Personas perdidas: qué redes se activan para buscarlas en la Argentina | RED/ACCIÓN

Personas perdidas: qué redes se activan para buscarlas en la Argentina

Ilustración: Pablo Domrose

Un niño de 8 años que vivía en una provincia de la Argentina se perdió el 19 de noviembre de 2017. Es decir, dejó de estar en su hogar y su padre no sabía a dónde podría estar. Un hombre mayor, una suerte de abuelo afectivo, llamó a Missing Children, la ONG dedicada a buscar chicos, y contó que, desde hacía casi un año, el padre tenía la custodia del niño.

La ONG hizo público el caso y, tres semanas más tarde, una persona se contactó por Facebook. Dijo que al lado de su casa vivía, desde hacía 15 días, un niño que se parecía al buscado. Contó que la madre del chico se drogaba y que tenía otra hija con una nueva pareja. Luego, por Whatsapp, el hombre envió una foto algo difusa del chico, pero fue suficiente para convencer a Missing Children de que la pista podía ser buena.

“Hablamos  con el padre y le explicamos que teníamos datos de dónde podría estar su hijo”, dice ahora Lidia Grichener, la presidenta de Missing Children. “Se remitió toda la información a la Justicia y a partir de ese momento, comenzó un operativo entre dos provincias. Dos días después, el 13 de diciembre, recibimos una foto muy emocionante de padre e hijo abrazados”.

Personas perdidas en el sitio web del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Este caso fue uno de los 653 que Missing Children tuvo en 2017. Ese año, por conflictos familiares se fueron de su hogar 230 chicos; por sufrir lo que en las estadísticas aparece como “crisis de identidad”, 288; por situaciones de discapacidad mental, 19. Se perdieron 25 y fueron sustraídos 91. El 75% tenían entre 13 y 17 años. El 41% de ellos vivía en la provincia de Buenos Aires; el 40%, en la Ciudad de Buenos Aires; el resto, en el interior del país. 464 eran niñas; 189 era niños.

“Nuestro primer consejo es: haga la denuncia policial”, dice Grichener. “Es falso que la policía puede negarse a tomarla en las primeras 24 o 48 horas. Deben hacerlo desde el primer segundo”. La primera hora en la que alguien se pierde es la más importante: se la conoce como “hora de oro”. Es cuando hay testigos que recuerdan posiblemente cada detalle de lo que hayan visto.

En la Argentina existe, desde 2016, el Sistema Federal de Búsqueda de Personas Desaparecidas y Extraviadas (SIFEBU), que depende del Ministerio de Seguridad de la Nación (con reporte directo a la ministra Patricia Bullrich) y que registra todos los casos de personas perdidas; y también los casos de personas halladas con identidad desconocida (NN).

El Sistema trabaja de manera interinstitucional junto a comisarías, fiscalías, juzgados, ONGs nacionales y ONGs provinciales. Reúne las estadísticas totales del país, lleva adelante mesas de trabajo con fiscalías especializadas como la Procuraduría contra la Trata y Explotación Sexual (PROTEX) y todos los casos que llegan son retransmitidos de inmediato a nivel nacional, a través del Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (SIFCOP).

Las estadísticas dicen que de octubre de 2016 a julio de 2018 se han perdido 21.613 personas, de las que 10.945 fueron halladas y 10.668 continúan siendo buscadas. El 54% son mujeres; el 46%, varones.

“Pero tenemos un problema: a veces no nos comunican que una persona fue encontrada y permanece en el sistema como si estuviera perdida”, dice Leticia Risco, la coordinadora del SIFEBU.

Los números argentinos son mucho más pequeños que los de Estados Unidos (1.900.000 personas desaparecidas cada año), Reino Unido (378.000), Alemania (337.000) y Brasil (75.000). Es, en primer lugar, porque la Argentina tiene menos población. “Pero además estamos trabajando para contar con más y mejor información, de manera sistemática”, dice Risco.

Uno de los casos de éxito del Sistema es el de Claudio Alberto Alvear, quien se reencontró con su familia en febrero de 2018, luego de 27 años de ausencia. Alvear había estado internado durante nueve años en el hospital San José, de la localidad correntina de Paso de los Libres, con identidad desconocida y un diagnóstico de esquizofrenia. Ahí adentro le decían “Luisito”.

