De acuerdo con un informe de la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género (DNEIyG), las mujeres realizan el 70 % de todas las tareas de cuidados no remuneradas mientras que los varones aportan solo el 29 %. Por eso, el proyecto de ley "Cuidar en Igualdad" puede ser una pieza fundamental para abordar las necesidades y los desafíos que deben enfrentar las personas que cuidan de otras.
La iniciativa busca reconocer el trabajo de cuidado no remunerado para garantizar la igualdad de oportunidades y la participación plena en la vida laboral y pública de las mujeres, principalmente. Como tal, propone políticas de recompensa para quienes lo realizan. De esta manera, el objetivo es proteger a:
- Las personas que cuidan, de forma remunerada o no, y las personas que necesitan cuidados.
- Niñas, niños y adolescentes, con prioridad hasta la edad de cinco años inclusive.
- Personas de 60 años o más, cuando lo requieran.
- Personas con discapacidad, cuando lo requieran.
La iniciativa fue presentada por el Gobierno nacional en mayo de 2022 al Congreso, pero todavía no llegó al recinto para ser debatida por ambas cámaras.
¿De qué se trata "Cuidar en Igualdad"?
En principio, propone la creación de un Sistema Integral de Cuidados de Argentina (SINCA). La norma está pensada para promover el reconocimiento y la redistribución del trabajo de cuidado, entre el sector público, el sector privado, las familias y las organizaciones comunitarias y entre todas las identidades de género para que las personas accedan a los derechos de cuidar y ser cuidadas.
Otros de los puntos principales son:
- Fijar objetivos que deben seguir las políticas de cuidados en general y las destinadas a poblaciones específicas en particular.
- Promover la ampliación de la oferta de servicios e infraestructura de los cuidados.
- Promover la adaptación de las jornadas laborales a las necesidades de cuidado del sector público y privado.
- Reconocer y promover el trabajos de cuidados remunerado.
- Reconocer y fortalecer el trabajo de cuidados en el ámbito comunitario.
- Promover la producción de datos, registros e información sobre los servicios de cuidado.
- Promover la realización de campañas de difusión y concientización.
Fabiana Sosa, abogada laboralista, afirma: "Se trata de involucrar a toda la sociedad en los trabajos de cuidados, con los recursos necesarios para ello, entendiendo que somos seres interdependientes que necesitamos poner la sostenibilidad de la vida en el centro".
Sobre las licencias
La norma promovería la idea de que el cuidado no debe ser una responsabilidad exclusiva de las mujeres. Sosa comenta: "Hoy nuestra ley de contrato de trabajo tiene una mirada feminizada de los cuidados y protectora de la maternidad, no promueve la idea de un cuidado a cargo de ambos progenitores (en caso de haberlos) y tampoco promueve la idea de los hogares monomarentales y/o monoparentales".
Por eso, "Cuidar en Igualdad" busca que los varones asuman un papel más activo en el cuidado de sus hijos y la atención de sus familiares. "Es importante involucrar a otros actores en el cuidado para desfamiliarizarlo y no dejarlo relegado a las decisiones individuales que, en definitiva, sabemos que siempre recaen sobre las mujeres", comenta Sosa.
En caso de aprobarse la norma, las mujeres podrían pasar de 90 días de licencia a 126 días; y los varones y personas no gestantes de 2 a 15 días. El aumento sería progresivo de manera que, en ocho años, los padres tendrían la misma licencia que hoy tienen las madres en Argentina (90 días). Según Sosa, la ley "ayudaría a pensar en la conciliación entre trabajo productivo y trabajo reproductivo desde una óptica de ampliación de derechos, y no de privilegio de clase o posibilidades económicas individuales".
Georgina Sticco, directora y cofundadora de Grow, una consultora especializada en asesorías de género y trabajo, sostiene: "La aplicación de la ley requerirá de un gran trabajo de transformación cultural para que, una vez otorgado el derecho, los varones y personas no gestantes, lo tomen".
Los principales desafíos que enfrentaría la ley en caso de ser promulgada residen en la implementación práctica, la transformación cultural y la decisión política de los actores sociales, que se verían obligados a asegurar su cumplimiento.
