Mara Roch, una enfermera de 60 años que decidió no jubilarse, es una de las personas que aplican vacunas contra el coronavirus en el Microestadio Municipal de Garín. Cada día acuden entre 800 y 900 personas. “Es como que estamos haciendo historia”, dice ella.
Lo asegura Gabriel Baracatt, director ejecutivo de la fundación Avina, una organización que promueve acuerdos internacionales para que la vacuna sea considerada un bien público global. El dirigente alerta sobre el alto grado de acaparamiento de algunos países, que compraron cinco veces más vacunas de las necesarias para inocular a su población, mientras que 67 países no van a poder vacunar a la suya.
El gobierno nacional definió siete grupos prioritarios en la campaña de inoculación. Pero ninguno incluye específicamente a las personas con discapacidad, que llegan a tener hasta tres veces más letalidad que el resto. Comorbilidades y hospitales que no están preparados para atenderlos son argumentos de las personas con discapacidad para pedir que se las vacune cuanto antes. Cómo trabaja Neuquén, la primera provincia en darles prioridad.
