“Hicimos un estudio sobre el problema al que queremos darle solución y lo más importante fue ofrecer una posibilidad de mejora a un sector de la población sumamente vulnerable. Crear un puesto de trabajo impacta no solo en la vida personal de cada uno de los integrantes de la empresa, sino también en sus entornos. Muchos de ellos son jefes de familia y esto influye directamente en ellas, mejora los vínculos y genera una fuente de ingresos.
La mayor parte de los sueldos llegan a sus parejas o familias y el empleado tiene la opción de autorizarlas a cobrarlo”. Quien habla es Gastón Alejandro Narvarte Seara. Este psicólogo argentino de 43 años vive en Montevideo hace trece. Es uno de los dos directores y cofundadores de Inclusión Social Generadora (ISG) y está a cargo de la atención terapéutica del equipo de trabajo de este emprendimiento que genera empleo dentro de unidades penitenciarias.
El proyecto nació en 2014 mediante el primer convenio con el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), responsable de las cárceles bajo la órbita del Ministerio del Interior del Uruguay. Hoy la empresa emplea a 30 personas privadas de su libertad dentro del polo industrial de la unidad penitenciaria número 4 Santiago Vázquez (ex-Comcar), la cárcel de hombres más grande de Montevideo, donde actualmente hay una población de 4.200 personas.
ISG es un negocio inclusivo que busca ser una iniciativa rentable, social y ambientalmente responsable y construir y fortalecer capital social. La empresa trabaja con personas recluidas en el centro penitenciario para mejorar su autoestima, la percepción que tienen del mundo que los rodea, sus habilidades de autorregulación emocional y de efectividad interpersonal. Y en la dimensión social, es una herramienta para aportar ingresos, capital social y visión de futuro en la inserción o reinserción en la sociedad.
El polo industrial incluye una comunidad educativa, pero básicamente están el ISG y proyectos públicos que tienen que ver con la construcción de insumos para las cárceles, la fabricación de escobas, cacerolas, manufactura en metal, en hierro y una panadería. Hubo, también, un proyecto de reparación de bancos para el sistema educativo.
El emprendimiento de ISG se divide en dos unidades de negocios. Un aserradero donde se fabrican pallets de madera, con puestos de aprendices, encargados y personal administrativo y un minimercado que contribuye con sus ganancias a la Asociación de Familiares y Víctimas de la Delincuencia (Asfavide), con la que ISG trabaja para integrar y asistir desde ángulos diversos la misma problemática, con la premisa de que siempre hay más víctimas que victimarios.
El minimercado también apunta a aliviar la carga que tienen las familias en su visita semanal a sus seres queridos y minimizar el manipuleo del personal de seguridad sobre los alimentos de los internos. A su vez, genera un espacio de compra para las personas a las que, siguiendo el principio de normalización, ayuda a minimizar las diferencias existentes entre el entorno penitenciario y la vida exterior. En los días de visita, la gente, por ejemplo, va con sus familiares a comer una milanesa con papas fritas al minimercado.
“En 2014 arrancamos formalmente con el aserradero. El 99 % de los trabajadores son personas privadas de su libertad que pasan por un seguimiento y evaluación e ingresan a esta empresa privada, que en este momento es la única en el ex-Comcar”, explica Pablo González, uruguayo también de 43 años, el otro director y cofundador de ISG. “A los pocos años nos habilitaron el proyecto del minimercado dentro de la cárcel que también es manejado por personas privadas de la libertad y es donde estoy todo el tiempo, trabajando con ellos. Entre el aserradero y el minimercado, tenemos una población de 30 personas que trabajan de manera formal, como si estuvieran en la calle, con el mismo salario, aportes y bancarizados”, dice.
La salud mental como motor
Desde el punto de vista emocional, la empresa brinda asistencia terapéutica regular para todos sus empleados, un aspecto fundamental para concretar sus objetivos inclusivos.
“Se hace en distintas modalidades. Una es la grupal que es una vez por semana y de asistencia voluntaria”, explica Narvarte. Estos grupos apuntan a fomentar el desarrollo personal y del equipo de trabajo, para mejorar competencias y habilidades como la autorregulación emocional, la efectividad interpersonal, la solución de conflictos y la atención plena. “También tenemos dos modalidades individuales: una es de atención del emergente, que aborda una situación conflictiva puntual, y otra es la asistencia clásica de proceso terapéutico. Ahí, algunos deciden emprender un proceso terapéutico semanal, que según la problemática puede durar unos meses o un par de años”, explica Narvarte.
