Una ley puede conseguir que muchos más libros puedan ser leídos por personas con discapacidad | RED/ACCIÓN

Una ley puede conseguir que muchos más libros puedan ser leídos por personas con discapacidad

Quienes tienen una limitación visual, auditiva, motriz o intelectual suelen necesitar una adaptación de las obras. Pero esos "libros accesibles" son muy escasos. Un proyecto con media sanción del Senado facilita el intercambio con otros países de libros adaptados y ofrece excepciones a los derechos de autor para quienes modifiquen las obras. Uruguay instrumentó con éxito un plan similar.

Foto: Canales Asociación Civil

Este contenido contó con participación de lectores de RED/ACCIÓN

Esta nota está publicada atendiendo a los requisitos de lectura accesible. Copias en formatos alternativos pueden ser solicitadas a RED/ACCIÓN

Matías Ferreyra tiene 32 años y es estudiante de Ciencias Políticas. Desde los 20, una enfermedad hereditaria redujo su capacidad visual, lo que le impide leer libros convencionales. Para seguir adelante con su carrera tuvo que conseguir bibliografía en otros formatos, como los lectores de pantalla, un software que reproduce en voz el texto que aparece en el monitor.

Algunos de los libros los obtuvo gracias a Tiflolibros, la biblioteca digital de material para personas con discapacidad visual más grande de la Argentina. En otros casos, debió encargarse de digitalizar los libros de papel, asegurarse de que no tuvieran marcas o rayones y que pudieran ser leídos por el programa de la computadora. Otras veces, se quedó sin leerlos.

Al igual que Matías, muchas personas tienen dificultades para acceder al texto escrito. En la Argentina, por ejemplo, entre 900 mil y 1 millón de personas tienen discapacidad visual. Pero también deben contarse otras discapacidades, como la auditiva (la primera lengua de una persona sorda es la de señas), motrices (en algunos casos impide sostener o manejar un libro) o intelectuales.

Para estos casos, distintas organizaciones producen materiales adaptados. Pero esto requiere muchos recursos económicos y tiempo, gran parte del cual se emplea en solicitar la cesión gratuita de los derechos de autor de una obra para reproducirla en un formato accesible.

Videolibros es un proyecto de libros accesibles en formato de video para personas con discapacidad auditiva. En la imagen se ve una captura de pantalla de uno de los videos, en la que un intérprete de Lengua de Señas Argentina narra un videolibro. / Foto: Canales Asociación Civil
Videolibros es un proyecto de libros accesibles en formato de video para personas con discapacidad auditiva. En la imagen se ve una captura de pantalla de uno de los videos, en la que un intérprete de Lengua de Señas Argentina narra un videolibro. / Foto: Canales Asociación Civil

El Tratado de Marrakech busca ayudar en este problema. Se trata de un tratado internacional impulsado por organizaciones civiles que defienden los derechos de personas con discapacidad y es administrado por la Organización Mundial de Propiedad Intelectual (OMPI).

El tratado, vinculante entre sus adherentes, fue adoptado en 2013 y, luego de que 20 países lo ratificaran, está vigente desde 2016. Argentina fue uno de esos primeros 20 países (lo ratificó en 2015), pero aún no lo implementó, es decir que no modificó su ley para hacerla acorde al tratado. A mediados de febrero de 2020 ya eran 61 partes las que han adherido al tratado, incluida la Unión Europea.

Según explica Virginia Inés Simón, coordinadora del Observatorio del Tratado de Marrakech en América Latina, el tratado tiene dos ejes. Por un lado, “permite una excepción en las normas de derechos de autor para que quienes tienen dificultades de acceso a la lectura convencional, sus tutores o las entidades autorizadas puedan generar obras adaptadas en el formato necesario”. Esto último incluye una enorme gama de formatos, desde los lectores de pantalla hasta braille, videolibros o “lectura fácil” (un modo de escribir que facilita la comprensión), entre otros.

Por otra parte, el “corazón del Tratado de Marrakech” permite intercambiar materiales accesibles con otros países, lo que posibilita obtener libros adaptados sin tanto trabajo.

Argentina cuenta con una excepción legal de pago de derechos de autor para adaptar materiales para personas con discapacidad visual, la ley 11.723.

Sin embargo, esta exención, explica Simón, resulta aún restrictiva: “No incluye discapacidades psicosociales o auditivas, autismo, esclerosis lateral amiotrófica, entre otros. Solo incluye a organizaciones que se dedican específicamente a personas con discapacidad, lo que deja en un terreno gris a, por ejemplo, las bibliotecas. Y permite el uso local pero no el intercambio transfronterizo”.

