Ciudades enteras en cuarentena. Pánico en los mercados financieros. En los almacenes, estanterías vacías. Hospitales sin camas suficientes. El mundo ha ingresado a una realidad que nunca conoció excepto en tiempos de guerra.
Las autoridades esperan que el aislamiento social obligatorio logrará frenar, y luego revertir, el ritmo de propagación de la COVID 19. Pero ni la cuarentena por sí sola, ni una explosión de creación monetaria, detendrán la pandemia o salvarán la economía. Necesitamos una intervención pública, pero muchas de las propuestas actuales parecen erradas (y algunas, totalmente). Otras van en la dirección correcta pero son demasiado parciales.
La posibilidad misma de que millones de personas mueran a la par de una paralización de la economía justifica ampliar sustancialmente la magnitud y el alcance de la acción gubernamental. Esta acción debe verse como una forma inédita de póliza de seguro por duración limitada contra riesgos sistémicos, con el objetivo de proteger nuestras vidas y medios de subsistencia. En vista del valor absoluto que damos a ambas cosas, la ciudadanía y los gobiernos deben estar dispuestos a pagar por esa póliza lo que tal vez parezca una prima extraordinariamente alta.
El necesario seguro sistémico demanda un esfuerzo liderado por los gobiernos en cuatro áreas principales:
- Apoyar a las empresas que no estén directamente implicadas en el combate a la crisis, para que puedan seguir proveyendo bienes y servicios esenciales.
- Garantizar que la población tenga medios suficientes para comprar esos bienes y servicios.
- Crear un mecanismo financiero para ayudar a los que no puedan cumplir con el pago de hipotecas y otras obligaciones; esto mitigará los riesgos catastróficos que se ciernen sobre el sector financiero.
Esta idea de seguro sistémico es mucho más amplia que las propuestas actuales que hablan de gastar billones de dólares, fondos que en buena medida se destinarán a iniciativas que hacen un mal diagnóstico de la crisis, ya que la consideran una cuestión de falta de demanda agregada o resultado de un shock de oferta común y corriente. Además, se están dedicando sumas sustanciales a programas de rescate sin supeditar los fondos explícitamente a que las empresas receptoras participen en el combate a la crisis sanitaria y a sus consecuencias económicas.
De modo que ahora que funcionarios de todo el mundo analizan desembolsar grandes sumas para combatir la crisis de la COVID 19, lo primero que tenemos que preguntarnos es si las políticas que están en estudio ofrecen una protección adecuada contra la multiplicación de riesgos sistémicos. Los criterios son sencillos:
- ¿El gasto público se está apuntando milimétricamente a superar la crisis sanitaria?
- ¿El paquete de rescate económico es suficiente para sostener el bienestar de la población?
Comenzando por el segundo criterio, la inyección por parte del Estado de transferencias directas en efectivo («arrojar dinero desde el helicóptero») para mantener a la población a flote debe ser recurrente, no uno o dos pagos por única vez como se está diciendo ahora. Una ampliación de las prestaciones por desempleo, sumada a una flexibilización de los requisitos para acceder a vales de comida y otros pagos similares, también facilitará a la población el pago de bienes y servicios esenciales.
Las políticas orientadas a estimular el empleo, por ejemplo las rebajas en impuestos corporativos o aportes patronales que proponen los senadores republicanos en Estados Unidos, no ayudarán a combatir la pandemia y sus consecuencias para el suministro de bienes y servicios. Empleados enfermos o que pueden estarlo, y que son por tanto un riesgo para los demás, no podrán mantener la producción de esos bienes y servicios.
Hoy está muy claro que hay un tipo inédito de escasez de oferta: escasez de equipos y establecimientos médicos. Igual de claro es que las políticas en estudio en Estados Unidos (que en su mayoría dependen de una reasignación voluntaria de la capacidad industrial instalada a la fabricación de insumos necesarios para la crisis) son tremendamente insuficientes para cubrir el creciente faltante.
Por ejemplo, reequipar las fábricas para que produzcan respiradores para los pacientes y equipos de protección para el personal médico lleva tiempo. De modo que es imprescindible amplificar esas medidas sin demora. Además, el reacondicionamiento mencionado demanda compromisos financieros sustanciales, difíciles de hacer en el contexto de una economía que se derrumba.
A fin de reasignar la capacidad instalada, los gobiernos deben poner como condición para proveer ayuda a empresas privadas que estas se comprometan a producir equipos vitales (de cuya definición se encargará un comité de expertos médicos) y a seguir pagando salarios razonables. Para evitar aumentos abusivos de precios de los suministros médicos, estos deberán fijarse en los niveles anteriores a la crisis.
Esta condicionalidad no debe aplicarse solamente a las empresas que fabriquen equipos. La asignación de fondos públicos basada en la idea de seguro sistémico demanda que la entrega de ayudas a grandes empresas del sector servicios, por ejemplo aerolíneas y cadenas hoteleras, esté supeditada a que reasignen sus activos a la lucha contra la pandemia.
En vez de tener a las aerolíneas esperando a que se reanude el tráfico de pasajeros, hay que proveerles fondos para que reacondicionen los aviones para el transporte de equipos y suministros médicos o el traslado de pacientes enfermos a lugares con capacidad para atenderlos. Del mismo modo, las cadenas hoteleras sólo deben recibir ayuda del gobierno si aceptan convertir los hoteles en hospitales temporales.
Además de reasignar la capacidad instalada, la idea del seguro sistémico exige que las empresas receptoras de ayudas sigan pagando a sus empleados salarios adecuados. No se debe permitir que las ayudas terminen siendo usadas para aumentar salarios de ejecutivos, recomprar acciones o pagar dividendos.
Lo inédito del seguro sistémico es que demanda no solamente gasto público (que puede considerarse la parte dineraria de la prima) sino también una intervención estatal a gran escala en el modo de producción y distribución de bienes y servicios, de una magnitud que supera con creces incluso a la de la movilización para la Segunda Guerra Mundial (un símil que se menciona con frecuencia).
Pero esta reorganización de la economía plantea otras dificultades además de las operativas, especialmente en Estados Unidos, donde históricamente ha habido una limitación estricta de la intervención estatal directa en las actividades productivas. Si bien en las economías modernas hay muchas formas de intervención estatal, ideas arraigadas respecto del equilibrio que debe haber entre el Estado y el mercado están obstaculizando una respuesta adecuada a la crisis.
Hasta ahora, el presidente Donald Trump y los funcionarios estadounidenses optaron por medidas parciales, especialmente en lo que implicara asignar al Estado un papel de dirección (y de hecho, reorganización) sobre el sector privado. Como creen instintivamente en que el mercado y la iniciativa privada son superiores en todas las circunstancias, rechazan la idea de una intervención pública de la escala necesaria para salvar nuestras vidas y medios de subsistencia.
La persistencia de dogmas sobre el papel adecuado del Estado no debe obstaculizar la mitigación de los graves riesgos sistémicos que enfrentamos. Pero el pobre historial de los gobiernos en la lucha contra otra amenaza existencial (el cambio climático) no inspira optimismo.
Roman Frydman, profesor de economía en la Universidad de Nueva York, es coautor de Imperfect Knowledge Economics y Beyond Mechanical Markets (Princeton University Press). Edmund S. Phelps, premio Nobel 2006 en Economía, es el director del Centro sobre Capitalismo y Sociedad de la Universidad de Columbia y autor de Rewarding Work.
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