Javier Drovetto es periodista. En RED/ACCIÓN escribe sobre ambiente, educación, ciencia y políticas públicas. Le interesa contar historias y tiene un interés especial por el sistema carcelario. Durante 20 años trabajó en dos de las redacciones más importantes de país: Clarín y La Nación.
Lo quemaron con agua hirviendo, agonizó seis días y murió el sábado pasado. Darío Gastón Badaracco, el principal acusado de un femicidio, fue asesinado por dos compañeros de celda del penal de Sierra Chica, en Olavarría. ¿Qué controles fallaron como para que en esa celda pudiesen calentar tanta agua como para quemarle el 60% del cuerpo? Aún no fue aclarado, pero ese homicidio no es una situación extraordinaria: pese a las condiciones de encierro y vigilancia, en las cárceles bonaerenses ocurren proporcionalmente cinco veces más asesinatos y cuatro veces más suicidios que entre quienes viven en libertad y sin una vigilancia tan cercana.
Cuántos homicidios hay en las cárceles bonaerenses. El último dato fue difundido por la Comisión Provincial por la Memoria y registra 12 crímenes en 2017. Como en aquel año había 37.500 presos, se puede hablar de 32 asesinatos cada 100 mil personas.
Para ese año, la tasa de homicidios en toda la provincia fue de 5,8 cada 100 mil habitantes, según el Observatorio de Seguridad Ciudadana. Es decir que alguien que está preso tiene cinco veces más probabilidades de ser asesinado que quien está en libertad.
“Para el informe de 2018, que presentaremos pronto, ya confirmamos 15 homicidios”, adelantó Roberto Cipriano, secretario de la Comisión Provincial por la Memoria.
Más allá de la contundente diferencia con “el afuera”, los homicidios en las cárceles muestran un retroceso respecto de la tasa que había en 2016, que fue ocho veces superior a la registrada en toda la provincia.
Qué ocurre en las cárceles federales. Se comprobaron 2 homicidios, de acuerdo a datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación correspondientes a 2017. Como ese año había 11.861 presos en los penales federales, la tasa cada 100 mil personas escala a 17, tres veces más que la tasa de homicidios promedio de todo el país para ese año.
Por qué ocurren los asesinatos. La superpoblación y la delegación del “gobierno” de los pabellones en los propios detenidos generan situaciones de violencia extrema y son dos de las principales causas.
La sobrepoblación en el sistema carcelario de la provincia de Buenos Aires ya era del 24% en 2017 y, aunque no hay cifras oficiales aún, habría escalado al 40% en 2018, con más de 42 mil presos alojados. Eso explica en parte por qué en la celda donde quemaron a Darío Gastón Badaracco había tres personas en un espacio habitualmente para uno o dos presos.
La relación de presos por cada agente penitenciario es muy alta y muchos pabellones se “autogobiernan”. Eso quiere decir que son los propios presos los que establecen, muchas veces impuesta de manera violenta, las normas de convivencia. En este punto caben varias preguntas respecto al reciente asesinato: ¿Quién permitió que hubiese un calentador dentro de la celda? ¿Cuándo se realizó la última requisa para garantizar que en las celdas no hubiese ningún objeto peligroso?
¿Los homicidios se esclarecen? “Con suerte, la mayoría de los asesinatos termina con la identificación de los responsables de ejecutar el hecho, pero no se suele investigar la responsabilidad del Servicio Penitenciario Bonaerense, ya sea por su acción u por omisión”, asegura Cripriano.
Condenas ejemplares. Este año hubo dos excepciones a lo que venía siendo una regla: que ningún penitenciario fuera responsabilizado por los homicidios. El 6 de marzo pasado, un tribunal condenó a jefes penitenciarios por encubrimiento agravado por las torturas y el homicidio de Patricio Barros Cisneros en el penal de San Martín. Fue un fallo histórico porque por primera vez se condenó el encubrimiento por parte de penitenciarios.
También en marzo, un tribunal condenó a 14 funcionarios del Servicio Penitenciario Federal por haber torturado hasta la muerte al detenido Argentino Pelozo Iturri y por haber encubierto ese crimen ocurrido el 8 de abril de 2008 en una cárcel de Neuquén.
