#HagamosLaDenuncia: no nos pueden pegar en la calle ni gritar cosas homofóbicas | RED/ACCIÓN

#HagamosLaDenuncia: no nos pueden pegar en la calle ni gritar cosas homofóbicas

Al autor de esta nota le dieron una golpiza hace un año. La única certeza que tiene es que hubo algo en su identidad que generó en el agresor una idea de que estaba en una situación de poder y podía atacarlo. En 2019, hubo por lo menos 177 crímenes de odio contra personas LGBT, agresiones motivadas por el rechazo, desprecio o discriminación. En esta crónica, el autor llama a denunciar estos delitos: “Sin denuncias, no hay datos. Sin datos, no hay políticas públicas. Sin políticas públicas, no hay soluciones”.

Intervención: Pablo Domrose

Lo que más lamento es haber perdido mis lentes. Eran redondos, chiquitos, con un marco de acero dorado y con las patillas de carey. No me di cuenta de que no los tenía hasta el día siguiente, cuando me desperté en la casa de un amigo y los empecé a buscar por todos lados. Por suerte siempre tengo unos de repuesto, pero la verdad es que no me gustan. Son los que tengo puestos ahora. Me parecen horribles. Nunca compré otros, unos que se parezcan más a los que perdí hace un año.

La madrugada del 6 de octubre del año pasado me pegaron en la calle. Lo que empezó con un “me pagás el boleto porque no tengo SUBE” terminó en un intento de robo con piñas y gritos de “a vos te gustan los tipos y se te nota”, “trolo de mierda esta vez te salvaste”. Podría contar más detalles sobre la golpiza, pero no son muy útiles. Además, no quiero contribuir al morbo ajeno.

Hay dos cosas que ahora, después de un año, sigo lamentando. La primera es que ninguna de las personas que pasaron alrededor mío quiso ayudarme: ni la pareja de chicos agarrados de la mano, ni tampoco un policía al que le hice señas, pero sólo se levantó a levantar su pulgar. La segunda, ya lo dije, haber perdido mis lentes.

Al día siguiente, Imanol contó lo que le pasó en Twitter.

Me hubiese gustado que en algún momento de mi vida me enseñen un abc de qué hacer si te pegan en la calle. ¿Tendría que haber llamado a la policía? ¿A una ambulancia? 

La única certeza que tenía en ese momento -y que tengo incluso hoy- es que hubo algo en mi identidad, en mi manera de ser o vestirme, que generó en ese tipo una ilusión, una idea de que él estaba en una situación de poder, que podía pegarme, estrellar mi cabeza contra el cordón de la calle, intentar robarme. Por suerte no lo logró. Esto último, lo de robar. Lo otro sí, lo hizo todo.

Cuando me tranquilicé un poco llamé a un amigo. No me atendió. Era lógico: eran las cinco y media de la mañana. Llamé a otro amigo, que vivía cerca de donde estaba, en Villa Crespo. Me atendió. Me fue a buscar y me llevó a su casa. Lo ideal era ir a una guardia, pero no quise. Me ayudó a limpiarme y me prestó su cama para dormir un rato.

Me desperté y mis tíos me fueron a buscar. Pasé el domingo en su casa mirando el techo. Dije que quería hacer la denuncia. Mi idea no tuvo mucha aceptación familiar. Me repetían una y otra vez que no sirve para nada, que no tiene sentido, que nunca hacen nada, que no iban a encontrar al tipo. Tenían razón. Sin embargo, es muy importante que estas cosas se denuncien.

Si cada vez que nos pasa algo en la calle el Estado no se entera, lo que nos pasó casi que no existe. Si uno decide denunciar, el Estado se entera. Si el Estado se entera de los problemas, nosotros podemos exigir políticas públicas para que no siga sucediendo eso. Hacer una denuncia no es solo un trámite, es la única constancia oficial que tenemos para ir y decir: “Che, hacé algo, a la gente no le pueden pegar en la calle, ni gritar cosas homofóbicas”.

