Amar Bhidé | RED/ACCIÓN
Opinión | 16 de enero de 2019

Hay que ser honestos acerca de los costos sociales de la inmigración

Amar Bhidé es profesor de la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de la Universidad Tufts y autor de “A Call for Judgment”.

No hay duda de que la inmigración brinda una gran cantidad de beneficios, tanto para los inmigrantes como para la población nativa. Pero si se quiere mantener una inmigración ampliamente beneficiosa, los países de destino deben reconocer y abordar los riesgos reales que plantea.

A pesar de la actual reacción contra el libre comercio, de la cual la agenda proteccionista “Estados Unidos primero” del Presidente estadounidense Donald Trump es un ejemplo destacado, la facilitación de bienes y servicios sigue teniendo sentido en lo económico. El tema de la inmigración –es decir, el movimiento de mano de obra entre fronteras- no es menos interesante, aunque es mucho más complicado.

Para un libertario como yo, los beneficios del libre comercio son evidentes: las transacciones entre vendedores y compradores bien dispuestos, dentro de una economía o más allá de las fronteras, casi siempre beneficia a ambos lados. Si bien pueden ser necesarias restricciones para garantizar, digamos, la seguridad de los bienes que entran a un mercado, se debería mantener un mínimo de barreras.

Por otra parte, no vale la pena limitar el comercio o castigar a los países que, se supone, subsidian injustamente sus exportaciones o permiten que los empleadores exploten a sus trabajadores. Puede parecer justificado limitar las importaciones de los países con bajos salarios y malas condiciones de trabajo, pero en realidad priva a esos mismos trabajadores mal pagados a ganar lo poco que reciben. Al mismo tiempo, impone un impuesto injustificado y con frecuencia regresivo sobre los consumidores.

¿Por qué es la inmigración diferente del comercio?

A primera vista, la inmigración parece tener pocas diferencias con el libre comercio: en lugar de importar los bienes que la mano de obra produje en el extranjero, los países simplemente importan la mano de obra misma. En ciertas maneras, los beneficios potenciales de la inmigración pueden ser incluso mayores que los del libre comercio.

Los mismos inmigrantes se benefician de salarios más altos, así como de una mayor seguridad y libertad individual. La población local también gana, ya que la nueva mano de obra realiza tareas menores o desagradables, amplía la base tributaria y expande los mercados internos. Lo que es más importante: los inmigrantes pueden aportar una energía emprendedora importante y enriquecer la comunidad local con su cultura, comida y tradiciones.

El apoyo a la inmigración tiene además un atractivo moral adicional. Quizás les resulte difícil a los libremercadistas de línea dura persuadir a los escépticos misericordiosos que permitir el funcionamiento de fábricas explotadoras lejanas es mejor que eliminar los empleos mal pagados que proporcionan. Acoger y proteger a inmigrantes que enfrentarían torturas o hambre en sus países de origen se alinea más fácilmente con nuestros instintos humanitarios.

No hay mejor ejemplo de los beneficios de la inmigración que Estados Unidos. Generaciones sucesivas de inmigrantes convirtieron a este joven país, con su economía agrícola retrasada en lo industrial, en la mayor potencia tecnológica y militar del mundo. Los inmigrantes hicieron de Nueva York una meca cultural y a Los Ángeles un centro de la industria fílmica global. Dar la bienvenida a las “abigarradas masas que anhelan respirar libertad” dio al país por largo tiempo un propósito optimista y edificante.

Hay que admitir los costos sociales de la migración

Pero ni siquiera un inmigrante como yo puede pasar por alto los riesgos que conlleva la inmigración. A diferencia del libre comercio, la inmigración suele ser una opción unilateral, más que un intercambio voluntario y bilateral. Y, si bien puede implicar ventajas para los locales, eso no siempre es así.

