El Ministerio de Justicia de la Nación busca subirse a la ola de tecnológica que convoca a todas las disciplinas y profesiones. El que no se adapta y se actualiza parece que va camino a la extinción: es una advertencia que ya muchos especialistas hicieron.
En efecto, desde la cartera que conduce Mariano Cúneo Libarona crearon el Programa Nacional Integral de Inteligencia Artificial en la Justicia. Estará bajo la órbita de la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (DNSAIJ), dependiente de la Secretaría de Justicia, y tendrá como coordinador a Fernando Horowitz. Director Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica.
“La tecnología ya impactó en todos los ámbitos de nuestra vida y, por supuesto, el Estado no se puede quedar ajeno a ello”, asegura para RED/ACCIÓN Antonella Stringhini, abogada especialista en inteligencia artificial. “Necesitamos alfabetizarnos para poder interactuar con estos sistemas y poder utilizarlos. El conocimiento que nosotros tengamos va afectar mucho en la respuesta que vamos a obtener. Hoy, la brecha es más humana que tecnológica”, profundiza.
Entre sus objetivos, el programa quiere promover el uso de la IA para mejorar el funcionamiento del Poder Judicial de la Nación y la administración de la justica, optimizar las respuestas y procedimientos administrativos así como los procesos judiciales, brindar respuestas efectivas y rápidas a la ciudadanía y garantizar que la implementación de la IA respete los derechos fundamentales de la sociedad.
Stringhini, quien también es profesora y coordina el Programa de Actualización en Inteligencia Artificial y Derecho en la UBA, comenta que esta tecnología ser muy beneficiosa en la reducción de errores materiales, brindar mayor tiempo para la resolución de casos complejos a partir de la automatización de procesos o generar un sistema más eficaz para el procesamiento de los casos judiciales.
Uno de los problemas más trascendentes en el Poder Judicial está relacionado con la transparencia de los procesos. Sobre esto, la especialista confiesa que tanto en la Argentina como en toda Latinoamérica la confianza de la ciudadanía en la administración pública es algo que se perdió en el último tiempo. Sin embargo, la inteligencia artificial puede traer ciertos aspectos que ayuden a combatir y restituir esto.
“Se puede ampliar la participación ciudadana en la evaluación y el control de las políticas estatales con un acceso a información pública de manera fácil y visualizada en forma sencilla. Así podrán participar en la toma de decisiones”, confiesa. “También, el estado puede utilizar la IA para analizar grandes volúmenes de datos estatales y así contratar patrones o anomalías que puedan identificar casos de corrupción o malversaciones de fondos públicos”, agrega
Pero ¿cuál es el límite de la delegación de tareas? En 2023, un legislador en Porto Alegre redactó una ley con inteligencia artificial que fue aprobada (sin el conocimiento de los demás legisladores). El hecho generó polémica al insinuar que la tarea más fundamental de los legisladores fue arrebatada por la tecnología.
“No se puede prescindir del sentido común en el abogado porque en ese caso hay un riesgo grave de cometer un injusto”, expresa Martín De León, abogado especialista en políticas públicas, sobre la implementación de la IA en el derecho . “En ese sentido hay que ser cuidadoso con cuánto estamos dispuestos a conceder a la inteligencia artificial en la interacción y la intervención del documento”, reflexiona.