Argentina tiene un Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT. Depende de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, la Defensoría del Pueblo de la Nación y la Federación Argentina LGBT. Desde 2017 que realizan un informe anual en el que se incluyen los ataques de odio contra las personas LGBT del país.

Un crimen de odio es definido por el Observatorio como un “un acto voluntario realizado con saña, que incluye violaciones del derecho a la dignidad, a la no discriminación, a la igualdad, a la integridad personal, a la libertad personal y a la vida”. Esta agresión está “motivada por el rechazo, desprecio, odio y/o discriminación” hacia una persona por ser quién o por pertenecer a un colectivo social en particular, como la comunidad LGBT. 

Un crimen de odio es esa golpiza que le dieron a dos chicos en Palermo, el primero de octubre. Se estaban besando y de repente un grupo de varones les empezaron a pegar. No fue un intento de robo, ni nada similar. Solo unas piñas por unos besos.

En 2017 se registraron 103 casos y en 2018 aumentaron a 137. El año pasado la suma siguió creciendo y el Observatorio registró 177 casos en todo el país. Es decir, que durante el 2019 hubo un ataque de odio casi cada dos días. Pero, atención, sólo se cuentan los ataques que hayan sido denunciados o que hayan llegado a los medios de comunicación. Todo lo que no se denuncia o no se hace público no se registra. ¿Entonces no existen? Sí, existen, pero la sociedad y el Estado no se enteran.

Además, el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) publicó un informe que recopila datos sobre las denuncias que recibió la institución entre 2008 y 2019. Durante esos años las denuncias contra personas LGBT y por motivos de género fueron las que aumentaron sostenidamente en el tiempo.

A pesar de la resistencia familiar decidí hacer la denuncia igual. No quería ir a la policía. ¿Por qué iba a querer ir a contarle todo a la institución que, cuando le pedí ayuda, apenas me levantó un pulgar? Llamé a un amigo periodista que trabaja estos temas para ver qué me sugería. Me dijo que llame a la Defensoría LGBT del Gobierno de la Ciudad. No sabía ni que existía.

Este organismo no se creó sólo para recibir denuncias, su función es mucho más amplia y se encarga de atender los casos de violación de derechos humanos a la población LGBT. Funciona como un centro de atención integral que brinda asesoramiento y contención para las personas de la diversidad sexual que hayan sufrido algún tipo de vulneración. Además es la institución que participa del diseño de políticas públicas para garantizar soluciones a los problemas que tienen las personas LGBT.

Llamé por teléfono a la Defensoría. Me atendieron enseguida y me ayudaron mucho. Me dijeron que no tenía que ir a la Policía, que una denuncia se puede hacer en la Defensoría LGBT o en una fiscalía, espacios que son más amenos que una comisaría. Incluso hay fiscalías que cuentan con unidades de género que se especializan en estos temas.

Lo único que se necesita, por parte de un funcionario público, es un poco de empatía. No es divertido contar cómo te intentan robar, cómo te pegan. No se trata de un simple trámite. Las personas que denuncian cosas así no son un número de expediente: necesitan contención y claridad. Qué hacer, qué no hacer, cómo seguir.

Hice una denuncia en una fiscalía. Conté lo que había pasado, mientras una mujer tipeaba. La fiscalía era bastante cutre y tenía olor a cenicero. Sin embargo, las personas que me atendieron fueron amables y me atendieron rápido. Queda atrás del Congreso, sobre Combate de los Pozos. Cuando terminé de hablar me sacaron fotos de mi cara para adjuntar a la declaración. Creí que eso era suficiente, que a partir de entonces la cosa se movería sola. Pero no.

Dos días después tuve que ir a ver a un médico legista de la Policía de la Ciudad para dejar constancia de que efectivamente estaba golpeado. Al parecer con las fotos que me sacaron no era suficiente. Tuve que contar todo otra vez. La persona que me atendió era una médica bastante simpática. Esta otra oficina era igual de cutre que la anterior, pero no tenía olor a cenicero, sino a humedad.

