Sustentabilidad | 6 de noviembre

Foto: Administración de Parques Nacionales

Qué regiones del país necesitan con más urgencia ser protegidas con parques nacionales

El país sumó en 2018 tres parques nacionales y el Congreso se prepara para aprobar la creación de otros cuatro, lo que puede hacer que la última década sea una de las más prolíficas en cuanto a conformación de áreas protegidas nacionales.

Sin embargo, la Argentina necesita preservar 10,8 millones de hectáreas más para lograr que el 17% de la superficie terrestre nacional tenga algún resguardo antes de 2020, tal como se comprometió el país en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el acuerdo de mayor consenso internacional.

Ese incremento de áreas protegidas debe darse esencialmente en regiones que están poco protegidas y en muchos casos muy degradadas: Gran Chaco, Espinal, Pampa, Delta y Altos Andes.

Hoy el país tiene 46 parques o reservas naturales nacionales. Mantienen intangibles 4,6 millones, dos veces la superficie de la provincia de Tucumán. Pero ese espacio no es representativo de todas las ecoregiones.

Mientras en el sur el 32% de los Bosques Patagónicos están preservados, el resto de las regiones no llega al 6%. Y hay áreas como los pastizales pampeanos que solo tienen el 0,01% de sus suelos protegidos, tal como lo expone el siguiente gráfico:

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Si a las áreas protegidas nacionales se le suman las reservas provinciales y municipales, el país alcanza las 36,6 millones de hectáreas protegidas en 483 áreas. Eso representa el 13% del territorio, lo que ubica al país por debajo del promedio mundial del 15%, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Por eso la Argentina necesita incorporar 10,8 millones de hectáreas más para alcanzar la meta internacional del 17%.

Al ordenar las zonas protegidas por provincia queda expuesta la baja preservación de tierras en Córdoba (0,72%), La Pampa (0,76%), Santiago del Estero (1,50%), Buenos Aires (5,10%) y San Luis (5,55%).

Esas referencias coinciden justamente con la poca protección que existe en las regiones mencionadas al principio de esta nota.

Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.

Un sistema originado desde el sur

“El sistema de parques nacionales ofrece una gran preservación de Bosques Patagónicos porque cuando nace la figura había grandes superficies fiscales en esa zona y porque en aquel momento la conservación estaba más asociada al paisajismo”, explica Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace.

Los primeros seis parques fueron creados entre 1934 y 1937. Más allá de Iguazú, los otros cinco resguardaron bosques de la Patagonia. Esos parques -Nahuel Huapi, Los Glaciares, Perito Moreno, Los Alerces y Lanín- conservan 2,2 millones de hectáreas, la mitad del área que cubren todos los parques del país.

El 32% de los Bosques Patagónicos está protegido por parques. Foto: Administración de Parques Nacionales.

Entre la década del ‘40 y de los ‘80, no hay una gran expansión de los áreas protegidas. Pero en los ‘90 se produce un importante crecimiento del sistema, con la creación de 11 parques y el objetivo puesto en asegurar la biodiversidad y proteger especies amenazadas.

“Existe en la década del ‘90 una decisión de ampliar el sistema de la mano de especialistas que venían de la conservación y se sumaron a la gestión pública, como Juan Carlos Chébez. Y también porque hay mayor participación de las provincias, que son las que deben ceder la jurisdicción ambiental a Parques Nacionales para que se pueda crear un área protegida”, explica Sofía Heinonen, presidenta de la Fundación Flora y Fauna.

Un tironeo político y económico

La dificultad de conformar parques nacionales en las zonas subrepresentadas son varias. La primera tensión es económica.

“Donde el suelo es productivo es más complejo porque hay más intereses. Me refiero a zona donde predomina la agricultura y la ganadería, como el espinal o la pampa; o la minería en los Altos Andes, en San Juan”, apunta Giardini.

Heinonen remarca que para preservar áreas de Espinal o Pampa habría que hacer más bien un trabajo de restauración, ya que en gran medida es una región que se perdió. “La selva de Montiel, en Entre Ríos, o la depresión del río Salado, en Buenos Aires, podrían ser zonas donde el monte tiene cierta conservación y sería importante impulsar áreas protegidas”, considera Heinonen.

La ecoregión del Gran Chaco es una de las menos resguardadas por parques. Foto: Administración de Parques Nacionales.

El Gran Chaco representa una quinta parte del suelo argentino, pero los parques nacionales preservan el 0,56% de la subregión del Chaco Húmedo y el 0,93% del Chaco Seco.

Desde hace 20 años esa ecoregión sufre una gran deforestación por el avance de los cultivos de soja y la ganadería intensiva. Y de hecho fue el área más deforestada el año pasado.

“En esta región hay que crear áreas protegidas extensas, que agrupen zonas de valor paisajístico, ríos, puntos de avistaje de fauna y buenos accesos. De esa manera, el parque podrá generar una productividad asociada al turismo, algo que pueden aprovechar las comunidades de los alrededores, muchas de ellas muy pobres”, explica Heinonen y marca un segundo desafío, más político: que las provincias asuman un rol protagónico para impulsar nuevas áreas protegidas en la zona.

De las 5,6 millones de hectáreas que ocupan el Delta y las Islas del Paraná, apenas 11 mil están protegida por parques o reservas nacionales. “En esa zona hay mucho desarrollo urbano por lo que sería importante ampliar el área de conservación. Y también asegurar las nuevas formaciones, ya que el Delta está en continuo crecimiento”, señala Heinonen.

Los Altos Andes es una de las regiones que necesita ampliar su sistema de resguardo. Foto: Administración de Parques Nacionales.

Cuatro futuros parques nacionales

En lo que va de 2018 se crearon tres parques nacionales: Aconquija, en Tucumán; Traslasierra, en Córdoba; y Ciervo de los Pantanos, en el partido bonaerense de Campana.

Además hay cuatro proyectos de ley para conformar nuevas áreas: Iberá, en Corrientes; Mar Chiquita, en Córdoba; y Yaganes y Burdwood II, dos parques nacionales marinos.

Aconquija, Iberá y Mar Chiquita son áreas que se consolidaron o están a punto de hacerlo gracias a la compra y donación de tierra por parte de filántropos, un patrón que marca el modelo de expansión de esta década: los nuevos parques nacionales se consolidan principalmente por la donación de tierras por parte de fundaciones como las creadas por el estadounidense Douglas Tompkins –fallecido- o el suizo Hansjörg Wyss.

“Los proyectos sobre la superficie terrestre nos permitirían incrementar en un 25%, aproximadamente, el área continental protegida por parques nacionales. Mientras que con las dos áreas marinas llegaríamos al 10% de todo el Mar Argentino”, aseguró Emiliano Ezcurra, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales.

El rol de las áreas protegidas

Son una estrategia fundamental para la conservación a largo plazo de la diversidad biológica y cultural. También ayudan a proteger cuencas hidrográficas y suelos; colaboran con la regulación del clima; y proveen recursos y materias primas, alimentos y medicinas.

Además contribuyen al control biológico de plagas y enfermedades; y brindan el marco ideal “in situ” para la investigación científica, la educación y la capacitación ambiental.

También permiten el desarrollo de actividades turísticas y recreativas sustentables que habilitan el desarrollo social y económico local y regional.

Sustentabilidad | 1 de noviembre

Las 4 lecciones que expertos trajeron a Buenos Aires para ayudarnos a construir ciudades más sustentables

América Latina es la región más urbanizada del mundo. El 85% de su población vive en ciudades, lo que implica un gran desafío ambiental. Mayor compromiso de las empresas, trabajar con gobiernos locales y cambiar hábitos de consumo, entre las principales recomendaciones de especialistas internacionales y nacionales.

La lucha contra el cambio climático es un desafío particularmente relevante para las ciudades. Más de la mitad de la población mundial vive en zonas urbanas. En América Latina, esta cifra alcanza al 85% de la población, haciéndonos la región más urbanizada del mundo.

Al mismo tiempo, según las Naciones Unidas, las ciudades son responsables por más del 75% de las emisiones de dióxido de carbono en el mundo, a pesar de solo ocupar el 2% del territorio. Entonces, ¿qué acciones deben tomar los gobiernos, el sector privado y los ciudadanos para luchar contra el cambio climático en sus ciudades?

Esta pregunta fue uno de los ejes de diversos encuentros que se llevaron a cabo esta semana en Buenos Aires en el marco del Urban 20, una iniciativa que reunió a representantes de ciudades de todo el mundo para discutir sobre sus más importantes desafíos y planes de acción. Aquí, 4 lecciones y desafíos ambientales para las ciudades que nos dejaron las jornadas de esta semana.

Foto: Juan Mabromata / AFP
Foto: Juan Mabromata / AFP

1. Poner el foco en las comunidades más vulnerables

En los próximos años, millones de personas en regiones urbanas estarán afectadas por temperaturas más extremas, crecientes niveles de mar, mayores precipitaciones e inundaciones, , y tormentas más frecuentes y fuertes.

Pero, según expertos, las comunidades más afectadas serán las más vulnerables económicamente.

“Aunque el cambio climático sea un fenómeno que nos afecte a todos, son generalmente las comunidades más vulnerables las que sufren más sus impactos”, dice Enrique Viale, abogado ambientalista y docente, uno de los participantes del Encuentro Internacional por Ciudades Igualitarias. “Es mucho más fácil para alguien que tiene ingresos afrontar las consecuencias del cambio climático y mudarse si es necesario”.

