Presos inocentes: ¿es posible sanar tras condenas injustas? | RED/ACCIÓN

Presos inocentes: ¿es posible sanar tras condenas injustas?

Claudio Castro, Jorge González Nieva, Cristina Vázquez, Alejandro Bordón pudieron demostrar su inocencia después de pasar por una causa armada. Pero estuvieron desde un mes a 14 años en prisión por crímenes que no cometieron, lo que les dejó secuelas económicas y, sobre todo, emocionales. Especialistas señalan que es necesaria la asistencia del Estado en forma integral, desde su reinserción laboral o su vivienda hasta su atención psicológica.

Ilustración: Pablo Domrose

“Cuando recuperé la libertad, para mí fue volver a nacer. Yo creí que estaba muerto. No me mataron de pedo”. Ese es el recuerdo de Claudio Castro de los días que pasó injustamente detenido. Él fue víctima de una causa armada: en 2014, cuando tenía 34 años lo acusaron de matar a un policía. Si bien pasaron seis años del hecho, cada vez que Castro relata su experiencia el dolor vuelve y lo demuestra al contarlo con la voz quebrada.

Castro estuvo detenido un mes y en ese tiempo fue torturado y tuvo que ver como torturaban a su hermano, a quien también acusaron de ese delito, que no habían cometido. La policía, para detenerlos, les plantó una prueba falsa.

¿Qué es una causa armada? Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), son causas penales en las que la policía inventa un delito o le atribuye un delito a una persona que no participó en el hecho. En muchos casos se manipulan o fraguan pruebas.

En los barrios pobres, la capacidad policial de “armar causas” es un elemento que interviene como amenaza latente o como realidad en las relaciones que algunos efectivos policiales entablan con jóvenes de escasos recursos económicos. Un informe de CELS señala que a través de esas causas fraguadas los policías pueden sacarse de encima a jóvenes que “molestan” porque presumen que están vinculados al mundo del delito, aun cuando no puedan vincularlos con alguna actividad ilegal. En otras ocasiones las víctimas pueden tener conocimientos de actividades delictivas de algunos agentes de fuerzas de seguridad. El armado de causas también se suele utilizar para extorsionar o para conseguir alguna ventaja económica, castigar o para resolver conflictos personales de los policías.

Hoy Castro tiene una mueblería. “Hace poco, vino un cliente y mientras miraba los muebles, dejó una mochila apoyada en el piso. Disimuladamente la pateé para ver si venía a dejarme algo y se iba. Eso es una recaída porque vengo trabajando con mi psicóloga el hecho de que no siempre van a venir a armarme una causa. No todas las sirenas me vienen a buscar a mí. Hay algo dentro de mí que me dice que no estoy libre de que me vuelva a pasar”, cuenta.

Causas armadas: las trampas de la Policía y la Justicia

Tras su experiencia, Castro fundó la Coordinadora contra la Impunidad Policial. Ayudando a otras familias, siente que puede transformar en algo útil lo que le tocó vivir. Reflexiona: “Esto es algo que no se cura, no se borra y no se sana. Pero organizarme y estar con compañeros en la Coordinadora me hace sentir protegido”.

Según un informe de la Dirección Nacional de Política Criminal de la Nación, el 46% de las personas presas en las cárceles de todo el país están procesadas. Es decir, 38.315 personas están encerradas sin condena.

Castro estuvo 30 días detenido, pero estuvo luchando casi tres años hasta el día del juicio, sabiendo que le podía caer una condena de 35 años. Él dice que el estigma social que sufre una persona que está inmersa en un proceso judicial es muy grande. Dice: “Cuando alguien googleaba mi nombre estaba asociado a la muerte de un policía. Todo el tiempo tenía que explicarle a la sociedad por qué yo era inocente. En primer lugar, me tuve que mudar de mi casa. Después del hecho a mi mamá la diagnosticaron con cáncer de colon. La medica le dijo que se enfermó después de que nos armaron la causa a nosotros. El año pasado la despedimos. Esto trae un montón de problemas”.

Claudio Castro en una manifestación, junto a la Coordinadora contra la Impunidad Policial.

Las comisarías son espacios de encierro que no están preparados para alojar personas de manera permanente. El día a día queda en manos de policías, que en algunos casos gestionan el encierro con formas arbitrarias y violentas en extremo. Algunas veces, se replica la lógica penitenciaria y las comisarías operan como pequeñas cárceles y, en otros, los métodos son particulares e imprevisibles. En junio de 2019, el 98% de les detenidos en comisarías tenía dictada una prisión preventiva, es decir, no tenía condena y su culpabilidad no había sido demostrada. Desde el CELS explican que estar privado de la libertad en una comisaría debería ser una situación excepcional, pero en territorio bonaerense se convirtió en moneda corriente para miles de personas. De acuerdo a la legislación, la prisión preventiva no podrá ser superior a tres años, sin que se haya dictado sentencia.

