Cómo se reguló la prostitución en Uruguay | RED/ACCIÓN

Cómo se regula el trabajo sexual en Uruguay y qué puede aportar al debate argentino

Mientras en nuestro país la puja entre regulacionistas y abolicionistas no se zanja, desde 2002, del otro lado del charco existe una ley que reconoce la actividad y asegura derechos a quienes la ejercen. En esta nota referentes del tema cuentan los avances en la experiencia uruguaya a partir de esta norma y las actualizaciones que urge implementar.

Ilustración: Pablo Domrose

“A partir de hoy, 29 de Noviembre de 2017, te estoy invitando a reducir tu lectura de los materiales de estudio que definen a la prostitución y cambiarlos por un charla con cualquiera de las personas que la ejercemos, porque cada una de nosotras tiene su propia teoría vivencial y ninguna de nuestras teorías están escritas en los textos que consultas”.

Así inicia un capítulo de su libro, El ser detrás de una vagina productiva, Karina Núñez: trabajadora sexual uruguaya, activista contra la trata de personas, la explotación sexual de niños, niñas y adolescentes y defensora de los derechos de las mujeres y de la diversidad sexual —aunque en una entrevista advierte que esta denominación responde a la mera costumbre de ponerle etiquetas a todo: “Los que ponen ‘activista’ son ustedes. Yo soy Karina”—. La obra, que incluye sus experiencias y las de otras 300 mujeres cis y trans, es una muestra de las realidades que viven las trabajadoras sexuales uruguayas. Un oficio que si bien allí está regulado desde 2002, sigue expuesto a múltiples vulneraciones.

A diferencia de nuestro vecino cruzando el charco, en Argentina las trabajadoras sexuales siguen ejerciendo en un terreno confuso a nivel legal: sin prohibición ni regulación. Y la cinchada entre abolicionistas —quienes piensan que el trabajo sexual no es una elección y que quienes lo ejercen son víctimas de proxenetas y redes de trata por tanto debe prohibirse— y regulacionistas —quienes creen que muchas trabajadoras sí escogen libremente ese oficio, que es uno como cualquier otro, y por tanto debe ser regulado—, parece no tener fin. En ese sentido, quizás el caso uruguayo y su lucha actual, con una postura intermedia que contempla a todas las trabajadoras, pueda ser tomado como ejemplo.

Una conversación con trabajadoras sexuales: “Queremos acceder a una jubilación”

Karina Núñez tiene 46 años, es de Fray Bentos, y dice cosas como: “Yo desde los 12 años que ando en la vuelta” o “yo me he domesticado un poco ahora”. Y dice, por las mujeres gracias a las que empezó su lucha, algo que se parece al título de su libro: “Ellas vieron en mí el ser humano más allá de la profesión, y no me cuestionaron por qué estaba ahí, me guiaron y acompañaron en el proceso de visibilización por fuera de esa estructura de opresión”.  

Ella pelea por una actualización de la ley que regula su oficio.

Foto del libro El ser detrás de una vagina productiva, publicado en 2017.

La ley que supieron conseguir

La Ley 17.515 de Trabajo Sexual del Gobierno uruguayo intentó poner un marco normativo al oficio más antiguo —y quizás en el que se cometen más abusos— de la humanidad. Entre otras cosas, esta medida creó un Registro Nacional del Trabajo Sexual en el que aquellas personas que lo ejercen deben anotarse y completar formularios, presentar análisis y estudios que acrediten que están libres de enfermedades de transmisión sexual para recibir, luego, un carné habilitante. Y, desde 2010, todas las trabajadoras sexuales registradas y habilitadas realizan aportes para su jubilación.

Sin embargo, la ley tiene varios agujeros que, a casi dos décadas de haber sido sancionada, las trabajadoras reclaman enmendar con urgencia. Es por eso que Núñez, el 1° de mayo de 2018, hizo una convocatoria en sus redes sociales invitando a sus compañeras a sumarse a luchar para modificar la ley. Así nació la Organización de Trabajadoras Sexuales (O.TRA.S), desde donde están reclamando reformas en la normativa. 