En paralelo mi teléfono sonaba sin parar todo el día. Había publicado un hilo en Twitter en el que conté lo que había pasado y, extrañamente, se hizo viral. Un montón de medios sacaban notas sobre esto. También me escribían personas contándome sus experiencias, diciéndome que también los habían golpeado, que tampoco los habían ayudado o pidiendo que se hicieran denuncias.

A todos les respondí lo mismo: sí, hay que denunciar y que no sólo las comisarías tomaban denuncias. Que se podía llamar a la Defensoría LGBT (4338-4900 int.8106 o 0800-999-3722) y también al INADI (0800 999 2345). Decía lo que estaba aprendiendo en ese momento.

La cosa se volvió tan viral que me puso muy nervioso. Me daba pudor y hasta un poco de vergüenza. ¿Por qué hablamos más de las víctimas que de los victimarios?

En mi familia se indignaron por el ruido mediático: mi cara terminó apareciendo en la tapa de un suplemento de un diario (sin mi consentimiento). Algunos parientes me dijeron que yo mentía, que el hecho de ser puto no significaba nada, que me estaba autovictimizando, que únicamente había sido “víctima de la inseguridad”. Sinceramente creo que la línea entre “víctima de la inseguridad” y “crimen de odio” no es tan nítida.

Tuve que hacer una tercera declaración en la Policía Federal. Esta oficina también era cutre, tenía cables pelados colgando de las paredes, pero no olía mal. Sin embargo, en cada piso del edificio había un altar de la virgen. Y arriba de cada puerta una cruz. Erica era el nombre de la oficial que me atendió. Ella era la encargada de llevar adelante las denuncias por violencia de género.

Desde enero del año pasado todo el personal que trabaje en el Estado nacional tiene que recibir una capacitación de género. Eso incluye a las personas que trabajen, por ejemplo, en la Policía Federal. Así lo establece la Ley Micaela, normativa sancionada después de que Sebastián Wagner asesinó a Micaela García, una chica entrerriana de 21 años, militante del Movimiento Evita. Sí, tuvieron que asesinar a una mujer para que tenga que haber capacitaciones sobre temas de género.

Me llamaron una cuarta vez en el verano para que declarara de nuevo, pero en la policía científica, así podían hacer un identikit de la persona que me golpeó, por si “algún efectivo lo ve”. No fui. A partir de entonces no pasó más nada.

Sin embargo, no me arrepiento de haber atravesado el derrotero judicial. Insisto: hay que hacer las denuncias para que el Estado se entere de lo que pasa en la calle, es la única herramienta oficial que tenemos.

En junio de este año se presentó el Plan Nacional de Acción contra las violencias de género. Se trata de un proyecto que incluye un paquete de medidas para revertir esta situación a partir de este año y hasta 2022. Estas políticas se articularán en cuatro ejes: prevención de la violencia, asistencia para las personas en situación de violencia, protección para las víctimas y un fortalecimiento de acceso a la justicia.

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Todo este plan se pensó a partir de las cifras que ofrecen organismos nacionales e internacionales sobre la desigualdad en la que viven las personas de la comunidad queer. Entre las fuentes citadas aparecen las del Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT. 

Hace un año, en ese hilo de Twitter que hice, decía que nuestra sociedad es precaria: nuestros trabajos son precarios, nuestro Estado es precario, nuestros vínculos son precarios. La precariedad, se mete hasta en el living de nuestra casa, se ve en la calle y genera violencia por todos lados. Sin embargo, a pesar de esto y aunque sea engorroso, hay que denunciar, hay que buscar a los agresores y hay que hablar de esto.

Sin denuncias, no hay datos. Sin datos, no hay políticas públicas. Sin políticas públicas, no hay soluciones.

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