Por qué fortalecer los derechos sobre la tierra apuntala el desarrollo

En la actualidad, solo el 30% de la población mundial tiene derechos legales sobre sus tierras y hogares. Eso afecta en forma particular a los pobres y marginados. A menos que esto cambie, los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas 2015 serán imposibles de lograr.

Por Mahmoud Mohieldin y Anna Wellenstein

27 de agosto de 2018

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Para la mayoría de la gente pobre y vulnerable del mundo, los derechos de propiedad seguros, incluida la propiedad de la tierra, son un lujo pocas veces accesible. A menos que esto cambie, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) serán imposibles de alcanzar.

La propiedad de la tierra determina quién puede utilizarla, por cuánto tiempo y en qué condiciones. Los acuerdos de propiedad pueden estar basados en leyes y políticas oficiales y también en hábitos informales. Si esos acuerdos son seguros, los usuarios de la tierra tienen un incentivo no solamente para implementar las mejores prácticas para el uso que hacen de ella (prestar atención, por ejemplo, a los impactos ambientales), sino también para invertir más.

La tierra está en el corazón del desarrollo

Se ha generado un consenso internacional respecto de la importancia que tiene la tenencia de la tierra segura para el desarrollo. En 2012, el Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, perteneciente a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, respaldó las Directrices Voluntarias sobre la Gobernanza Responsable de la Tenencia como la norma global en este frente.

Sin embargo, la norma no está siendo aplicada de una manera suficientemente amplia. En verdad, solamente el 30% de la población mundial tiene derechos registrados legalmente a su tierra y sus hogares, mientras que es probable que en especial los pobres y los marginados sufran como consecuencia de una tenencia insegura.

En Rumania, por ejemplo, muchos de la minoría romaníe tienen una tenencia de la tierra rural menos segura que sus vecinos no romaníes. De la misma manera, en el sudeste asiático, las tribus de las montañas rara vez tienen derechos legales sobre sus posesiones indígenas, que suelen estar situadas en bosques estatales.

En Zimbabwe, un acuerdo de divorcio puede resultar en una asignación de todas las tierras y propiedades familiares (y hasta los hijos) al marido, mientras que la esposa tiene que regresar con su padre u otro pariente masculino. En Sarajevo, miles de departamentos han sido considerados ilegales debido a planos urbanos caducos y a la falta de permisos de construcción, lo que deja los activos más valiosos de las familias fuera de la economía formal.

Tener normas de derecho de propiedad adecuadas es clave para el desarrollo

Al sofocar el crecimiento económico, los sistemas de tenencia de tierras inadecuados perpetúan la pobreza y la marginación. Pero lo contrario también es válido: los derechos de tierras sólidos y ejecutados correctamente pueden impulsar el crecimiento, reducir la pobreza, fortalecer el capital humano, promover la justicia económica (incluida la equidad de género) y respaldar el progreso social de manera más amplia.

Es más, los derechos sobre la tierra seguros son esenciales para reducir el riesgo de desastres y construir una resiliencia climática, que es un imperativo urgente en un momento en el que el clima ya está propiciando más condiciones meteorológicas extremas –y más frecuentes-. Cuando esos desastres provocan un desplazamiento de la gente y destruyen sus hogares, los registros de tierras mantenidos correctamente ofrecen la base para una compensación y reconstrucción de albergues, y ayudan a las comunidades afectadas a lograr una mejor reconstrucción.

La inciativa del Banco Mundial va en el camino correcto

Pensando en la importancia de una propiedad segura de la tierra para el éxito de los ODS, el Grupo Banco Mundial ahora está trabajando con los países en desarrollo para mejorar sus sistemas de tenencia de tierras y expandir la cobertura de los derechos reconocidos y registrados legalmente. Por ejemplo, en las provincias Kalimantan y Sumatra de Indonesia, estamos ayudando a promover la estandarización de los derechos sobre la tierra, con una especial atención a las mujeres y las comunidades indígenas, definiendo al mismo tiempo los límites de los bosques estatales mediante métodos participativos para el mapeo y la registración.

Los esfuerzos del Grupo Banco Mundial ya han permitido que un millón de hectáreas de tierras indígenas en Nicaragua –más del 30% del territorio del país- sean demarcadas, certificadas y registradas, un proceso que ha beneficiado a algunos de los grupos más vulnerables del país. Esta iniciativa también apuntó a mejorar la capacidad de Nicaragua de responder de manera pronta y efectiva a las emergencias.

Hoy se están preparando nuevos proyectos en Mozambique y Tanzania para ofrecer acuerdos consuetudinarios con títulos comunales que garantizarán el reconocimiento legal de sus posesiones comunes, fortaleciendo de esta manera la protección y la administración de estos activos. En el período 2017-2019, se proyecta que la cartera de préstamos para inversión del Banco Mundial destinados a la administración de tierras y a la seguridad de la tenencia crecerá un 39%.

Este es un progreso importante. Pero concretar las metas esenciales de los ODS –que están plenamente alineadas con los propios objetivos duales del Grupo Banco Mundial de poner fin a la pobreza extrema e impulsar la prosperidad compartida- requerirá de un programa de inversión mucho mayor focalizado en fortalecer la tenencia de la tierra en todo el mundo en desarrollo. Con ese objetivo, el Grupo Banco Mundial está haciendo alianzas a nivel local, nacional y global para fortalecer los compromisos de los países y movilizar recursos para alcanzar el objetivo ambicioso de lograr derechos sobre la tierra y de propiedad adecuados para todos en 2030.

La tierra está en el corazón del desarrollo. Una tenencia de tierras segura es, por ende, vital para construir las comunidades inclusivas, resilientes y sostenibles que impulsarán el progreso económico y social en el futuro.

Mahmoud Mohieldin es vicepresidente sénior del Grupo Banco Mundial para la Agenda de Desarrollo 2030, Relaciones y Asociaciones de las Naciones Unidas. Anna Wellenstein es directora de Estrategia y Operaciones para la Práctica Global Social, Urbana, Rural y de Resiliencia (SURR) del Grupo Banco Mundial.

© Project Syndicate 1995–2018

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