“Cuando las compañeras de la Asociación de Meretrices Profesionales del Uruguay (AMEPU) empezaron a escribir la ley, estábamos saliendo de la dictadura cívico militar que duró de 1972 a 1985. En ese entonces las compañeras eran encarceladas por el simple hecho de ser trabajadoras sexuales. De ahí a que consiguieron llevarla al parlamento pasaron algunos años”, cuenta Núñez.

Y explica que un logro que obtuvieron con la aplicación de la norma en aquel contexto histórico fue, justamente, que dejaran de detenerlas por ejercer el trabajo sexual. “Y, en el auge de la pandemia del VIH, a las compañeras se les dio la herramienta que sigue siendo la única real para la prevención del virus, que son los preservativos. Hasta entonces los tenían solo las personas que podían comprárselos”, dice.

La trabajadora social uruguaya, investigadora y docente feminista, Andrea Tuana, quien también dirige la Asociación Civil El Paso, que lucha contra el abuso y la explotación sexual de niños, niñas, adolescentes y mujeres y contra la violencia de género, señala que la ley marcó un punto de inflexión cuando fue sancionada: “Fue importante para reconocer la realidad de las trabajadoras sexuales en cuanto a la existencia de un oficio que socialmente era considerado como una práctica abyecta, necesaria pero indeseable. Y quienes ofertaban servicios para esa práctica eran personas totalmente estigmatizadas, excluidas, invisibilizadas, no dignas de que la sociedad se ocupe de ellas”. 

“Partíamos de un piso —continúa— en el que a las mujeres en ejercicio o en condición de prostitución se les podía hacer cualquier cosa. Entonces, la ley, lo que pretendió fue lograr un reconocimiento de esa práctica e intentar colocar un mínimo de marco regulatorio. Mínimo: ‘Señor, usted no puede hacer cualquier cosa, no puede violar a una trabajadora sexual’, más allá de que eso siempre estuvo penalizado, pero obviamente nadie lo tomaba en cuenta. Así llegamos a esa ley que tenemos hoy”. 

El periodista y escritor uruguayo César Bianchi (que en 2008 publicó Mujeres bonitas, una investigación con 14 historias de vida de prostitutas uruguayas) coincide en que la ley tuvo bondades como “poner el tema en el tapete y darles visibilidad [a las trabajadoras]; que haya un registro de trabajadoras sexuales y que el Ministerio de Salud Pública esté encima de su salud y les den las herramientas de trabajo. Que deje de ser un tema tabú y que por fin puedan empezar a aportar para su jubilación”. Aunque señala, “que eso llega tardísimo”. Y que la norma tiene “puntos negros bastante claros”. 

¿Puntos fuertes? de la ley

El hecho de que aquellas trabajadoras registradas tengan un carnet o libreta habilitante y para obtenerlo deban hacerse controles médicos que les garanticen un buen estado de salud, aunque se lee como una medida progresista, es un punto ambiguo según explican las referentes y el periodista.  

“La ley tiene una regulación epidemiológica, jurídica y punitivista, porque si no cumplen determinados requisitos son castigadas o multadas —dice Bianchi—. Por ejemplo: hasta 2015, si vivían en alguna localidad del país y querían ir a trabajar a otra pero no avisaban que se iban a mudar, podían ser detenidas. Eso muestra las falencias de la norma porque si una trabajadora tenía la necesidad de ir a otro lado porque le dijeron que había más trabajo y no avisaba a la comisaría o daba cuenta de que se había mudado podía ir presa”.

Karina Núñez.

“También está el aspecto sanitario —agrega—: cada 6 meses en Montevideo y una vez por mes en el interior, tienen que ir al médico y sacarse sangre y regularizar el carnet de salud para descartar que no tengas sífilis, VIH, ni ninguna enfermedad que se transmita por el ejercicio de su trabajo. No les queda claro ni les convence la distinción de la capital con el interior”.