Cuando se cotejaron sus huellas dactilares con los legajos policiales, se descubrió que la policía de la provincia de Córdoba tenía una ficha de él. Esa información fue ampliada con datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER): el paciente NN ahora tenía un nombre y un DNI. Luego de la intervención administrativa de otros organismos nacionales y provinciales, Alvear fue trasladado a San Lorenzo, donde reconoció a su hermana y a su cuñado apenas los vio.

Sin embargo, para Máximo Cash, el hermano de María Cash –quien permanece desaparecida desde 2011–, las cosas no están tan bien. Desde 2012, él y su familia vienen proponiendo la creación de una Agencia Federal de Búsqueda de Personas y ya juntaron 119.125 firmas en change.org y otras tantas en planillas de papel. “El proyecto es crear una agencia o una secretaría que dependa del Poder Judicial y que capacite al personal de las fuerzas de seguridad”, dice.

“El SIFEBU ayuda, pero no puede ser lo único que tengamos”, sigue Cash. “Ese sistema funciona con alertas que se envían a todas las comisarías, pero ¿qué hacemos si una comisaría está implicada en la desaparición de una persona? Además, hay comisarías en las provincias que no tienen recursos o que están en contacto con los círculos de trata de personas”.

De su hermana María no hay novedades. “Siguen pasando los años y no hay nada…”, dice él.

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tiene un Registro de Búsqueda de Personas con Padecimientos Mentales e Incapaces, que depende del Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat. El Registro funciona, desde 2003, centralizando y entrecruzando información (dentro de la Ciudad, pero también junto a los organismos federales y provinciales) para la búsqueda de mayores de 18 años con condiciones psiquiátricas, neurológicas, adictivas u otras.

El Registro recibe unas 350 consultas anuales, entre las que hay personas que buscan familiares y, por otro lado, personas halladas que no pueden informar su propia identidad. Alrededor del 35% de los casos se incorporan para una búsqueda propia y el resto se deriva a otros organismos.

Hay alrededor de 250 búsquedas en marcha. Cada año se soluciona el 30% de los casos. Las dificultades son la falta de datos y la desorganización de la información.

En la sociedad civil, la novedad se da en los teléfonos de los voluntarios de Red Solidaria: Alerta Solidaria es una red de Whatsapp con unos 11.000 miembros, repartidos en unas 520 ciudades argentinas. Así, la ONG complementa con una comunidad su sitio web Personasperdidas.org.ar. “Cuando alguien desaparece, disparamos desde Whatsapp y, en unos 25 minutos, su foto está en manos de toda esa gente”, dice Juan Carr, el creador de la ONG.

Hubo alrededor de 200 búsquedas en Alerta Solidaria, de las que unas 170 terminaron con hallazgos. “La mayoría de esas personas aparecieron en minutos u horas”, dice Carr. “Por eso, sea como sea, siempre hay que hacer como en la playa: si alguien se pierde, se aplaude. Y cuantos más seamos, y lo hagamos más rápido y más fuerte, mejor”.

Nuestros miembros son una pieza fundamental para hacer un periodismo abierto, participativo y constructivo. Mirá cómo podés participar y qué beneficios recibís.

QUIERO SER MIEMBRO

En ambientes más cálidos, las mujeres obtienen mejores resultados

Según un nuevo estudio de una revista científica, a medida que un ambiente se hacía más cálido, los puntajes de las mujeres en pruebas verbales y de matemática mejoraban significativamente.

Sociedad

Ilustración: Pablo Domrose

Chicas en Tecnología: cómo funciona la organización que busca cerrar la brecha de género en el mundo informático

Melina Masnatta, Carolina Hadad, Sofía Contreras y Mariana Varela trabajan juntas desde 2015 con un objetivo: que cada vez más mujeres desarrollen programas, aplicaciones y vean una carrera en tecnología como una opción.

Cómo renovar el contrato social

Los gobiernos democráticos enfrentan dos desafíos al tratar de revivir sus contratos sociales: garantizar una red de seguridad social sólida y eficiente para la era digital, y al mismo tiempo tomar medidas concretas para proporcionar bienes públicos globales, como la lucha contra el cambio climático.