Castro recuerda que cuando salió de la detención en una comisaría de Lanús estaba deprimido, tuvo que trabajar por su cuenta, vendiendo lo que podía y desde entonces comenzó tratamiento psicológico. En un principio, comenzó a asistir al Centro Ulloa, un espacio que brinda asistencia a personas que fueron víctimas de delitos de lesa humanidad, violencia institucional y situaciones de tragedia o catástrofe. “Busco distintas formas para tener la cabeza ocupada, pero el daño fue grande. Incluso, me enfermé de diabetes”, cuenta Castro.

Hoy, Castro se encuentra realizando un juicio al Estado para cerrar el ciclo. “Creo que hay que reparar a las víctimas de una causa armada y es importante que todas tengan su justo reclamo”, comenta.

Estuvo 14 años preso y era inocente

El 8 de octubre de octubre de este año, después de 14 años preso, absolvieron a Jorge Enrique Gonzáles Nievas. El 24 de mayo de 2006 una mujer fue asesinada en una salidera bancaria. Ese día, a esa hora, González Nieva estaba con su esposa en la peluquería, lo cual fue confirmado por una maestra del colegio de sus hijas y por el propio peluquero. Sin embargo, Jorge fue condenado a 25 años de prisión, sólo por el reconocimiento de un testigo, que lo había identificado en la comisaría durante un reconocimiento fotográfico, pero luego, en una ronda en persona, no lo reconoció.

Tres años más tarde, el comisario que llevó adelante esta injusta persecución, fue condenado por el armado de causas con fines extorsivos. Pero recién este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación absolvió a Jorge.

“En estos años me perdí de ver el crecimiento de mis hijas. No quería que fueran al penal a verme para que no pasaran por la requisa”, señaló Jorge en una entrevista que dio al recuperar su libertad.

Antes de ser condenado, Jorge era taxista. Ese taxi estuvo estos 14 años en el garaje y él señala que ya no le sirve más para trabajar porque ya no está habilitado. Ahora, tiene que ver la forma de reinsertarse laboralmente.

En el caso de Castro, Innocence Project Argentina y el CELS se presentaron como amicus curiae [aquel tercero que se ofrece para colaborar una causa judicial] y alertaron sobre las contradicciones e irregularidades en la investigación.  “En el caso de Jorge, había una conducta delictiva de la policía, falta de claridad en el caso, presión social para que los jueces condenen haciendo la vista gorda, deficiencia en la defensa de Jorge y le rechazaban los recursos que presentaba por cualquier motivo”, comenta Manuel Garrido, presidente de Innocence Project Argentina. La organización recibe unos 150 casos anuales, con los que hace una investigación preliminar.

En relación a las mejoras que hay que hacer en los procesos judiciales, Garrido opina que la prisión preventiva tiene que ser restrictiva en serio. También considera importante aplicar tecnología y mejores normas en el reconocimiento de personas. “Se hacen los reconocimientos como hace 200 años”, señala. Otro punto a mejorar, dice Garrido, es la calidad de las ciencias forenses y el conocimiento de los jueces sobre esas ciencias. Y por último señala que es fundamental que hayan menos obstáculos —como la excesiva burocracia— para revisar las posibles condenas erradas.

Para Fabio Vallarelli, abogado del equipo Política criminal y violencia en el encierro del CELS, una de las principales medidas que se debería tomar es la creación de un cuerpo investigador al servicio del Poder Judicial que sea independiente de las fuerzas de seguridad. “Quien primero llega al lugar es la policía, y por eso mismo es quien tiene el control del hecho”, dice.  Y agrega: “Cada vez que hay una detención, inmediatamente pensamos que esa persona es culpable. Es necesario tener una mirada escéptica en ese primer momento. Hay casos que se resuelven mal y rápido por presión mediática y social. Eso no puede ir en detrimento de saber lo que realmente ocurrió”.

Garrido señala que después de la absolución, lo que viene tampoco es fácil. “Por lo general, se quedan sin nada, la plata se la gastan en defensas, sus familias quedan destruidas y tienen que empezar a construir desde la nada”, explica.

En relación al resarcimiento económico, una vez que se absuelve a la persona, Garrido considera que debería haber mecanismos más rápidos. “Debería haber programa de reparación oportuno, sin necesidad de estar litigando contra el Estado durante años”.

Garrido se refiere al proceso, donde la persona, que estuvo presa injustamente, lleva adelante una acción civil de reparación de daños que se hace contra el Estado. "El monto del resarcimiento económico se tasa en una acción judicial", explica Vallarelli. Pero el referente del CELS, también advierte que son acciones difíciles porque requieren de un abogado y de tener el dinero para pagarle. Agrega: "Son pocos los casos que tienen reparación civil por parte del estado. Lo que se ve más habitualmente, son personas que estuvieron en prisión preventiva algunos meses o un año. Después se desestima la investigación y se los libera. En estos casos, la reparación es difusa y más difícil de llevar adelante. Distinto es una persona que estuvo más de 10 años presa injustamente".

