Sólo el 21% de los detenidos en las cárceles argentinas recibe capacitación laboral | RED/ACCIÓN

Sólo el 21% de los detenidos en las cárceles argentinas recibe capacitación laboral

Ocurre pese a que la mayoría de los presos no tiene oficio ni estudio. Esa situación favorece la reincidencia. Desde los servicios penitenciarios reconocen la necesidad de ampliar la oferta de cursos y aclaran que el 40% de los internos trabaja en prisión y eso ayuda a su formación.

Ocurre pese a que la mayoría de los presos no tiene oficio ni estudio. Esa situación favorece la reincidencia. Desde los servicios penitenciarios reconocen la necesidad de ampliar la oferta de cursos y aclaran que el 40% de los internos trabaja en prisión y eso ayuda a su formación.

Damián espera que en mayo de 2021 le den la libertad condicional. Se imagina cerca de sus dos hijas. Se ve como un futuro emprendedor: cree que lo que está aprendiendo desde hace tres meses le va a servir para montar un vivero.

En poco tiempo pasó de querer estar muerto a planear la forma de ganarse la vida en libertad. A fines de 2016 intentó ahorcarse en su celda porque no soportaba el encierro. Este año, en cambio, empezó un taller para aprender a hacer plantas con recortes de poda.

Su ánimo cambió cuando lo trasladaron de la cárcel de Florencio Varela a la de Gorina, en La Plata, donde le propusieron hacer un taller de viverista. Dice que es la primera vez, en 17 años que lleva preso por un homicidio, que participa de un curso que le da una idea de cómo podría ser su futuro fuera de la cárcel.

No se le ocurre otra alternativa más allá de la del vivero: cuando lo detuvieron recién había cumplido 20 años, no tenía oficio y apenas había hecho la primaria. “En la cárcel mi ocupación fue la de mantenerme vivo”, analiza Damián.

Hasta que se sumó al taller, la historia de Damián era representativa de lo que ocurre con gran parte de la población carcelaria del país. La mayoría ingresa con menos de 34 años (el 61%), sin empleo (41%), ni oficio (50%) y con apenas estudios primarios (63%). Durante su paso por la prisión, la mayoría no recibe capacitación laboral (79%) ni trabaja (60 %), ni progresa en su educación (48%), según los últimos datos del Sistema Nacional de Estadística sobre Ejecución de la Pena.

La radiografía se completa con la certeza de que la mayoría (46%) sale en libertad antes de los seis años, con casi la misma falta de preparación con la que fue encarcelado.

En la cárcel bonaerense de Gorina hay un taller productivo de huerta y viverista.
En la cárcel bonaerense de Gorina hay un taller productivo de huerta y viverista.

Informe sobre población carcelaria en Argentina 

Fuerte impacto en la reincidencia

“Este panorama explica en parte que el 40% de quienes están presos son reincidentes”, afirma Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero. Y agrega: “Tener un oficio y conseguir trabajo es uno de los principales factores para lograr la reinserción social”.

Para graficar el impacto que tiene la capacitación en los presos, Ariel Cejas Meliare, director General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, cita uno de los pocos estudios que hay sobre cómo la formación ayuda a bajar la reincidencia: “Entre los presos que pasaron por el centro universitario que la Universidad de Buenos Aires (UBA) tiene en la cárcel de Devoto, la reincidencia baja al 15%”.

Los especialistas coinciden en que ocupar la mente de los detenidos con capacitaciones también ayuda a pacificar la convivencia. “Un preso que estudia tiene la mente ocupada, puede escapar de la depresión al aumentar sus expectativas a futuro, mejora el vínculo con su familia y está menos predispuesto a ser violento”, enumera el psicólogo social Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria.

Superpoblación y falta de incentivos

En el país hay unos 76.000 presos. Son un 40% más que hace una década y en gran medida eso explica por qué la capacidad de las cárceles argentinas está superada en un 12% en promedio y en un 38% en la provincia de Buenos Aires, que concentra casi la mitad de los internos del país.

“La superpoblación diluye la oferta de capacitaciones laborales que existe. Por una cuestión de cupos y también de infraestructura. Las cárceles federales, por ejemplo, pasaron de albergar 6.500 personas hace 15 años a tener 12.000”, expone Cejas Meliare.

La falta de incentivos para capacitarse es otro aspecto puede explicar el bajo porcentaje de internos que se capacita, según afirman algunos especialistas.

