Anne Krueger | RED/ACCIÓN
Opinión | 21 de febrero de 2019

El desafío que será reconstruir Venezuela

Incluso antes de que la comunidad internacional comenzara a unirse detrás del líder opositor de Venezuela, Juan Guaidó, Nicolás Maduro se estaba quedando sin muchas opciones. Ahora está claro que el régimen chavista no puede sobrevivir y que el país necesitará un apoyo humanitario y financiero masivo después de que caiga.

El mundo ha sido testigo de muchas catástrofes económicas a lo largo de los años, pero Venezuela es seguramente una de las peores de la historia moderna.

El país ha experimentado una pérdida del PBI real (crecimiento) mayor que la de la mayoría de los países azotados por la guerra durante la Segunda Guerra Mundial, y se espera que su tasa de inflación alcance 10,000,000% este año.

En estas condiciones, los alimentos, el 90% de los cuales se deben importar, son tan escasos que se estima que el venezolano promedio ha perdido 10.9 kilos; y se estima que tres millones de venezolanos (que representan alrededor del 10% de la población) han emigrado. Los cortes de energía, la escasez de agua y medicamentos, y la casi hambruna han sido características persistentes del reinado brutal e incompetente del presidente Nicolás Maduro.

Hasta la década de 1960, el PBI per cápita de Venezuela era el más alto de América Latina, alrededor del 80% del de Estados Unidos. Hoy en día, está muy por debajo el de Chile, Brasil, México y Colombia. Solo para comparar, en 1990, el PBI per cápita de Colombia era aproximadamente la mitad del de Venezuela.

Con las reservas de petróleo más grandes del mundo, Venezuela cuenta con hidrocarburos para más del 90% de sus ingresos de exportación. Pero su producción de petróleo ha caído desde un máximo de alrededor de 3.5 millones de barriles por día a fines de la década de 1990 a alrededor de 1.3 millones en 2018, y se espera que la producción disminuya a 700.000 en los próximos dos años.

De hecho, incluso cuando el precio del petróleo ha estado subiendo, la producción venezolana ha caído debido a la falta de mantenimiento e inversión, el robo de material, el nombramiento de Maduro de aliados militares inexpertos como gerentes y la emigración de los trabajadores petroleros que pueden ganar mucho más en otros países.

Un trabajador petrolero en Petróleos de Venezuela, S.A. (PDVSA), la compañía petrolera estatal, recientemente le dijo al Wall Street Journal que gana alrededor de US$ 8.00 por mes, ajustado por paridad de poder adquisitivo.

Una crisis autoinflingida

La situación de Venezuela es en gran parte autoinfligida. A pesar del aumento de los precios del petróleo, el régimen chavista permitió que los déficits fiscales se incrementaran al 24% del PBI en 2014.

Y como los precios del petróleo todavía estaban cerca de su punto máximo ese año, esos déficits se financiaron imprimiendo dinero, lo que llevó a acelerar la inflación. Para empeorar las cosas, el gobierno ha impuesto controles de precios tan severos que los minoristas están obligados a vender sus productos con pérdidas.

Más allá de estos intentos torpes de regular la actividad económica, la represión cada vez más brutal del régimen contra la disidencia y la erosión de las instituciones democráticas del país ha empeorado las cosas. Bajo la vigilancia de Maduro, los servicios básicos han dejado de funcionar. En 2016, se les dijo a los empleados del gobierno que se presentaran solo dos días a la semana para conservar la electricidad; el país sufrió cortes de energía masivos de todos modos.

En enero, Maduro comenzó su segundo mandato, luego de ganar una elección presidencial fraudulenta en mayo pasado. En respuesta, muchos países latinoamericanos, junto con Canadá, los Estados Unidos y algunos estados miembros de la Unión Europea, han reconocido al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como presidente legítimo de Venezuela, de acuerdo con la línea de sucesión constitucional del país.

Además, EE. UU., un importante mercado para las exportaciones petroleras venezolanas, ha sancionado al régimen de Maduro, congelando sus cuentas bancarias y ordenó que los pagos de las compañías estadounidenses por el petróleo venezolano se hagan a una nueva cuenta que se pondrá a disposición de Guaidó.

Ante las protestas masivas, Maduro ha continuado recurriendo a la intimidación, el encarcelamiento y el hambre de figuras de la oposición. Al mismo tiempo ha estado sobornando a los líderes militares para mantener su apoyo.

