Verónica Toller | RED/ACCIÓN
Actualidad | 14 de marzo de 2019

Año electoral, libertad de expresión y amenazas a la prensa en Argentina

La libertad de expresión presupone el correlato de la seguridad; difícilmente tengamos una prensa realmente libre en condiciones de riesgo personal del periodista o de amenazas contra el medio. En Argentina, este presupuesto no está garantizado por igual para todos. Muchos periodistas tienen su seguridad amenazada. El año electoral que comienza abre interrogantes en relación a este punto. A los desafíos naturales de la profesión, coberturas especiales y rapidez de reflejos, este año le suma el estado de alerta ante riesgos por la seguridad personal del periodista o del medio. Así lo indica el nuevo informe del Monitoreo de la Libertad de Expresión de FOPEA, el Foro de Periodismo Argentino, presentado esta semana en Buenos Aires. Contiene el relevamiento de casos ocurridos en 2018 y referencias a los 10 años cumplidos de esta labor de registro y de posicionamientos ante los hechos. Intimidaciones, ataques físicos y psicológicos, amenazas, escuchas, espionaje, ciberataques, hostigamiento judicial son parte de la lista concreta de  agresiones que se registran contra la prensa en Argentina.

Por su gravedad institucional, el dato descollante es el que revela al Estado como el principal agresor contra la prensa en nuestro país. Una tendencia que se mantiene desde hace varios años. En el rubro “Estado”, el informe involucra los ataques perpetrados u ordenados por funcionarios nacionales, provinciales o municipales; legisladores, magistrados y otros integrantes de la Justicia; Policía y fuerzas de seguridad; servicios de inteligencia; jefes de prensa de funcionarios. En un 24%, durante 2018, las agresiones a la prensa y las intimidaciones provinieron del Estado.

Pero hay más. Si al origen estatal le sumamos el origen político en general, la cifra llega al 48% de los ataques. Léase: agresiones y hostigamientos procedentes de activistas y manifestantes políticos (20%), sindicales (2%) y dirigentes partidarios (2%).

Esta fotografía de la realidad abre interrogantes de cara a este 2019. Cuando los datos revelan que casi el 50% de los ataques provienen del mundo relacionado con el poder político, la pregunta que sigue es: qué deparará un año donde el escenario electoral tensará al máximo los ánimos políticos. El primer trimestre del año adelanta indicios, con las denuncias aparecidas en torno al caso D’Alessio, citatorios e investigaciones judiciales a periodistas.

El hostigamiento es la estrategia más elegida. Como novedad, aparecieron en los dos últimos años ciberataques contra medios y hubo una rotación del sector periodístico más afectado por las agresiones: de los periodistas de radio pasó a los periodistas de televisión.

Otro de los datos que se destacan en el informe es el referido a las agresiones contra periodistas mujeres: en 2018, aumentaron en un 58%. Con un dato nuevo: quedó registrado por primera vez en la historia del Monitoreo una denuncia por violencia de género. En Misiones, el intendente de Puerto Iguazú, Claudio Filippa, pidió mediante un mensaje de audio a sus partidarios que “alguno de los hombres que estén solteros” abuse sexualmente de la periodista Norma Devecchi, corresponsal en Iguazú del diario “El Territorio” de Posadas.

Este monitoreo de FOPEA acaba de cumplir 10 años. El número total de casos relevados en ese tiempo es 1.394, con un promedio de 140 al año, 11 casos al mes, 1 ataque cada 3 días. En 2018, la tendencia sin embargo se mostró bajante: fue el año con menor número de casos denunciados.

Si vamos a los métodos de apriete o ataque, y si tomamos nota exclusivamente de las agresiones perpetrados por actores del mundo político y estatal en los últimos 4 años, encontramos espionaje, escuchas, acusación de propagar supuestas “noticias falsas”, campañas de desprestigio, confección de listas, periodistas fichados por servicios de inteligencia, ataques durante manifestaciones, destrozos de equipos de trabajo, amenazas de muerte, amenazas de bomba en estudios de televisión, casquillos vacíos en la puerta del periodista, cartas intimidatorias, ingreso violento de militantes al medio, incendios, golpiza a periodistas, robos (contra el domicilio, el auto, la persona), amenazas telefónicas, roturas a la propiedad, baja de anunciantes…

Y una metodología reiterada: hostigamiento judicial, citatorios y allanamientos en busca de información relacionada con personajes ligados a la política o con legisladores y funcionarios, censura judicial, detención ilegítima de periodistas durante manifestaciones, campañas de desprestigio a través de redes sociales o de medios tradicionales, acoso en internet, descrédito, desgaste, acusaciones de generar “noticias falsas” o fomentar hechos de violencia.

Un ataque nunca es “un” ataque ni afecta a una sola persona. El periodista tiene un círculo íntimo, otro más grande de familiares y allegados, el medio periodístico también se ve perjudicado, las onda expansiva crece como advertencia hacia colegas, trabajadores de medios, lectores y audiencias y hacia la sociedad toda: cuando se logra evitar que se publique una nota, se agrede a la comunidad en su conjunto, porque se la privó de información.

 “A medida que las elecciones se acercan, el número de agresiones se incrementa”, alertó en junio de 2018 Emmanuel Colombié, director de despacho de América Latina de Reporteros Sin Fronteras, en referencia a países latinoamericanos. El aporte del periodismo a la democracia se resquebraja cuando alguien debe pensar dos veces cuál es el costo personal de cumplir con su rol social de cubrir una noticia, dijo una vez Fabio Ladetto, ex Presidente de FOPEA. Conocer lo que está pasando debe derivar en estrategias de protección y generación de políticas de cambio. 