Un ejemplo extremo de esto es la colonización. El “nuevo mundo” que “descubrieron” los exploradores europeos no lo era para quienes ya vivían allí. Los inmigrantes europeos, a menudo escapando de demandas judiciales o el hambre, usurparon los territorios y tierras de caza de los pueblos originarios, obligándolos a firmar tratados que no cumplirían, arrinconándolos en reservaciones y aniquilando a quienes se resistían.

De manera similar, los colonos europeos en Australia declararon el continente terra nullius, o libre para quien lo quiera tomar, mataron a los pueblos aborígenes y obligaron a sus hijos a ser adoptados para acelerar su asimilación cultural.

Por supuesto, los inmigrantes actuales no van a saquear ni usurpar Estados Unidos o sus países de destino en Europa, pero eso no significa que acogerles sea gratis.

Si bien muchos encuentran empleos productivos y pagan impuestos, algunos no lo hacen, tensionando las redes de seguridad social en tiempos de altas deudas externas y rápido envejecimiento demográfico. Son riesgos que se exacerban cuando llegan inesperadamente grandes cantidades de migrantes o refugiados, saturando los sistemas de educación y sanidad pública, así como la capacidad de viviendas.

También hay que considerar los riesgos a la seguridad. Sin duda que las fuerzas políticas nativistas y populistas exageran muchísimo los vínculos entre inmigración y crimen, incluido el terrorismo. Pero eso no significa que no existan.

Por ejemplo, es completamente posible que algunos miembros de bandas criminales cuyas actividades hicieron que miles de migrantes centroamericanos caminaran en caravana a la frontera entre México y Estados Unidos para pedir asilo intenten colarse con ella. De manera similar, un terrorista de Estado Islámico bien podría intentar entrar en Europa entre las hordas de desesperados solicitantes de asilo procedentes de Siria.

Es más, puede que los inmigrantes ilegales sigan conectados o incluso controlados por las organizaciones delictivas que los contrabandearon y reasentaron. En cuanto a los inmigrantes legales, históricamente los enclaves étnicos aislados de un control eficaz por parte de las autoridades estadounidenses han creado espacio para la expansión local de las mafias de sus países de origen.

Los riesgos se extienden más allá de los recién llegados. En los últimos años, inmigrantes de segunda generación que rechazan los trabajos menores que sus padres se vieron obligados a tomar, pero carecen de la educación y aceptación social necesarios para ascender socialmente, han ejecutado ataques terroristas.

Un ejemplo es Salman Abedi, hijo nacido en Gran Bretaña de inmigrantes libios que hizo un ataque con bomba suicida tras un concierto de la cantante estadounidense Ariana Grande en Manchester en mayo de 2017.

Son casos de una rareza extraordinaria. Y, sin embargo, su creciente frecuencia en los últimos años resalta la importancia de manejar la inmigración con eficacia (lo que incluye destinar fondos a los recursos correspondientes) en el corto y largo plazo.

Hay quienes argumentan que para reducir los riesgos que conlleva la inmigración, los países deben usar una especie de sistema de puntos que se basen en antecedentes como la educación, ya que se supone que es menos probable que quienes poseen un alto nivel educativo caigan en el paro o cometan delitos.

Es necesario ser realista

Pero una persona no necesita estudios avanzados para hacer aportes inestimables en los ámbitos empresarial, tecnológico o artístico. Y sería, de plano, injusto rechazar a solicitantes de asilo por no tener un doctorado. La selección por razas es también inaceptable, por supuesto.

Más sensato sería comenzar con una evaluación de una serie de factores, como la infraestructura pública (¿cuántos inmigrantes puede sustentar de manera razonable?) y la eficacia de la verificación de antecedentes (¿qué les ocurre a los inmigrantes cuyas historias no se pueden confirmar?)

El nativismo no debería tener voz en estos debates, pero tampoco el idealismo poco realista. La clave para una inmigración mutuamente beneficiosa es un pragmatismo realista. La mejor manera de reducir el miedo es manejar los riesgos.

