En la intersección entre la calle 12 y 56, en La Plata, Cheik Gueye tiene su punto de venta. Allí ofrece su mercadería: soquetes, gorras, bufandas, cargadores de celular, vidrio templado para las pantallas y aritos. Él es senegalés, tiene 41 años, llegó a Argentina en 2014 y desde entonces se dedicó a la venta ambulante.
“Estoy acá para que a mi familia no le falte nada, para juntar algo de dinero y el día de mañana volver a Senegal con algo. La pandemia afectó mucho el trabajo. Hoy la plata que junto solo me alcanza para sobrevivir”, enfatiza Gueye. Su esposa y sus dos hijos viven en Senegal.
La pandemia modificó la cantidad de horas que Gueye pasa en la calle. Antes, comenzaba a las 9 y volvía a las 21. Como hoy hay menos gente circulando, vende su mercadería entre las 10 y las 18. Gueye cuenta que la venta bajó porque llega menos gente a la ciudad a través del micro o el tren. Cada semana, el vendedor se fija qué productos le faltan y repone allí mismo, en La Plata, o cuando puede va al barrio porteño de Once. Las precauciones que toma para no contagiarse del virus son el uso del tapabocas y llevar siempre un pote con alcohol en gel. “Si nos quedamos en casa, nos va a agarrar un mal más grande que es el del hambre”, comenta Gueye.
La calle no es un terreno fácil para trabajar. “Estás todo el día sin baño, con el calor, el frío o la lluvia. Y con este contexto la venta se pone más difícil. Me encantaría dejar la calle, si el municipio ofreciera facilidades para alquilar un local”, analiza Gueye.
Víctimas de violencia policial
Un problema recurrente con el que se encuentran los vendedores ambulantes es el operativo policial: una instancia en la cual les sacan la mercadería y que muchas veces incluye violencia. “Cuando hacen un operativo, se puede perder todo. Cuando te sacan las cosas, es un quilombo recuperarlas. Si no tenés plata guardada y nadie te ayuda es difícil volver a tener stock”, dice Gueye.
Entre los vendedores ambulantes, muchos son migrantes. Y, entre ellos, hay varios senegaleses.
Un caso que tomó relevancia pública fue el de Mbake Ndao, que fue víctima de violencia por parte de fuerzas de seguridad en la ciudad de La Plata. Mbake es senegalés y llegó a Argentina en diciembre de 2019. El 10 de junio de este año, Mbake se encontraba vendiendo su mercadería en el centro de La Plata cuando fue detenido por agentes de control ciudadano de la Municipalidad y la Policía bonaerense en el marco de un operativo para combatir la venta ambulante. Según sus propias declaraciones, cuando se encontraba retirándose con su mercadería, fue sujetado desde atrás y arrojado de forma abrupta contra una pared. Luego lo arrojaron al piso y un policía lo tomó del cuello tan fuerte que le impidió respirar. Mbake permaneció detenido durante más de 24 horas, luego fue trasladado a la Fiscalía Nº8 de la ciudad de La Plata donde le tomaron declaración, y posteriormente dejado en libertad. Se lo acusa de delito de resistencia a la autoridad y lesiones. El caso de Mbake no es un caso aislado. Desde Amnistía internacional relevaron que a lo largo de los últimos años, las personas afrodescendientes y africanas, especialmente las de origen senegalés y haitiano, han sufrido y continúan sufriendo concretas vulneraciones a sus derechos y episodios de violencia por parte de las fuerzas de seguridad.
Gueye salió de su país de origen con un boleto a Ecuador. Como su permiso era por 90 días, cruzó a Perú, después a Bolivia y finalmente llegó a Argentina. “Antes de viajar, le pregunté a un tío, que ya vivía en Argentina, cómo era la situación acá. Yo ya había vivido un tiempo en España y quería encontrar un lugar donde pudiera trabajar tranquilo”, dice.
Aquel deseo parece difícil de concretar. “Recurrentemente se sufre el racismo. Te dicen cosas, pensando que no los entendés. Y conseguir trabajo formal siendo migrante no es fácil”, aclara.
Muchos migrantes senegaleses no hablan español, no tienen familia ni vínculos en el país, y se encuentran en una situación migratoria irregular. Estas particularidades les dificultan el acceso a oportunidades laborales y acaban recurriendo a la venta ambulante. “Esta población no ha sido incluida en ninguna política pública de contención social o económica puesta en marcha por el gobierno argentino frente al avance de la pandemia del COVID-19”, dice Mariana Fontoura Marques, Directora de Política y Justicia Internacional en Amnistía Internacional Argentina.
Según una encuesta realizada a la población migrante y refugiada desde el espacio Agenda Migrante, más del 80% de las personas migrantes no accedieron al Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). El análisis refleja la suma de quienes quedaron excluidos por residir en la Argentina desde hace menos de dos años (49%), y quienes lograron inscribirse, pero no se lo otorgaron (31%).
Desde el colectivo de organizaciones que integran Agenda Migrante enfatizan en la necesidad urgente de revisar los requisitos de acceso a esta transferencia del Estado. Ello exige, puntualmente, eliminar la condición de dos años de residencia regular en la Argentina.
