Alissa Amico | RED/ACCIÓN
Opinión | 22 de marzo de 2019

El desafío de regular la Inteligencia Artificial

Masayoshi Son, CEO del conglomerado multinacional japonés SoftBank y un entusiasta inversionista en Inteligencia Artificial (IA), dijo recientemente que su compañía busca “desarrollar robots cariñosos que puedan hacer sonreír a las personas”. Pero si la IA realmente logra hacer que las personas sean más felices, y de paso ayuda a construir una mejor sociedad, tenemos que ponernos de acuerdo acerca de como regularla.

En los márgenes de la última reunión del Foro Económico Mundial en Davos, el ministro de comunicaciones e información de Singapur anunció discretamente el lanzamiento del primer marco nacional del mundo para la gobernanza de la inteligencia artificial. Si bien los medios del planeta se han dado un festín con este anuncio, su significado va mucho más allá de Singapur o el pueblo suizo donde se hizo público. Es un ejemplo que el resto del mundo debe seguir urgentemente, y sobre el cual sentar las bases del futuro.

En los últimos años, a través de la iniciativa estatal AI Singapore, el gobierno de Singapur ha estado trabajando para posicionar al país como el líder mundial en el sector de la IA. Y ha hecho sólidos avances: junto con Shanghái y Dubái, Singapur atrajo la mayor parte de las inversiones destinadas a IA el año pasado. Según una estimación reciente, la inversión en IA debería hacer que Singapur duplique el tamaño de su economía en 13 años, en lugar de 22.

Por supuesto, la IA se extiende por todo el mundo. Según un informe reciente de McKinsey, la IA podría sumar hasta el 16% del crecimiento mundial del PIB para 2030. Considerando su potencial, se está intensificando la inversión e innovación en IA, y se puede predecir que Estados Unidos y China irán a la vanguardia. Sin embargo, hasta ahora ningún gobierno ni entidad supranacional ha buscado desarrollar los mecanismos de gobernanza necesarios para aprovechar al máximo el potencial de la IA, además de manejar sus riesgos.

Esto no se debe a que los gobiernos consideren trivial la IA, sino que para hacerlo las autoridades y corporaciones tienen que abrir una caja de Pandora de preguntas pendientes. Piénsese en el impacto social de la IA, mucho más difícil de cuantificar y, de ser necesario, mitigar, que sus efectos económicos. Por supuesto, las aplicaciones de IA en sectores como el de la salud pueden ofrecer importantes beneficios sociales. Sin embargo, los gobiernos y corporaciones no han internalizado el potencial de uso indebido o manipulación de los datos que reúnan para estas aplicaciones y que puede originar riesgos mucho mayores que aquellos relacionados con escándalos pasados de privacidad de la información, además de los daños a su reputación.

Como se observa en otro informe de McKinsey, “la realización del potencial de la IA para mejorar el bienestar social no ocurrirá de manera natural”. Para tener éxito se necesitarán “intervenciones estructurales de las autoridades, combinadas con un mayor compromiso de los participantes de la industria”. Por más que los gobiernos y las autoridades quieran demorar estas medidas, no se debe subestimar los riesgos de eso conllevaría, también para su propia reputación.

De hecho, en tiempos en que muchos países enfrentan una crisis de confianza en el gobierno, fortalecer la gobernanza de temas relacionados con la IA es, de muchas maneras, tan importante como enfrentar los fallos de gobernanza corporativa o política. Después de todo, como lo expresara en 2018 el Director Ejecutivo de Google, Sundar Pichai, “la IA es una de las cosas más importantes que la humanidad está desarrollando en la actualidad. Es más profunda que, no sé, la electricidad o el fuego”.

La Comisión Europea parece ser uno de los pocos actores que así lo reconocen, tras publicar a fines del año pasado un “esbozo de pautas éticas para una IA fiable”. Mientras las pautas de Singapur se centran en fomentar la confianza del consumidor y garantizar el cumplimiento de estándares de tratamiento de datos, el modelo europeo aspira a dar forma a una IA centrada en el ser humano con una finalidad ética.

Sin embargo, ni el marco de gobernanza de la IA de Singapur ni las pautas preliminares de la UE dan respuesta a una de las preguntas más fundamentales sobre la gobernanza de la IA: ¿dónde recaen la propiedad del sector de la IA y la responsabilidad de ella y sus tecnologías relacionadas? Esta pregunta expone el problema fundamental de la responsabilidad de la IA, y de si significa un enorme avance social o nos mete en un sistema kafkiano de apropiación y manipulación de datos.

Las pautas de la UE prometen que “se implementará un mecanismo que permita a todos los interesados apoyar y registrarse formalmente en las Pautas, de manera voluntaria”. El marco de Singapur, también voluntario, no aborda el tema para nada, aunque las recomendaciones apuntan claramente al sector corporativo.