En la Ciudad de Buenos Aires, vecinos de distintas villas ya sienten el impacto del cambio climático y el deterioro ambiental en sus vidas.

“En Villa Inflamable tenemos una situación muy grave de contaminación ambiental. Tanto las industrias como quienes habitamos en el barrio hemos ganado espacio a las lagunas que eran nuestros desagotes naturales, y casas que nunca se inundaban hoy en día se inundan”, dice Martín Alejandro Álvarez, vecino del barrio ubicado dentro del Polo Petroquímico de Dock Sud. “Las empresas hacen campañas de concientización, pero ¿qué hacen en sobre esa contaminación que me genera día a día? Me afecta mi ambiente, me afecta mi vida”.

Foto: Juan Mambromata / AFP
Foto: Juan Mambromata / AFP

2. Repensar el actual modelo económico y el rol del sector privado

“Las grandes compañías deben dejar de pensar en la responsabilidad social empresaria como una donación, sino como una inversión”, dice Marta Cruz, cofundadora y directora de NXTP Labs, un fondo de capital con base en Argentina que invierte en startups que buscan generar un impacto positivo a gran escala.

Tanto Cruz como otros expertos ambientales manfiestan la importancia de repensar las dinámicas de empresas y el sector privado para priorizar el futuro ambiental de nuestras ciudades.

“Como fondo de inversión invertimos con propósito en compañías que estén buscando un retorno económico, pero también un impacto social y ambiental. Buscamos empresas que puedan cumplir con estas tres condicionantes”, dijo Cruz durante un evento organizado por la revista Americas Quarterly. “Estamos ayudando a crear compañías que en el futuro puedan ser positivas para nuestra sociedad y países”.

Además de existir una tendencia global hacia las inversiones en empresas con impacto, en Argentina 75 pymes y grandes empresas adoptaron como propósito generar mejoras sociales y ambientales, certificando su compromiso con una norma internacional conocida en el país como Sistema B.

Foto: Daniel García / AFP
Foto: Daniel García / AFP

3. Trabajar con gobiernos locales

“Antes esperábamos a que sea el gobierno nacional el que actúe primero en temas ambientales”, dice Raisa Banfield, actual vicealcaldesa de la Ciudad de Panamá, ex activista ambiental, y panelista en el evento de Americas Quarterly. “Pero empezamos a darnos cuenta que los problemas ambientales empiezan en las ciudades, y somos los gobiernos locales, las intendencias, los municipios, los que tenemos la responsabilidad más directa de incidir sobre la vida de las personas”

A través de una iniciativa local, en septiembre de este año, Banfield firmó un acuerdo para reemplazar todo el plástico en el Municipio de Panamá con alternativas biodegradables, compostables o reutilizables.

Pero a pesar de enfatizar la responsabilidad de los gobiernos locales en la lucha contra el cambio climático, Banfield cree que el desafío más grande es lograr una articulación entre distintos niveles de gobierno y el sector privado para implementar políticas ambientales sostenibles.

Este es uno de los principales factores, por ejemplo, que ha impedido el avance de la limpieza del Riachuelo, que atraviesa la Ciudad de Buenos Aires y 14 municipios de la Provincia.

Plastico

4. Tomar acciones individuales

¿Qué podemos hacer a nivel personal para lograr un futuro más sostenible? Muchas cosas, dice Mariana Matija, una de las jóvenes que participó esta semana de Ciudades por Jóvenes, un evento que reunió a más de mil jóvenes de América Latina para hablar sobre el futuro de las ciudades.

“Generalmente pensamos que las soluciones ambientales deben venir desde una institución o el gobierno. Claramente debe haber un compromiso ahí, pero eso no significa que a nivel personal no podamos hacer algo”, dice Matija, quien escribe sobre cómo, a nivel personal, podemos cuidar el planeta.

Uno de los desafíos ambientales más urgentes de Argentina es la producción de residuos. El país genera una tonelada de basura cada dos segundos. Para Matija, pequeños cambios en nuestros estilos de vida pueden contribuir a la reducción de estos residuos.

En su blog, “Cualquier cosita es cariño”, Matija comparte desde ideas sobre cómo vivir una vida con menos basura, hasta recetas para hacer shampoo en barra con productos naturales.

“Hay muchas cosas que se vuelven tendencia, como la idea de una vida zero waste, o comprar ciertos productos. Pero no pasa por comprar productos específicos. Hay que entender que el producto más sostenible es el que ya tenemos”, dice Matija.

“Necesitamos un medioambiente sostenible para siquiera estar haciéndonos preguntas sobre nuestras ciudades. Y es responsabilidad de todos generar este cambio. Sin planeta saludable no hay ciudades, fin”.

Sustentabilidad | 30 de octubre

Foto: Greenpeace

Las multinacionales prometen reducir el plástico que producen y usan como embalaje

Empresas como Coca Cola, PepsiCo, Danone y Unilever firmaron ayer un compromiso para eliminar los envases plásticos innecesarios y sustituir los modelos descartables. Buscan que en 2025 todo el embalaje de plástico se pueda reutilizar y reciclar de forma fácil.

Qué pasó. Más de 250 organizaciones, entre las que se encuentran algunos de los mayores productores de envases plásticos, firmaron ayer en Bali, Indonesia, un acuerdo global que busca “erradicar” la generación de residuos y la contaminación por plásticos.

El “Acuerdo Global de la Nueva Economía del Plástico” está liderado por la ONG británica Fundación Ellen MacArthur en colaboración con la ONU Medio Ambiente y fue presentado durante la 5° conferencia internacional Nuestro Océano (Our Ocean).

Qué objetivos asumieron. Según detalla la ONU, son tres:

  • Eliminar los envases plásticos problemáticos o innecesarios y sustituir los modelos de empaques desechables con otros reutilizables.
  • Innovar para garantizar que 100% del embalaje de plástico se pueda reutilizar, reciclar o compostar de forma fácil y segura para 2025.
  • Aumentar significativamente las cantidades de plásticos reutilizados y convertidos en nuevos empaques o bienes para circular el plástico que ya se ha producido.

Quiénes lo acordaron. Ente los firmantes hay compañías que utilizan el 20% de los envases de plástico producidos a nivel mundial, entre las que figuran Danone, Grupo H&M, L’Oréal, Mars Incorporated, PepsiCo, The Coca Cola Company y Unilever.

También asumieron el compromiso grandes productores de envases como Amcor y fabricantes de plásticos como Novamont y el especialista en gestión de recursos Veolia.

Por qué es importante. Según la ONU, el impacto del plástico en el ambiente es muy grave:

  • Desde 1950 a hoy se generaron más de 8.300 millones de toneladas de plástico, la mayoría productos descartables.
  • Alrededor de 13 millones de toneladas de plástico son tiradas en los océanos cada año, afectando la biodiversidad, la economía y potencialmente nuestra salud.
  • El plástico puede tardar más de 400 años en degradarse, así que la mayoría del material todavía existe en alguna forma.
  • El 99% de los plásticos se producen a partir de productos químicos derivados del petróleo, el gas natural y el carbón, todos los cuales son recursos no renovables.
  • Si siguen las tendencias actuales, para 2050 la industria del plástico requerirá el 20% del consumo total de petróleo del mundo.

Qué pasa en la Argentina. Hace dos semanas, la Secretaría de Ambiente de la Nación presentó el Informe de Estado Ambiental y le dedicó algunos párrafos al plástico:

  • En 2014 se reciclaron 235.000 toneladas de plástico, lo que representa apenas el 12 % del total generado. Pero en 2016 ese recupero bajó a las 200.000 toneladas.

Foto: Greenpeace

Sustentabilidad | 30 de octubre

Las empresas argentinas que quieren ser las mejores para el mundo

Exactamente 75 pymes y grandes empresas del país adoptaron como propósito generar mejoras sociales y ambientales. Lo incluyen en sus estatutos y certifican ese compromiso con una norma internacional conocida en el país como Sistema B. Se trata de un modelo mundial en el que la aspiración ya no es ser la mejor empresa del mundo sino la mejor para el mundo. ¿Cuáles son las firmas nacionales que tomaron este camino?

El negocio de Matías Portela es negocio para todos. Es un círculo virtuoso para la ciudad de Córdoba. Si vende más juegos para chicos, habrá más nenes desafiando su ingenio. Los cartoneros que le consiguen el material que usa para hacer las casas, castillos y aviones para armar y colorear sumarán más ingresos.

Las fábricas que recorren los cartoneros en busca de descartes enviarán menos basura al relleno sanitario. Y las mujeres de barrios humildes que se encargan de la terminación de los juegos y el empaquetado tendrán más trabajo.

Cuando Matías, un ingeniero industrial de 34 años, renunció a su carrera en Volkswagen, lo hizo para idear un negocio en el que no hubiese perdedores: “Desde 2011, cuando nació Ondulé, hasta hoy vendimos 92 mil juguetes, reciclamos 47 mil kilos de cartón y le dimos empleo estable a 15 mujeres que trabajan desde sus casas, jamás le financiamos el pago y respetamos sus plazos de entrega”.

