Hoy en día, la mayoría de nosotros tenemos una enorme cantidad de información a nuestro alcance. En teoría, esa información podría ayudar a mejorar la gobernanza, la infraestructura y el suministro de servicios como educación, atención médica y extensión agrícola. Pero hay brechas importantes en el acceso a información relevante, especialmente en las zonas rurales, donde viven casi el 68% de los pobres del mundo. Y aún donde se puede acceder a información relevante, traducirla en acción no es una tarea sencilla.
Consideremos el caso de la gobernanza. Los responsables de las políticas necesitan datos sobre producción económica, consumo, migración, demandas de los ciudadanos y un sinnúmero de otros factores para tomar decisiones informadas sobre tributación y gastos, incluidos los programas sociales. De la misma manera, los ciudadanos necesitan información sobre los mandatos y el desempeño de los políticos, si es que los incentivos electorales han de funcionar. Aún en contextos autocráticos, la información puede fomentar la rendición de cuentas, al espolear, por ejemplo, las protestas populares.
Lo mismo es válido para el suministro de servicios de infraestructura. Los gobiernos y los proveedores de servicios necesitan datos sobre dónde y cómo vive la gente –especialmente aquellas personas que están más aisladas desde un punto de vista geográfico, político y económico- para hacer inversiones sólidas. Los ciudadanos, por su parte, necesitan saber qué servicios hay disponibles, dónde y cómo acceder a ellos. También necesitan saber cómo pueden influir en el proceso de las políticas, para garantizar, digamos, que una escuela se construya en un lugar conveniente.
Si bien el acceso a la información ha mejorado drásticamente en todos los países de bajos ingresos en los últimos diez años, proveedores y usuarios de servicios rurales por igual suelen quedar rezagados detrás de sus pares urbanos.
Los proveedores tal vez no tengan suficientes datos como para determinar qué es lo que necesitan o quieren los usuarios, y los usuarios carecen de información sobre las capacidades de los proveedores de servicios. Dadas estas brechas de información, los líderes políticos suelen pasar por alto las necesidades de los ciudadanos rurales, especialmente aquellos que no han recibido educación y no están comprometidos políticamente.
Pero, inclusive donde hay un acceso amplio a la información, esto no basta para generar beneficios mensurables en reducción de pobreza, gobernanza y suministro de servicios. Según nuestro análisis de 48 estudios empíricos de países en desarrollo, la información en verdad mejora la gobernanza rural sólo cuando se cumplen tres condiciones: la información es creíble, valiosa y suficientemente específica; los usuarios tienen el poder de actuar en base a esa información; y los incentivos los alientan a hacerlo.
En los contextos rurales en países en desarrollo, al menos una de estas condiciones por lo general no se cumple, lo que anula en gran medida o por completo el impacto de la información. Por ejemplo, en 2014, Uganda introdujo U-Bridge, una plataforma que les permitía a los ciudadanos enviar mensajes de texto a las autoridades gubernamentales locales de manera anónima y sin costo alguno. A pesar de los niveles relativamente altos de aceptación del sistema y entusiasmo entre las autoridades de distrito, el programa no logró generar mejoras duraderas en el suministro de servicios. La mayor parte de la información que ofrecían los usuarios era demasiado vaga como para ser viable, y muchas veces se sentían desalentados por las respuestas de las autoridades.
Igual de importante es el poder para tomar medidas en base a la información. Para los responsables de las políticas, esto significa diseñar e implementar políticas que reflejen prioridades basadas en datos. Para los ciudadanos, implica tener el derecho legal, la competencia y la movilidad para cambiar su comportamiento.
Como demuestra la investigación sobre la gobernanza agrícola en Nigeria, el conocimiento y el poder no siempre van de la mano. Los expertos agrícolas muchas veces tienen poca influencia en las decisiones de gasto del gobierno, y las personas que toman decisiones carecen del suficiente conocimiento técnico. Este desequilibrio existe inclusive al interior del gobierno: los responsables de las políticas locales, que tienen más información sobre la situación en el terreno, suelen enfrentar limitaciones a la hora de tomar decisiones relacionadas con el gasto.
La condición final se relaciona con los incentivos: tiene que haber cierto beneficio neto para quienes actúan en base a la información que reciben. Los políticos están más inclinados a usar su poder para perseguir iniciativas con beneficios de corto plazo altamente visibles que a invertir en proyectos que, según los datos, serían sustancialmente más beneficiosos, pero menos perceptibles o pensados para el largo plazo, como por ejemplo cuando ellos ya no están en el poder.
Pero también existe evidencia de que, cuando se cumplen las tres condiciones, la información efectivamente mejora los resultados para las comunidades pobres. En India, grupos de autoayuda de mujeres facilitan el intercambio de información relevante y ofrecen un sistema de apoyo para las integrantes, empoderándolas así social, política y económicamente, y ayudándolas inclusive a aprovechar los servicios públicos. Un estudio determinó que las mujeres que participan en esos grupos tienen más probabilidades de tener una tarjeta de identificación de votante, de haber votado en la última elección, de asistir a las reuniones del consejo del pueblo y de creer que el consejo del pueblo responde a sus necesidades.
Esto no significa que las tres condiciones deban establecerse de inmediato. Después de todo, hacerlo de manera efectiva requeriría un conocimiento avanzado de los posibles efectos de determinados tipos de información, y eso exige más datos. Por el contrario, deberíamos empezar con objetivos más modestos y de más corto plazo, como difundir información relevante.
Sin duda, sólo ofrecer información no basta para garantizar que la gente entienda sus implicancias. Pero, como demuestra una investigación de Tanzania, compartir información, digamos, sobre proyectos de desarrollo y sobre el uso de los ingresos puede fomentar la confianza en el gobierno, que es el primer paso hacia el empoderamiento, el incentivo y, en definitiva, el impacto.
Los procesos deliberativos en los que los individuos pueden examinar cuidadosamente las fuentes de información también pueden ayudar. En el más largo plazo, los gobiernos y los especialistas en desarrollo deberían probar intervenciones más integrales, con el ojo puesto en garantizar la relevancia de la información, el poder y los incentivos.
El gobierno tiene el poder para hacer que la información funcione para el desarrollo, o para frenarlo. Los actores no estatales, entre ellos los especialistas en desarrollo, así como los medios, los grupos de la sociedad civil y los investigadores, también pueden desempeñar un papel al divulgar información relevante en entornos donde el poder y los incentivos probablemente ya existan.
El aforismo “conocimiento es poder” conlleva una buena dosis de verdad, pero puede ser engañoso. Si la información ha de ayudar a que las poblaciones rurales prosperen, deben implementarse las condiciones correctas.
Katrina Kosec es miembro de investigación sénior del Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias.
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