Si la IA ha de proporcionar progreso social, la responsabilidad de su gobernanza tendrá que ser compartida por los sectores público y privado. Para este fin, las corporaciones que desarrollen aplicaciones de IA o inviertan en ellas deben establecer vínculos sólidos con sus usuarios últimos y los gobiernos deben ser explícitos en el grado en que se comprometen a proteger a los ciudadanos de tecnologías potencialmente dañinas. De hecho, un sistema de responsabilidad compartida para la IA representará una prueba de fuego para el modelo de “capitalismo de partes interesadas” que se debate hoy.

La tensión de lo público frente a lo privado no es la única que debemos afrontar. Como señalara una vez Francis Fukuyama, “a medida que se despliega la tecnología moderna, da forma a las economías nacionales de un modo coherente, entrelazándolas en una vasta economía mundial”. En una época en que los datos y la tecnología fluyen libremente y traspasan fronteras, es posible que el poder las de las políticas nacionales para gestionar la IA sea limitado.

Como han mostrado los intentos de gobernanza de Internet, será todo un reto crear una entidad supranacional para regir la IA, debido a imperativos políticos en conflicto. En 1998, la Corporación de Internet para la Asignación de Nombres y Números (ICANN), con base en Estados Unidos, se creó para proteger la Internet como bien público, garantizando a través del mantenimiento de las bases de datos la estabilidad y seguridad del funcionamiento de la red.

Sin embargo, cerca la mitad de los usuarios mundiales de Internet todavía sufren censura en línea. Lo muchísimo que hay en juego con la IA subrayará el desafío de crear una entidad supranacional, a medida que los líderes tengan que abordar asuntos políticos similares, y potencialmente incluso más complejos.

Masayoshi Son, Director Ejecutivo del conglomerado multinacional japonés SoftBank y entusiasta inversionista en IA, declaró hace poco que su compañía busca “desarrollar robots afectuosos que hagan sonreír a la gente”. Para lograrlo, los gobiernos y el sector privado tienen que concebir modelos de colaboración sólidos para regir la IA de importancia crítica de hoy. El resultado será decisivo para saber si la humanidad prevalecerá en la creación de tecnologías de IA que nos beneficien sin destruirnos.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

Alissa Amico es Directora Ejecutiva de GOVERN, el Centro de Gobernanza Económica y Corporativa.

© Project Syndicate 1995–2019.

Actualidad | 12 de septiembre de 2018

Capitalismo de estado 2.0 tiene un enorme potencial como herramienta para el desarrollo

El colapso de la Unión Soviética y el socialismo puede no haber marcado el fin de la historia, pero inauguró una “edad de oro” para la economía del libre mercado. Y, sin embargo, en menos de 30 años, el retroceso del estado se ha revertido, y los propietarios soberanos (NdR: como Argentina con YPF y Aerolíneas) juegan cada vez un papel más activo en el gobierno corporativo.

La caída del Muro de Berlín hace ya casi 30 años representó la cota alta de la retirada del estado en la economía, marcando la derrota de la economía socialista prácticamente en todo el mundo. Desde la Francia dirigiste a la China comunista, países con modelos muy divergentes comenzaron a adoptar un enfoque de políticas más de tipo laissez-faire, sobre la idea de que mientras menos intervención estatal, mejor.

La era de las privatizaciones

En esta retirada global de la economía estatista y socialista, algunas empresas de propiedad del estado (EPE) se privatizaron de inmediato. Pero la gran mayoría de “joyas de la corona” siguieron en parte en manos de los gobiernos, con un socio estratégico privado o inversionistas privados que adquirían acciones a través de los mercados de capital.

Cualquiera fuera su forma, la privatización no solo expresó una dirección filosófica; también tuvo consecuencias económicas de gran alcance, no en menor medida en las bolsas de valores, que se revitalizaron con listados de cotizaciones de EPE en países tan diversos entre sí como Italia y Egipto.

Sin embargo, con el cambio de siglo esta retirada del estado en la economía se detuvo. El éxito de economías como China, que está impulsando su desarrollo económico a través de sus EPE, y Emiratos Árabes Unidos, que diversifica su economía mediante sus fondos soberanos de inversión (SWF), ha planteado importantes cuestionamientos sobre la eficacia de un crecimiento impulsado por el sector privado.

Varios gobiernos han buscado replicar el experimento de China con sus EPE y la experiencia de Singapur con su fondo soberano, Temasek. Por ejemplo, en Oriente Medio ha ocurrido una silenciosa revolución impulsada en los últimos años por el estado, de la que es testimonio el surgimiento de Dubái como el mayor centro internacional para viajes aéreos mundiales, superando a Heathrow de Londres.

Mientras la potencial flotación de las acciones de Saudi Aramco, la compañía petrolera estatal de Arabia Saudita, parece indicar que la privatización no se ha desechado por completo, existe una tendencia más amplia y potencialmente más importante. Más que privatizar, los gobiernos en todo el mundo buscan maneras de abordar las debilidades perennes de sus EPE, como su rezagada gobernanza corporativa, su baja productividad y sus deficiencias en innovación.