"Si alguien prendía una luz, él estaba preparado para la requisa"

Claudia Agüero también forma parte de la Coordinadora contra la Impunidad Policial. Ella luchó por la liberación de Alejandro Bordón, su compadre. Él estuvo detenido un año y ocho meses por un homicidio que no cometió. En octubre de 2010, Bordón fue interceptado camino a su trabajo por un oficial de policía en Monte Chingolo, en el sur del Gran Buenos Aires. Lo detuvo y acusó del homicidio de un chofer de colectivo. Se sumaron alteraciones de pruebas y falsificaciones de testimonios. Los primeros siete meses los pasó en la cárcel de Sierra Chica. Por reiterados pedidos de la familia y abogados, luego fue trasladado al penal 40 de Lomas de Zamora y allí permaneció hasta que recuperó su libertad en junio de 2012. En este momento se está haciendo un documental del caso.

“Alejandro tuvo mucha contención de sus familiares, amigos y compañeros de trabajo. Cuando lo absolvieron, los primeros meses en libertad fueron difíciles para Alejandro. No podía conciliar el sueño, si alguien prendía una luz él estaba preparado para la requisa. Psicológicamente lo afectó”, cuenta Agüero.

"Se inventó un culpable para cerrar el femicidio de Anahí Benítez"

En junio de este año Marcos Bazán fue condenado a prisión perpetua por el femicidio de Anahí Benítez. Florencia, la compañera de Bazán participa activamente de la Coordinadora contra la Impunidad Policial para comprobar que la condena es injusta.

“Le están robando años y destrozando la cabeza. Todo el daño que se está provocando es irreparable”, señala Florencia.

Manifestación por la libertad de Marcos Bazán.

Bazán lleva detenido más de tres años y en este tiempo obtuvo el respaldo de distintos organismos de derechos humanos que consideran que se trata de una “causa armada” por la policía bonaerense.

“En el caso de Marcos se vio mucha impunidad. Se inventó un culpable para cerrar el femicidio de Anahí Benítez y de esta forma se asegura la impunidad de los verdaderos actores del crimen”, señala Castro.

Bazán trabajaba en el área de vigilancia en el Hospital Gandulfo, en Lomas de Zamora. Además, él es orfebre, joyero y herrero. “Le encanta trabajar por su cuenta. Cuando salga, sea cuando sea, va a rebuscársela por sus propios medios para salir adelante”, dice Florencia, pensando a futuro.

Pasó 11 años presa por un delito que no cometió

Otro caso emblemático es el de Cristina Vázquez. En diciembre de 2019, la Corte Suprema de Justicia de la Nación decidió que Vázquez había sido erróneamente condenada y dispuso su absolución. En total, Cristina pasó 11 años presa por un delito que no cometió. En agosto de este año, ella fue hallada muerta, con señales que hacen suponer un suicidio.

En julio de 2001, una mujer fue asesinada en su casa de Posadas, Misiones. Vázquez, vivía a unas pocas cuadras de aquella mujer, pero en el momento de los hechos se hallaba en casa de una amiga en la ciudad de Garupá, a unos 15 kilómetros de la capital misionera. En ese entonces, Vázquez tenía 19 años. Si bien no existía ninguna prueba que la vinculara con el hecho, fue condenada por el homicidio. La sentencia se basó en el tipo de vida que Cristina llevaba: para los juzgadores, llevaba una vida de vicio y marginal. Cristina no fue detenida inmediatamente, sino al año siguiente, cuando permaneció privada de su libertad por unos meses. Sin embargo, fue liberada por falta de mérito. En 2010, fue finalmente condenada.

En 2019, se estrenó Fragmentos de una amiga desconocida, el documental de Magda Hernández que cuenta el caso de Cristina Vázquez. Allí la cineasta le pregunta a Vázquez qué es lo primero que quiere hacer cuando salga de la cárcel. Ella responde: “Me iría a mi casa y me acostaría en mi cama. O iría a la de mi mamá. Eso es lo primero que haría. Abrazaría la almohada en la cama de mi vieja, como hacía antes”. Mientras estuvo privada de su libertad, Cristina terminó el secundario y quería estudiar para ser chef. Al recuperar su libertad trabajó unos meses en Cáritas.

¿Qué harías si te acusan de un crimen que no cometiste?

Indiana Guereño, abogada y presidenta de la Asociación Pensamiento Penal opina: “La responsabilidad por todo lo que Cristina sufrió la tiene el Poder Judicial". Guereño advierte que no existe una respuesta preparada desde el Estado para otorgar a personas que recuperan su libertad por absoluciones. Ella considera que se necesita una asistencia integral, que incluya desde la vivienda, la inclusión laboral y la asistencia psicológica.

Guereño sigue: "Cristina tenía que hacer un juicio al Estado, que le iba a llevar años, que la ponía en la situación incómoda de tener que volver a pisar los mismos tribunales en Posadas que la condenaron para pedir justicia y que la reparen económicamente. Muchas personas no quieren volver al mismo lugar que les provocó tanto sufrimiento y desamparo. El Estado tiene que dar una respuesta integral por estos errores porque las consecuencias pueden ser fatales”.

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