Hay que cambiar el clima de la regulación financiera | RED/ACCIÓN

Hay que cambiar el clima de la regulación financiera

 Una iniciativa de Dircoms + RED/ACCION

Ya no hay ninguna duda de que el cambio climático seguirá imponiendo profundos costos económicos y financieros a los hogares, las comunidades, las empresas y países enteros. Muchos de estos riesgos aún se pueden mitigar, pero solo si los reguladores en los Estados Unidos rompen algunos malos hábitos.

Hay que cambiar el clima de la regulación financiera

Como demostró el verano brutal de este año, se ha vuelto cada vez más sencillo rastrear las consecuencias del cambio climático. Mientras el clima extremo se cobra cada vez más vidas humanas, más y más especies se están extinguiendo. Comunidades enteras han sido desplazadas por tormentas salvajes y temperaturas intolerables, y los crecientes niveles de los mares y la producción agrícola inestable amenazan con destruir millones de empleos.

Estos costos ya no son teóricos o distantes. Están aquí y ahora, y aunque están siendo asumidos de forma generalizada, la gente que los siente más intensamente tiene menos acceso a información, trabaja al aire libre o vive en condiciones que ofrecen una protección insuficiente. Quienes no pueden reubicarse fácilmente o costear un seguro de propiedad y contra accidentes adecuado son cada vez más vulnerables.

A pesar de estos crecientes costos, los reguladores financieros de Estados Unidos todavía no han demostrado que piensan de manera creativa sobre las potenciales soluciones. Su reticencia está en marcado contraste con los reguladores financieros en otros países ricos, donde se están reinventando las políticas y los procesos a fin de acelerar una transición rápida, ordenada y justa hacia una economía renovable, biodiversa y sostenible.

Instituciones como el Banco Central Europeo, el Banco de Inglaterra, el Banco de Japón y el Banco de Pagos Internacionales están trabajando activamente para readaptar instrumentos como las pruebas de estrés, los testamentos vitales y las normas de capital basadas en el riesgo –todos dentro de sus mandatos existentes-. También están procurando nuevas alianzas con reguladores locales para acortar las brechas regulatorias entre el sector financiero y el sistema bancario paralelo.

Sin duda, la estructura regulatoria financiera de Estados Unidos es complicada ya que consta de reguladores en un amplio rango de agencias organizadas en silos y con mandatos estatutarios discretos. Una lista no exhaustiva incluye el Sistema de la Reserva Federal, la Comisión de Bolsa y Valores, la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda, la Comisión de Negociación de Futuros de Productos Básicos, la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, la Oficina para la Protección Financiera del Consumidor y el Contralor de la Moneda.

Pero aunque Estados Unidos carezca de un único regulador financiero monolítico, la complejidad de su aparato regulatorio no tiene por qué implicar una inacción climática. Si bien ninguna de sus agencias regulatorias tiene la misión específica de mitigar los riesgos de los eventos relacionados con el clima, cada una tiene un mandato lo suficientemente amplio como para englobar estos riesgos dentro del alcance de los instrumentos que ya le han sido otorgados por el Congreso. En consecuencia, todos los reguladores estadounidenses pueden –y deberían- estar analizando sus poderes existentes y considerando de qué manera los podrían aplicar a los esfuerzos para mitigar el riesgo climático.

A la luz de los efectos impredecibles –pero que cada vez se intensifican más- en la economía, los reguladores norteamericanos tendrán que salir de su zona de confort y actuar prontamente antes de que el problema se agrave y se vuelva aún más costoso de resolver.

Este imperativo implica dos cosas. Primero, los reguladores deben actuar con mayor celeridad a la hora de preparar a las empresas dentro de su jurisdicción para capear efectos climáticos que no están siendo eliminados por los mercados. Segundo, tienen que preguntarse cómo pueden utilizar sus instrumentos existentes para incentivar una transición rápida, ordenada y justa de inversiones de altas emisiones que destruyen la biodiversidad.

Actuar antes de que ocurra alguna crisis importante no es exactamente la manera de proceder de Estados Unidos. Históricamente, los reguladores estadounidenses han preferido basarse primero en la disciplina del mercado y la iniciativa del sector privado. Recién cuando estos fallan han intervenido para mitigar el daño (casi siempre a expensas de los contribuyentes).

