Que la escuela “no está preparada”. Que los y las docentes “no están formados para enseñar a estudiantes con discapacidad”. Que ya se completó el “cupo de discapacidad”. Estas son algunas de las excusas que padres y madres de niños y niñas con discapacidad escuchan regularmente al querer matricular a sus hijos e hijas en escuelas comunes. Todo pese a que el derecho a estudiar en aulas convencionales está garantizado por la legislación argentina.
Aunque el fenómeno ocurre tanto en escuelas públicas como privadas, es más notorio en este último caso. “Ahí los mecanismos de inscripción son más discrecionales y esto profundiza la discriminación”, cuenta Agostina Quiroz, abogada del programa Derechos de las Personas con Discapacidad de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ). “Así vimos como muchas familias debían recorrer muchas escuelas (incluso 80 escuelas en algunos casos) hasta que alguna les abriera las puertas”.
A raíz de esta situación, en el 2019, ACIJ, con el asesoramiento de la Clínica Jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Buenos Aires (UBA), impulsó una acción de amparo denunciando los rechazos de matriculación que enfrentan niños, niñas y adolescentes con discapacidad en las escuelas privadas de la Capital Federal. En el 2022 el Juzgado N° 6 en lo Contencioso Administrativo y Tributario de la CABA ordenó al Gobierno implementar una política pública para revertir el panorama. Ahora, el Ejecutivo porteño se comprometió a evitar y sancionar la exclusión escolar de las personas con discapacidad.
“Es algo histórico —analiza Quiroz—. Es la primera vez que una normativa obliga expresamente al Gobierno porteño a controlar a las escuelas de gestión privada en lo que respecta a la inclusión de estudiantes con discapacidad y a realizar acciones tendientes a evitar los rechazos por matriculación y rematriculación de estudiantes con discapacidad”.
En concreto, el Gobierno porteño se comprometió a:
- Acompañar a las personas con discapacidad y sus familias durante los procesos de inscripción en instituciones educativas de gestión privada.
- Orientar a las escuelas para que el proceso de matriculación se realice respetando el derecho a la educación inclusiva.
- Disponibilizar canales específicos, accesibles y eficaces para denunciar los rechazos de matriculación y rematriculación.
- Implementar un protocolo para gestionar dichas denuncias e imponer sanciones ante prácticas discriminatorias.
- Difundir el derecho a la educación inclusiva y los mecanismos para exigir su cumplimiento.
- Producir y publicar información que permita monitorear la efectividad de las acciones implementadas para garantizar el ingreso y la continuidad de las personas con discapacidad en las escuelas.
“En el acuerdo se establecen medidas muy detalladas y con plazos para su cumplimiento. Vamos a estar siguiendo su implementación y tenemos reuniones para esto”, apunta Quiroz. De todos modos, aclara que se trata solo de un primer paso en materia de inclusión. “Sostenemos que el camino es el fortalecimiento de las escuelas privadas y públicas. Si bien este compromiso es un primer paso, porque establece el control sobre los rechazos de matriculación, hay otros pasos pendientes para que el aprendizaje sea de calidad y la inclusión sea verdadera. Creemos que en ese sentido la ciudad debería avanzar”, agrega.
Asimismo, ilustra con el ejemplo de la provincia de La Pampa. Esta jurisdicción “ha adoptado un modelo inclusivo en el cual el alumnado con discapacidad elige en qué escuela estudiar. La principal transformación fue convertir las escuelas especiales en escuelas de apoyo a la inclusión para las escuelas comunes. Esto se acompañó con redefinir el rol de los y las docentes de apoyo, para que trabajen como pareja pedagógica junto al docente de grado para generar apoyos para todos y todas las estudiantes del aula, no solo el estudiantado con discapacidad.
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