La pyme de Matías es una de las 75 empresas del país que lograron certificar como empresas B o Benefit corporations, según su nombre en inglés. Se trata de un modelo de negocio que además de buscar la rentabilidad tiene como propósito conseguir un impacto social y ambiental positivo.

Ondulé produce juegos con cartón reciclado por cooperativas.
Ondulé produce juegos con cartón reciclado por cooperativas.

El propósito es parte del ADN y también del estatuto

“A diferencia de los programas de Responsabilidad Social Empresaria (SRE) o las donaciones, la empresa B tiene ese propósito como génesis. Sucede desde adentro, es parte de su ADN”, explica Francisco Murray, director Ejecutivo de Sistema B, representante en la Argentina de B-lab, la ONG estadounidense que en 2007 desarrolló la herramienta de evaluación de sostenibilidad y el proceso de certificación para empresas llamadas de triple impacto: económico, social y ambiental.

En 2013, un año después de aterrizado el modelo en la Argentina, en el país había 15 empresas certificadas. Cinco años después se multiplicaron por cinco hasta llegar a las 75 que existen hoy.

“Crece la cantidad de empresas B porque hay mayor compromiso de los empresarios, que entienden que ya no alcanza con pagar los impuestos y que el Estado se encargue del resto. Estos emprendedores entienden que lo correcto es buscar el propósito dentro de la misma empresa”, analiza Murray, que en su época de emprendedor fundó Páez, una empresa de calzado que certificó como empresa B.

Mientras que en toda América Latina hay 414 empresas trabajando bajo esa filosofía, la Argentina es el tercer país de la región con más firmas dentro del ecosistema, solo detrás de Chile y Brasil. En el mundo, en tanto, son 2.655.

El propósito que trabaja cada empresa debe ser incluido en el estatutos, de modo que sus directores y gestores deben rendir cuentas ante los accionistas, por ejemplo, sobre el impacto logrado. Y al mismo tiempo, los directores pueden no ceder ante un reclamo de los accionistas orientado a trabajar exclusivamente en la rentabilidad.

“Cuanto más crecemos, más gente tiene agua para tomar”

A las empresas que persiguen este modelo les gusta decir que no pelean por ser la mejor empresa del mundo sino la mejor empresa para el mundo. Mucho de eso hay en la historia de Proyecto Agua Segura, el emprendimiento que hace tres años creó el médico Nicolás Wertheimer, de 29 años.

“Cuanto más crecemos, más gente va a tener agua para tomar”, dice Nicolás, que empezó él solo comercializando unos filtros suizos para que las comunidades aisladas del país puedan purificar y tomar el agua de ríos, lagunas o de lluvia.

Proyecto Agua Segura busca dar accceso al agua en comunidades aisladas.
Proyecto Agua Segura busca dar accceso al agua en comunidades aisladas.

Ahora, la firma tiene 20 empleados y trabaja con varias ONG, empresas y el sector público. “Hacemos diagnósticos, relevamientos e instalaciones que buscan asegurar el acceso al agua a través de distintas tecnologías”, cuenta y revela que la decisión de dejar la guardia del hospital municipal de Vicente López por este proyecto fue muy sencilla: “Puse en Google la frase ‘inventos que cambian el mundo’ y me apareció el filtro que después traje al país”.

Entre las empresas B argentinas no hay un rubro que predomine ni una facturación promedio. Lo único que las une es la convicción de combinar el negocio con aportes sociales y el cuidado del ambiente en el que se desarrolla.

Hay bodegas que cuidan el ambiente al extremo, textiles que trabajan con telas recicladas, proyectos forestales sustentables, imprentas que solo trabajan con materiales biodegradables, productoras de agua, restoranes que no desperdician nada de comida, joyerías que reutilizan cuero de descarte y empresas que se dedican exclusivamente a aprovechar la basura.

Hay emprendimientos pequeños y empresas multinacionales, como Danone y Natura. Y también empresas históricas, como la licorería Porta Hermanos, fundada en 1882 y actualmente con 550 empleados.

“Nuestro crecimiento estará siempre enfocado a generar valor a la sociedad en la que vivimos y a nuestra gente y sus familias, en particular. Más empleo, de mejor calidad, y sustentable. Más oportunidades para nuestra gente, mayor vinculación con nuestros vecinos. Mejor utilización de los recursos, mayor eficiencia energética. Procesos que recuperen subproductos con la meta de reducir la generación de residuos”, cuenta Inés Castro Castellanos, directora de Institucional y Marketing de Porta.

Porta tiene 550 empleados y uno de sus propósitos es lograr que progresen.
Porta tiene 550 empleados y uno de sus propósitos es lograr que progresen.

El modelo también ofrece ventajas competitivas

Además de la vocación de colaborar con la comunidad, las empresas que certifican también encuentran beneficios. Como la certificación debe renovarse cada tres años, promueve un proceso de mejora continua; además logran un mejor posicionamiento porque suelen ser destacadas por los medios e invitadas a eventos; y atraen talentos, ya que muchos jóvenes prefieren trabajar en una empresa que tiene propósitos sociales y ambientales.

“También se les abren mercados internacionales. Porque muchos países buscan y pagan más por productos que tienen esta certificación”, señala Pedro Cascales, director de Comunicación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde tiene una serie de programas para capacitar y formar a las pymes en iniciativas sociales y ambientales.

Por ejemplo, trabajan en eficiencia energética y en tres programas federales para colaborar en comunidades vulnerables con útiles escolares, al inicio declases; abrigos, cuando arranca el invierno; y regalos, en la previa de las fiestas de fin de año.

Otro beneficio es el de ser parte del ecosistema B, ya que muchas empresas prefieren elegir proveedores que tengan la misma filosofía. “Dos de nuestros clientes son empresas B, pero también tenemos de cliente a Mercado Libre, que nos elige por el propósito que tenemos”, cuenta Andrea Jatar, quien en 2014 fundó una empresa de viandas y catering.

Andrea tiene 50 años y es ingeniera en sistemas. Después de trabajar 20 años como empleada en una consultora, decidió abrir De la Olla, una empresa que prepara y entrega a domicilio viandas saludables. El negocio genera varios impactos. Uno social, porque emplea a personas con discapacidades; y otro ambiental, porque los envíos los hace en envases retornables y porque toda la materia prima que usa son productos orgánicos.

“Y un tercer impacto es en la salud, porque quienes consumen nuestras viandas reciben una comida saludable”, asegura Andrea, que estudió gerenciamiento de cocina en la escuela del Gato Dumas.

De la Olla prepara viandas con alimentos orgánicos y emplea discapacitados.
De la Olla prepara viandas con alimentos orgánicos y emplea discapacitados.

El proceso de certificación como empresa B puede llevar hasta un año. Comienza con un cuestionario de unas 200 preguntas sobre cinco áreas de la empresa: gobernanza, modelo de negocios, prácticas ambientales y laborales. Para poder seguir el proceso de certificación hay que lograr que el puntaje que se obtiene luego de contestar las preguntas no baje de 80.

Por ejemplo, Proyecto Agua Segura obtuvo 108,9, De la Olla sacó 129,1 y Ondulé 86,2. Los resultados de todas las empresas que certificaron pueden revisarse en el sitio web.

Luego del cuestionario y de verificar el puntaje, es necesario presentar la documentación así como también recibir y superar una auditoría.

Quienes ya certificaron y también los que lideran Sistema B ahora trabajan para que a nivel nacional haya una ley que reconozca a este tipo de empresas, tal como existe en países como Estados Unidos e Italia.

El proyecto de ley, que ya está redactado y fue enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, se encuentra en análisis en la cámara de Diputados. “La ley no propone alcanzar un beneficio impositivo, sino que el objetivo es identificar, reconocer y promover a los emprendimientos de impacto social y ambiental. Los diversos beneficios surgirán del mercado o de políticas que el Estado pueda implementar a través de programas de compras públicas preferenciales, facilidades de acceso al crédito o a fondos”, explicaron desde Sistema B.

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Sustentabilidad | 29 de octubre

Foto: Reeve Jolliff

El futuro de la Antártida está en juego

El futuro de la conservación antártica está en juego. Veinticuatro países y la Unión Europea se reunirán esta semana en Hobart, Australia, con el objetivo de votar sobre una propuesta para extender la protección de los océanos alrededor del Polo Sur. Tras varios intentos fallidos, hay importantes intereses geopolíticos en juego.

La Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos (CCRVMA), una organización internacional que regula el uso de recursos en la Antártida acordó en el 2002 la creación de una red de áreas marinas protegidas (AMP), en línea con la recomendación de científicos, ambientalistas y la sociedad civil a nivel global de proteger el 30% del océano para el 2030.

“La Antártida es la última frontera donde aún no ha llegado la explotación de los recursos naturales a nivel industrial”, dijo Milko Schvartzman, especialista argentino en conservación marina. Argentina es una de las siete naciones que mantiene un reclamo territorial sobre la Península Antártica. También tiene la mayoría de las bases y personal localizado en la zona.

“Es uno de los pocos lugares en el mundo que no ha sido afectado por la actividad humana y por esta razón es esencial para la investigación científica”, agregó Schvartzman.