Para muchas de las personas que pasaron por la empresa, ISG representa más que una solución. “Yo estaba en una etapa en la que la vida no me valía nada, sinceramente. Pensé que era solo entrar a ISG y trabajar. Poder comprar mi comida, ayudar a mi familia. Pero no era solo eso. No era solo tener un peso en el bolsillo o un plato de comida en la mesa o ayudar a tu familia. Era algo mucho más importante: cómo salir, enfrentar la realidad y poder seguir adelante. Gracias al apoyo psicológico fui encontrando la salida para mí y para toda mi familia. Encontré un sentido nuevo en todo”, Daniel Guevara de 32 años, que fue empleado de ISG mientras estuvo en el penal y ahora está en libertad.
Una solución inclusiva
La idea de ISG surge en 2013 en un contexto en el que el Gobierno uruguayo necesitaba implementar políticas de rehabilitación en las cárceles. “La situación estaba bastante complicada, con cuestiones de hacinamiento y reincidencia, entre otras”, sintetiza Narvarte.
En aquel momento, según el Censo Nacional de Reclusos del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República, hecho en 2010, casi el 70 % de la población privada de libertad alcanzaba solo un nivel primario de educación y el 2,1 % tenía estudios terciarios. El 20,4 % provenía de asentamientos y más de la mitad no tenía un trabajo fijo con salario antes de su reclusión. La población carcelaria era mayoritariamente masculina, casi el 92 %. Entre los reclusos había un peso importante de los jóvenes: el 35 % tenía entre 18 y 25 años y el 34,5 %, entre 26 y 35. Solo un 4 % tenía más de 55 años. Más de la mitad eran personas reincidentes en el delito. La mayor parte tenía familiares o amigos con antecedentes penales y durante su niñez había vivido en entornos familiares con interacciones violentas.
Otras fuentes especializadas daban cuenta de que quienes tenían varias entradas a la cárcel habían tenido poco acceso a oportunidades laborales o si tenían trabajo, las condiciones eran muy malas. También, que en los perfiles de las personas privadas de libertad predominaba una baja autoestima que generaba una conducta con altos niveles de violencia en pos de la autoprotección.
Por último, que el bajo nivel educativo de la población carcelaria implicaba grandes dificultades para desarrollar el área verbal-lingüística y esto traía problemas en la comprensión y argumentación, por lo que la agresividad e impulsividad se transformaban en las vías para afrontar conflictos.
“En este contexto, algunas autoridades pensaron que era una buena idea hacer participar al sector privado en posibles soluciones. Principalmente con el tema del acceso al trabajo, ya que los estudios demostraban que genera muchos beneficios para el proceso de rehabilitación de las personas privadas de libertad. Ahí surgimos nosotros como parte de un proyecto macro que tenía que ver con la creación del polo industrial para que se instalaran empresas privadas y contrataran en su mayoría a personas privadas de libertad. Junto a mi socio decidimos diseñar un proyecto de negocio inclusivo y participar”, cuenta Narvarte.
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Beneficios reales
Generar un trabajo durante la reclusión trae beneficios que tienen que ver con paliar los efectos negativos que genera el estar privado de libertad. Además, el trabajo tiene funciones educativas y terapéuticas. Ayuda a que las personas incorporen conductas y hábitos que tienen que ver con su proceso de socialización.
El proyecto de ISG también colabora en normalizar la vida dentro del penal, y de esta manera evitar la multiplicación de conductas delictivas o agresivas. Ayuda a estructurar el tiempo y ganar autonomía.
“Además, hay un incremento de la seguridad sobre sí mismos en contraposición al desamparo y la vulnerabilidad. Hay generación de un capital positivo, que ayuda a que el individuo tenga perspectiva a futuro. Las personas pueden generar un ahorro y aprender un oficio. Esto da la posibilidad de que, el día mañana cuando salgan, se inserten o reinserten en el sistema laboral, porque están inscriptos como cualquier trabajador en relación de dependencia”, cuenta Narvarte.
El trabajo en equipo es un plus que ayuda a mejorar las relaciones sociales y evitar situaciones conflictivas que se generan todo el tiempo en la privación de libertad.