Además de esto, explica que la ley actual indica que las trabajadoras sexuales solo pueden ejercer en espacios habilitados por el Ministerio del Interior o las intendencias, esto las limita a ofrecer servicios o emplearse en whiskerías y casas de masajes, que son, explicarán Núñez y Tuana, negocios cooptados por proxenetas que terminan explotándolas. La norma no les permite trabajar en las calles, rutas o plazas. Lo que les quita autonomía y, en muchos casos, las devuelve a la clandestinidad.

“Creo que demasiados requisitos hacen que terminen trabajando en negro —opina Bianchi— . Si bien no les conviene porque no aportan para su jubilación, al no registrarse no son revisadas constantemente ni están bajo la lupa del Ministerio del Interior, del Ministerio de Salud Pública, o de las intendencias”.

Por estos motivos, en algunos casos, y por desconocimiento de la existencia de la ley y sus herramientas, en otros, muchas de las trabajadoras sexuales no se registran ni obtienen el carnet habilitante.

Aún con sus falencias, para Andrea Tuana registrarse implica cierto respaldo estatal: “Tener la libreta las coloca en un carril que indica que existe una legislación. Quienes no la tienen siguen quedando en ese otro lugar que es el no lugar en definitiva, es el lugar del desprecio, del estigma. Que no digo que las que tienen libreta no lo sufran, pero me parece que ahí hay una sensación de que existe un Estado que está respaldando esta actividad”, dice. 

Y sigue: “Lo que sucede es que el tipo de exigencias que genera son totalmente desproporcionadas. Son exigencias para las trabajadoras sexuales y no para los clientes. El fuerte de esta ley es lo sanitario y la seguridad, porque es el Ministerio del Interior, es la Policía, la que regula la actividad, y no el Ministerio de Trabajo. Y lo sanitarista porque obligan a las trabajadoras a hacerse determinados exámenes en los que no interesa su salud integral y sus derechos a la salud sexual, si no que no estén esparciendo enfermedades. Esta es de las críticas más fuertes que le hacemos a la ley”.

Karina Nuñez, respecto a esto, añade: “Para ellos [los médicos] nosotras no somos sujetas que merecemos ser cuidadas”. 

Otro punto ambiguo, explican, es el de la seguridad social, porque si bien desde 2010 las trabajadoras pueden aportar para su jubilación, la ley no es retroactiva, con lo cual una trabajadora sexual de 60 o 70 años solo lleva aportando una década, mientras tiene quizás otros 40 años de trabajo que no le son reconocidos.  

Las demandas de actualización solicitadas

“Básicamente queremos que la ley empiece a tener en cuenta las necesidades de las mujeres en esta época. Las reivindicaciones que tienen el común de las mujeres de cualquier tipo de profesión están mucho más avanzadas que las nuestras, entonces pedimos que se nos equipare. Por ejemplo: no puede ser que nosotras quedemos con un prontuario prostitutivo de por vida como si fuéramos delincuentes”.

Núñez se refiere al Registro de Trabajo Sexual. Explica que al ser incluida allí, como está bajo la órbita del Ministerio del Interior, cada vez que debe hacer algún trámite cotidiano lo primero que salta a un lado de su cédula es que es trabajadora sexual. Y que ese registro, no caduca nunca, aunque ya no se esté en ejercicio sigue apareciendo como si fuese un antecedente penal condenatorio. Por este motivo, una de las cosas que piden es que la regulación de la actividad pase al Ministerio de Trabajo, como cualquier otro tipo de profesión.    

También piden autonomía para trabajar, que no sea necesario notificar a la policía cada vez que se van a otra localidad. Según Nuñez, en un principio, esta exigencia estaba dada para que el Estado, al saber constantemente dónde estaba cada trabajadora, pudiera combatir la trata de personas. Pero dice que no funciona. 

Otra de las demandas es que se elimine la cláusula que las liga únicamente a whiskerías, bares y prostíbulos.