Sin embargo, hasta ahora el progreso ha sido lento. En el 2009, los estados miembros de la CCRVMA acordaron la primera área marina protegida, que cubre 94,000 kilómetros cuadrados al sur de las Islas Orcadas del Sur. Luego, en 2016, la Comisión llegó a los titulares cuando negoció con éxito el parque marino más grande del mundo, cubriendo 1,55 millones de kilómetros cuadrados en el Mar de Ross.

Estos logros generaron esperanzas de avances similares durante las consecuentes reuniones anuales, que buscan expandir las actuales AMPs y crear otras nuevas. Pero las discusiones se prolongaron. Los países se han opuesto a la extensión de las AMPs, afirmando su derecho de acceso a aguas ricas en kril y otros recursos como minerales y petróleo.

Foto: Reeve Jolliff
Foto: Reeve Jolliff

Las propuestas

Hay tres propuestas sobre la mesa en el marco de las conversaciones que se llevarán adelante este año. Cada una es distinta y con diferentes esperanzas de avance.

La propuesta más antigua es la de proteger tres grandes bloques de océano y fondo marino a lo largo de la Antártida Oriental, en una zona rica en corales de agua fría y en los campos de forrajeo de pingüinos. En las conversaciones de la CCRVMA esta fue una iniciativa que se ha discutido durante seis años consecutivos, pero sin lograr ningún progreso significativo.

Con los años, la propuesta se ha reducido. Inicialmente, se propusieron siete áreas que cubren 1.9 millones de kilómetros cuadrados de océano; esto se disminuyó a tres áreas que cubren 1 millón de kilómetros cuadrados. Protegerá ecosistemas y características únicas, incluidos los sitios donde se forma el agua del fondo antártico (esta es el agua más fría del océano, la cual posee una influencia considerable sobre cómo se mueven las corrientes).

La segunda propuesta (ahora en discusión  en el comité científico, constituyendo una etapa previa antes de su tratamiento en comisión), es crear un AMP de 1,8 millones de kilómetros cuadrados en el área del Mar de Weddell y adyacente a la Península Antártica. En el caso de crearse, sería la reserva natural más grande del mundo.

El AMP de Weddell fue presentado originalmente por la UE y desde entonces ha ganado el apoyo de varios países. Greenpeace lanzó una campaña con el objetivo de presionar a los gobiernos para que la aprobaran y obtuvo el apoyo de dos millones de personas. Se espera que la propuesta llegue a la comisión este año, donde se discutirá su aprobación.

“Esto crearía un refugio seguro para los pingüinos, las ballenas y el krill, salvaguardando su entorno”, dijo Louisa Casson, activista sénior de océanos en Greenpeace. “El mar de Weddell es uno de los lugares más prístinos del planeta. Tenemos la oportunidad de protegerlo antes de que se genere algún tipo de daño “.

Finalmente, Argentina y Chile han trabajado de forma conjunta en una propuesta para crear un AMP al oeste de la Península Antártica. Se encuentra en una etapa temprana y se presentará al comité científico en la reunión de este año. El área es particularmente vulnerable a los impactos del turismo, la actividad pesquera y el calentamiento global.

“Es el área de la Antártida y el mundo más afectado por el calentamiento global. Ha habido una disminución masiva en la cantidad de hielo. La Antártida es el centro de la pesca de krill”, dijo Rodolfo Werner, asesor principal de la Coalición Antártica y Océano Austral (ASOC), que ha asistido a las reuniones de la CCRVMA durante más de diez años.

¿Qué es lo que está en juego?

La falta de extensión de las AMPs en la Antártida podría generar graves consecuencias para sus ecosistemas, concuerdan los expertos, especialmente considerando que después del 2048 se espera que el protocolo ambiental actual y vigente que prohíbe la minería (el Tratado Antártico) sea revisado.

Los geólogos estiman que la Antártida posee al menos 36 mil millones de barriles de petróleo y gas natural, aunque las evaluaciones varían ampliamente. Una combinación de cambio climático y pesca a escala industrial ya está amenazando a la población de kril en las aguas antárticas. La población de pingüinos podría disminuir en casi un tercio hacia fines de siglo debido a los cambios en el kril, cuyo tamaño podría reducirse hasta en un 40 por ciento.

Las poblaciones de krill ya han disminuido en un 80% desde la década de 1970, gracias a una expansión de la industria de pesca de kril, que se prevé que crezca en el orden del 12% anual en los próximos tres años.

Al mismo tiempo, se registró una tendencia alcista en el turismo en la Antártida desde el 2011, con 41,966 personas que llegaron durante el período 2017-2018, significando un crecimiento del 16 por ciento en comparación con el período anterior, según la Asociación Internacional de Operadores de Turismo en la Antártida (IAATO). Todo ello ejerciendo una enorme presión sobre la biodiversidad en la zona.

Resultados probables

Existen sentimientos encontrados entre los expertos consultados por chinadialogue. Algunos tienen la esperanza de que se aprueben las nuevas protecciones, mientras que otros son más escépticos.

Para Mike Walker, coordinador para Europa de ASOC, quien trabajó en la campaña del Mar de Ross, la reunión de este año “se encuentra en una mejor posición” que la del año pasado, gracias a los esfuerzos diplomáticos realizados durante su preparación.

En cambio, para Mariano Aguas, jefe del programa antártico de la ONG argentina Vida Silvestre, “no habrá mucho progreso” debido a las diferentes posiciones de los países.

“La CCRVMA arriesga su reputación si no realiza ningún avance durante este año”, dijo Andrea Kavanagh, directora de trabajo antártico de Pew y Océano Austral. “Prometieron tener una red de AMPs para preservar la biodiversidad en el área. Si no pueden hacer eso ponen en tela de juicio cuáles son sus prioridades “.

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Posiciones de los países

Bajo las reglas de la CCRVMA, los 25 miembros de la comisión -24 países y la Unión Europea- deben acordar la adopción de una propuesta. La necesidad de un consenso universal ha generado que el progreso sea especialmente desafiante, dados los diferentes intereses entre los países negociadores.

Se reduce a un debate entre los países principalmente occidentales que buscan establecer AMPs de protección absoluta (donde las industrias vinculadas a la pesca, minería, perforación y otras industrias extractivas estén prohibidas), y aquellos países que desean mantener los derechos de pesca y otras formas de extracción, como China y Rusia, según afirmó el Dr. Nengye Liu, profesor titular de la Universidad de Adelaide.

“El debate es entre la pesca y los estados de conservación. Ha habido un cambio entre los países desarrollados que están presionando para que no haya actividad en las AMPs. “Esto no ha sucedido todavía en China, que se ha convertido en el mayor productor de pesca marina del mundo en la última década”, dijo.

“China está avanzando hacia una pesca sostenible, lo cual significa que quieren seguir pescando en el futuro”, agregó el profesor.

China comenzó a pescar krill antártico en el 2009 y ha ampliado rápidamente sus actividades. Junto con Noruega y Corea del Sur, se encuentran entre las mayores naciones pesqueras de krill antártico, con Noruega a la cabeza en términos de capacidad de captura y procesamiento, y China en el número de embarcaciones.

En 2017, el decimotercer Plan Quinquenal de China, destinado a la tecnología de la industria pesquera, requería que el país aumentara su capacidad de pesca y procesamiento de kril. Pero un libro blanco sobre la actividad de China en la Antártida, publicado el mismo año por la Administración Estatal Oceánica, incluía la protección del medio ambiente como un principio clave.

“China no se opone a las AMPs, pero quieren tener más tiempo para poder pensar en ello”, dijo Jiliang Chen, investigador de Greenovation Hub y especialista en la política antártica de China.

“Hay un acuerdo general de que debe establecerse una red, pero los países pesqueros (como China) tienen más preocupaciones”.

Un estudio realizado por Greenpeace analizó los movimientos de los barcos de pesca de kril en la región y descubrió que operaban cada vez más “en las inmediaciones de las colonias de pingüinos y zonas de alimentación de ballenas”. También resaltó el gran número de incidentes de barcos de pesca involucrados en aterrizajes, derrames de petróleo y accidentes.

Reconociendo su rol, un grupo de compañías responsables del 85% de la pesca de kril en aguas antárticas anunció una “parada voluntaria y permanente” para sus operaciones en áreas claves, incluidas las “zonas de amortiguamiento” alrededor de los criaderos de pingüinos. La medida había presionado a los gobiernos para que actuaran más rápido en la AMP.

Los expertos concuerdan en que las reservas marinas antárticas ofrecen una oportunidad única para conservar y estudiar áreas naturales que en gran parte se encuentran intactas. Aunque el estado de la AMP hace poco para evitar los efectos del cambio climático, puede ayudar a garantizar que las otras actividades no exacerben los impactos.

Al mismo tiempo, los parques marinos antárticos forman parte de un esfuerzo internacional más amplio para proteger el 10% de los océanos del mundo en AMPs para 2020, un objetivo desafiante considerando que menos del 4% está protegido.

“Mirando hacia atrás, se ha avanzado mucho. Lleva mucho tiempo, pero así es como funciona “, dijo Kavanagh.

“Los países que sólo se preocupaban por la pesca ahora están asumiendo compromisos. Rusia ha hecho un gran trabajo en áreas protegidas en el Ártico. China está realmente preocupada por el cambio climático. Hay muchas razones para tener esperanza y ser positivo.”