Para tal fin, la estructura de los fondos soberanos está pasando de un modelo tradicional de propiedad estatal pasiva a uno que reconoce que la supervivencia de las EPE depende de su capacidad de competir en la arena internacional. La posición monopólica u oligopólica de una EPE en su país de origen ya no asegura su competitividad, en especial en el contexto de las nuevas tecnologías disruptivas que cruzan fronteras. En el largo plazo, la ayuda estatal no protegerá a una empresa de telecomunicaciones de propiedad pública frente a compañías como Skype, WhatsApp y Viber.

El desafío para los gobiernos

En respuesta a este desafío, los gobiernos se están centrando en la modernización más que en la privatización. Muchas EPE y SWF han creado en los últimos tiempos ramas de capital de riesgo para apuntar a compañías de alta tecnología que produzcan innovaciones que puedan reforzar su negocio base. Por ejemplo, Saudi Telecom ha lanzado STC Ventures para invertir el efectivo de la compañía, así como para buscar oportunidades en tecnologías de vanguardia. De manera similar, la Corporación de Inversiones de Dubái, uno de los SWF del emirato, ha invertido $47 millones en Indigo, una empresa emergente de tecnología agrícola con sede en Boston.

De todos modos, las EPE y los SWF tienen una experiencia limitada en el sector tecnológico, y su cultura corporativa es más bien rígida comparadas con las compañías a las que apuntan. Para supervisar la gobernanza de firmas de alta tecnología se necesita un conjunto de habilidades muy diferentes que las que se precisan para administrar empresas conjuntas con socios extranjeros, un arte que las EPE y las SWF han perfeccionado últimamente. Por ello, y para asegurar que cuentan con la experticia necesaria, el Fondo de Inversión Pública Saudí ha creado una asociación con Softbank de Japón, y la Compañía de Inversiones Mubadala de Abu Dhabi ha llegado a un acuerdo con los vehículos de inversión con respaldo estatal francés CDC International Capital y Bpifrance.

Pero incluso con los conocimientos y la experticia, la gobernanza de compañías de alta tecnología como Facebook y Snapchat puede plantear desafíos adicionales, porque tanto sus fundadores como sus inversionistas soberanos tienden a preferir un alto nivel de control operacional. Más allá del tema del control, la adquisición de compañías tecnológicas exige a las EPE y los SWF que adopten una mirada diferente a la gestión del riesgo, debido a la naturaleza inestable de las cotizaciones en este sector.

El caso de los mercados emergentes

En este respecto, los inversionistas soberanos de mercados emergentes tienen mucho que aprender de China, cuyas EPE han estado adquiriendo activamente firmas tecnológicas en todo el mundo. Tras unos cuantos episodios problemáticos en los últimos años, el ministerio de finanzas chino ha publicado pautas para mitigar los riesgos que deben enfrentar las EPE en sus adquisiciones externas.

Incluso si muchos fondos soberanos de países emergentes preferirían permanecer como inversionistas silenciosos y sin votar, con acciones pasivas en compañías extranjeras, la actual carrera por adquirir firmas en el sector de las tecnológicas les exige una mejor comprensión de sus derechos como accionistas. También que doten a sus equipos con más experiencia en inversiones y se coordinen estrechamente con otros inversionistas locales para que sus adquisiciones tengan un efecto multiplicador en sus respectivas economías nacionales.

Tras los efectos de la saga de Abraai Capital, la actividad de los capitales privados ha declinado en Oriente Medio y, de hecho en todos lados, por lo que es probable que las EPE y SWF de la región sigan creando sus propios vehículos de capital privado. Mediante inversiones soberanas en firmas de alta tecnología, las autoridades pueden generar efectos multiplicadores positivos, también en los mercados de capital previamente desarrollados a través de las privatizaciones.

Por ejemplo, las EPE pueden poner en listados los fondos de capitales privados que vayan creando, al tiempo que cultivan firmas tecnológicas locales en las que inviertan para posibles listados de cotizaciones de su propiedad. Esto beneficiaría a los mercados de capitales locales tanto como (o quizás incluso más) los listados de las EPE mismas, dado que hoy las bolsas incluyen segmentos de listados específicos para tentar a firmas innovadoras.

En cualquier caso, centrarse solamente en la privatización de EPE grandes es dar una falsa impresión de la dirección del capitalismo de estado en los mercados emergentes. El capitalismo de estado 2.0 no se basa en el debilitamiento de la propiedad estatal, sino más bien en su realineación con el futuro de la economía mundial. Se trata de un cambio fundamental para la supervivencia de la propiedad estatal y exige que los inversionistas soberanos reconsideren su paradigma de gobernanza tradicional. Para que las EPE no desaparezcan como los dinosaurios, tendrán que aprender no solo a bailar el vals con socios extranjeros, sino a hacer el breakdance, caer, levantarse e intentar nuevos movimientos.

Traducido por David Meléndez Tormen

Alissa Amico es Directora Ejecutiva de GOVERN, el Centro para la Gobernanza Económica y Corporativa.

© Project Syndicate 1995–2018 | Foto: Juan Mabromata – AFP