La duda que generan los suicidios. La cantidad de suicidios dentro de las cárceles bonaerenses también es escalofriante. El último dato relevado por la Comisión Provincial por la Memoria es de 12 suicidios en 2017. De acuerdo a la población en la que se dieron, serían 32 cada 100 mil detenidos.
Mientras que los últimos datos del Ministerio de Salud de la Nación, de 2016, señalan que la tasa de suicidios cada 100 mil habitantes en la provincia de Buenos Aires es de 7,4.
Es decir, los suicidios en situación de encierro son cuatro veces más recurrentes. El problema que generan estas muertes, señalan desde la Comisión Provincial por la Memoria es que ocurren en un contexto en el que resulta difícil determinar si fue una decisión personal o fue inducido.
Quién era Darío Gastón Badaracco. Tenía 31 años y era el principal acusado del crimen de Araceli Fulles. Estaba detenido hacía poco menos de dos años. En la causa hay otros ocho imputados que esperan el juicio en libertad.
La periodista Natalia Iocco revela en una nota publicada en Clarín que “según la investigación, a Araceli la llevaron desde la plaza de Pasaje 101 y Buenos Aires, en José León Suárez, hasta el corralón en el cual trabajaba Badaracco, a unas cinco cuadras”.
Y agrega que ahí habrían “abusaron de ella y la estrangularon hasta matarla. Después cargaron su cuerpo en el baúl de un auto y la llevaron hasta lo de Badaracco, donde intentaron ocultarlo con una construcción en el piso”.
Cuál es la versión del Servicio Penitenciario Bonaerense. El 8 de abril cerca las 17 horas, dos compañeros de celda atacaron a Badaracco. “Los guardias escucharon gritos y al observar por el pasa platos (ranura de la puerta de la celda por la que les pasan comida) observan la agresión. Ingresan de inmediato y pararon el ataque”, relataron a RED/ACCIÓN fuentes del Servicio Penitenciario Bonaerense.
El interno atacado tenía golpes y quemaduras con agua caliente en varias partes del cuerpo. Fue derivado “enseguida” a un hospital de Olavarría. Sobre los agresores, la misma fuente detalló: “Hay dos internos identificados como los autores del homicidio. Uno declaró:´Son problemas de presos y lo teníamos que arreglar de esta manera’. Uno de los agresores estaba por lesiones leves y violación de domicilio y el otro por homicidio”.
La duda que surge es por qué convergieron en una misma celda un acusado de un femicidio y abuso, en el caso de Baradacco, con presos por otros delitos. Se sabe que en las cárceles, los detenidos por casos de abusos y femicidios suelen estar alojados en celdas que reúnen personas acusadas o condenadas por el mismo delito. De lo contrario, muchos presos suelen ser violentos con las personas acusadas por ese tipo de hechos.
La incorporación de investigadores al principal instituto estatal de ciencia que tiene la Argentina, el Conicet, se volvió a reducir, tal como ocurre desde 2016. De los 2.595 doctores que se postularon para hacer ciencia básica o desarrollos tecnológicos en el país fueron seleccionados 450. Son un 25% menos que en 2017 y la mitad de los que se habían sumado en 2015. ¿Cuáles son las razones? ¿Por qué se toma un rumbo que va a contramano de lo que hace la mayoría de los países desarrollados?
Cómo evolucionó el ingreso de científicos. Este gráfico muestra cómo cae abruptamente la contratación de investigadores en el Conicet, la mejor institución científica gubernamental de América Latina, según el ranking SCImago, un organismo que estudia el desarrollo de las instituciones de investigación en el mundo. Desciende a cifras de diez años atrás.
Por qué podemos decir que son “pocos” ingresos. Principalmente porque son menos que los ingresos que la anterior gestión y el actual Gobierno habían previsto de acuerdo a lo que entendían que era un buen proyecto de desarrollo científico y tecnológico para el país.
El plan Argentina Innovadora 2020, impulsado durante la presidencia de Cristina Kirchner y con Lino Barañao como ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva, hablaba de incrementar los ingresos en un 10% cada año. Si esa proyección se hubiese cumplido, de los postulantes de 2018 deberían haber ingresado 1.251.
El mismo Barañao, ya como funcionario del área en la gestión actual de Cambiemos, comprometió 600 ingresos en 2017, un número que ahora no pudo sostener y redujo a 450.