Sustentabilidad | 26 de octubre

“La agricultura industrial está causando tasas de deforestación peligrosamente altas”

Cuatro millones de argentinos se enfrentan diariamente a una seria inseguridad alimentaria. Hilal Elver, experta en alimentación de las Naciones Unidas se mostró preocupada por estas cifras tras su visita de 10 días al país. También, advirtió sobre los riesgos que, para el país, implica la política oficial de privilegiar la agricultura industrial por sobre la familiar.

Entre el 12 y el 21 de septiembre, la relatora especial sobre el Derecho a la Alimentación del organismo se reunió con funcionarios de varios ministerios y reparticiones oficiales. También dos provincias: Buenos Aires y Chaco.

En Buenos Aires mantuvo reuniones con pequeños productores de La Plata y recorrió la Isla Maciel, en Avellaneda, donde habló con vecinos que recurren a comedores comunitarios para su alimentación diaria.

En Chaco, visitó los hogares y conversó con miembros de la comunidad Qom en zonas urbanas y rurales. Visitó, además, dos escuelas primarias y un hospital local. El informe final con sus conclusiones será presentado ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas en marzo de 2019.

–¿Qué fue lo que más la impactó en su visita en la Argentina?
–Observé un aumento en la cantidad de personas que van a los comedores comunitarios o que se saltean una comida, y niños y niñas que se ven obligados a depender de los comedores escolares para tener su comida diaria. La crisis económica repercute en la calidad de los alimentos ofrecidos por estos espacios por el incremento de precios.

–¿Cuáles considera que son  los principales desafíos nacionales en torno a las políticas alimentarias?
–Todos los funcionarios de Gobierno con los que me reuní, me aseguraron que las consecuencias del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional no tendrían impacto alguno en los esquemas de protección social, ya que incluye una cláusula de garantía en este sentido. De todos modos, creo que los efectos indirectos de la crisis económica no pueden ser subestimados y deben tomarse todas las medidas necesarias para asegurar que los derechos de la población y sus medios de subsistencia no sean adversamente afectados. Mi preocupación no son solo los grupos más vulnerables sino también el impacto en la gran población de clase media de Argentina. Soy consciente que durante y aún después de la crisis financiera de 2001, una enorme cantidad de argentinos cayó por debajo de la línea de pobreza. A toda costa debe evitarse que se repita esta experiencia.

–¿Qué aspectos le preocupan del modelo económico?
–Entiendo los desafíos que enfrenta la Argentina. Pero soy crítica de esta decisión del Gobierno, de aprovechar la crisis económica actual para desmantelar el apoyo al sector de la agricultura familiar. El gobierno argentino debería apoyar el sector de la agricultura familiar en el país, a fin de proteger la disponibilidad de alimentos. La agricultura industrial está causando tasas de deforestación peligrosamente altas, con cifras cercanas a los 27 millones de hectáreas por año. En la última década, se destruyeron más de tres millones de hectáreas de bosques para dar lugar a la producción de granos y ganado. No solo debe considerarse la rentabilidad y el crecimiento económico a corto plazo.

–¿Cuál es su opinión respecto al uso de los plaguicidas?
–En Argentina, en los últimos 25 años la aplicación de plaguicidas aumentó diez veces su volumen, de 38 a 370 millones de kilogramos, con un incremento del área cultivada de un 50%, de 20 millones a 30 millones de hectáreas. El glifosato, que en 2015 la Organización Mundial de la Salud declaró como una sustancia probablemente carcinógena, se aplica indiscriminadamente en el país, sin tener en cuenta la existencia de escuelas o pueblos en las cercanías. El uso de plaguicidas está mínimamente regulado y frecuentemente se ignoran las normas internacionales de la FAO. Ni las guías de las empresas ni las leyes provinciales advierten a las comunidades vecinas de los riesgos para su salud o propia vida.

–En estos diez días en el país, pudo recorrer el Chaco ¿Cómo afectó la expansión de las actividades agrícolas a las familias de los pueblos indígenas?
–Las familias se vieron forzadas a dejar las zonas en las que vivían y, en algunos casos, tuvieron que migrar hacia las ciudades cercanas en busca de trabajo. Además, el desmonte como parte de la expansión de la frontera agrícola, limitó severamente la disponibilidad y el acceso a las plantas, así como a los animales de caza y la pesca.

Durante este viaje, realicé el seguimiento de una decisión del año 2007 como resultado de un reclamo que presentó el Defensor del Pueblo de la Nación ante la Corte Suprema de Justicia, y que involucra el fallecimiento de integrantes de la comunidad originaria Qom en la región conocida como El impenetrable. La Corte Suprema ordenó a los gobiernos nacional y provincial que tomaran una serie de medidas para asegurar que los habitantes de la región reciban atención sanitaria y alimentaria adecuadas. Este caso ilustra la importancia del papel que juega el Defensor del Pueblo de la Nación, por lo que es clave que se designe alguien para ocupar el cargo lo antes posible, para que pueda plantear los casos de violación de los derechos humanos. El cargo está vacante desde el año 2009.

–¿Los argentinos llevan una alimentación saludable?
–La dieta argentina tiende a mostrar una monotonía de alimentos, con un consumo concentr

Sustentabilidad | 26 de octubre

Foto: Tais Gadea Lara

La lucha frente al cambio climático necesita cambios urgentes y ambiciosos

En octubre se presentaron los resultados del informe especial del Panel Intergubernamental en Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés). ¿Sus conclusiones? Limitar el aumento de la temperatura de la Tierra en 1.5°C para fin de siglo es necesario, es posible y requerirá de cambios sin precedentes.     

“Este informe ha evaluado específicamente cuáles fueron los impactos del cambio climático hasta el momento con un calentamiento de aproximadamente 1°C en relación con los valores preindustriales, y cómo sería un escenario de 1.5°C en relación al de 2°C”, explica en diálogo con RED/ACCIÓN Carolina Vera, investigadora argentina del Clima en el Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera (CIMA-CONICET-UBA) y vicepresidenta del Grupo de Trabajo I del IPCC.

Comprender la importancia de esta cifra nos remonta a diciembre de 2015 en territorio francés. Los países se reunieron para consensuar un documento histórico en la lucha internacional frente al cambio climático: el Acuerdo de París. Tenía un objetivo claro: “mantener el aumento de la temperatura media mundial por debajo de 2°C con respecto a los niveles preindustriales”. La cifra se veía acompañada por otra, resultado de la lucha de las islas y los países más vulnerables por incluirla: el 1.5°C. Ese número que fue protagonista de titulares sólo aparecía bajo “esfuerzos” tendientes a alcanzarlo.

Por pedido de la Convención Marco de Naciones Unidas en Cambio Climático (CMNUCC), el IPCC -organización internacional que reúne a los principales expertos científicos en la temática- presentó “Calentamiento global de 1.5°C”: un informe sobre cuáles serían los efectos e impactos asociados a un calentamiento de la Tierra en 1.5°C, basado en 6.000 referencias científicas y realizado por 91 expertos de 40 países.  

NATURALEZA 1 - Foto Pexels

1.5°C versus 2°C

El nuevo reporte del IPCC evidencia los escenarios disímiles entre un aumento del 1.5°C y uno de 2°C. Con un incremento del 1.5°C habría menor extinción de especies animales y vegetales, el mar subiría 10 centímetros menos para 2100, una menor pérdida de los arrecifes de coral que desaparecerían casi por completo con un escenario de 2°C. Por el contrario, superar esa cifra significaría un notable incremento en las temperaturas, precipitaciones intensas y sequías; lo que afectaría no sólo a la producción de alimentos sino también al crecimiento económico y la salud humana.

El IPCC destaca que “de continuarse la tasa actual, el calentamiento global alcanzaría el 1.5°C entre 2030 y 2052”. Consultada en el programa radial Sábado Verde, Inés Camilloni, Dra. en Ciencias de la Atmósfera de la Universidad de Buenos Aires y científica argentina que participó en el reporte del IPCC, explicó: “Buenos Aires sería una de las ciudades afectada por el aumento en el nivel del mar, sumado a las tormentas (como la Sudestada) y el aumento de los caudales de los ríos producto del aumento en las precipitaciones”.

Ante ello, Jagoda Munić, directora de Friends of the Earth Europa, destaca la importancia de acelerar la transición del actual sistema de producción basado en la explotación de combustibles fósiles a otro basado en las fuentes renovables (como el sol y el viento): “La era de los combustibles fósiles tiene que terminar: ese es el mensaje del informe”. Farhana Yamin, CEO de Track 0, agrega: “Cada país debe establecer una fecha para eliminar las emisiones de combustibles fósiles y los subsidios a fin de que podamos alcanzar las emisiones netas a cero a más tardar en 2050”.

Argentina aún está lejos de esa meta. Según el Informe del Estado del Ambiente presentado recientemente por la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación, durante 2017 el 86,9% de la oferta interna de energía provino de la explotación de combustibles fósiles (53,6% de gas natural, 32% de petróleo y 1,3% de carbón). Las energías renovables -con nuevos proyectos adjudicados- se ubican en el 13% restante, junto con fuentes hidroeléctrica y nuclear.

¿Y ahora? El después del informe.

