Florencia Tuchin
Francisco de Paula Oliva es un jesuita español que vive en el Bañado Sur, uno de los barrios más pobres de Asunción. Cumplió 91 años y lleva dos décadas trabajando en la formación ética de la juventud, la defensa de la democracia, los derechos humanos, la promoción de la libre expresión y el pensamiento crítico.
Por el avance de los cultivos de soja y la ganadería, miles de familias paraguayas abandonan sus tierras y migran a las ciudades. Es un fenómeno que ocurre en varios países de América Latina. En Paraguay, las mujeres campesinas e indígenas son las que lideran la pelea para evitar la deforestación de bosques y detener las fumigaciones. Además, trabajan de manera cooperativa para seguir viviendo de sus huertas, la cría de animales y las artesanías.
En el 78% de las villas y asentamientos del país, los jóvenes se quedan en la vivienda de sus padres, en una nueva casa o casilla que arman en el mismo predio, o asentándose en un lote vecino. Con planes estatales de vivienda que no logran alcanzarlos ni acceso a créditos, algunas organizaciones les ofrecen ayuda para mejorar la calidad de su vivienda.
La mayoría de sus alumnos son de familias campesinas pobres y están becados. En la escuela aprenden a producir queso, leche y panes. Y hasta tienen un hotel. Al año, facturan US$ 700 mil, por lo que no necesitan de ningún subsidio estatal. El modelo, que propone que los jóvenes se transformen en emprendedores, es estudiado por varios países del mundo.
El banquero catalán es el presidente de la Fundación Dinero y Conciencia. Actualmente se dedica a promover en las entidades financieras de América Latina mayor consciencia en sus inversiones, transparencia en sus operaciones y equidad en el salario de sus trabajadores. "Está claro que los que se burlan de Greta lo hacen por miedo", dice en esta entrevista con RED/ACCIÓN.
Son 445 los habitantes del barrio, también conocido como Villa 31, que conforman cooperativas que se ocupan de hacer viviendas, veredas, plazas y hasta canchas de fútbol. Además, hay empresas que tienen como requisito que el 20% de los trabajadores que contraten sean de vecinos.
Germán Martitegui, Narda Lepes, Fernando Rivarola y Mariana Tejerina intentan cambiar hábitos en la alimentación y consumos más responsables en quienes los siguen. Además, nuestros lectores y la comunidad de Ecohouse, una asociación civil que promueve el desarrollo sostenible, cuentan qué conductas cambiaron individualmente.
Son dos centros de formación laboral públicos. El neuquino enviará a Resistencia plantas madres de una especie muy útil para evitar la erosión de los suelos. La institución de Chaco, especializada en biotecnología, las reproducirá in vitro y las enviará de vuelta a la Patagonia para forestar.
En Argentina, el 15,7% de la población tiene prepaga. Por la crisis, muchos argentinos consideran bajar de plan o buscar una obra social. Esta situación expone las injusticias del sistema de salud argentino, donde coexisten coberturas muy desiguales.
La Unión de Trabajadores de la Tierra, que agrupa a 15 mil familias de productores, motiva a sus miembros para que dejen de usar agroquímicos y transgénicos. ¿Cuáles son los desafíos de esa transición? ¿Dónde venden sus verduras y frutas?
En Guaymallén crearon un sistema de recuperación de residuos con las personas que vivían de buscar cosas de valor en un basural. Qué copiaron del modelo porteño y por qué pueden convertise en un ejemplo alternativo a la quema de basura.
Desde su primera cotización, en abril de 2016, el valor de la unidad con la que se calcula la deuda aumentó un 180%. ¿La razón? La inflación, muchas veces empujada por la suba del dólar, es la principal variante de actualización. Qué repercusión tuvo la medida anunciada por el presidente Mauricio Macri de congelar las cuotas hasta diciembre.
Muchas personas que lograron recién de adultos manifestar su identidad sexual, gozan por la mayor libertad que tienen ahora las nuevas generaciones. Graciela, Silvia y Luis nos ayudan a entender lo que sienten hoy y lo que padecieron de chicos.
Muchas familias criollas e indígenas, sobre todo del norte del país, no tienen títulos de propiedad de los campos en los que viven hace décadas. Con el boom de la soja, esas tierras se valorizaron y los propietarios reclaman la titularidad para poder explotarlas con cultivos o ganado.
Muchos vecinos de barrios populares tienen empleo e ingresos como para pagar un alquiler reglamentario. Sin embargo, les cuesta cumplir requisitos formales que demandan las inmobiliarias o son discriminados por su condición social.