Andrea Tuana completa, respecto a este punto, que estos espacios “funcionan como si fuesen empresas autónomas que no tienen nada que ver con las trabajadoras sexuales pero en realidad sus dueños son empresarios que las explotan y se manejan como los dueños de sus vidas”. “Entonces queremos que esta ley promueva posibilidades de autogestión — dice— , de arreglos colectivos entre ellas, que genere alternativas para aquellas mujeres que deseen salir del ejercicio prostitucional. Pero alternativas de verdad. Que realmente sea una posibilidad la salida”, enfatiza. 

También piden que el Estado les brinde capacitaciones laborales para que aquellas que deseen dejar el trabajo sexual puedan hacerlo —según el Diagnóstico sobre Trabajo Sexual en Montevideo, el 92% de las mujeres que lo ejerce afirmó que quería dedicarse a otra cosa—; que se generen derechos como licencia por maternidad, por enfermedad; y distintas prestaciones sociales para ellas, sus hijos e hijas. “Para prevenir lo que sucedió con la pandemia, en la que quedaron totalmente colgadas de un hilo, cuando ni siquiera fueron reconocidas por la seguridad social del país. Ni las que no tenían libreta ni las que tenían”, dice Tuana. 

Demandan también una amnistía tributaria para aquellas trabajadoras que aún con 65 años están todavía ejerciendo la profesión. “Porque si no, las compañeras tienen que pagar millones de pesos al Banco de Previsión Social (BPS) —es el instituto de seguridad social estatal de Uruguay— para que comience a pagarles una pensión. O sino quedarse con más de 70 años viviendo en las whiskerías porque no tienen con qué pagarse un alquiler”, dice Núñez. 

Ni abolicionismo ni regulacionismo: reduccionismo

“Si reducimos el tiempo en que las compañeras se encuentran en éstas prácticas reduciremos las posibilidades de que lo naturalicen a sus generaciones siguientes y les sacamos la carne del cañón a los solicitantes de servicios sexuales que no son clientes y a los dueños de los locales de oferta de servicios que el Estado ampara actualmente con la Ley 17.515”, sigue Karina en el capítulo de su libro en el que explica el reduccionismo. 

“No nos concentramos en por qué llega esa mujer al trabajo sexual si no en que no esté mucho tiempo ahí. Porque eso va a ayudar a que no lo naturalice y a que no generen cadenas prostitutivas”, explica ahora al otro lado del teléfono. Reducir tiempo. Reducir daños. En eso se basa su postura. 

“Y es así porque a eso yo lo viví”, dice. Su bisabuela, su abuela y su madre fueron prostitutas. Sus hijas son las primeras en cortar la cadena. Una de ellas, de hecho, es la primera de su familia en ingresar a la universidad.

Núñez dice que está trabajando para no llegar a la vejez, como su madre y su abuela, en el ejercicio del trabajo sexual y concluye con una reflexión luminosa: “Si pudieras llegar en la mejor de las condiciones a hacer el trabajo en el que te sientas cómoda, bien, hacelo y rehacelo. Pero si llegás en las peores condiciones en un trabajo en el que no tenés otra alternativa más que hacerlo porque de eso depende tu día a día, no está bueno. Pero no está bueno si sos trabajadora sexual, si sos empleada metalúrgica, o escribana. Porque si bien el estigma nos pesa a nosotras, a las trabajadoras sexuales nos vulneran las mismas vulneraciones que al resto de las mujeres de bien”. 

Por eso busca una ley que dignifique, proteja y brinde mejores condiciones a quienes estén en el ejercicio del trabajo sexual y, a la vez, ofrezca herramientas para que, las que deseen dedicarse a otra cosa, puedan hacerlo lo más rápido posible. Una ley que las contemple a todas.

Es optimista respecto a que sus reclamos lleguen al parlamento y las modificaciones de la ley se debatan. Hace dos meses las recibió Beatriz Argimón, vicepresidenta uruguaya, en el Palacio Legislativo. Esto, asegura, sienta un precedente. Tienen fe que sus pedidos y reivindicaciones serán tratadas pronto. Hasta tanto, seguirá adelante: “Pa’ atrás ni pa’ tomar impulso”, dice. 

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