Hace casi dos semanas, un dique que contenía miles de millones de metros cúbicos de desechos de una mina de hierro se rompió y sepultó con barro y químicos tóxicos a parte de la ciudad de Brumadinho, en Mina Gerais, Brasil. El desastre causó más de 100 muertes y hay unos 250 desaparecidos bajo el lodo que sigue desplazándose hacia abajo y ya contaminó un río.
¿Podría ocurrir una tragedia semejante en la Argentina? Varios expertos y el Gobierno creen que no. Aunque algunas ONGs advierten de otros peligros. En esta nota te contamos cuántos proyectos mineros hay en el país, dónde están, qué extraen y cuáles tienen diques similares al que colapsó en Brasil. También hablamos de los potenciales riesgos ambientales de un sector en el que 4 de cada 10 empresas no tienen un plan de monitoreo ambiental.
Qué proyectos necesitan ser muy controlados
La actividad minera se concentra a lo largo de los 3.500 kilómetros de cordillera. Según el Censo Nacional de la Actividad Minera de 2017, hay 1.006 empresas. Se dividen en tres categorías de acuerdo a lo que extraen: minerales metalíferos, no metalíferos o rocas de aplicación.
Las minas que potencialmente pueden producir más daño ambiental son las metalíferas. “Porque usan mucha agua, porque necesitan cianuro u otras sustancias tóxicas para separar el metal de la roca y porque son a cielo abierto”, explica Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
De las minas metalíferas, los cuatro minerales que más aportan a la producción son el oro (27%), el molibdeno (9%), el cobre (6%) y la plata (5%). El grueso se extrae en Santa Cruz, San Juan y Catamarca. El cobre y el molibdeno se extraen en su totalidad en Bajo de la Alumbrera, en Catamarca.
Los principales yacimientos son 20, según un informe de la Secretaría de Gobierno de Ambiente de la Nación. Esos son los establecimientos sobre los que más control debe haber. Siete están en Santa Cruz, cuatro en Jujuy, tres en San Juan, tres en Catamarca, dos en Salta y uno en Río Negro.
El dique de la Alumbrera, en la mira
De los grandes proyectos mineros, solo Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, tiene un dique de colas, como se le llama a una gran pileta donde van a parar los líquidos y barros residuales que quedan después del proceso que se usa para separar, con agua y químicos, el metal de la roca.
El dique de la Alumbrera, donde se extrae cobre, oro y molibdeno, tiene unas 600 hectáreas, casi 25 veces el tamaño del que colapsó en Brasil.
“El dique de la Alumbrera no podría colapsar porque está en una llanura y entre montañas. No es comparable con el de Brasil porque la topografía es diferente. El de Mina Gerais estaba en altura, en una zona con mucha pendiente y taludes”, afirma Juan Trebino, subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
En la misma línea se expresa Julio Ríos Gómez, presidente del Servicio Geológico Minero Argentino, que depende de la Secretaría de Política Minera de la Nación, y que incluso hace referencia a todos los diques que pudiese haber en el país: “No habría ningún tipo de riesgo de que colapsen”.
Desde la Secretaría de Minería de Catamarca, en tanto, afirman que el dique de Bajo de la Alumbrera “fue construido bajo estándares internacionales” y que “posee una alta capacidad de almacenamiento y de resistencia que permite soportar el grado de sismicidad de la provincia”. Y remarcan que “es monitoreado en forma continua”.
Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), resalta además que la región donde está el dique brasileño tiene más presión de agua, porque es una zona lluviosa, mientras que el de la Alumbrera está en una zona árida.
Sin embargo, Nápoli advierte: “El riesgo principal en la Alumbrera es que ese barro con químicos drene y contamine la napa. Eso puede ocurrir si la membrana que impermeabiliza el dique cede”.
No es esa la única advertencia de las ONG. Viale remarca que la zona donde está ubicado el dique es “una zona sísmica, lo que agrega vulnerabilidad”.
Cómo trabajan las demás minas y cuáles son los potenciales riesgos
Salvo la Alumbrera, la mayoría de las minas metalíferas procesan lo que extraen en lo que llaman valle de lixiviación, que también es como una gran pileta donde se muelen las piedras y se apilan sobre grandes escalones. Desde arriba, bañan esos trozos con una solución de agua con cianuro u otro químico. Así separan el metal del mineral.
