar un porcentaje significativo de las emisiones totales. Este proceso sería tan costo-efectivo que el CO2 capturado podría venderse de manera rentable en el mercado de carbono.
Por supuesto, las emisiones de CO2 distan de ser el único factor que contribuyó a la crisis climática. Pero también se pueden crear otros tipos de mercados verdes. Inclusive antes del Protocolo de Kioto, la Junta de Comercio de Chicago lanzó un mercado privado de derechos para emitir dióxido de sulfuro. Las Naciones Unidas hoy están considerando utilizar mercados similares para proteger la biodiversidad y las cuencas.
Al permitirles a los actores comprar y vender derechos para usar los bienes comunes mundiales, estos mercados verdes naturalmente combinan eficiencia y equidad. Sin embargo, la persistente división Norte-Sur –y especialmente la grieta entre Estados Unidos y China- está obstaculizando nuestra capacidad para aprovechar su potencial. Tenemos las herramientas para frenar, y hasta revertir, el cambio climático. Es hora de juntarnos y utilizarlas.
Graciela Chichilnisky, profesora de Economía y Estadística Matemática en la Universidad de Columbia, es directora del Consorcio para la Gestión de Riesgo de Columbia, cofundadora y CEO de Global Thermostat y una de las autoras de Reversing Climate Change.
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