Según el ministerio de Salud de la Nación, el COVID-19 causó hasta el momento 4.251 muertes, la mayoría de ellas en el AMBA. El Gobierno nacional y las provincias continúan intentando descifrar junto a infectólogos y epidemiólogos la fórmula correcta para desacelerar los contagios, lidiando a la vez con el impacto en la economía y el descontento de la sociedad por la extensión del aislamiento obligatorio.
Y en este contexto, aumenta la preocupación entre expertos por lo que se podría llamar la mortalidad total de la pandemia. ¿A qué se refiere este término? A la cantidad de muertes a causa de ella, no sólo por el virus en sí sino también por consecuencias indirectas relacionadas con el aislamiento y la amenaza del contagio. Por ejemplo, la interrupción de controles y tratamientos de las enfermedades crónicas no transmisibles entre las que se encuentran el cáncer, diabetes, enfermedades cardiovasculares y respiratorias.
En la Argentina las enfermedades crónicas no transmisibles representan el 73,4% de las muertes, lo que las posiciona como la primera causa de muerte del país. Teniendo en cuenta, asimismo, que en su mayor parte son prevenibles, representan una oportunidad impostergable de intervención a través del abordaje de los factores de riesgo comportamentales: consumo de tabaco, inactividad física, uso nocivo del alcohol y dietas malsanas. El acceso de las personas a estrategias de prevención, detección temprana y atención es fundamental, ya que está probado que estas enfermedades tienen un grado de afectación aún mayor en personas de ingresos bajos y de menores niveles educativos.
La dificultad en la implementación de políticas integrales a largo plazo y la falta de acceso a servicios de salud de calidad influyen en la posibilidad de contraer otras enfermedades. La ecuación es la misma: a menor acceso, mayor riesgo.
Ya existen informes sobre caídas drásticas en las consultas y la realización de procedimientos cardiovasculares, cancelación de consultas y procedimientos médicos. Según un estudio del Instituto Cardiovascular de Buenos Aires, este hecho se puede deber a distintos factores: preocupación de los pacientes por contagiarse COVID-19 en la consulta o por tener problemas legales por movilizarse para atenderse, cancelación de turnos por aislamiento obligatorio, menor oferta de servicios por contar con personal médico bajo licencia por población de riesgo y disminución de recursos reasignados para contener un potencial colapso sanitario, entre otros. En España ya se detectó una disminución significativa en el número de procedimientos diagnósticos y terapéuticos y en el Reino Unido más de un estudio muestra una baja en las consultas por distintos tipos de cáncer.
Silvio Aguilera, presidente de la Fundación Emergencias y socio fundador del Observatorio de Salud del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE), indica: “Empieza a notarse una drástica caída en internaciones y consultas por temas cardiovasculares, incluyendo urgencias y emergencias. Algunos índices muestran un aumento en la mortalidad extrahospitalaria y esto podría deberse a la disminución de consultas en tiempo oportuno”.
En ese sentido, para evitar este exceso de muertes prevenibles las acciones del Estado son necesarias, pero no suficientes. La pandemia puso en evidencia que se necesitan transformaciones sociales que deben involucrar al conjunto de la sociedad, ya que estamos hablando de personas en situación de vulnerabilidad y de la tercera edad en su mayoría, que son víctimas directas del deterioro social y económico, que las hace más vulnerables frente al COVID-19.
Si esta situación no se revierte, el fenómeno del COVID-19 habrá traído consigo no sólo muertes a causa del virus, sino también por otras enfermedades tratables y evitables y la mortalidad total de la pandemia será mucho más alta que los números que estamos viendo hoy. Por eso es necesario que en todos los niveles del Estado se implementen prácticas exitosas de prevención, de promoción de hábitos saludables y de abordaje. En este ámbito la prevención es más eficiente y económica y la responsabilidad no es sólo salvar las vidas de hoy sino también las de mañana.
Alejandra Sánchez Cabezas es la Directora del Observatorio de Salud del Grupo de Fundaciones y Empresas (GDFE).
