California es el epicentro de una movida que reúne a 99 políticos locales de todo el país que hasta el momento llevan adelante 46 programas piloto de ingreso mínimo garantizado, en efectivo y sin ninguna contraprestación obligatoria. Arrancó en Stockton en 2020, cuando la pandemia profundizó desigualdades, y se sostiene con fondos públicos y donaciones. Es una herramienta, afirman, para achicar brechas raciales y de género y no desestimula la búsqueda de trabajo.