Mahmoud Mohieldin | RED/ACCIÓN
Sociedad | 27 de agosto de 2018

Por qué fortalecer los derechos sobre la tierra apuntala el desarrollo

En la actualidad, solo el 30% de la población mundial tiene derechos legales sobre sus tierras y hogares. Eso afecta en forma particular a los pobres y marginados. A menos que esto cambie, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2015 serán imposibles de lograr.

Para la mayoría de la gente pobre y vulnerable del mundo, los derechos de propiedad seguros, incluida la propiedad de la tierra, son un lujo pocas veces accesible. A menos que esto cambie, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) serán imposibles de alcanzar.

La propiedad de la tierra determina quién puede utilizarla, por cuánto tiempo y en qué condiciones. Los acuerdos de propiedad pueden estar basados en leyes y políticas oficiales y también en hábitos informales. Si esos acuerdos son seguros, los usuarios de la tierra tienen un incentivo no solamente para implementar las mejores prácticas para el uso que hacen de ella (prestar atención, por ejemplo, a los impactos ambientales), sino también para invertir más.

La tierra está en el corazón del desarrollo

Se ha generado un consenso internacional respecto de la importancia que tiene la tenencia de la tierra segura para el desarrollo. En 2012, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, respaldó las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia como la norma global en este frente.

Sin embargo, la norma no está siendo aplicada de una manera suficientemente amplia. En verdad, solamente el 30% de la población mundial tiene derechos registrados legalmente a su tierra y sus hogares, mientras que es probable que en especial los pobres y los marginados sufran como consecuencia de una tenencia insegura.

En Rumania, por ejemplo, muchos de la minoría romaníe tienen una tenencia de la tierra rural menos segura que sus vecinos no romaníes. De la misma manera, en el sudeste asiático, las tribus de las montañas rara vez tienen derechos legales sobre sus posesiones indígenas, que suelen estar situadas en bosques estatales.

En Zimbabwe, un acuerdo de divorcio puede resultar en una asignación de todas las tierras y propiedades familiares (y hasta los hijos) al marido, mientras que la esposa tiene que regresar con su padre u otro pariente masculino. En Sarajevo, miles de departamentos han sido considerados ilegales debido a planos urbanos caducos y a la falta de permisos de construcción, lo que deja los activos más valiosos de las familias fuera de la economía formal.

Tener normas de derecho de propiedad adecuadas es clave para el desarrollo

Al sofocar el crecimiento económico, los sistemas de tenencia de tierras inadecuados perpetúan la pobreza y la marginación. Pero lo contrario también es válido: los derechos de tierras sólidos y ejecutados correctamente pueden impulsar el crecimiento, reducir la pobreza, fortalecer el capital humano, promover la justicia económica (incluida la equidad de género) y respaldar el progreso social de manera más amplia.

Es más, los derechos sobre la tierra seguros son esenciales para reducir el riesgo de desastres y construir una resiliencia climática, que es un imperativo urgente en un momento en el que el clima ya está propiciando más condiciones meteorológicas extremas –y más frecuentes-. Cuando esos desastres provocan un desplazamiento de la gente y destruyen sus hogares, los registros de tierras mantenidos correctamente ofrecen la base para una compensación y reconstrucción de albergues, y ayudan a las comunidades afectadas a lograr una mejor reconstrucción.

La inciativa del Banco Mundial va en el camino correcto

Pensando en la importancia de una propiedad segura de la tierra para el éxito de los ODS, el Grupo Banco Mundial ahora está trabajando con los países en desarrollo para mejorar sus sistemas de tenencia de tierras y expandir la cobertura de los derechos reconocidos y registrados legalmente. Por ejemplo, en las provincias Kalimantan y Sumatra de Indonesia, estamos ayudando a promover la estandarización de los derechos sobre la tierra, con una especial atención a las mujeres y las comunidades indígenas, definiendo al mismo tiempo los límites de los bosques estatales mediante métodos participativos para el mapeo y la registración.

Los esfuerzos del Grupo Banco Mundial ya han permitido que un millón de hectáreas de tierras indígenas en Nicaragua –más del 30% del territorio del país- sean demarcadas, certificadas y registradas, un proceso que ha beneficiado a algunos de los grupos más vulnerables del país. Esta iniciativa también apuntó a mejorar la capacidad de Nicaragua de responder de manera pronta y efectiva a las emergencias.