De esa manera trabaja, por ejemplo, Veladero, la mina de oro ubicada en San Juan que en 2015 derramó un millón de litros de esa solución en cauces de aguas de deshielos de la cordillera y que dan a diferentes ríos y arroyos. Lo que ocurrió, a grandes rasgos, fue que se rompió una de las mangueras que inyectaba la solución cianurada en el valle de lixiviación y ese líquido tóxico salió de la planta y contaminó ríos.
Luego, en 2016 y 2017, hubo otros dos incidentes: barros con cianuro desbordaron el valle de lixiviación.
“Si me preguntás qué es lo que más me preocuparía respecto a la operación de las minas en la Argentina es que no haya control y fiscalización. Sin un seguimiento firme y serio de los proyectos mineros, es posible que pasen cosas”, señala Trebino, pero asegura que tras los incidentes en Veladero, “por ejemplo, San Juan tiene hoy un buen equipo de policía minera y de control de los establecimientos”.
Lo que ocurre con la actividad minera es que la habilitación y el control depende de cada provincia. Cada jurisdicción tiene sus propias normas. Eso explica por qué sólo el 62,4% de todos los establecimientos mineros cuenta con un plan de monitoreo ambiental en su área de influencia, según datos de la Secretaría de Ambiente de la Nación en base al último censo minero.
Eso ocurre porque muchas provincias no lo exigen. Lo que quiere decir esto es que hay unas 380 empresas que no cuentan con un plan para monitorear si el agua, el aire, la fauna y flora, y los suelos del lugar donde opera tiene algún tipo de alteración.
Para Jaime Bergé, que presidió la Cámara Minera de San Juan durante 26 años y hasta el año pasado, ese porcentaje de empresas que no tiene un plan de monitoreo representa a las pymes del sector. “Los 60 grandes y medianos emprendimientos mineros metalíferos tiene plan de monitoreo”.
Los temores de las ONG y los planes del Gobierno
El foco de las ONG respecto a los potenciales riesgos ambientales asociados a la actividad minera está puesto en en tres aspectos: un uso peligroso de los químicos durante el proceso para extraer el metal; un uso irracional del agua y la posible contaminación de ríos y acuíferos; y un deficiente control de los diques de colas y los valles de lixiviación.
En general, todos estos aspectos están contemplados en la evaluación de impacto ambiental que tiene que hacer cada minera antes de empezar la explotación. “Las empresas la hacen y la presentan ante la provincia. Pero muchas veces son amañados y hechos a medida. A eso se suma que las provincias no tienen una estructura para controlar la actividad ni fuerza política para fiscalizar al sector minero”, opina Nápoli, de FARN.
Algunas cifras ayudan a explicar lo que quiere decir Nápoli. En Santa Cruz, por ejemplo, la minería ofrece el 22% del empleo del sector privado. Veladero, en San Juan, es la primera empleadora privada de la provincia, con cerca de 4.000 trabajadores directos y contratistas. Además, la actividad minera representa el 25% del producto bruto de San Juan.
En Catamarca, en tanto, la minería ofrece empleo a 1500 personas y esa actividad representa el 94% de las exportaciones de la provincia.
Para el Gobierno nacional, que cada provincia exija un tipo de evaluación de impacto ambiental distinto es uno de los problemas a resolver. Por eso, quiere unificar los criterios a través de una ley de presupuestos mínimos, es decir de cumplimiento efectivo en todo el país, sobre estudios de impacto ambiental. “Es una discusión que se está dando en el Consejo Federal de Medio Ambiente y que está avanzada”, adelanta Trebino.
Además, el Consejo Federal de Minería está trabajando en un proyecto de ley de presupuestos mínimos que regule cómo debe ser el plan de cierre de una mina, según confió Trebino.
Ese punto es clave en el caso de la Alumbrera y cómo deberá actuar la compañía para sanear un dique que ocupa 600 hectáreas y estará repleto miles de millones de metros cúbicos de barro, residuos de cobre y químicos tóxicos.
