El coronavirus pone la solidaridad a prueba | RED/ACCIÓN

El coronavirus pone la solidaridad a prueba

Si la crisis nos ha enseñado una cosa, es que el enfoque implacable en la hipereficiencia y las ganancias a corto plazo de las últimas décadas ha dado lugar a un sistema global altamente frágil. Ha llegado el momento de construir un orden mundial más resistente, basado en la solidaridad económica, generacional e internacional.

La crisis de la COVID‑19 pone la solidaridad humana ante una prueba inédita. ¿Aceptarán los ricos (o de hecho, todas las personas con ingresos estables o colchones de ahorro) medidas de apoyo para los pobres y económicamente inseguros? ¿Aceptarán los jóvenes (cuya tasa de mortandad es menor) hacer sacrificios para proteger a los viejos? ¿Aceptarán los habitantes de países ricos transferencias de recursos a los países pobres?

Sólo si la respuesta a las tres preguntas es afirmativa podrá el mundo minimizar las consecuencias de la pandemia que mató a casi 38 000 personas y paralizó la economía global. Y sin embargo nada garantiza que así sea.

La primera forma de solidaridad que está puesta a prueba (entre grupos de ingresos) puede ser la más fácil de obtener. La COVID‑19 infectó a personas como el primer ministro y el príncipe heredero del Reino Unido, a atletas profesionales y a actores famosos, muestra de que no hace distinciones entre ricos y pobres.

Pero las consecuencias económicas de las medidas de salud pública (por ejemplo cierres de empresas y confinamiento de la población por tiempo indefinido) afectarán en forma desproporcionada a los grupos económicamente más desprotegidos, entre ellos los sectores de bajos ingresos, los que trabajan por horas y los que no pueden teletrabajar. Al diseñar estrategias para compensar los daños económicos de la pandemia, los gobiernos deben tener en cuenta estas diferencias.

Hasta ahora, no se está haciendo lo suficiente en este sentido. En Estados Unidos, por ejemplo, hay muchas medidas (como la ampliación de prestaciones por enfermedad) que aunque ayudan a los grupos de menores ingresos, se tendrían que haber implementado hace ya mucho tiempo, como están implementadas en otras economías avanzadas. Otras acciones, como la entrega de cheques a todos los ciudadanos y la orden a las agencias federales de detener desahucios y ejecuciones hipotecarias, parecen más prometedoras, pero siguen siendo muy insuficientes para proteger a los estadounidenses económicamente vulnerables.

Para generar solidaridad entre grupos de ingresos, la dirigencia tendrá que fomentar la clase de patriotismo altruista que facilita el sacrificio compartido en tiempos de guerra (y al mismo tiempo rechazar la clase de nacionalismo estrecho de miras que debilita la solidaridad internacional). En esto ayuda el hecho de que el vetusto argumento de que las políticas de apoyo a los pobres desincentivan el trabajo (muy poco convincente en tiempos normales) pierde toda credibilidad durante una pandemia. Y si eso no bastara, la ciudadanía y la dirigencia política deben recordar que los individuos de menores ingresos no dejan de ser valiosos consumidores y (al menos en las democracias) votantes.

La segunda dimensión de la solidaridad que está puesta a prueba es la intergeneracional. En vista de las consecuencias económicas (y sociales) de las medidas de aislamiento, puede que no sea fácil conseguir la cooperación duradera de los más jóvenes (que aunque están expuestos a sufrir complicaciones graves por la COVID‑19, tienen tasas de mortandad menores).

Los lazos familiares pueden hacer mucho por convencer a los jóvenes de respetar el distanciamiento social. Pero como ha demostrado la lucha contra el cambio climático, este argumento tiene sus límites (al menos, en la dirección opuesta): los que hoy son más viejos se han mostrado hasta ahora renuentes a hacer los sacrificios necesarios para garantizar un futuro más sostenible para sus hijos y nietos.

Pero en este sentido, la pandemia puede ser una oportunidad de progreso. Si los jóvenes mantienen la adherencia a medidas drásticas de corto plazo para contener el brote de COVID‑19, los más viejos pueden sin duda formular un compromiso a mediano plazo con la acción decidida contra el cambio climático.

La tercera prueba que la COVID‑19 plantea a la solidaridad es la más difícil de superar. En un momento en que las dirigencias políticas ya demandan tanta solidaridad dentro de sus países, y en que las economías nacionales sufren grandes pérdidas, no será fácil proponer generosas transferencias de recursos hacia los países en desarrollo que luchan contra la enfermedad. Algunas economías (por ejemplo Francia y Alemania) ya limitaron o prohibieron la exportación de suministros médicos clave.

Pero si un país con un ingreso per cápita de 50 000 dólares (más o menos el nivel de Canadá y Alemania, y menos que en Australia, Países Bajos y Estados Unidos) sufriera una contracción económica del 10%, todavía estaría diez veces mejor que los países de ingresos bajos y medianos bajos antes de la pandemia. Y acaso más importante, si los países pobres no consiguen contener sus brotes de COVID‑19, el virus puede reaparecer en países ricos que creían haberse librado de él.

De modo que la solidaridad con los países en desarrollo es una cuestión a la vez de ética y de visión a largo plazo. No pasar esta prueba de solidaridad dejará profundas heridas psicológicas en los países abandonados a su suerte, lo que sentará las bases para muy variadas formas de extremismo y nuevas crisis (de pandemias a guerras) que serán una amenaza para todos.

Mientras los países desarrollados implementan medidas para contrarrestar las consecuencias económicas de la pandemia de COVID‑19, también deben cooperar con los organismos internacionales para la elaboración de estrategias de ayuda a los países en desarrollo. Si bien la provisión inmediata de liquidez (como propone el Fondo Monetario Internacional) es un buen comienzo, seguir acumulando deudas no es una solución sostenible. También se necesitarán subsidios y otra ronda de condonaciones de deuda, y los organismos internacionales deben asegurarse de que todos los países consigan los suministros médicos y otros elementos (incluidos alimentos) que necesiten.

El mundo está a punto de descubrir si décadas de globalización económica y financiera pueden llevar a una comprensión más profunda de los lazos (sociales, éticos y personales) que unen a todas las personas. Sólo reconociendo y fortaleciendo esos lazos podremos reemplazar el frágil y conflictivo sistema actual, construido al servicio de la hipereficiencia y la ganancia inmediata, por otros ordenamientos más sostenibles basados en la solidaridad económica, generacional e internacional.

Kemal Derviş, ex ministro de economía de Turquía y ex administrador del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), es investigador superior en la Brookings Institution.

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