Cuáles serán las implicancias de este nuevo informe en la toma de decisiones políticas. “La gente está respondiendo a este informe. Varios países ya están presentando sus objetivos de emisiones netas cero en sus legislaciones. Estamos empezando a ver los signos del progreso que queríamos obtener del informe”, respondió Jim Skea, copresidente del Grupo de Trabajo 3 del IPCC, quien aseguró que lo primero que haría al regresar a Reino Unido sería dar una charla en el Parlamento local sobre el reporte.

De igual forma lo hará Valerie Masson-Delmotte, copresidente del Grupo de Trabajo 1 del IPCC, en su retorno a Francia: “Esto no se trata sólo de los gobiernos. Me gustaría ver que el informe se comparta ampliamente entre la sociedad civil y los estudiantes universitarios de todo el mundo. El conocimiento que trasciende del reporte da claves a múltiples personas sobre cómo actuar, no sólo a los gobiernos”.

¿Y en Argentina? Camilloni cuenta: “Desde el sector político, el reporte todavía no tuvo mucho impacto visible como sí ocurrió en otros países, donde la respuesta de convocatoria a los científicos fue inmediata, por ejemplo, en Europa o Australia. Aquí todavía no se inició ese proceso más allá de la difusión en los medios de comunicación. Todavía hay tiempo para reaccionar, poner las cartas sobre la mesa y empezar la discusión. Si la convocatoria no sale desde el sector político, seremos los científicos los que promoveremos que ello ocurra”.

Entre las soluciones que propone el informe, se destacan la transición energética, el cambio en las dietas alimenticias y su forma de producción garantizando la seguridad alimentaria, y el uso de la tecnología para reducir emisiones contaminantes (con objetivos netos cero para 2050) y capturar carbono.

“El reporte intentó cubrir todos los espectros que la discusión global en el tema requiere: información con el mayor nivel de certeza posible sobre los impactos y la reducción necesaria de emisiones para limitar el calentamiento al 1.5°C”, explica Vera y subraya: “Es información que no había estado consolidada con estas características. Hasta el momento eran opiniones. El informe le da robustez a esa discusión que antes era una probabilidad”. Desde el IPCC aseguran que el reporte “será un aporte científico clave en la Conferencia de la Partes (COP24) en Katowice, Polonia, en diciembre próximo”.

Tras la alarma de los datos, llega el momento de la acción. Así lo asegura Camilloni: “Lo más contundente del reporte es que hay que cambiar todo. Implica una transformación cultural, de nuestra forma de producir. No sólo hay que cambiar todo, sino que hay que hacerlo en poco tiempo, porque, en algunos casos, las consecuencias pueden llegar a ser irreversibles”.

Sustentabilidad | 23 de octubre

Cuáles son los planes de la Argentina para enfrentar sus cinco desafíos ambientales más urgentes

Proteger los bosques frente al avance de la frontera agrícola, atenuar el riesgo de desertificación de un tercio del territorio nacional, acelerar el desarrollo de las energías limpias, incrementar el tratamiento y reciclado de residuos, y reducir la emisión de dióxido de carbono son los principales desafíos ambientales de la Argentina.

Los planes para cada uno de ellos fueron presentados la semana pasada, cuando se publicó el Informe del estado del ambiente 2017, un trabajo minucioso de 612 páginas en el que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación analiza con datos oficiales cómo evolucionó la salud ambiental de la Argentina.

El documento, que se presenta por segundo año consecutivo y por tercera vez en la historia, analiza además cuáles son los procesos productivos y sociales que más afectan el entorno ambiental.

A continuación, un detalle de los cinco problemas ambientales más urgentes que tiene que resolver el país, qué hace para lograrlo y qué resolvieron los países que atraviesan situaciones parecidas.

1. Deforestación: la expansión agrícola avanza sobre los bosques

Por primera vez desde que en 2007 se aprobó la ley que protege los bosques, la deforestación en el país no bajó sino que subió un 10%.

En 2017 desaparecieron 172.639 hectáreas o el 0,38% de los bosques. En 2016, los desmontes habían bajado a 155.851. Así se cortó un período de diez años en los cuales se había bajado la tasa de deforestación del 1% al 0,35%, aunque siempre muy por arriba del promedio mundial del 0,08%.

Los desmontes en Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa significaron el 72% de la deforestación.

En la Secretaría de Ambiente reconocen que el aumento de la deforestación podría explicarse por la reactivación agropecuaria, alentada por la baja de las retenciones a las exportaciones del sector en el período 2016/2017.

“La expansión de la frontera agropecuaria es una de las principales causas de pérdida de bosques, que son desmontados para el cultivo de diferentes especies, principalmente soja”, afirman desde la Secretaría. Y agregan que esa expansión obliga a que la ganadería se desplace hacia zonas de bosque.

La pérdida de áreas boscosas tiene consecuencias ambientales y sociales: incremento de gases de efecto invernadero por la liberación de dióxido de carbono, erosión de suelos, inundaciones por la desaparición de un reservorio natural de agua de lluvia, pérdida de biodiversidad, y migración de las poblaciones rurales.

Los planes en la ArgentinaExiste una apuesta a fortalecer la partida instaurada por la ley de bosques para financiar proyectos de restauración o explotación sustentable de bosques. En 2017 se asignaron $ 556 millones, el monto de inversión más alto desde la sanción de la ley, pero apenas un 8% de lo que determina la ley.

“Un instrumento que desarrollamos con el Conicet y la CONAE y lanzaremos en breve es un sistema de alerta temprana de deforestación. A través de imágenes satelitales, cada 15 días se emitirán alertas de posibles focos de deforestación”, adelantó Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales.

Otro plan es el de restauración de bosques degradados, con experiencias en ocho provincias. Y hay un cuarto programa, Bosques y Comunidades, que ayudar a las comunidades indígenas y criollas a que aprovechen el potencial productivo del bosque mediante la explotación forestal y la cría de animales, pero sin degradarlo. Esa línea ya alcanza a unas 75 comunidades que tienen 410.000 hectáreas.

La Secretaria de Ambiente tiene planes de restauración e implantación de bosques.

La Secretaria de Ambiente tiene planes de restauración e implantación de bosques.

Experiencias internacionales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) identificó en el informe 2018 sobre El Estado de los Bosques del Mundo varios países que ampliaron la superficie de bosques.

A la cabeza están Filipinas (3,3%), Chile (1,8%), Laos (1%), Gabón (0,9%), Vietnam (0,9%), China (0,8%), Francia (0,7%), India (0,3%), Australia (0,2%) y Estados Unidos (0,1%).

En Chile, el gobierno apostó a la producción forestal y avanzó con la plantación de bosques y métodos de explotación sustentables. Ocurre que el sector forestal está orientado al comercio internacional y exporta por U$S 6.100 millones al año, solo superado por la minería

2. Desertificación: el crecimiento de las tierras secas

El informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable sostiene que unas 100 millones de hectáreas de tierras secas, el 37% del país, entraron en un proceso de degradación, y si no se detiene puede convertir esa superficie en algo parecido a un desierto.

Lo dramático es que cada año unas 2 millones de hectáreas se suman a la zona erosionada. Este fenómeno es relevante en Río Negro, La Pampa, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy.

En Ingeniero Jacobacci, Río Negro, el suelo es casi desértico. Crédito: INTA Bariloche.

En Ingeniero Jacobacci, Río Negro, el suelo es casi desértico. Crédito: INTA Bariloche.

Las causas suelen ser el sobrepastoreo, una excesiva carga ganadera y desmontes para aprovechar la madera o despejar el terreno para actividades agrícola. Cuando disminuye la vegetación por esas causas, el viento o el agua erosionan la tierra.

“Lo que se pierde es la capa fértil del suelo”, explicó Almut Therburg, coordinadora del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación. Con menos flora, la tierra pierde capacidad de retener agua. Y así se retroalimenta la degradación.

La pérdida de suelo tiene un impacto económico y ambiental. La Secretaría de Ambiente estimó en U$S 29,9 millones anuales la pérdida por menor productividad en cultivos de soja, maíz y trigo. Y advierte que las tierras secas con procesos de desertificación aportan cerca del 40 % de la producción agrícola y el 47 % de la ganadera.

Las consecuencias ambientales son la pérdida de los servicios ecológicos de la tierra, como la función de regulación hídrica, la captura de carbono y la conservación de biodiversidad.

Los planes en la ArgentinaEl problema tiene una relación directa con la actividad agropecuaria. Por eso, la Secretaria de Ambiente trabaja en la difusión de 90 prácticas de manejo sustentable en 11 provincias. Son técnicas, procedimientos y desarrollos tecnológicos para desarrollar actividades no degraden el suelo.

“Antes de fin de año, lanzaremos un plan nacional de lucha contra la desertificación, que incluirá la promoción de esas prácticas y la implementación de beneficios para los productores que las adopten”, confió Diego Moreno.

Habrá que ver también qué impacto puede lograr ForestAR, un programa nacional con el que se busca implantar bosques orientados a la explotación maderera pero de manera sustentable.

Experiencias internacionales. La FAO estima que en el mundo dejan de ser productivas entre 6 y 7 millones de hectáreas de suelo cada año. Por lo que la desertificación es un problema global.

Diego Moreno contó que la Argentina intercambia experiencia con especialistas de México y China, donde su estrategia para combatir la erosión de tierras pasa principalmente por la reforestación y la implementación de prácticas productivas sustentables.