Hoy se están preparando nuevos proyectos en Mozambique y Tanzania para ofrecer acuerdos consuetudinarios con títulos comunales que garantizarán el reconocimiento legal de sus posesiones comunes, fortaleciendo de esta manera la protección y la administración de estos activos. En el período 2017-2019, se proyecta que la cartera de préstamos para inversión del Banco Mundial destinados a la administración de tierras y a la seguridad de la tenencia crecerá un 39%.

Este es un progreso importante. Pero concretar las metas esenciales de los ODS –que están plenamente alineadas con los propios objetivos duales del Grupo Banco Mundial de poner fin a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida- requerirá de un programa de inversión mucho mayor focalizado en fortalecer la tenencia de la tierra en todo el mundo en desarrollo. Con ese objetivo, el Grupo Banco Mundial está haciendo alianzas a nivel local, nacional y global para fortalecer los compromisos de los países y movilizar recursos para alcanzar el objetivo ambicioso de lograr derechos sobre la tierra y de propiedad adecuados para todos en 2030.

La tierra está en el corazón del desarrollo. Una tenencia de tierras segura es, por ende, vital para construir las comunidades inclusivas, resilientes y sostenibles que impulsarán el progreso económico y social en el futuro.

Mahmoud Mohieldin es vicepresidente sénior del Grupo Banco Mundial para la Agenda de Desarrollo 2030, Relaciones y Asociaciones de las Naciones Unidas. Anna Wellenstein es directora de Estrategia y Operaciones para la Práctica Global Social, Urbana, Rural y de Resiliencia (SURR) del Grupo Banco Mundial.

© Project Syndicate 1995–2018

Actualidad | 3 de agosto de 2018

Alianza pública-privada y el rol del empresariado para el desarrollo sostenible

La brecha de financiamiento anual para los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU es de 140 mil millones de dólares. La única forma de cerrar esa brecha es con la ayuda del sector privado, en particular, impulsando a las empresas a tomar en cuenta en su toma de decisiones los asuntos ambientales, sociales y de gobernanza corporativa. Las empresas privadas en el mundo en desarrollo crean el 90% de los puestos de trabajo, que es la forma más efectiva de sacar a las personas de la pobreza.


Cada mes de julio, en los últimos tres años, docenas de países se reunieron con el objetivo de presentar sus planes para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las Naciones Unidos. En el último de estos foros políticos de alto nivel, los gobiernos presentaron impresionantes planes, pero, casi ninguno de dichos planes incluía presupuestos o fuentes de ingresos realistas.

Las estimaciones de la brecha de la inversión en desarrollo típicamente se ubican en los millones de millones de dólares, mientras que la asistencia oficial para el desarrollo ronda los US$140 mil millones por año. Una forma eficaz de ayudar a cerrar esta brecha de financiamiento es catalizar una inversión sustancial que provenga del sector privado.

Las diferentes opciones para inyectar fondos privados

El sector privado ha desempeñado durante mucho tiempo un rol integral en el desarrollo económico y la reducción de la pobreza – rol que va mucho más allá de las finanzas. Las empresas privadas en el mundo en desarrollo crean el 90% de los puestos de trabajo (que es la forma más efectiva de sacar a las personas de la pobreza) y facilitan la mejora de la eficiencia, la adopción tecnológica y la innovación, así como la distribución de bienes y servicios.

El financiamiento de los ODS por parte del sector privado se produciría a través de inversores institucionales establecidos, incluidos los fondos de pensiones, los fondos soberanos y las aseguradoras, que en su conjunto representan millones de millones de dólares de “capital paciente”. Sin embargo, tal como están las cosas, los inversores institucionales asignan sólo un porcentaje pequeño de activos a las llamadas inversiones de impacto, mientras que se canalizan grandes sumas hacia un número relativamente pequeño de empresas públicas.