Traducido del inglés por David Meléndez Tormen

© Project Syndicate 1995–2019

Tecnología | 21 de mayo de 2018

Hay que poner límites a los monopolios de la información

Los “infomonopolios” Google y Facebook, sujetos a pocas trabas regulatorias, han creado un valor inédito para los consumidores, al tiempo que obtienen un inmenso poder de mercado para ellos mismos. Pero ese poder crea oportunidades de abuso.

En las economías capitalistas modernas, se celebran las innovaciones que producen poder de mercado, pero se temen los riesgos que supone su descontrol. Riesgos que en ningún lugar son más visibles que en los monopolios informáticos actuales.

La cuestión de cómo alentar innovaciones transformadoras que generen poder de mercado y al mismo tiempo limitar el abuso de ese poder es muy anterior a la era digital. Un buen ejemplo en Estados Unidos es la historia de Sam Walton, fundador de Walmart, un veterano de la Segunda Guerra Mundial que pasó de dueño de una tienda de productos baratos por franquicia en una ciudad pequeña a magnate multimillonario y jefe de lo que se convertiría en la mayor empleadora privada del mundo.

Es una historia emocionante de audacia y espíritu empresarial, con innovaciones que hoy se analizan en carreras de administración de empresas en todo el mundo (por ejemplo, la instalación de centros de distribución en regiones poco pobladas y la creación de cadenas de suministro globales). Y las inmensas ganancias que Walmart genera para sus dueños no son nada en comparación con el valor que provee a los clientes gracias a los precios bajos posibilitados por la capacidad de la empresa para comprar y vender a escala masiva.

Pero a Walmart también se la acusa de degradar los centros urbanos, crear una forma impersonal de hacer las compras y privar a los pequeños comerciantes de sus medios de vida. Algún día Walmart podría usar su poder de mercado para explotar a los clientes (aunque es probable que enfrente la competencia de otro leviatán más ambicioso, Amazon).

Hasta ahora, los estadounidenses en general han tolerado (e incluso aplaudido) la destrucción creativa asociada con la innovación empresarial, y han sido cautos en la limitación de posibles abusos. Pese a las normas que prohíben la fijación de precios “predatoria” y las fusiones “anticompetitivas”, en la práctica se permiten guerras de precios y adquisiciones que aumentan el poder de mercado de las empresas líderes. La división de empresas por orden de las autoridades (por ejemplo, Standard Oil en 1911 y AT&T en 1982) es muy infrecuente, y poco habitual que se regulen los precios cobrados por “monopolios naturales” (por ejemplo, las empresas de suministro eléctrico).

El poder dominante de Google y Facebook

Esta estrategia favorable a la innovación ayudó a convertir a Estados Unidos en una incubadora de empresas líderes mundiales, y eso no cambió por la revolución digital. Los “infomonopolios” Google y Facebook, sujetos a pocas trabas regulatorias, han creado un valor inédito para los consumidores, al tiempo que obtenían un inmenso poder de mercado para ellos mismos.

Estas empresas se adueñaron del negocio de los medios tradicionales, pero muchos de los perdedores eran ellos mismos oligopolios o monopolios. Cuando dominaban el espectro, las cadenas de televisión estadounidenses ABC, CBS y NBC cobraban a los anunciantes tarifas muy altas; y la presencia en cada ciudad de uno o dos periódicos dominantes evitaba una competencia de precios intensa. Esto ayuda a explicar por qué los problemas que atraviesan los medios tradicionales (muchos de ellos pertenecientes a familias ricas o conglomerados) generaron menos reacción incluso que la destrucción de los pequeños comercios independientes a manos de Walmart.

Es indudable que el crecimiento sin obstáculos ayudó a aumentar el valor que pueden ofrecer Google y Facebook. Cuantas más búsquedas hace Google, mejores los resultados. Cuantas más personas usan Facebook, más motivos hay para sumarse. Esto atrae anunciantes, cuyos pagos financian inversiones en mejora de la tecnología y agregado de funciones.