Sin embargo, la pregunta no es si Maduro puede resistir, sino durante cuánto tiempo. Su régimen no puede durar indefinidamente, y cuando caiga, Venezuela tendrá necesidades apremiantes.

Hay que pensar en un programa de reconstrucción

Para empezar, el país requerirá ayuda humanitaria en gran escala. Los hospitales deben ser reabastecidos, reabrir las escuelas y restablecerse el transporte público y otros servicios vitales. Y la comida debe estar disponible para una población gravemente desnutrida.

Al mismo tiempo, Venezuela necesitará reformas para terminar con la inflación, restaurar la estabilidad macroeconómica y reactivar la actividad económica. También requerirá apoyo financiero para importar suministros y reparar maquinaria y equipo. Esto se aplica no solo a la producción de petróleo, sino a todos los sectores económicos.

La reconstrucción de Venezuela será un proceso largo. En tiempos de guerra, la producción tiende a disminuir debido a que el enemigo deshabilita infraestructura clave como las conexiones ferroviarias y las instalaciones de generación de energía. En Venezuela, es como si el país hubiera estado librando una guerra total: los centros operativos vitales están funcionando mal porque se ha descuidado el mantenimiento de rutina y se ha desestimulado la inversión durante más de una década.

El desafío, entonces, es restaurar un entorno macroeconómico estable y un clima de negocios que mejore rápidamente la vida de los venezolanos, para que continúen apoyando las reformas políticas. Esto no será fácil.

Esperamos que los próximos líderes de Venezuela y la comunidad internacional comprendan la naturaleza del desafío y tomen las medidas necesarias para mantener la paz social durante la reconstrucción. Se vienen días difíciles.

Anne O. Krueger es ex economista en jefe del Banco Mundial y académica de la Universidad de Stanford.

© Project Syndicate 1995–2019

Actualidad | 6 de julio de 2018

Trump gatilla una nueva era de proteccionismo

Este viernes desató una guerra comercial con China que tendrá consecuencias globales. El gravamen al acero por sí solo podría destruir 195.000 empleos en la industria automotriz y de autopartes en los próximos tres años.

Para evitar el arancel del 25% a las importaciones de acero impuesto por el gobierno de Trump, algunos países aceptaron aplicar cuotas de exportación a 59 variedades de productos de acero. Al mismo tiempo, el gobierno señaló que los fabricantes estadounidenses que usan insumos de acero pueden solicitar al Departamento de Comercio una exención del arancel si necesitan productos especiales que no se consigan en Estados Unidos.

A Trump tal vez le parezca que imponer cuotas a las exportaciones y otorgar exenciones a los importadores locales es bueno para Estados Unidos en lo político y en lo económico. Nada más lejos de la verdad. Políticamente, la administración Trump ya le hizo un daño grave a la posición internacional de Estados Unidos al justificar aranceles contra exportaciones de países aliados como una cuestión de “seguridad nacional”.

Pero las derivaciones económicas de los aranceles de Trump no son menos alarmantes. Los fabricantes estadounidenses que dependen de insumos de acero ya afrontan costos más altos, y es posible que pronto se encuentren con faltantes; el precio del acero en Estados Unidos aumentó a un 50% más que en China o Europa. De hecho, la emblemática empresa fabricante de motocicletas Harley-Davidson anunció hace poco que debido al aumento de costos, trasladará parte de la producción fuera de Estados Unidos, para evitar los aranceles que aplicará la Unión Europea en represalia.

Altos costos para las industrias locales

Conforme los costos para los fabricantes de Estados Unidos aumenten respecto de los competidores extranjeros, los consumidores estadounidenses también enfrentarán precios más altos. Esto los llevará a limitar o postergar compras y trasladar al menos una parte del consumo a productos de fabricación extranjera, que se han vuelto comparativamente más baratos por los aranceles. El Instituto Peterson de Economía Internacional calcula que el gravamen al acero por sí solo puede destruir 195.000 empleos en la industria automotriz y de autopartes en los próximos tres años.

Impactos no visibles

Pero más allá de las consecuencias obvias de los aranceles, la introducción de cuotas de exportación y exenciones también tendrá un impacto menos visible. Por ejemplo, Corea del Sur aceptó reducir sus exportaciones de acero a Estados Unidos a no más del 70% de los niveles del período 2015‑2017, lo que plantea la cuestión de cómo administrar esa cuota. Habrá que monitorear y limitar cada una de las 59 categorías de productos de acero, y tendrá que hacerlo el gobierno surcoreano o la administración de aduanas de los Estados Unidos.