“La reforma de ley de Ejecución de la Pena, aprobada en 2017, modifica el paradigma de la cárcel, que permite salidas progresivas y anticipadas para favorecer la reinserción. Ahora, muchos de los detenidos deben cumplir toda la condena en prisión. Es decir no pueden acceder a salidas asistidas, algo a lo que podían llegar si entre otras aspectos participaban de actividades formativas”, resalta Cipriano.

La reforma a la ley fue reclamada por asociaciones de familiares de víctimas de delitos y dejó afuera del beneficio de las excarcelaciones a los autores de delitos graves, como homicidio agravado; delitos contra la integridad sexual; secuestro extorsivo seguido de muerte; tortura seguida de muerte; robo con armas o en despoblado y en banda; trata de personas; violaciones a la ley antiterrorista; financiamiento del terrorismo; contrabando agravado, y producción y comercialización de estupefacientes.

Penitenciarios al frente de talleres bonaerenses

Con el objetivo de ampliar la oferta de cursos laborales, el año pasado el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) les pidió a los agentes penitenciarios especializados en algún oficio que armaran talleres para los internos. Unos 50 suboficiales se sumaron a la propuesta.

“Empezamos el año pasado y logramos llegar a 2.985 presos con cursos de albañilería, herrería, electricidad y reparación de aires acondicionados, por ejemplo. Son cursos no formales de tres meses”, explica Marcos Di Lorenzo, director de Promoción e Inclusión Sociolaboral del SPB.

Di Lorenzo cuenta que ahora trabajan con la Agencia de Acreditación de Competencias Laborales, que depende de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, para que les tomen un examen que les permita a los presos poder certificar esos conocimientos, de forma tal que una vez libres puedan tener una constancia de su especialidad.

La iniciativa es realmente representativa si se tiene en cuenta que en los penales  bonaerenses hay 39.364 presos. Es decir, los cursos que dictaron los propios penitenciarios llegaron al 7,5% de los internos.

Como la iniciativa es complementaria a los cursos que dan los centros de formación profesional y a los que dictan varios gremios que tienen convenio con la provincia, el SPB espera ampliar el acceso que los presos tienen a las capacitaciones, que en esta provincia es de apenas el 24 %.

“Queremos que la propuesta sea además un cambio cultural y que los agentes asuman el rol de colaborar con la preparación de los presos para su reinserción social”, señala Di Lorenzo y asegura que entre los agentes no hubo resistencia a esta iniciativa.

En las cárceles federales el  72% de los internos trabaja en el penal.
En las cárceles federales el 72% de los internos trabaja en el penal.

Las cárceles federales apuestan al trabajo

Las cárceles del Servicio Penitenciario Federal (SPF) tienen una oferta de capacitaciones laborales más escasa que el promedio nacional, ya que el 83% de los internos no participó de ningún curso.

Sin embargo, los especialistas señalan a las cárceles federales como uno de los servicios con más oportunidades profesionales de la Argentina y de Sudamérica. Eso ocurre porque el 72% de los internos tiene un trabajo remunerado que en muchos casos los forma en un oficio.

“En las cárceles federales hay más ofertas laborales, menos superpoblación y una compensación que funciona como incentivo, que es que quien trabaja cobra esas horas trabajadas de acuerdo el salario mínimo vital y móvil”, señala Bergman, del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia, que en un informe de 2015 reveló que el trabajo en las cárceles de Brasil alcanza al 48,3% de los presos; al 56,4% en Chile y al 71,9% en Perú.

La finalidad del trabajo es “crear un hábito y formarlo en un oficio”. Eso asegura Mariano Leiva, presidente del Ente de Cooperación Técnica y Financiera del SPF, que coordina el trabajo en las cárceles federales. Leiva reconoce que hoy están ante un dilema: si tecnifican los talleres productivos, como los de zapatería y textil que funcionan en la unidad de Ezeiza, emplearán menos internos pero se acercarán a métodos de producción más actuales.

La cárcel que más ha avanzado respecto a la ocupación de los presos es la de Esquel, en Chubut, donde trabajan 138 de sus 139 internos y no hay superpoblación. Se desempeñan en talleres de sastrería, plomería huerta, herrería, panadería y carpintería.

Leiva es categórico sobre a qué se debe que alcanzaron ese índice: “Es posible llegar a esa ocupación porque son pocos presos y la estructura es la apropiada”. Es decir, un punto clave para universalizar las capacitaciones laborales es que no haya superpoblación.

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