“Santa Cruz: un efectivo policial violó a su compañera dentro de un patrullero en Las Heras”. Este titular, de enero de este año, sumaba un caso más a la ola de abusos y acosos a mujeres policías por parte de sus compañeros en el sur del país. Pero no fue uno más para Gabriela Macías (34) que, siendo personal de la misma fuerza y afectada por la cantidad de situaciones que se venían sucediendo en su provincia, decidió actuar:
“Tomé contacto con esta compañera y la impulsé a que haga la denuncia —con muchísimo miedo—. Pero no me quedé tranquila. Llamé al Ministerio de Seguridad de Patricia Bullrich y le conté que la Jefatura de Policía de Santa Cruz y el Ministerio de Seguridad provincial no habían activado ningún tipo de protocolo: el violador seguía trabajando. Ellos me dijeron que las provincias tienen autonomía y que entonces no podían hacer nada, no tienen competencia para sancionar a un policía”.
La violación se encubrió. El violador recibió una licencia por vacaciones. La víctima, un traslado a otra dependencia.
“Entonces decidí contactar mujeres policía de todo el país para trabajar en conjunto”, dice Macías, que hasta ese momento pensaba que la violencia y la desigualdad de género en la policía era algo local. Luego advirtió “que se repetía en forma idéntica en otras provincias, con los mismos modos”. Así, en febrero de este año, nació La Red Nacional de Mujeres Policías con Perspectiva de Género.
Mujeres policías de diferentes puntos del país trabajaron juntas varios meses hasta que empezaron a surgir diferencias políticas y distintas prioridades que llevaron a que el grupo se disgregue en varias redes regionales. “Pero la idea de seguir luchando es el patrón que nos mantiene unidas, sabemos que hay mucha desigualdad”, dice Macías, quien ahora acompaña el proceso judicial de otras tres compañeras abusadas sexualmente por sus colegas; quien hace pocos meses fue despedida sin causa; quien pidió por todos los medios una explicación y todavía la sigue esperando.
“Me trasladaron por usar pañuelo verde”
Laura tiene 32 años. Integra la Red de Mujeres Policías de la provincia de Santa Fe, que se desprendió de la Red Nacional. Es suboficial administrativa en esa provincia. Es técnica en Comunicación Social y militante feminista “y eso a veces no caía bien en ese ámbito”, dice. Durante tres años trabajó sin sobresaltos en la oficina de prensa de la policía. Hasta que sacaron a su jefa y pusieron un hombre en su lugar.
A su nuevo jefe no le caía bien su lucha de género y comenzó a hostigarla. Cuenta que quiso cambiarle los horarios, que hiciera guardias de 24 horas cuando no le correspondía.
“Un día me entero que me dan el pase. Me mandaron a una comisaría a trabajar, como castigo. Cuando le pregunté por qué, me dijo que a mí nadie me quería, que yo no estaba bien vista porque uso pañuelo verde, estoy a favor del aborto y voy a las marchas. Que estaba dañando el decoro de la Policía con esa actitud. Hice la denuncia en Asuntos Internos (el área encargada de recibirlas) pero quedó en la nada”.
Laura pidió que dejen asentado que había sufrido “discriminación ideológica”. Más tarde, cuando debió ratificar la denuncia, le explicaron que había pocas posibilidades de que prosperara “porque la ley policial no tiene herramientas para tratar esos temas”.
“Busqué apoyo en grupos feministas, incluso en la campaña por el aborto de Santa Fe pero no nos quieren recibir porque hay una disputa entre mujeres policías y mujeres feministas. No tengo a quién recurrir porque el tipo que yo denuncié es muy amigo del jefe de unidad y tapan todo”, dice.
De machismos varios
Tania (44), referente de la Red de Mujeres Policías de la provincia de Santa Fe, y oficial de seguridad en la misma fuerza, asegura que las situaciones de machismo, discriminación y desigualdad de género que viven las mujeres policías son constantes.
Dice que en la policía de Santa Fe “hay un 35% de personal femenino, según los datos de Ministerio de Seguridad”, sin embargo, aunque muchas estén capacitadas no llegan a ocupar puestos de jerarquía. “Hay una sola jefa de unidad que es mujer. El resto, no. A lo sumo llegan a subjefas de algo”. Una de las razones, explica, es que quienes eligen ser madres tienen menos tiempo para trabajar y eso las “atrasa en la carrera”.