Una primera consecuencia de esta situación es que en 2017 y 2018 bajaron significativamente los científicos que decidieron volver a trabajar en el país: de 81 en 2016, se redujeron a 17 y 32 los años siguientes, según reveló el sitio Chequeado en un informe reciente. Lo que nadie reveló todavía es cuántos investigadores se fueron del país en los últimos tres años como consecuencia de la reducción de cupos para entrar al Conicet.
Cuántos científicos tiene la Argentina en relación al mundo. En los últimos 10 años se duplicó la cantidad de investigadores en el Conicet. De los 5.057 que había en 2007 se pasó a 10.255. Con los ingresos de 2018, pero descontadas las jubilaciones y las renuncias, seguramente se superarán los 10.500.
También hay investigadores en el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), la Comisión Nacional de Energía Atómica (CONEA) y la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, cuatro organismos del Estado que de todos modos también sufren recortes en sus presupuestos, tal como lo contamos en RED/ACCIÓN.
A todos ellos, hay que sumarle los investigadores que trabajan en el sector privado.
Sin embargo, si se analiza la cantidad de científicos en proporción a la población, la Argentina está rezaga en relación de los países desarrollados. Tiene 1.202 investigadores por cada millón de habitantes, lo que la ubica en el puesto 42 a nivel global, según datos del Instituto de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura de la UNESCO.
Está muy lejos de los 8.250 que tiene Israel, los 7.311 de Dinamarca o los 7.011 de Finlandia, los tres países que lideran el ranking. También está por debajo de la franja que va de los 2.500 a 5.000 investigadores cada millón de habitantes que predomina en casi toda Europa.
Sin embargo, en Sudamérica, la Argentina es el país que más investigadores tiene. Lo sigue Brasil, con 881 investigadores cada un millón de habitantes, y Uruguay, con 667.
Cuáles son los argumentos del Gobierno. En una entrevista que le dio el domingo pasado al diario Clarín, Barañao, actual Secretario de Ciencia y Tecnología, reconoció que su área está afectada por la crisis económica y la decisión gubernamental de ajustar las cuentas públicas para bajar el déficit fiscal.
“Tratamos de minimizar el impacto negativo que tiene una crisis económica de esta magnitud inesperada. Yo personalmente no creía que la situación iba a ser tan difícil”, reconoció Barañao y señaló haber “fijado algunas prioridades…, como mantener ingresos a la carrera de investigador”. Y destacó que mientras la decisión presidencial es que en los ministerio no se creen nuevos puestos de trabajo, en su secretaría han “privilegiado los ingresos a la carrera de investigador”, más allá de que son menos que en los años anteriores.
Por qué es importante que se invierta en ciencia. La investigación es clave para el desarrollo de un país.
Los grupos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico impulsan el desarrollo y crecimiento de los diversos sectores de la sociedad mediante el acceso al conocimiento y la experiencia.
Esa “transferencia” de habilidades y técnicas ayuda a evolucionar tanto al sector productivo de un país como a la sociedad, ya que hay investigaciones de orientación social.
En la práctica, la inversión en investigación puede desencadenar la creación de vacunas, el desarrollo de nuevas semillas, el diseño de satélites o la fabricación de reactores. Todas esas innovaciones pueden leerse en las “novedades” que comunica el Conicet.
“Si no apostamos al conocimiento, como país seremos el mercado del desarrollo de los demás”, advirtió Luis Baraldo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA e investigador del Conicet.
“Que tengamos 2.100 personas formadas y preparadas para hacer investigación habla muy bien de nuestro sistema de formación. Sin embargo, en lugar de discutir cómo transformamos esa oportunidad en una solución para nuestros problemas, estamos discutiendo algo que creíamos ya superado y que es si financiamos o no la investigación”, afirmó Baraldo.
Por qué las empresas invierten poco en investigación. Más allá del ajuste actual, la Argentina tiene una buena cantidad de investigadores y sobre todo un gran número de personas formadas y con intención de hacer investigación. Sin embargo, cuando el Estado no les garantiza ese espacio en el Conicet o en las universidades nacionales, por ejemplo, muchos deben irse al extranjero porque las empresas no aparecen como un sector dispuesto a reclutar esos recursos humanos e invertir en investigación.