3. Energías limpias: la urgencia de acelerar su desarrollo

La mitad de la emisión de gases de efecto invernadero que genera el país las produce el sector energético. Y eso ocurre porque si bien hubo cambios en la matriz energética, las renovables sólo aportan el 2%.

En las últimas décadas se dio un proceso de sustitución de los hidrocarburos en la generación de energía. La participación del petróleo, que en 1960 representaba el 70 % de la matriz, se redujo al 32%. Pero no aumentaron las renovables: como contraparte hubo un incremento del gas natural, que representaba menos del 10 % y en la actualidad llega al 54 %.

Evolución de la producción de energía eléctrica en Argentina, por tipo de fuente.


Evolución de la producción de energía eléctrica en Argentina, por tipo de fuente.

Los planes en la ArgentinaCon el comienzo de la nueva gestión, hace dos años, el país realmente orientó inversiones al desarrollo de plantas de energía renovables, principalmente parques solares y eólicos.

Desde la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación, que dirige Sebastián Kind, aseguran que, gracias al plan Renovar, ya “hay 70 plantas de generación de energías limpias en construcción, 20 de ellas solares”. Entre todas, prevén aportar 2700 megavatios, lo que ampliaría la participación de las renovables al 8% de la matriz.

Según la ley 27191, las renovables debieron haber representado el 8% de la matriz ya en diciembre de 2017 y alcanzar el 12% en 2019.

El parque solar  La Cumbre, en San Luis, fue inaugurado este año.

El parque solar La Cumbre, en San Luis, fue inaugurado este año.

Experiencias internacionales. A nivel mundial, las renovables representan el 10,4% de la generación mundial, según Ren21, una red global que monitorea el avance de estas energías.

La cifra también está lejos de la incidencia que tienen las energías limpias en Uruguay (44%, con predominio de las eólicas), Brasil (19%, combinando eólica y pequeñas hidroeléctricas) o Chile (17%, también con eólica e hidroeléctricas), según el sitio Climatescope, que permite comparar las matrices energéticas de los países.

4. Residuos: una tonelada de basura cada dos segundos

En 2015, la generación de residuos en Argentina dio un promedio de 1,02 kilogramos por persona, 45.000 toneladas diarias o una tonelada cada dos segundos. Marca un aumento leve en la generación de basura.

Kilos de basura que genera por día una persona en la Argentina. Fuente: Secretaria de Ambiente de la Nación.


Kilos de basura que genera por día una persona en la Argentina. Fuente: Secretaria de Ambiente de la Nación.

En cuanto a la composición de la basura, en la Ciudad de Buenos Aires el 14% era papel o cartón, el 13% plásticos, el 6% textiles, el 4% vidrios y el 2% metales. Es decir que el 39% de la basura es reciclable. Sin embargo, el reciclaje en la ciudad de Buenos Aires sólo llega al 26% de la basura.

Existe otro dato desalentador: en 2014 se reciclaron 235.000 toneladas de plástico, lo que representa apenas el 12 % del total generado. Pero en 2016 ese recupero bajó a las 200.000 toneladas.

A nivel país, el informe de Ambiente señala que existen cerca de 5.000 basurales a cielo abierto sobre unas 8.600 hectáreas. Y advierten que alrededor del 37% de la población no está cubierta por el servicio de disposición final adecuada de sus residuos.

El relleno sanitario de Ensenada recibe basura de municipios del sur bonaerense. Crédito: CEAMSE

El relleno sanitario de Ensenada recibe basura de municipios del sur bonaerense. Crédito: CEAMSE

Los planes en la ArgentinaDesde la Secretaría de Ambiente remarcan que el problema es desafiante porque el manejo de los residuos es por ley responsabilidad de los municipios.

De todos modos, Thierry Decoud, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, señaló que trabajan en una serie de leyes que apuntan a garantizar el tratamiento de algunos productos.

Por un lado, el Congreso ya discute un proyecto de ley de responsabilidad extendida del productor, que establece que quienes producen o importan bienes que una vez descartados necesitan un tratamiento especial deben ayudar a diseñar el circuito de disposición final. Eso, por ejemplo, le cabría a los fabricantes o importadores de electrodomésticos y neumáticos.

Otra proyecto en el que trabaja la Secretaría es en la actualización de ley de residuos peligrosos, orientando la norma hacia el recupero de esos desperdicios.

La posibilidad de contar con una ley que regule qué responsabilidad deben tener las empresas que comercializan bebidas en envases plásticos por ahora no está en la agenda inmediata.

Experiencias internacionales. En Estocolmo, capital Suecia, la basura vale oro: se recicla el 99% de sus desechos. Su gestión contempla la prevención, reutilización y reciclaje.

El sistema de recolección de basura es diferenciado: se separan alimentos, que se usan para hacer fertilizantes, compost o biogás; los textiles, que se usan para fabricar ropa; y los papeles.

La basura que no se reutiliza, llega a las 32 estaciones de procesamiento de basura y producción de energía. De hecho, su propia basura no es suficiente para generar toda la energía necesaria en el país, por lo que importan 800.000 toneladas de otros países.

5. Temperatura: reducir la emisión de dióxido de carbono

Aunque no depende sólo de la Argentina, el compromiso de minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero es uno de los principales desafíos ambientales y está atado, en gran medida, a cuánto pueda avanzar el país en la resolución de los temas analizados en esta nota.

La última medición local, de 2014, determinó que el país emitió 369 megatoneladas de dióxido de carbono. La mayor participación de esas emisiones corresponde al sector energético (53%),; seguido por la agricultura, ganadería, silvicultura y deforestación (39%); luego por la industria (4%); y finalmente los residuos (4%).

De que el país y el mundo logren reducir las emisiones depende que la temperatura no suba más allá de 1,5° respecto de los niveles preindustriales. Hoy, según el informe de Ambiente, la temperatura del país subió entre 0,5° y 1°, según la zona.

Para lograr que el aumento de temperatura no supere ese límite, los expertos de la ONU sobre el cambio climático (IPCC) aseguran que las emisiones de CO2 deberán caer un 45% de aquí a 2030 y el mundo deberá alcanzar en 2050 una “neutralidad de carbono”. Es decir, tendrá que dejar de emitir más CO2 del que se retira de la atmósfera.

Los planes en la Argentina. La meta que el país espera alcanzar es no exceder las 483 mega toneladas de dióxido de carbono para 2030. “Para un país en vías de desarrollo y que necesita crecer, eso significa una reducción del 18% respecto a los niveles de emisiones a los que llegaríamos si instrumentáramos las medidas que tenemos planeado hacer. Además trabajamos en un segundo escenario de mayor esfuerzo que implicaría una reducción del 37%”, aseguró Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático de la Nación.

Para lograrlo, se creó en 2016 un gabinete de cambio climático que conforman los ministros. De ahí salieron las propuestas para alcanzar la meta. El aporte más sustancial lo deberá hacer el área de Energía, con el incremento de renovables en la matriz energética.

En segundo lugar, el gobierno apuesta a no seguir perdiendo superficie de bosques e implantar nuevos, algo que hoy se evidencia como difícil. El Ministerio de Producción deberá trabajar con las cámaras sectoriales para alcanzar mayor eficiencia energética y que aprovechen procesos productivos para generar su propia energía.

El área de Transporte debe apuntalar el transporte público para desalentar el uso de autos y mejorar rutas y trenes, para así hacer más eficiente el transporte de cargas. Finalmente, Agroindustria debe trabajar en la incorporación de prácticas productivas más sustentables.

Experiencias internacionales. El pacto para reducir emisiones se selló en 2015 en Francia y se lo conoce como el Acuerdo de París. En ese encuentro de líderes mundiales se acordó que cada país, desarrollado o no y sin importar su PIB, establezca metas para reducir las emisiones.

Por eso resulta prematuro hablar de casos exitosos. Pero sí hay un punto de partida: según datos de las Naciones Unidas, en 2016 las emisiones globales fueron de 51.900 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq).

En ese escenario, China, Estados Unido y la India son los que más gases lanzan a la atmósfera y por lo tanto son los que más contribuciones pueden hacer al ambiente. La participación porcentual de Argentina, en cambio, representa un 0,7% de las emisiones globales.

Emisiones de gases de efecto invernadero por país (2014). Fuente: CAIT, World Resources Institute

Emisiones de gases de efecto invernadero por país (2014). Fuente: CAIT, World Resources Institute
Sustentabilidad | 11 de octubre

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Crearon un parque nacional que ayudará a evitar inundaciones en la cuenca del Luján

Lo aprobó el Congreso y está en Campana, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Ocupa 5.288 hectáreas, un área equivalente a un cuarto de la superficie de la ciudad de Buenos Aires.

Como gran parte son humedales, el área contribuye a retener agua los días de tormenta o sudestada. Lleva el nombre de Ciervo de los Pantanos porque contribuirá a la preservación de ese animal.

Qué pasó. La provincia de Buenos Aires sumó un nuevo parque nacional. Lleva el nombre de Ciervo de los Pantanos y está a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en el partido de Campana.

Además de ayudar a preservar la fauna y flora típica de un humedal ofrece un beneficio ambiental determinante: contribuye a evitar inundaciones en los municipios del noroeste del conurbano.