“En el norte, una chica con más jerarquía se tuvo que subordinar a un muchacho que no tenía la jerarquía pero sí la apariencia. Según lo que le dijeron los superiores ‘él sí podía ser jefe porque imponía más respeto’. Cuando se quejó la sacaron a ella. La trasladaron a otra unidad, lo que le significa horas de viaje. Lo que pasamos es terrible, pero está tan naturalizado. Y nadie se queja porque si reclamás te trasladan. O te dicen: ‘si no te gusta pedí la baja’”.
Sucede que los encargados de tomar las denuncias también son empleados policiales que se ven en el aprieto de iniciar una acción contra un compañero o un superior, que es el que puede calificarlos para un ascenso, o alguien que puede llegar a ser su jefe. “Entonces no se denuncia. Y, la que se anima, no sabe a quién recurrir”, dice Tania. Por eso presentaron un proyecto de ley, que se está tratando en Diputados, para crear un Centro Integral con Perspectiva de Género (CIPGEN), externo a la institución, que brinde asistencia a mujeres policías víctimas de la violencia género.
Esta propuesta surgió después de que la Red Nacional se dividiera y sus referentes resolvieran que cada provincia presentaría sus propios proyectos a los legisladores según las necesidades más urgentes. Cabe recordar que en marzo de este año, antes de la separación, habían presentado en el Congreso un Anteproyecto de Ley que pedía la reforma del reglamento interno de la Policía, ya que el que rige —con algunas variaciones por provincia— no tiene perspectiva de género. Pero, tras la división, sin apoyo de los distritos, perdió vigencia.
Respecto a los femicidios y abusos sexuales, si bien a principios de año el Ministerio de Seguridad de la Nación indicó que en los últimos tres años recibieron 592 denuncias dentro de las fuerzas federales , Tania señala que no existe un estudio estadístico que los releve con precisión. Por eso están realizando, desde su página de Facebook, una encuesta provincial y antes hicieron una nacional —de la que participaron 250 mujeres policías—.
Esa investigación mostró que el 21% de las trabajadoras que fueron vulneradas por colegas y lo denunciaron se vieron obligadas a buscar un nuevo destino mientras que en un 96% de los casos el agresor no fue sancionado una vez probado el delito; y en el 67% los abusadores fueron jefes de las víctimas. Más del 60% de las mujeres que respondió la encuesta aseguró no haber realizado una denuncia formal; más del 90% dijo no haber recibido ningún tipo de apoyo por parte de la institución.
“Mi jefe me arrastró de los pelos y me dio patadas en la comisaría”
Beatriz Castro es referente del grupo Mujeres de las Fuerzas, de la provincia de Buenos Aires, que también se desprendió de la Red Nacional. Tiene 37 años. Trabaja en la Policía hace 16. Cuenta que el 7 de febrero de 2013, en la comisaría de Villa Luzuriaga, su jefe, un subcomisario, tras una discusión la agarró de los pelos, la arrastró hasta el fondo del lugar y le empezó a dar patadas.
“Ahí empezó un calvario, porque si bien estaba cargada de humillación porque fue frente a policías y a personas a la espera de ser atendidas, lo peor fue lo que vino después: la persecución judicial que dura hasta el día de hoy. Lejos de ayudarme, de contenerme, de sancionarlo, quisieron taparlo —como ocurre en otras tantas ocasiones— presentando una situación totalmente contrapuesta e infundada que generó que estuviera seis años luchando para que la verdad se asomara a la luz”.
Beatriz dice que su jefe de ese momento tenía muchos amigos en la Justicia. Que armaron causas en su contra. Que ella tuvo que ponerse a estudiar derecho —carrera que sigue cursando— y aprender “a hacer escritos a los golpes” porque los mismos abogados que contrataba conspiraban con el subcomisario (en este momento lleva a cabo la demanda contra una abogada que le inventó una causa y dos jueces que fueron cómplices).
Pero ella tenía pruebas, testigos. Compañeros que declararon a su favor. Y no dejó de dar pelea.
“Ahora él va a ir a juicio oral, está imputado y procesado. Pero la pasé muy mal. Fui señalada por mis pares, sancionada por hechos inventados por los que tuve que pasar dos debates orales en calidad de imputada hasta que el juez terminó reconociendo, porque presenté filmaciones y me defendí, que eran causas armadas. Viví traslados compulsivos, me han dado licencia psiquiátrica sin fundamento, me han sometido a evaluaciones psicológicas excesivas. Y en el ámbito judicial hacen la vista gorda. Hay mucha gente que está detenida siendo inocente y los que cometen delitos están afuera”, dice.
Respecto a la violencia que sufren las mujeres policías en la provincia de Buenos Aires, sostiene que “el acoso se traduce en traslados constantes, en que no las dejan estudiar o les dicen que se embarazan para no trabajar”. Ellas no toman medidas porque tienen miedo.
