Se hace evidente la necesidad de definir las condiciones de legitimidad jurídica de las nuevas invenciones y establecer con precisión un régimen claro de derechos y obligaciones. Ese marco jurídico debe garantizar un progreso tecnológico que refuerce el libre desarrollo de la personalidad y los derechos fundamentales de los seres humanos, al tiempo que impida que la tecnología se convierta en una vía para hacer a las personas menos humanas.