En este contexto, el colectivo Bibliotecarios al Senado impulsa la aprobación del proyecto de ley S-1718/62, que tiene media sanción del Senado. Este amplía las excepciones a las restricciones citadas previamente, incluyendo dentro de la exención a “cualquier discapacidad sensorial” que impida el acceso a la lectura convencional y entendiendo a las bibliotecas dentro del grupo de “entidades autorizadas”.

Tras gestiones del director de la Biblioteca del Congreso de la Nación, Alejandro Santa, y de la Federación Internacional de Asociaciones de Bibliotecarios y Bibliotecas (IFLA), Sergio Massa, presidente de la Cámara de Diputados, se comprometió a darle tratamiento al proyecto de ley.

Durante los últimos días, 90 lectores y lectoras de RED/ACCIÓN participaron de una consulta sobre el Tratado de Marrakech que hicimos en nuestro sitio. De ellos, 15 enviaron mails a distintas comisiones de Diputados para pedir que se vote la implementación del tratado.

La discapacidad visual

La ley 11.723, del 2007, fue promovida por Tiflolibros. La biblioteca, nacida en 1999, tiene más de 60 mil libros y más de 10 mil usuarios.

Pablo Lecuona, uno de sus creadores, también impulsó el Tratado de Marrakech.

La mayoría de los materiales de Tiflolibros son producidos por su staff. El trabajo incluye escanear el documento, pasarlo por el lector de pantalla y revisar y corregir errores. Algo que lleva un tiempo variable en función de la calidad del libro y del tipo de contenido (los cuadros y tablas presentan complicaciones, como también copias defectuosas). Muchas veces, el trabajo es contrarreloj.

En la imagen se ve un hombre joven editando documentos accesibles. / Foto: Tiflonexos
En la imagen se ve un hombre joven editando documentos accesibles. / Foto: Tiflonexos

Algunas editoriales brindan el archivo digitalizado, lo que ahorra tiempo. Lo mismo hacen personas que ya han digitalizado el material. 

Así, se generan unos 3 mil libros anuales. En la Argentina, la producción de libros es de aproximadamente 30 mil por año.

“Cada año pedimos autorización a la OMPI para elaborar unos 9 libros. Nos autorizan uno al año, de un catálogo de miles”, se explaya.

La implementación del tratado permitiría a Tiflolibros el acceso a bibliotecas del mundo. “Sería fundamental para, por ejemplo, las personas que estudian otros idiomas”, aclara Pablo.

Pablo aclara que “el tratado no resuelve todo”, pero que “ayuda en la búsqueda de recursos y en poner en la agenda de los estados las políticas públicas de acceso a la lectura”.

Por su parte, Uriel Weicman, vicepresidente de la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), cuenta: “Hemos recibido muchas consultas sobre la aplicación del Tratado de Marrakech, especialmente de personas que quieren acceder a obras de la Organización Nacional de Ciegos de España (ONCE)”, cuyo catálogo tiene un volumen similar al de Tiflolibros.

Uriel, de 30 años, tiene una discapacidad visual y es técnico en Pedagogía y Educación Social, carrera que completó con la ayuda de Tiflolibros. Antes de llegar a la biblioteca eran sus padres quienes lo ayudaban a digitalizar el material.

En la imagen se ve a una mujer joven que accede a un texto desde su teléfono celular mediante una audiodescripción. / Foto: Tiflonexos
En la imagen se ve a una mujer joven que accede a un texto desde su teléfono celular mediante una audiodescripción. / Foto: Tiflonexos

“Es difícil ir a la par. Uno se tiene que ir anticipando al resto para conseguir la bibliografía con tiempo para adaptarla”, cuenta. Hoy estudia Educación en la Universidad Nacional de Quilmes, con una biblioteca que tiene un servicio de adaptación de materiales.

Por su parte, Matías, quien hoy forma parte del staff de Tiflolibros, agrega que la dificultad para acceder a ciertos textos “es una desventaja en el campo laboral, una barrera que atenta contra la productividad”.

También cuenta una anécdota: hace 2 años, perdió un semestre en Inglés en el Centro Universitario de Idiomas de la UBA, donde le habían dicho con antelación que contaban con un aula virtual accesible. “Luego me di cuenta de que las clases no transcurrían en ese aula, y yo no podía cursar a la par de mis compañeros sin esos recursos”. Finalmente, tras explicar la situación, el CUI, en un trabajo conjunto con Tiflolibros y la editorial Pearson, comenzó a generar material accesible.

El caso de Uruguay

Uruguay es uno de los tres países de América Latina que implementaron el Tratado de Marrakech. El cambio legislativo necesario para esto fue precedido (y motivado) por el proyecto Biblioteca Digital y Accesible (BIDYA), llevado adelante por Unión Nacional de Ciegos del Uruguay (UNCU) y la Universidad de la República (UDELAR). Este consistió en la producción de textos para personas con discapacidad visual, primero para enseñanza primaria y media (unos 500) y luego para la Facultad de Psicología.