“Trabajo en mi emprendimiento de frutas y verduras, La Familia. También con un proyecto que formé estando en ISG con la leña: vendo todo lo que es recorte y tablas de pallet”, cuenta Daniel Guevara. “Descubrí que soy una persona muy capaz de proponerme cosas y a corto o a largo plazo lograrlas con mucha disciplina y trabajo. También me gusta mucho el fútbol”, agrega.
Para Daniel ingresar a ISG era una meta. Escribió, mandó solicitudes, dio los pasos necesarios. Con buena conducta y mucha confianza fue avanzando en las aplicaciones hasta que en 2015 pudo entrar y trabajó hasta fines de 2019, cuando salió en libertad.
“Arranqué en el aserradero limpiando aserrín. Me fui ganando mi lugar, armaba pallets y cajones. Con el correr de los años terminé de encargado del mantenimiento de las máquinas y del personal junto a otro compañero. Una cosa de no creer, cómo uno se propone las cosas y poco a poco va cumpliendo, ¿no? No es de un día para otro, claro que no”, sostiene.
Un modelo replicable con desafíos propios
El proyecto también tuvo un lavadero de autos. Era una unidad de negocios afuera del complejo penitenciario y trabajaban personas que ya habían recuperado su libertad. “Eso duró poco y creo que tiene que ver con los desafíos con los que solemos encontrarnos”, explican los fundadores. La mayoría de ellos tiene que ver, justamente, con la vida fuera del penal.
Este es un modelo replicable, aunque no se vean experiencias similares. Cuando ISG arrancó, en el polo industrial había otras dos empresas privadas que después se fueron. Trabajar en el contexto de la privación de la libertad tiene sus particularidades y no es para todos.
“Se necesita una visión bastante social, no es solo obtener ganancias sino hacer un negocio inclusivo. Si uno no contempla la dimensión social, termina haciendo agua”, explica Narvarte. Así que luego de que se fueron aquellas dos empresas, la única que quedó instalada en ese formato como emprendimiento privado en un centro penitenciario del Uruguay fue ISG.
Una de las mayores dificultades es no haber logrado aún un nexo con otras empresas privadas o con organismos estatales para que las personas puedan seguir trabajando cuando recuperan la libertad. Les cuesta mucho conseguir empleo y más a quienes tuvieron condenas muy largas. “Necesitamos concretar convenios de vacantes laborales apenas nuestros empleados recuperan su libertad. Experiencia ya tienen”, explican.
Otro desafío es lograr más oportunidades de capacitación, convenios y ayudas para lograr que las personas que van a trabajar en la empresa adquieran los conocimientos que necesitan para hacerlo. “Somos un proyecto chico en relación a la población de la cárcel y nuestro impacto se produce solo durante la privación de la libertad. Pero no tenemos ningún dispositivo que ayude —por lo menos en el primer tiempo— a favorecer la reinserción o que genere mejores entornos afuera”, amplía Narvarte.
“Somos pocos y eso genera mucho esfuerzo, el trabajo dentro del penal nos insume mucho tiempo que no logramos invertir en concretar convenios para el después y serían tan necesarios”.
Hasta ahora pasaron por ISG más de 150 personas privadas de su libertad. El 60 % de los empleados cuenta con un plan de ahorro de sueldo: un convenio con el banco, similar a un plazo fijo, para que todos los meses les debiten una cuota y esto genere un ahorro para el momento de recuperar su libertad. Desde 2014 quienes trabajan en este emprendimiento aportan el 10 % de su salario al Centro de Atención a las Víctimas de la Violencia y el Delito (la Ley N. ° 19.039 creó este aporte económico): lo descuenta la empresa y hace el pago al INR.
“Ojalá haya más oportunidades como esta. Como la que me dieron a mí y a muchos otros. Más allá de que ellos tengan su proyecto y sea su trabajo, es un emprendimiento que mejora todo a su alrededor. Es muy grande la mano que te ofrece. Sobre todo, psicológicamente. Eso en mi caso fue la herramienta fundamental para salir adelante”, concluye Guevara.
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Esta nota forma parte de la plataforma Soluciones para América Latina, una alianza entre INFOBAE y RED/ACCIÓN, y fue publicada originalmente el 15 de agosto de 2022.
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