Pero el poder de mercado irrestricto crea oportunidades de abuso, en particular en lo relacionado con la privacidad de los usuarios. A diferencia de la televisión o los periódicos, estos leviatanes digitales no se limitan a dar a los anunciantes una audiencia, sino que adaptan los anuncios a cada consumidor por separado. No es una diferencia inocua, porque para hacerlo bien (y así maximizar el valor para los anunciantes, y con él, las ganancias de la plataforma), las empresas reúnen una cantidad inmensa de datos de los usuarios.

La actitud pasiva de los usuarios y gobiernos

Hasta ahora los usuarios se han mostrado increíblemente tolerantes hacia esta vigilancia electrónica; quizá, porque la mayoría de ellos no conocen los detalles de la recolección de datos. Casi todos se escandalizarían si una gran tienda de descuento espiara dentro de los carritos de compra para ver qué productos ofrecerle a cada cliente en la línea de cajas, incluso si eso ayudara a mantener bajos los precios, y si fueran máquinas las que miraran, en vez de seres humanos. Pero la mayoría de los usuarios ni se molesta en leer las condiciones de servicio de, por ejemplo, Facebook, antes de hacer clic y aceptarlas, y no les preocupa el grado de vigilancia que pueda haber.

De hecho, el seguimiento a gran escala de los usuarios se ha vuelto normal. La pregunta ya no es si está bien que Facebook monetice los datos personales de los usuarios, sino más bien si no tendría que pagarles por ellos, o incluso cobrar una tarifa de servicio a los que quieran excluirse del programa de recolección de datos.

Pero no está del todo claro que se pueda confiar en el uso que hacen estas empresas de los datos que reúnen. Facebook insiste en que no vende datos a los anunciantes, pero hace poco se descubrió que dejó a la consultora política Cambridge Analytica reunir los datos de casi 90 millones de usuarios. Y el testimonio que dio después de eso ante el Congreso de los Estados Unidos el fundador y director ejecutivo de Facebook, Mark Zuckerberg, no fue particularmente tranquilizador, dada su renuencia a dar detalles concretos. Los congresistas (muchos de los cuales recibieron de Facebook donaciones de campaña) se limitaron más que nada a denunciar la imprudencia de la empresa, y Zuckerberg prometió muy seriamente aumentar la inversión en seguridad.

Pero ¿es realmente posible garantizar la seguridad de los datos que Facebook o Google acumulan? Por mucho que se invierta en proteger las grandes bases de datos, es difícil creer que en una organización de semejante tamaño nadie (miembro o no) podrá burlar esas protecciones. Ni siquiera la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos pudo impedir a Edward Snowden (un contratista de bajo nivel) irse con un tesoro de secretos de Estado en un pendrive.

En algunos casos, por ejemplo en servicios de salud o bancarios, los beneficios públicos del almacenamiento digital de datos justifican los riesgos. Pero en la mayoría de los casos, es mucho más seguro limitar la recolección de datos que confiar en su protección.

Poner normas que sólo permitan a los monopolios de la información actuales reunir legalmente una cantidad muy limitada de datos personales (digamos, lo que saben los periódicos de sus suscriptores) protegería a los usuarios, sin disminuir el atractivo de las plataformas para los anunciantes tanto que se vuelvan inviables. La falta de esos límites puede llevar a muchos usuarios a pensar que los riesgos de las plataformas superan los beneficios, un hecho que podría tener consecuencias políticas tan importantes como el ascenso económico de los infomonopolios.

Traducción: Esteban Flamini
Amar Bhidé es profesor en la Escuela Fletcher de Derecho y Diplomacia de la Universidad Tufts y autor de A Call for Judgment [Un llamado a la sensatez].
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