Patricia Díaz, abogada y una de las impulsoras del proyecto, aclara que se trata de un proceso: “Lo legal es un 1%, un puntapié inicial. También se necesitan muchos recursos y personas que sepan de accesibilidad”.

Fabián Pérez y Mauro Sghezzi, ambos ciegos y graduados de Psicología, proveyeron gran parte del material accesible y enseñaron a producirlo.

“Uno de los libros que tenía que leer sí o sí estaba rayado en todas las versiones que conseguía y no se podía adaptar. Mi madre tuvo que ponerse a corregirlo en la computadora durante varios días”, recuerda Mauro, de 32 años y ciego desde los 15.

El psicólogo cuenta que todo se complicó en el 4° año de su carrera: intervinieron la fotocopiadora que usaba para escanear libros por una acusación de plagio. Los demás locales se negaron a ayudarlo, por temor a una denuncia similar. 

La legislación actual le hubiese ahorrado varias complicaciones.

Videolibros

Silvana Bonnet es responsable de Comunicación en la Asociación Civil Canales, que produce material accesible en Lengua de Señas Argentina para personas sordas.

Según datos extraoficiales, se estima que el 80% de las personas sordas escolarizadas son analfabetos funcionales, es decir, que pueden leer o escribir pero no con el grado de comprensión que les permita valerse de estas capacidades en la vida diaria. Pedagógicamente se recomienda que un niño sordo aprenda la Lengua de Señas Argentina como primera lengua. Pero entre el 90 y el 95% de personas sordas viven con familiares que son oyentes y desconocen la lengua de señas . En este contexto, el principal proyecto de Canales es la producción de videolibros: libros en video contados en lenguas de señas.

Julia Valmarrosa, parte de Canales y de la Confederación Argentina de Sordos, señala que contar con videolibros permite a un niño sordo “ser independiente, autónomo y encontrar el camino hacia su futura profesión”, además de facilitar su comprensión del español.

En la imagen se ve a una mujer mayor junto a una chica con hipoacusia accediendo a un videolibro en su primera lengua: la Lengua de Señas Argentina. / Foto: Canales Asociación Civil
En la imagen se ve a una mujer mayor junto a una chica con hipoacusia accediendo a un videolibro en su primera lengua: la Lengua de Señas Argentina. / Foto: Canales Asociación Civil

La implementación del tratado de Marrakech permitiría al proyecto –que hoy ofrece gratuitamente 60 videolibros y tiene 4.100 usuarios registrados– acceder “a la gran videoteca” de otros países. Pero, además, aceitaría el proceso de pedir derechos de autor, que puede ser engorroso. En algunos casos los derechos de autor de una obra los tienen editoriales distintas en los distintos países.

Además, Bonnet aclara que “muchos docentes filman sus propios videolibros y podrían compartirlos y difundirlos abiertamente con la implementación del tratado”.

Silvana también destaca que, sin videolibros, muchas personas sordas nunca podrían acceder a ciertos materiales, como cuentos clásicos. “Estábamos en una reunión de adultos mayores sordos, de 65 años y más, hablábamos de cuentos clásicos, que uno supone que todos conocen cómo terminan. En un momento, una codea a otra y le dice: ‘¿Viste? Te dije que se iba a casar’”.

Lectura fácil

Otro tipo de material accesible es la “lectura fácil”, a cuya producción se dedica la organización Lengua Franca. “Es un modo de escribir que opera sobre la lengua, sus contenidos y formas y facilita la comprensión lectora, tanto para personas con discapacidad intelectual como para quienes están aprendiendo una lengua, por ejemplo, niños migrantes”, explica Analía Gutiérrez, su directora.

“Uff, esto sí se entiende”, suelen decir con alivio los usuarios de estos materiales tras leer algunas oraciones.

Gutiérrez explica que “la solicitud de derechos es una instancia bastante trabajosa” y que el tiempo que demanda es variable. “En ocasiones hemos pagado derechos de autor. Otras veces estuvimos un año detrás de la persona que tenía los derechos para recibir un ‘no’”.

Las respuestas negativas o dilatorias pueden radicar en la naturaleza de esta adaptación: implican un cambio en el modo de contar, no en la lengua o el soporte.

Lengua Franca se encuentra produciendo el cuarto libro de la serie Cinco Cuentos, con obras de autores como Jorge Luis Borges, Roberto Arlt u Horacio Quiroga.

En general, a las personas con discapacidad intelectual se les da cuentos infantiles. A Analía le han dicho que quieren leer libros para adultos. Tener una discapacidad, al fin y al cabo, no debiera ser un impedimento para acceder a cualquier tipo de lectura.

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