Actualidad | 7 de enero de 2019

Ilustración: Mariana Le Calvet

Cuáles son las provincias con más desigualdad de género en sus legislaturas

El porcentaje de legisladoras va del 0% de mujeres en el Senado de Catamarca a un máximo de 55% en el de San Luis. De los 24 distritos políticos de la Argentina, solo 10 cumplen con su cuota.

Todas las provincias tienen Ley de cupo o Ley de Paridad, pero sólo 3 de cada 10 legisladores provinciales son mujeres. ¿Cómo se traduce la presencia de las mujeres en términos de leyes y en las demás esferas de la vida ciudadana?

En 1991 la Argentina fue el primer país del mundo en incorporar por ley el “cupo femenino” o “cuota de género”. Fue con la sanción de la Ley 24.012, que agregó al artículo 60 del Código Nacional Electoral (artículo 60 bis) un párrafo donde obliga a los partidos políticos a incorporar “al menos” un 30% de mujeres en sus listas.

Como herramienta institucional ha demostrado ser clave en torno al problema de la escasa representación de la mujer en los puestos de decisión política. Pruebas al canto: en 1983 había 5% de legisladoras en el Congreso de la Nación. En 2011, llegó a casi un 40%. Hoy, se mantiene en torno a ese número (uno de los más altos en las legislaturas del mundo, por cierto). Y a partir de 2019, por ley, debe regir la paridad (50 y 50)

En las legislaturas provinciales, la cosa cambia. Nada que aplaudir: en promedio, hay 3 mujeres cada 10 legisladores. Con grandes disparidades, que van de un 0% de mujeres en el Senado de Catamarca y 5% en el de Santa Fe hasta la paridad total 50 y 50 en la legislatura de Santiago del Estero, o máximo de 55% en el Senado de San Luis. De los 24 distritos políticos de la Argentina, solo 10 cumplen con su cuota propuesta.

Así lo indica un reciente informe presentado por la Escuela de Gobierno, Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Austral acerca de cuál es el lugar y la representatividad que tiene la mujer en puestos clave de la dirigencia social como son las legislaturas provinciales.

El estudio, que dirigí, analiza, entre otros aspectos, qué tanto cumplen los partidos y movimientos políticos con esta igualdad de género legislativa. El partido político que cuenta con más legisladoras provinciales es Cambiemos, con 35,38%. Le siguen el PJ, el FPV y la Izquierda, en ese orden. Cierre de lista: Frente Renovador, con apenas el 22% de legisladoras en todas las provincias argentinas.

El paneo sirve para dar un aprobado a San Luis, Santiago del Estero o Tierra del Fuego (esta última provincia, con ley de 30% de cupo, la cumple en un 155% con 46,6% de legisladoras) o darle un reprobado a Salta, San Juan, La Rioja, Entre Ríos, Santa Cruz (todas, con 20% o menos de legisladoras). Pero también, para preguntarnos si existe algo más detrás del número. ¿El cupo cuantitativo es garantía para resolver la dimensión cualitativa de la equidad de género? El planteo es sustancial.

Y la respuesta es sí y no.

Sí, desde la siguiente perspectiva: las mujeres legisladoras ponen foco en áreas donde la mirada masculina (el ojo de los legisladores varones) no había profundizado tanto, especialmente en la promoción y defensa de los derechos humanos: violencia familiar, violencia contra la mujer, igualdad de género, derechos de las personas trans a tener trabajo, regulación de horarios y funcionamiento de locales de diversión nocturna, cambios en las definiciones legales de vejámenes sexuales y de trata de personas, procreación responsable, perspectivas educativas, minoridad, ancianidad, sistemas de adopciones, o cuota alimentaria.

Entre los temas concretos extraídos de proyectos parlamentarios presentados por mujeres, aparecen además el medio ambiente (leyes sobre ecoagricultura, ordenamiento de guardaparques y guardabosques, regulación del uso de agroquímicos y sustancias de pulverizado en el agro, declaración de áreas naturales y régimen de bosque nativo), ordenamiento de cooperativas de trabajo, uso medicinal de cannabis. La nueva mirada de las mujeres enriquece toda la agenda pública.

Pero no.

Si las leyes son las que ordenan las relaciones comunitarias, la vida en sociedad, esa apertura y crecimiento de la agenda lograda por las legisladoras, ¿ha generado un nuevo ordenamiento social? ¿Hasta dónde, la gestión real de las políticas públicas acompaña los cambios de la gestión legislativa? ¿Qué provincias pueden exhibir cambios concretos?  

Según un informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ONU mujeres y el Instituto Internacional para la Democracia y Asistencia Electoral (IDEA Internacional) en julio de 2017, la cantidad de mujeres en algunos estamentos de la vida institucional argentina era “excesivamente baja”.

El informe de PNUD también destaca que “la igualdad sustantiva entre hombres y mujeres continúa siendo un desafío y se observa que la representación política de las mujeres ha encontrado un techo que parece difícil de superar sin producir nuevas reformas paritarias”. Y recomienda “mecanismos para acelerar la participación política de las mujeres” a fin de “contribuir al logro de la paridad política”.

Falta.

Argentina es pionera a nivel mundial, es cierto. La ley contra la explotación sexual (Ley Palacios, 1913), la reglamentación del trabajo femenino e infantil en 1925, y un año después, los derechos civiles de la mujer. Más recientemente la Ley de cupo (1991), del #NiUnaMenos (2015). Mucho agregamos a través de la historia, como las muy recientes Ley Brisa y Ley Micaela. Tenemos Ley de Paridad de Género en la representación legislativa a nivel nacional (a cumplirse a partir de 2019). Todos los distritos del interior tienen, además, Ley de cupo o Ley de Paridad. Ahora, hace falta que estas leyes se apliquen en toda su extensión, y que la igualdad proclamada no sea solo igualdad sentida sino equidad ejercida y respetada.