“Cómo una mujer policía con miedo puede atender a una mujer de afuera que también es golpeada y de peor manera porque a veces tienen menos recursos. Cómo hacés si la Justicia no funciona y cuando querés denunciar no solo te maltratan sino que hay desinterés y dejadez”, se pregunta.
“Los abusos son el sello de la fuerza”
Valentina tiene 33. Es policía de la Ciudad de Buenos Aires desde los 18. A diferencia de muchos de sus compañeros y compañeras —“el 80% de la gente que trabaja de policía lo hace porque no tiene posibilidades de tener otro tipo de profesión”, dice — ella eligió su oficio. Es policía por vocación, porque quiere “cambiar las cosas” y cree “en hacer la diferencia”.
“En mi familia veníamos de generaciones de policías. Mi mamá era policía. Estaba, justamente, en el área de violencia de género y violencia familiar. Yo veía cómo ayudaba a las mujeres que venían con problemas, preparaba en su oficina juguetes y cosas para recibir a las madres que llegaban con sus hijos chiquitos y me daba tanto orgullo. A mí me encanta ser hija de yuta. Eso hizo que yo tenga estos valores. No me insulta que me digan eso, al contrario. Amo ser hija de yuta”, dice.
Recuerda el machismo con el que su madre tuvo que lidiar. Cuando ella y su hermana eran pequeñas, la cambiaron al turno de la noche porque no se quiso acostar con un jefe. “Ese tipo de cosas son super corrientes, quizás ahora menos. Mi vieja se iba todas las noches, no dormía con nosotras. Y eso nos mataba”.
También a Valentina le toca luchar contra eso. Si bien sostiene que la policía de Capital siempre estuvo más avanzada respecto a lo que se vive en las otras provincias del país, que hay más contención y las denuncias son tomadas en cuenta, asegura que el machismo y los abusos son el sello de la fuerza.
“Hoy tenemos más conciencia. Antes vivíamos situaciones de abuso pero no sabíamos discernir qué era y qué no. Me acuerdo que cuando empecé estaba trabajando en otro lugar, donde estaba más a gusto, y me tuve que ir porque uno de los jefes me acosaba. Si yo no me reía de sus chistes machistas, groseros, misóginos, o cuando decía cosas sobre mi cuerpo, se alteraba muchísimo. Y mi jefa, que era mujer, cuando le conté la situación y le dije que me quería ir, en vez de defenderme me trató de traidora porque le dejaba el lugar vacío. Yo quería irme a otro lado y ella me mandó a una comisaría como para castigarme”.
Los traslados son la represalia más común. “¿Te quejás?, chau. Te echo y te destierro. Creo que tiene que ver con sacarte del lugar que vos ya hiciste tuyo”, reflexiona Valentina.
No marcharás
Otra de las situaciones que en febrero de este año Gabriela Macías denunció es el hecho de que a las mujeres que trabajan en la policía nos les permiten ir a las marchas en contra de la violencia de género a menos que vayan a trabajar, es decir, al operativo de seguridad, que muchas veces puede llegar a la represión. “Nos parece injusto que no te dejen sumarte para luchar por tu compañera a la que mataron, violaron, pero te obliguen a ir para reprimir mujeres. Sobre todo porque tuvimos varios femicidios de mujeres policías y nadie se percató, no hubo movilización, no hubo nada. Las muertes de mujeres policías son muy invisibilizadas”, dice.
Tanto Macías en Santa Cruz, como Laura en Santa Fe, y Valentina en Capital coinciden en que el apoyo de organizaciones de mujeres a los casos de violencia de género de las policías es prácticamente nulo, menos cuando el rol que se le asigna a la mujer policía es el de ir a las marchas a reprimir.
“Nosotras no podemos manifestarnos porque constituye una falta: cortar la calle no se puede por reglamento, porque estaríamos cometiendo una contravención —explica Valentina—. No podemos marchar porque podemos perder el trabajo. No podemos reclamar nada. La Policía no puede tener sindicato. Muchas veces nos da bronca. A mí me gustaría que alguien nos defienda. Algún derecho en algún momento. Por eso me molesta que a las mujeres policías en las marchas por violencia de género no se las represente. Y que cuando hay un femicidio de una mujer policía, queda en la nada. Eso es doloroso”, dice.
Varias de las mujeres que dan testimonio en esta nota pidieron que su identidad sea preservada ya que una denuncia pública puede costarles una sanción. Por eso hemos cambiado algunos nombres.