El proyecto se materializó ayer, cuando la Cámara de Senadores convirtió en ley el plan que integra 4.088 hectáreas de la reserva Otamendi, en poder de la Administración de Parques Nacionales, con otras 1.200 de la reserva Río Luján, de jurisdicción bonaerense.

Es el segundo parque nacional en jurisdicción bonaerense, ya que en 2009 se había creado Campos del Tuyú para preservar 3.000 hectáreas de pampa, entre General Lavalle y San Clemente del Tuyú.

Y es el parque número 45 del país. Entre todos, protegen 4,4 millones de hectáreas, casi dos veces la superficie de la provincia de Tucumán.

Un invitación especial. César Toledo, guardaparque del flamante parque nacional, invita a los lectores a visitar el lugar y cuenta cuáles son sus atracciones:

Parque Nacional Ciervo de los Pantanos (1)
Crédito: Administración de Parques Nacionales


Cómo llegar y en qué horarios visitar el parque

Por qué es importante. El sitio preserva pastizales pampeanos, un área de barranca, islas del Delta y sobre todo humedales, lo que convierte al lugar en vital para minimizar los riesgos de inundaciones.

  • “Por su ubicación, tan metropolitana y urbanizada, será un parque muy importante. Porque los humedales tienen la capacidad de regular excesos de agua al retener, absorber el agua y filtrarla al acuífero subterráneo”, explicó geógrafa Patricia Pintos, del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad de La Plata.
  • “Gran parte de los valles de inundación de la cuenca del Luján fueron alterados por la construcción de desarrollos inmobiliarios. Por eso es sumamente importante este nuevo parque: asegura la conservación de una gran porción de humedales”, sostuvo Marta Andelman, de la Fundación Humedales
  • Ocurre que en la cuenca baja del río Luján -incluye Pilar, Campana, Escobar y Tigre- había hasta 2015 unas 9200 hectáreas de humedales que fueron rellenados para hacer 66 barrios cerrados. Por eso, cuando llueve mucho o hay sudestada, es más probable que el río Luján desborde y provoque inundaciones.

Qué biodiversidad resguarda. Más allá de las modificaciones que hubo en la zona, el parque reúne uno de los sectores mejor conservados. Sus 5500 hectáreas son un refugio de 309 especies de aves y 49 de mamíferos.

  • Vive o se resguarda el ciervo de los pantanos, una especie amenazada por la caza furtiva y la pérdida de su hábitat en el Delta.
  • Se estima que hay solo 800 ejemplares en la zona del Delta inferior, es decir desde Puerto Ibicuy, en Entre Ríos, hasta la desembocadura del Paraná en el Río de la Plata. Por eso, el nombre elegido para el parque es Ciervo de los Pantanos.
  • También sirve para conservar especies como el lobito de río, la comadreja y el gato montés.
  • Entre las aves, destacan la presencia de la pajonalera de pico recto, de la pava de monte y de la palomita azul. Y hay algunos registros del burrito colorado.

Dónde está ubicado. El parque ocupa un área equivalente a un cuarto de la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Está cercado al oeste por la autopista Panamericana, al norte por la ciudad de Campana, al este por el río Paraná, y al sur por el Luján y el arroyo Las Rosas.

Sustentabilidad | 11 de octubre

El último informe sobre el calentamiento global no debe paralizarnos

El tan esperado nuevo informe del panel de clima de las Naciones Unidas que se publicó esta semana hace una lectura sombría: para evitar graves perturbaciones económicas y sociales y proteger los ecosistemas esenciales, debemos limitar urgentemente el aumento de la temperatura global a 1,5°C.

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en inglés), la entidad de las Naciones Unidas a cargo de proporcionar evidencia científica y consenso sobre el cambio climático y sus implicancias para quienes toman las decisiones y el público, acaba de publicar su último y muy esperado informe.

El reto que nos presenta es inmenso.

Para evitar graves consecuencias económicas y sociales y proteger ecosistemas esenciales, necesitamos con urgencia limitar el aumento de la temperatura global a menos de un 1,5º Celsius del nivel preindustrial. Para lograr las reducciones necesarias en emisiones de gases de invernadero se requerirán valentía, creatividad y tomar algunas opciones difíciles. Pero la experiencia de Costa Rica demuestra que, en el largo plazo, lo que se obtiene para todos supera con creces los sacrificios.

El cambio climático no es el primer gran desafío que nuestro país –uno de los que cuenta con mayor biodiversidad por metro cuadrado- ha tenido que superar para preservar su belleza natural. La desforestación para el pastoreo de ganado casi redujo a la mitad la superficie boscosa a lo largo de las cuatro décadas previas a 1986. La inversión estatal en la protección de estos recursos naturales fue esencial, y significó eliminar los subsidios para la industria ganadera y los incentivos perversos para la reforma agraria.

El ejemplo de Costa Rica

Una vez desaparecidos los subsidios y los incentivos negativos, la población de ganado se redujo en un tercio en Costa Rica, lo que quitó presión a las tierras destinadas al pastoreo. En las décadas transcurridas desde entonces, los bosques se han recuperado y hoy cubren más de la mitad del país. Y mientras la cubierta forestal se duplicó, el ingreso per cápita costarricense se triplicó. A partir de esta base, la economía ha crecido de manera sostenible y el país se ha convertido en un líder mundial del ecoturismo.

Hoy, como lo deja en claro el último informe del IPCC, el aumento de las temperaturas es la nueva amenaza a la biodiversidad y a nuestra economía. Todos debemos combatirlo.

Costa Rica, por su parte, se ha fijado lo que el Presidente Carlos Alvarado ha llamado la “titánica y hermosa tarea” de descarbonizar la economía. Uno de los objetivos del plan nacional de descarbonización, que se iniciará en diciembre, es asegurar que el mercado refleje adecuadamente los costes del cambio climático.

Apostar a descarbonizar la economía

Esta política apunta a hacer que los combustibles fósiles sean económicamente no competitivos, y crear incentivos para usar cerca del 100% de la energía renovable de Costa Rica en el sector del transporte para reducir la dependencia del petróleo. Estos incentivos vienen reforzados por una moratoria de la explotación del gas y el petróleo, respetada por cinco gobiernos distintos. Hacer que el sector energético funcione adecuadamente –objetivo que une a ambientalistas y economistas- significa reconocer que un impulso cortoplacista a la economía no puede justificar los costes de largo plazo de los combustibles fósiles.

Como ministro y activista medioambiental, ambos estamos de acuerdo con que el gobierno tiene un papel importante que desempeñar para lograr la descarbonización. Sin embargo, también será esencial el trabajo de actores no estatales, como los negocios y las comunidades locales. Por ello, la política del gobierno se ha centrado en fomentar las iniciativas turísticas de bajo impacto y origen comunitario que valorar el conocimiento local. La experiencia de Costa Rica demuestra que la protección ambiental se logra mejor con alianzas entre la población local y los líderes nacionales, unidos por la causa común de la conservación.

En el fondo, el enfoque de Costa Rica al cambio climático gira en torno a la gente, no a la industria ni los mercados. Nuestro compromiso con el tema se sustenta en la comprensión de los enormes riesgos y costes sanitarios que implica no hacer nada. Costa Rica destina recursos importantes a enfrentar problemas como el dengue y la malaria, porque nuestro pueblo sigue siendo nuestro recurso más importante. Mantenerse por debajo del límite de los 1,5ºC significa 3,3 millones de menos casos de dengue al año en América Latina y el Caribe, menos gente en riesgo de contraer malaria y menor inestabilidad alimentaria y desnutrición a causa de las más altas temperaturas y los patrones climáticos inestables.

Costa Rica se enorgullece de estar a la vanguardia mundial al poner en la práctica este enfoque. Como resultado, somos uno de los pocos países listos para superar los compromisos asumidos en el acuerdo climático de París. No será fácil adoptar todos los cambios, y para hacerlos realidad serán necesarias perseverancia y un compromiso con la adaptabilidad. Otros países que acordaron en el marco del acuerdo de París elevar la ambición de sus planes climáticos nacionales para 2020 pueden aprender de nuestra experiencia en buscar la descarbonización, invertir en recursos naturales y reconocer la importancia del clima para una población sana.

Una de las lecciones más evidentes es la interdependencia de estas políticas. El cambio climático es un problema colectivo que ningún país puede solucionar por si solo con políticas aisladas. Pero esta interdependencia no puede convertirse en una excusa para la parálisis. Limitar el calentamiento a 1,5º Celsius es una meta alrededor de la cual todos podemos unirnos de diversas maneras.

El Foro de la Vulnerabilidad Climática que se celebrará el mes próximo reunirá a los líderes de los países más vulnerables en la primera cumbre completamente virtual de jefes de estado. Junto con la próxima cumbre intergubernamental clave, la COP24 en Polonia en diciembre, las autoridades políticas tienen una oportunidad de demostrar que comprenden las bases científicas del informe del IPCC y están preparadas para dar pasos ambiciosos hacia el logro del objetivo del 1,5º.

A menos que lo hagamos todos juntos, ninguno se librará de las consecuencias.

Traducido por David Meléndez Tormen

Mónica Araya es fundadora y Directora Ejecutiva de Nivela, encabeza el grupo ciudadano Costa Rica Limpia y es Vicepresidenta de la Asociación Costarricense de Movilidad. Carlos Manuel Rodríguez es el Ministro de Medio Ambiente y Energía de Costa Rica.

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