Qué hacer para combatir las brechas de género del mercado laboral argentino | RED/ACCIÓN

Qué hacer para combatir las brechas de género del mercado laboral argentino

En la Argentina hay mucha desigualdad en las tasas de actividad y empleo de hombres y mujeres. Las más afectadas son las mujeres jóvenes, pobres y con poca educación. CIPPEC lideró un estudio, en colaboración con la OIT y la ONU, en el que hace propuestas de políticas públicas, muestra los beneficios económicos de cerrar esas inequidades y hace un llamado urgente para que el nuevo gobierno tome medidas.

Ilustración: Pablo Domrose

Es un hecho que en la Argentina las mujeres enfrentan mayores obstáculos para acceder a un buen trabajo y que sus trayectorias tienden a ser más inestables que la de los hombres.

Las mujeres ganan menos, tienen más probabilidades de estar desempleadas, subocupadas, y de trabajar en la informalidad o en sectores peor remunerados. Las mujeres también suelen trabajar en mayor medida en el sector informal de la economía, lo que se asocia a condiciones más precarias de empleo y a un acceso limitado a la protección social.

Actualmente, la tasa de empleo femenino no registrado es un 36, 5% por encima de la proporción de los varones. Además, el 76% de las empleadas domésticas no están registradas.

Tasa de empleo no registrado por rama de actividad

Fuente: CIPPEC, en base a INDEC

Esas brechas se profundizan para las mujeres jóvenes, de menor nivel de ingresos, de bajo nivel educativo y con más responsabilidades de cuidado.

En la Argentina, el 62% de las mujeres de entre 16 y 59 años participan del mercado laboral, mientras que el 81% de los varones lo hacen. La mitad de las ocupadas trabaja a tiempo parcial, comparado con uno de cada cuatro varones”.

Según los últimos datos disponibles, la brecha de ingresos entre hombres y mujeres puede llegar a ser de hasta el 26%. Cuando se corrige por edad, educación, tipo de relación laboral y rol en la familia, la diferencia se acorta al 6%.

Fuente: CIPPEC

Esta semana el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), en coloboración con la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la ONU, publicó un extenso estudio en que analiza en profundidad las brechas de género que hay en el mercado laboral argentino, los obstáculos y diferencias que aún existen y los beneficios económicos de cerrar esas brechas.

El documento hace propuestas de políticas públicas -basadas en evidencia- para revertirlas. Esas políticas tendrían, como impacto asociado, un fuerte impulso para el crecimiento.

De acuerdo al libro, “El género del trabajo”, cerrar estas brechas podría generar más de un millón de puestos de trabajo y la inversión inicial para implementar las políticas públicas podría recuperarse por recaudación fiscal, ya que se estima que el PBI podría aumentar más del 5%. Además, el documento señala que garantizar los derechos económicos de las mujeres ayudaría a reducir la pobreza y la desigualdad.

Según el estudio, la evidencia internacionales muestra que la participación de mujeres en el mercado del trabajo mejora la productividad, la innovación y los ingresos de las empresas y las organizaciones.

Los tres principales obstáculo y determinantes de la participación económica de las mujeres son:

  • El cuidado y el trabajo doméstico no remunerado
  • Las normas sociales de género y los sesgos
  • La educación

El informe revela que los trabajos donde hay mayor proporción femenina, como salud, educación y servicio doméstico, tienen los sueldos más bajos. Uno de los principales obstáculos para aumentar la participación laboral de las mujeres es que ellas aún realizan la mayor parte del trabajo doméstico y de cuidados. Eso es el resultado de los estereotipos de género que todavía asignan mandatos diferentes a varones y mujeres.

Además, acceden menos a puestos de decisión, tanto en el sector privado como en el público.

¿Cómo cerrar esas brechas?

El informe que lideró CIPPEC recomienda la creación de un sistema integral y federal de cuidados. Podría ser un nuevo ministerio o empoderar a uno de los organismos que ya existen. Ese órgano rector tendría la responsabilidad y el poder de articular e implementar las políticas que apunten a garantizar los derechos de las mujeres.

Gala Díaz Langou, directora de Protección Social de CIPPEC y una de las autoras del libro, dice que “la voluntad política es una condición necesaria para avanzar en acciones para promover la autonomía económica de las mujeres. El liderazgo debe traducirse en la priorización de la agenda en tres frentes: las instituciones, la gestión de la información y la asignación de recursos”.

Y agrega que “en épocas recesivas, es fundamental priorizar dos tipos de políticas: las que protejan a la población más vulnerable, y las que tengan un potencial mayor de reactivar la economía. Un sistema integral y federal de cuidados contribuye a ambos objetivos.”

El documento que lideró CIPPEC analiza las medidas actuales y propone recomendaciones en las políticas de cuidado, corresponsabilidad y de salud sexual y reproductiva; las de mercado de trabajo y protección social; las socioeducativas; y las que pueden contribuir al cambio cultural.

Un estudio que publicado este año costeó y analizó los impactos económicos sobre empleo, crecimiento económico y recaudación fiscal de tres políticas que pueden promover la incorporación de las mujeres en el mercado laboral.

  • Propone la ampliación de la oferta de espacios de crianza, enseñanza y cuidado.
  • Plantea la implementación de la jornada extendida en escuelas primarias hasta llegar al 30% de la matrícula en el nivel estatal.
  • Propone la modificación del régimen de transferencias a las familias con niños y adolescentes hasta alcanzar la universalización de la cobertura y un incremento de los montos para las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo y las Asignaciones Familiares por Hijo del sistema contributivo.

El libro afirma que la equidad económica de género es indispensable para el efectivo goce de los derechos de las mujeres y también para lograr un desarrollo sostenible e inclusivo de la Argentina.

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