Primeros pasos para la regularización
Agustina Mayansky es militante del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y cuenta que los primeros meses de cuarentena los trabajadores ambulantes cercanos a la organización respetaron el decreto y priorizaron el cuidado de su salud, pero en el medio se quedaron sin ingresos y, como algunos no tuvieron acceso a los programas que se lanzaron de asistencia sanitaria, no les quedó más opción que salir a vender. “Los compañeros subsistieron gracias a las redes de solidaridad vecinal y organizaciones sociales”, expresa.
A principios de julio, el Ministerio de Desarrollo Social abrió la inscripción al Registro Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (RENATEP) para reconocer, formalizar y garantizar los derechos de estos trabajadores. Ser parte del mismo les permite acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación; participar de redes de comercialización y tener acceso a herramientas crediticias y de inclusión financiera. Al momento, se inscribieron más de 920.000 trabajadores de la economía popular. Aquellos que desarrollan su actividad en espacios públicos son más de 110.000 anotados. Es decir, representan un 12% de la economía popular. Y más de 36.000 están en la provincia de Buenos Aires.
Mayansky considera que es sumamente importante que se regularice el trabajo de los vendedores ambulantes. “La nueva normalidad implica que los bares y restaurantes pueden ocupar las veredas para trabajar, pero los vendedores no pueden hacerlo. El RENATEP es un paso importante. Ahora las distintas provincias y municipios se tienen que hacer cargo implementar medidas a partir de ese registro”, señala la militante del MTE.
En relación a otras medidas que podrían dar respaldo a los trabajadores del espacio público, Francisco Cubría, coordinador del Área de Fortalecimiento de la Economía Social del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, dice que están trabajando en una línea de créditos que permitan la reactivación económica, para comprar mercadería o para fortalecer unidades productivas. “Otra idea que está en carpeta es la del monotributo social a costo cero. Por el momento, implementarlo fue complejo. Priorizamos que haya un sustento básico para trabajadores excluidos del sistema. Tenemos que velar desde el Estado para reconocer a los trabajadores de la economía popular. Otro punto que plantean los trabajadores es que existan entidades distribuidoras populares para que puedan conseguir mejores precios y sumar productos de la economía popular a los vendedores ambulantes”, comenta Cubría.
Respecto al hostigamiento policial, Cubría dice: “Estamos acostumbrados a ver una sola metodología que consta de los siguientes pasos: te paro, te pido la documentación, veo tu mercadería, te la decomiso, si es de marca te meto en cana, si no es de marca te hago una contravención y me llevo tu mercadería. Esa no puede ser la solución que le damos a los trabajadores del espacio público”.
Más del 60% son mujeres
Un dato a tener en cuenta que surge del RENATEP es que el 63% de las personas que se dedican a la venta en espacios públicos son mujeres. Por ejemplo, Luzmery Villanueva Dioses es referente de la organización Vendedores Ambulantes Independientes de Once (VAIO), es mamá de ocho niños, y además dos veces por semana organiza un comedor comunitario.
Villanueva Dioses es vendedora ambulante y trabaja, junto a su marido, en Castelli y Mitre, en el barrio porteño de Once. Ellos venden barbijos, chipá y bebidas. Villanueva Dioses, también es migrante. Ella llegó a Argentina desde Perú hace 23 años. La vendedora, de 43 años, cuenta que tiene un arreglo con la policía para que los dejen vender y por eso se identifican con un chaleco. Dice. “Arreglamos que no vamos a vender en la Avenida Pueyrredón”.
Todos los días, de 13 a 17, Villanueva Dioses vende la mercadería. Antes dedicaba más horas a la venta, pero su salud se deterioró y tuvo que reducir la carga horaria. Su esposo trabaja de 10 a 19, pero cuando le sobra chipá se acerca a la estación de tren de Once y llega a quedarse hasta las 21.
Como no tienen un lugar para lavarse las manos, requisito básico para reducir los contagios, Villanueva Dioses dice que todos andan con el alcohol en gel. “Algunos viven cerca y cuando van al baño, aprovechan para lavarse las manos. Se suele ir al baño dos veces al día. Yo vivo cerca, a una cuadra de Plaza Once. Pero si salgo de casa, ya no regreso: cuando me ven mis hijos, empiezan con 'mamá esto', 'mamá lo otro', se me pasa el tiempo y no puedo volver a salir”, cuenta la referente de VAIO.
La organización VAIO agrupa a más de 600 trabajadores ambulantes, que se dividen en grupos para poder trabajar en la zona. “La necesidad nos obligó a salir en este momento difícil de pandemia. La gente ya no tiene plata y tampoco vendemos mucho”, dice Villanueva Dioses. Ella cobra La Asignación Universal por Hijo y el IFE. Y agrega: “Muchos recibimos ayuda de algún familiar. Mi hermana me manda plata desde Perú porque sabe que tengo muchos niños”.
El deseo de Villanueva Dioses es que finalmente su trabajo sea reconocido y regularizado. Expresa: “Esta es la forma que encontramos para llevar un sustento a nuestra familia. Esta actividad no puede seguir siendo perseguida y estigmatizada”.