Mientras en Israel el 85% de la inversión en investigación y desarrollo la hace el sector privado, en la Argentina apenas llega al 18%, tal como lo exponen los datos de UNESCO.
“En gran medida, eso ocurre porque el clima en esos países es propicio para que el sector privado invierta en investigación. El principal incentivo para las empresas es que esos países tienen como plan estratégico el desarrollo científico y tecnológico”, consideró Baraldo.
Cada año la cantidad de presos crece proporcionalmente 12 veces más rápido que la población del país. Ya hay 85 mil personas en cárceles provinciales y federales. Pero lo que no sabíamos hasta ahora es cuántos niños, niñas y adolescentes tienen a su padre, madre o un familiar en prisión. Son por lo menos 146.000 o el 1,12% de todos los que tienen menos de 17 años, según reveló un informe de la Universidad Católica Argentina. Lo más grave es que sus vidas se vuelven muy difíciles: sus hogares se empobrecen; abandonan la escuela o repiten de grado con más facilidad; y es muy común que sufran agresiones físicas y verbales.
Los niños no son culpables de lo que pudieron haber hecho sus padres o madres. Pero la mayoría paga una condena que oficialmente nadie mide: muchos de sus derechos son vulnerados, la calidad de vida se desploma y su desarrollo personal es menor en comparación al de los demás chicos.
“Desde el momento en el que la cárcel entra en sus vidas, se enfrentan a necesidades específicas que suman o agravan vulneraciones y factores de riesgos previos al encarcelamiento, como el acceso a vivienda digna, alimentación, educación de calidad, salud integral, juegos, y protección contra toda forma de violencia”, advierte Martín Coria, director regional de Church World Service, una ONG internacional que trabajó junto al Observatorio de la Deuda Social de la UCA en la elaboración del informe “Infancias y encarcelamiento”.
Inocentes sobre los que recaen varias “condenas”
Siete datos explican el deterioro de su calidad de vida:
7 de cada 10 viven en hogares por debajo de la línea de la pobreza.
El 20% está retrasado en la escuela y el 23% repitió algún año.
2 de cada 3 no tienen cobertura médica y se atiende en hospitales públicos.
4 de cada 10 comparten con otra persona la cama donde duermen.
El 13,8% de los que tienen entre 5 y 17 años hacen actividades a cambio de propina o dinero.
1 de cada 4 no suele festejar el cumpleaños.
5 de cada 10 está expuesto a agresiones verbales o físicas.
La desigualdad frente a quienes no tienen familiares presos
Los niños, niñas y adolescentes que tienen un familiar preso viven en el 68,9% de los casos en un hogar pobre. Ese porcentaje baja al 57% cuando se analiza a menores de 17 años de condiciones socioeconómicas y sociodemográficas similares pero sin ningún familiar privado de la libertad.
“Y de pronto ya no hay plata, y me tengo que aguantar que mis compañeros se burlen de mí porque estoy con la ropa de hace meses, y es una sensación incómoda, fea, que me asusta”. Joven de 19 años
Este hundimiento en la pobreza puede ocurrir por muchas situaciones. “Pueden no estar accediendo a la Asignación Universal por Hijo”, ejemplifica Ianina Tuñón, coordinadora del estudio de la UCA.
“También hay que tener en cuenta que visitar al padre preso, como ocurre en la mayoría de los casos, le lleva a la madre que queda a cargo del niño un día completo. Eso implica un día menos de trabajo. Es decir, la familia debe mantener a quien está preso”, explica Andrea Casamento, presidenta de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos.
El clima educativo es “bajo” en la mitad de los hogares con un familiar preso. Foto: Marisa Montes
En el 81,4% de hogares donde hay niños con integrantes presos, el salario familiar es deficitario. Es decir, no les alcanza el dinero. Para los hogares “similares” pero sin nadie privado de la libertad, ese déficit baja al 70%.
“Las asignaciones familiares, las estoy peleando para que me las tramiten ya hace siete años (…) Yo iba y les explicaba toda la situación, que estoy a cargo de mis hermanos, no soy la mamá, pero necesito que me ayuden, porque me corresponde. Porque soy la hermana y si bien no soy la mamá tengo un vínculo directo (…) Necesito que me ayuden”. Joven de 25 años encuestado.
