Los desafíos del Estado para darle equidad al sistema de salud en la Argentina

El nuestro es un sistema extremadamente desigual y segmentado. Por ejemplo, el 20% más pobre tiene 15 veces menos cobertura que el 20% de mayores ingresos. Revertir esa injusticia no es fácil, especialmente con recursos limitados. Para discutir posibles soluciones se reunieron en Mendoza agentes del sector privado y público de la salud y abrieron el debate.

Por Iván Weissman

14 de septiembre de 2018

HospitalArg

“No se puede dejar un bien común en manos del mercado”. Así describe el problema que enfrenta el sistema de salud argentino Gabriel Novick, director médico corporativo de Swiss Medical.

En Argentina el derecho al acceso a la salud es universal. La Secretaría de Salud de la Nación lo describe como la capacidad de utilizar los servicios de salud sin que existan barreras administrativas, organizacionales, geográficas, financieras, culturales o de género.

Igual de importante que tener acceso a los servicios de salud es la cobertura efectiva que reciben los argentinos. Y eso implica la continuidad de atención, integralidad y la coordinación de cuidados con efectividad, equidad y calidad.

En Argentina, tanto el acceso como la cobertura es extremadamente desigual.

Algunos ejemplos

  • Argentina gasta el 10% del PBI en salud. Dos tercios corresponden al gasto público y de seguridad social y el otro tercio es inversión privada.
  • El sistema se financia a través de aportes de 6,8 millones de trabajadores a obras sociales provinciales; otros 15,1 millones a obras sociales nacionales; 5 millones de jubilados al PAMI; y 6 millones de personas que contratan prepagas.
  • El 20% más pobre tiene 15 veces menos cobertura que el 20% de mayores ingresos.
  • En la ciudad de Buenos Aires hay 10,2 médicos y 7,3 camas por cada 1.000 habitantes, frente a 1,2 y 1,1, respectivamente, para la provincia de Misiones.
  • Una provincia de altos ingresos gasta en salud casi 11 veces más que una de bajos ingresos ($ 3.200 contra $ 300).
  • La tasa de mortalidad infantil (TMI) en las provincias con mayor gasto es de 6 cada 1.000 nacidos. Mientras que en las de menor gasto, la tasa es 15 de cada 1.000 nacidos. Algo parecido pasa con la tasa de mortalidad materna: 12,3 versus 1,5.
  • El 85% de las mujeres de entre 50 y 70 años de las provincias con mayor inversión en salud acceden a estudios de mamografías (preventivos del cáncer). En las provincias de menor gasto, esa relación baja al 39%.
  • En las provincias con mayor gasto, el aporte nacional implica un incremento de 4%. Para las de menor gasto ese aporte implica un aumento de 77%.

Combatir esa injusticia no es fácil, especialmente con recursos limitados. Pero un sistema así es insostenible. Esa fue una de las conclusiones del Congreso Argentino de Salud que tuvo lugar esta semana en Mendoza.

El secretario de Salud de la Nación, Adolfo Rubinstein, fue el invitado de honor en Congreso. Y dejó en claro el desafío: “Combatir esa injusticia no es fácil, especialmente con recursos limitados. En la región somos los que invertimos más en salud, pero no somos los que mejores resultados tenemos”.

Cómo funciona el sistema

El sistema de salud de Argentina no solo es desigual, además es extremadamente fragmentado y segmentado. Está compuesto por los sectores público, privado y del seguro social. A eso hay que sumar que cada una de las 23 provincias retiene su autonomía y responsabilidad constitucional para ejercer las funciones de rectoría, financiamiento y prestación de los servicios de salud.

El sector público está conformado por los ministerios nacionales y provinciales, y la red de hospitales y centros de salud públicos que prestan atención gratuita a toda persona que lo necesite, especialmente a personas de los sectores de ingresos más bajos, sin seguridad social ni capacidad de pago.

De acuerdo a cifras del Gobierno, actualmente 15,7 millones de argentinos tiene acceso exclusivo a la salud a través del sistema público, ya sea Nacional, Provincial o Municipal. Mientras que 26 millones (60% del total) están contenidos dentro de las obras sociales y el PAMI. El resto, 2 millones (5%), son parte del sistema privado.

Organizar y solucionar esto requiere esfuerzos enormes y soluciones políticas complejas para alinear a actores muy diversos tras objetivos comunes. Rubinstein dice que se requieren grandes esfuerzos para que la cooperación de las diversas áreas sea más eficiente y efectiva y se logre materializar el derecho a la salud para todos sin distinción.

¿Por dónde empezar?

Novick, director médico corporativo de Swiss Medical, dice que las políticas públicas tienen el potencial de cambiar la vida de los más necesitados. Sin embargo, en Argentina se implementan de manera desigual y eso limita el acceso a bienes y servicios esenciales. Y agrega que las soluciones pasan por cómo priorizar, ya que los recursos “no alcanzan y sin racionar tenemos un tremendo problema de equidad”.

El secretario de Salud dice que el objetivo es sentar las bases para que las políticas perduren en el tiempo. Y que para eso es clave generar eficiencia del gasto y ponerse de acuerdo como país para definir cómo lo vamos a financiar.

En el Congreso, Rubinstein aprovechó para reiterar que el cambio de ministerio a secretaría no implicará reducciones en el gasto público.

Explicó además que la estrategia del Gobierno es ampliar la cobertura territorial, cobertura prestacional y cobertura informática. Y clave para eso es el plan de Cobertura Universal de Salud (CUS).

“El objetivo es la optimización de la salud pública gratuita para brindar mejores servicios y en forma equitativa”, dice Rubenstein, con una mayor rectoría del Estado para garantizar la salud.

El objetivo es la efectivización de los derechos y la legitimación social de las prestaciones, ya que eso define los servicios, quién los brinda y cómo deben brindarse.

El secretario hizo hincapié en que la iniciativa del Gobierno no significa la privatización de la salud pública, ni el e retiro del Estado ni la disminución de los derechos.

Novick dijo que la sociedad argentina tiene que entender que declarar un derecho no lo hace efectivo. “Pero es una pelea asimétrica, ya que en la práctica la Justicia lo está haciendo obligatorio, pero sin ninguna consideración sobre la habilidad de financiarlos”, consideró el titular de Swiss Medical.

Y advirtió que no hay que confundir equidad con igualdad. “El sistema debe aportar a la equidad. Equidad es dar al que no le alcanzan las herramientas y apoyos para que le alcance. Es repartir a cada uno lo que necesita, ni más ni menos. También involucra el trato igualitario para todos tomando en cuenta sus diferencias y respetando cada una de ellas”. Y concluyó que es ahí donde el Estado tiene un rol clave.

Foto: Télam

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