Muchos lectores recordarán que ésta fue la estrategia general adoptada en los años 1990 y comienzos de los años 2000, cuando el gobierno procuraba lograr una prosperidad artificial mediante formas peligrosas de titularidad de viviendas. Se permitió que florecieran miles de derivados. Mientras los préstamos hipotecarios financiarizados seducían a más y más norteamericanos, los reguladores federales ignoraban las señales de un crédito predatorio, de la intencionalidad sistémica de involucrar a las minorías raciales en préstamos hipotecarios complejos y confiscatorios y de las olas crecientes de ejecuciones hipotecarias.

El resultado fue una crisis de gran escala que causó billones de dólares de pérdidas. Recién entonces los reguladores se apresuraron a revisar sus políticas, refrenar sus permisos, identificar las consecuencias obvias del fracaso y descifrar qué cambio a las leyes y reglas hacía falta para impedir que volviera a ocurrir.

Tristemente, éste es un patrón profundamente arraigado. En la crisis de ahorro y crédito de fines de los años 1980 y principios de los años 1990, hizo falta que el sector colapsara para generar la creación estatutaria de medidas correctivas. Si nos remontamos al día de hoy, la presunción por defecto de muchos reguladores estadounidenses es que una transición tranquila de la economía basada en carbón arraigada históricamente a la economía sostenible y basada en renovables del futuro se producirá por sí sola.

Aceptar esta presunción por defecto es como soltar el timón cuando se navega por un pasaje estrecho entre corrientes peligrosas. No deberíamos actuar como si no hubiera instrumentos de navegación para asistirnos. Sin embargo, eso es efectivamente lo que están haciendo los reguladores financieros de Estados Unidos al no explorar las posibilidades ofrecidas por las herramientas a su disposición.

El curso más prudente es que cada agencia financiera empiece a actuar de inmediato dentro de su respectiva competencia, en lugar de distraer su experiencia en debates trillados sobre si los daños relacionados con el clima representan o no perjuicios colectivos a la sociedad. La naturaleza compleja y no monolítica del sistema regulatorio debería reconocerse como una virtud. Si bien la estructura del sistema algunas veces conduce a una falta de coordinación y a un grado de estrechez de mente burocrática e insularidad, también implica que cada agencia puede actuar creativamente por cuenta propia, introduciendo soluciones diversas basadas en un amplio espectro de perspectivas.

Asimismo, gracias al federalismo, la experimentación regulatoria se puede llevar a cabo en una escala regional menor para establecer prueba de concepto. Los organismos de coordinación existentes como el Consejo de Supervisión de la Estabilidad Financiera pueden luego asumir parte de este trabajo, dependiendo del número existente de miembros y del alcance de la Orden Ejecutiva sobre el Riesgo Financiero Relacionado con el Clima del presidente norteamericano, Joe Biden, del 20 de mayo de 2021.

En términos más amplios, en cambio, hay que estimular a los reguladores norteamericanos a pensar de manera más imaginativa sobre cómo pueden participar en los esfuerzos de transición locales. Por ejemplo, ¿cómo podrían consolidarse las políticas financieras de diversas agencias para obtener resultados que les permitan a las empresas alcanzar sus objetivos de neto cero? ¿Cómo se puede utilizar la política financiera para ayudar a acelerar una transición que redistribuya a los trabajadores para nuevos empleos, o para asistir a los hogares a los que se les está pidiendo que cambien sus hábitos de consumo? ¿Y cómo los cambios regulatorios relacionados con la divulgación de información, el acceso al crédito y la valoración del riesgo pueden sustentar una transición verde rápida y justa?

Mientras los reguladores financieros readaptan sus instrumentos y repiensan sus procesos, las empresas financieras deberían hacer lo mismo, actuando ahora para identificar sus activos y pasivos ambientales, en lugar de esperar a que los reguladores lentos lo hagan por ellas. Cuando una institución sabe lo que tiene en su cartera, puede anticipar cómo reaccionará frente a sucesivas sacudidas relacionadas con el clima, y puede determinar mejor las cotizaciones y valuaciones correctas de los activos, así con la adecuación de sus reservas.

En resumen, ni los actores ni los reguladores de la industria deberían esperar a que alguien les diga qué hacer y cuándo empezar. La mayoría de las herramientas necesarias ya existen. Lo que falta es la voluntad de acabar con el hábito de actuar recién después de un desastre. Los reguladores financieros deben readaptar su propio rol para poder desempeñar su parte en la reinvención más amplia de la economía.

Sarah Bloom Raskin, miembro distinguido del Centro de Mercados Financieros Globales de la Escuela de Leyes de la Universidad Duke y miembro sénior del Centro Duke sobre Riesgo en la Ciencia y la Sociedad, fue secretaria adjunta del Departamento del Tesoro de Estados Unidos y gobernadora de la Junta de la Reserva Federal.