Hay que acordar los criterios para canalizar la inversión

La clave para alcanzar los ODS es, por lo tanto, impulsar a las empresas públicas – especialmente a las grandes empresas que reciben la mayoría de las inversiones institucionales – para que tengan en cuenta los criterios ambientales, sociales y de gobernanza relevantes a los objetivos de desarrollo sustentable en su toma de decisiones. Este enfoque reconoce la necesidad de adoptar una perspectiva a largo plazo cuando se implementan los ODS, incluso mientras respondemos ante su urgencia.

La buena noticia es que la inversión cimentada en los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ASG) ya está en aumento, y la mayoría de los principales inversores institucionales integran eso factores en sus estrategias de inversión, al menos hasta cierto punto. El documento Global Sustainable Investment Review del 2016 informó que US$22.89 millones de millones de activos fueron “gestionados profesionalmente bajo estrategias de inversión responsable” en todo el mundo, un incremento del 25% en comparación con el año 2014. Europa dio cuenta de US$12 millones de millones, y el total de Estados Unidos fue de US$8.7millones de millones, sin embargo, las tasas de crecimiento más altas ocurrieron en Japón y Oceanía.

Al ver la concientización sobre los criterios ambientales, sociales y de gobernanza como una forma de mitigar el riesgo e incluso como una fuente de mejores oportunidades que las previstas, los inversores institucionales buscan incorporar este enfoque en sus actividades principales. Esto es un buen augurio para los objetivos de desarrollo sustentable, pero todavía hay desafíos importantes que superar, comenzando con una comprensión inadecuada del vínculo entre las normas de los criterios ambientales, sociales y de gobernanza y los objetivos de la Naciones Unidas.

Sólo unas pocas empresas y unos pocos inversores están utilizando los ODS como base para estrategias centradas en la sostenibilidad. Pero la única forma de aumentar el valor para los accionistas y contribuir al logro de los objetivos es que las compañías y los inversionistas se aseguren, de antemano, que sus actividades se centren en los estándares ambientales, sociales y de gobernanza que sean materiales, para ambos, es decir revistan importancia para su industria o negocio y sean útiles para avanzar hacia el logro de los objetivos de desarrollo.

Métricas para medir los avances

En un artículo reciente, Gianni Betti, Costanza Consolandi y Robert G. Eccles trazan un mapa de los temas relevantes a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que fueron identificados por el Sustainability Accounting Standards Board (SASB) en 79 industrias dentro de diez sectores. Las empresas que utilizan este tipo de mapeo comprenderán a qué ODS contribuirían – hasta el nivel de los propósitos – cuando ellas logran un buen desempeño con respecto a los criterios ambientales, sociales y de gobernanza que eligieron.

Al revisar los datos sobre el desempeño de las compañías en relación a los criterios, los inversores pueden ver la forma cómo sus fondos están contribuyendo a la consecución de los objetivos de desarrollo sustentable. Sobre la base de esta información, ellos pueden decidir reasignar sus recursos hacia actividades con las empresas que tienen un mejor desempeño.

La evidencia apunta a que los ejecutivos y empresarios deben equilibrar la atención al desempeño a corto plazo con una perspectiva a largo plazo. Eso incluye una comprensión de qué temas relativos a ambientales, sociales y de gobernanza serán materiales para su industria en el futuro.

Los inversores podrían considerar tomar una visión a largo plazo con respecto al rendimiento financiero de sus carteras basadas en criterios ambientales, sociales y de gobernanza. Estos inversores pueden esperar recibir informes periódicos sobre el desempeño de los criterios y sobre su contribución a los objetivos de desarrollo sustentable relevantes – al igual que reciben informes periódicos sobre el desempeño financiero – con la finalidad de monitorear el progreso y hacer ajustes, si son necesarios.

En muchos sentidos, las empresas privadas ya están contribuyendo a los ODS, pero lo están haciendo de una manera ad hoc que no está adecuadamente etiquetada o dirigida. Al crear estrategias inteligentes, integrales y claramente definidas, las empresas privadas no solo pueden obtener reconocimiento por sus esfuerzos; también pueden ayudar a los gobiernos a establecer presupuestos realistas y planes de financiación claros.

Traducción del inglés por Rocío L. Barrientos

Mahmoud Mohieldin es vicepresidente senior en el World Bank Group. Svetlana Klimenko es especialista líder en gestión financiera en el World Bank Group.

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