El 26 de mayo pasado, un hombre fue condenado a seis meses de prisión en suspenso por haber generado un incendio forestal en la localidad de Mercedes, provincia de Corrientes, en el marco de los catastróficos incendios que hubo en esa provincia y que afectaron a más de 930 mil hectáreas y más del 15% de los Esteros del Iberá.
El caso es bastante particular, si se considera que en el país es prácticamente nula la gente que recibe una condena por cometer un delito contra el ambiente. Los delitos ambientales no están tipificados en el Código Penal y muchos de estos crímenes, perpetrados mayoritariamente por empresas, permanecen impunes.
Ocurre que en el país sólo se puede juzgar penalmente un incendio forestal, por ejemplo, si generó daños a una propiedad o a personas, pero el impacto sobre el ambiente no es considerado en sí mismo: eso hace que hoy sea mucho más gravoso penalmente romper una ventanilla del auto que quemar un millón de hectáreas de bosques nativos.
Sobre este tema emergen varias dudas:
- ¿Cómo se juzga un delito ambiental?
- ¿Se debería incluir la figura del delito ambiental en el Código Penal?
- ¿Cuáles son los delitos ambientales más comunes en el país?
- ¿Cómo pueden evolucionar las 51 causas judiciales que existen por los incendios en Corrientes?
Para analizar este tema y contestar a esas interrogantes, hablamos con Enrique Viale, fundador de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas, y Andrés Nápoli, director Ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, año a año se pierde casi un 1% de los bosques del país, lo que habla de una de las tasas de deforestación más altas de América del Sur. Estamos entre los 10 países que más desmontaron en las últimas tres décadas, perdiendo cerca de 8 millones de hectáreas de bosques.
El 80% de la deforestación se concentra en cuatro provincias: Santiago del Estero, Salta, Formosa y Chaco. En 2020, el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, habló de la necesidad de modificar la llamada ley de Bosques para que el desmonte sea considerado un delito penal.
El desmonte y la deforestación, además de afectar la calidad del aire, la biodiversidad, desestabilizar ecosistemas y tantas otras consecuencias, como por ejemplo favorecer a que seres humanos entren en contacto con poblaciones de fauna silvestre portadoras de virus, lo que puede llevar a desarrollar enfermedades zoonóticas.
La pesca y la caza ilegal son algo cotidiano. La explotación minera indiscriminada implica, además de dañar recursos naturales, la utilización de sustancias tóxicas, nocivas para las personas y el ambiente.
Y si hablamos de incendios, solo en los primeros dos meses de 2022, los incendios forestales arrasaron un millón de hectáreas en el país. Mientras que los niveles de contaminación con CO2 o generación de residuos de las empresas no son debidamente controlados o monitoreados, y menos sancionados.
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