Cada dos días, un juez recibe en su despacho un expediente en el que la Procuración Penitenciaria de la Nación denuncia que un preso o varios fueron torturados en alguna de las cárceles federales o durante un traslado.
Es una denuncia formal cada dos días; 15 por mes, 183 durante todo el año pasado o 1561 en los últimos diez años (2009 a 2018).
Lo que resulta sospechoso y representa un muy mal síntoma es que en esta última década, apenas el 0,32% de esas causas terminó con una condena: solo en 5 causas hubo condenados. El resto de las causas están mayoritariamente archivadas.
Este contexto hace que los fallos en los que se condena a los responsables de la tortura se festejen como una gran victoria. Como esta última condena por torturas seguida de muerte:
Ahora|Fallo histórico sobre el caso Argentino Pelozo Iturri. Se dictó Prisión perpetua por torturas seguidas de muerte realizada por funcionarios penitenciarios en la ex Unidad 9 de SPF #Neuquen @PPNArg reafirma su compromiso en la defensa de los #DDHH de las personas detenidas pic.twitter.com/QDiKHivzOz
— PPN (@PPNArg) March 20, 2019
Qué tipo de torturas existen. Si tomamos las denuncias de 2018, lo más común son los golpes de puño, las patadas y los pisotones por parte de agentes del servicio penitenciario, señalados en el 88% de los casos como los responsables de la tortura.
También hay casos de asfixias, golpes en los oídos y el “puente chino”, una tortura que consiste en golpear al preso mientras avanzan por un pasillo armado por muchas personas.
Para lastimar, los agentes suelen usar sus bastones, borceguíes, escudos o balas de goma. Eso detalla el informe de torturas de 2018 de la Procuración, que incluye únicamente las torturas en cárceles federales; es decir, sin contar las unidades provinciales.
En la mayoría de los casos, la víctima se encontraba reducida al momento de la golpiza: estaba de espaldas (72%), tirada en el piso (64%), o esposada o atada (60%).
Por qué surge la tortura. Según la Procuración “se acude a la violencia como modo de gestión de los lugares de detención y se utilizan estrategias de encubrimiento de estos hechos para que no lleguen a la Justicia ni salgan a la luz”.
La dimensión del problema. En las cárceles federales del país había el año pasado 13.358 personas detenidas (hoy son 14.359). La Procuración registró que ese año, 2018, exactamente 450 fueron torturadas. Es decir, 33 de cada 1000 presos.
De todos esos casos, apenas 183 terminaron en una denuncia formal. ¿Por qué? Sólo en el 41% de los casos, las víctimas prestaron su consentimiento para realizar una denuncia penal por lo sucedido. El resto, esencialmente tuvo miedo de formalizar la denuncia. “Optaron por no iniciar acciones legales ante el temor de sufrir represalias por parte de sus victimarios”, dicen desde la Procuración.
Quiénes sufren más torturas. Las personas jóvenes, menores de 35 años, son las más castigadas: sobre ellas recayó el 65% de los casos. Mientras que el 10% de las torturas la sufrieron mujeres.
Por qué no prosperan las causas. Esencialmente hay tres razones, según entiende Ana Clara Piechestein, del Observatorio de Cárceles Federales de la Procuración:
- La Justicia no les cree a las víctimas y cuando se las cita judicialmente no "se las trata como víctimas por ser condenados o procesados por delitos". En la mayoría de los casos, la Justicia les pide una ratificación de la denuncia, algo que no es necesario "porque son delitos que se entiende afectan al Estado como tal y por lo tanto, el Estado tiene la obligación de investigar cuando toma noticia de su comisión más allá de la voluntad de la victima real".
- La Justicia no está capacitada para investigar este tipo de delitos. No hay una investigación específica, con un protocolo particular, sino que se los investiga como otro delito, por ejemplo un robo. De esta manera "se desconoce la dinámica de estos espacios, las dificultades que existen para denunciar el delito y las prácticas de impunidad que puede forjar el propio servicio penitenciario".
- No hay creatividad para reunir pruebas. Los victimarios son los efectivos del servicio penitenciario y a su vez son quienes tienen el control del lugar y están a cargo de la seguridad. Un ejemplo de esto es que en el 56% de los casos en los que la Justicia pidió los registros fílmicos de las cámaras de seguridad, el Servicio Penitenciario Federal no se los dio, argumentando distintas razones:
La ONU ya advirtió sobre las condiciones de detención en la Argentina. El año pasado, Nils Melzer, relator especial de la ONU sobre tortura, visitó el país y fue testigo de que en el sistema penitenciario "existe una sobrepoblación crónica" que "lleva a tensiones significativas en el sistema carcelario". Dijo haber visto condiciones de detención de hacinamiento, donde 10 o 12 personas comparten "espacio pequeños, sin acceso a baños y sin contacto con la luz del sol por varios meses".
Cuáles son las recomendaciones de Naciones Unidas. Una guía llama a que los estados adopten disposiciones legislativas que:
- Prohíban cualquier acto de tortura y estipulen que no se pueda invocar ninguna circunstancia excepcional para justificar la tortura.
- Estipulen que no se pueda invocar ninguna orden de un superior para justificar la tortura.
Y establece que Estado debería ofrecer garantías mínimas a las personas privadas de la libertad:
- El derecho a que los familiares o algún tercero sea informado del paradero de la persona tras su detención.
- El derecho a tener acceso a un abogado y a que éste esté presente durante los interrogatorios.
- El derecho a tener acceso a un médico, de ser posible elegido por la persona.
- El derecho a permanecer en silencio.
- El derecho a impugnar la legalidad de la detención y el trato recibido.