Suponiendo que se encarguen de hacerlo los surcoreanos, los funcionarios de aduanas estadounidenses tendrán que confiar en las cifras que les entreguen, o incurrir en el costo de duplicar los controles necesarios para verificar que se cumpla la cuota. De ambos modos, se producirán aumentos de costos y demoras, porque cada exportador surcoreano tendrá que pedir aprobación para cada tipo de producto de acero que envíe a Estados Unidos.

Si las licencias de exportación se otorgan por orden de llegada, los importadores estadounidenses y los exportadores surcoreanos se verán obligados a adelantar lo más posible los pedidos dentro del año. Si, por otra parte, las autoridades surcoreanas deciden asignar de antemano cuotas a las empresas, es probable que deban usar como referencia la proporción que cada una de ellas exportó durante el período 2015‑2017.

Pero con un sistema de cuotas fijas, los exportadores de acero surcoreanos no competirán en el mercado estadounidense. La experiencia internacional del pasado en relación con el uso de cuotas hace prever que habrá menos control de calidad y más demora en las entregas, porque los exportadores no tendrán motivos para competir por nuevos clientes.

Las exenciones arancelarias pueden generar perjuicios similares. A fines de junio, el Departamento de Comercio ya había recibido 21.000 solicitudes de exención, y se prevé que la cifra se duplicará durante el año. Procesar estas solicitudes lleva tiempo e introduce más complicaciones, sobre todo porque las empresas deben presentar una solicitud por separado para cada tipo de pieza de acero (que a veces sólo se diferencia por la forma) y porque las exenciones se tienen que renovar todos los años.

El Departamento de Comercio contrató a unas treinta personas para reducir el tiempo de tramitación a noventa días. Pero las solicitudes deben publicarse por treinta días, y basta que un productor local de acero indique que es capaz de producir el elemento en cuestión para que la solicitud no se apruebe. Al 21 de junio, 9000 de las 20.000 solicitudes iniciales estaban en revisión y había 42 aprobadas y 56 rechazadas.

En la práctica, este sistema permitirá a cualquier productor local impedir la importación libre de impuestos de piezas de acero que se considere capaz de producir. Cada vez que se usó este método administrativo en otras partes del mundo, las empresas empezaron a hacer afirmaciones dudosas sobre sus capacidades, sin atención a la calidad, el precio o la puntualidad de las entregas. Y en el caso de la administración Trump, sobran motivos para dudar de que quienes evalúen esas afirmaciones estén debidamente cualificados.

Estamos siendo testigos de una nueva era de proteccionismo

En esta nueva era de proteccionismo, las empresas estadounidenses que obtengan exenciones arancelarias y las empresas surcoreanas que reciban cuotas preasignadas obtendrán valiosos derechos de propiedad con poco costo. Eso dará a las empresas más razones para peticionar y presionar a las autoridades a cargo de las licencias, lo que complicará todavía más el proceso y aumentará el margen para la corrupción. Y si para evitar abusos se delega la toma de decisiones a organismos independientes, el proceso se volverá todavía más complicado y lento.

Las políticas comerciales de “Estados Unidos primero” de Trump provocarán más falsedades de parte de los proveedores locales, menos control de calidad, demoras burocráticas y un aumento de barreras para potenciales nuevos competidores. Además, con cada arancel o cuota que se imponga, otros productores empezarán a demandar medidas proteccionistas similares (tal vez por eso ahora Trump amenaza con añadir aranceles a los autos). En cuanto empiece el contagio, no hay modo de saber hasta dónde llegará.

La administración Trump recortó impuestos y eliminó regulaciones, con la esperanza de estimular el crecimiento de la productividad. Pero al someter a los fabricantes estadounidenses y al mundo a un sistema de aranceles, cuotas y exenciones, logrará el efecto opuesto: menos competencia, precios más altos, peor servicio y menos innovación.

Traducción por Esteban Flamini

Anne O. Krueger, ex economista principal del Banco Mundial y ex vicedirectora gerente del Fondo Monetario Internacional, es profesora investigadora superior de Economía Internacional en la Escuela de Estudios Internacionales Avanzados de la Universidad Johns Hopkins e investigadora superior en el Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad Stanford.

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