Un impacto muy negativo en la educación
El desarrollo educativo es una de las dimensiones donde el encarcelamiento familiar tiene mayor efecto, aseguran desde el Observatorio de la Deuda Social en base al relevamiento, que incluyó encuestas a 14.888 niños, niñas y adolescentes durante 2014, 2015 y 2016.
El 13,6% de quienes tienen entre 4 y 17 años directamente no va a la escuela. Es un porcentaje superior al 11,1% para lo que ocurre en hogares “similares” en los que no tienen familiares presos.
El informe también expone que el clima educativo es “bajo” en la mitad de los hogares con un familiar preso, algo que se corresponde con el hecho de que 7 de cada 10 presos hizo como máximo la primaria.
También la sobreedad, la repitencia y la necesidad de apoyo escolar son más altas en los niños y adolescentes con familiares presos que en los demás:
Fuente: Observatorio de la Deuda Social de la UCA
“Después que se lo llevaron tuve que dejar el colegio por el tema de que mis hermanas no tenían quién las cuide. Mi mamá tuvo que empezar a trabajar, yo iba al colegio a la mañana, y ellas a la tarde, así que yo preferí que mis hermanas puedan estudiar y yo no”. Adolescente de 17 años encuestado.
Visibilizar y acercar las políticas públicas que ya existen
Para los especialistas que trabajaron en el estudio, el principal objetivo del informe es visibilizar que en el país hay 146.000 niños, niñas y adolescentes que son víctimas y tienen derechos vulnerados por el simple hecho de que su padre, en la mayoría de sus casos, su madre, un tío o un familiar que vivía con ellos está preso.
“Lo primero que se necesita es hacer que las políticas públicas existentes lleguen y estén accesibles para estos hogares. Y en todo caso, luego pensar si es necesario pensar en políticas específicas nuevas”, señala Andrea Casamento, de la Asociación Civil de Familiares de Detenidos.
Sin embargo, desde el Observatorio de la Deuda Social remarcan que “el Estado es muy pasivo respecto a garantizar el acceso a esas políticas públicas y más aún en estas familias victimizadas y con muchas barreras para llegar a esas políticas”.
“Si una persona cae presa, que el Estado ayude económicamente a la familia de esa persona como para que por lo menos tenga un respaldo”. Joven encuestado.
En el país hay alrededor de 1.800.000 personas que tienen 60 años o más y les interesa seguir estudiando. Son el 30% de todos los argentinos que tienen esa edad. Sin embargo, de esos que pretenden continuar con su formación sólo uno de cada tres consigue hacerlo. Es decir, hay 1.200.000 personas de esa edad a los que el Estado les debe ofrecer “oportunidades educativas”, advierte el Observatorio de la Deuda Social Argentina de la Universidad Católica Argentina (UCA) en un informe titulado “La capacidad de aprender en las personas mayores”. ¿Cuál es la oferta actual para este grupo de la población? ¿Cuáles son los saberes que más demandan?
Como muestra el gráfico, 30 de cada 100 personas de esa franja de edad desea estudiar. Mientras que en la práctica son sólo 10 los que consiguen hacerlo. Sin embargo, ese es el promedio nacional que surge de una encuesta nacional que hace la universidad en 960 sitios. Sin embargo hay particularidades que contamos más abajo.
El desafío de motivar a personas menos formadas y vulnerables
Si se analizan las aspiraciones según el nivel educativo, la idea de incrementar la formación personal aumenta cuando el adulto tiene al menos el secundario completo o cuando vive en grandes ciudades. Es decir, el deseo de estudiar cae a medida que las personas se alejan de los centros urbanos y su condiciones es más vulnerable.
Porcentaje de personas de 60 años o más que quieren seguir estudiando, según el nivel de estudio alcanzado:
Porcentaje de personas de 60 años o más que quieren seguir estudiando, según su lugar de residencia:
Ocurre algo parecido de acuerdo al estrato socioeconómico de la persona: cuando más profesionalizado es, mayor es la intención de querer seguir estudiando.
1 de cada 3 personas interesadas en estudiar logra hacerlo
Del universo de adultos de 60 años o más, exactamente el 29,9% quiere seguir estudiando. Sin embargo, y como expone el informe de la UCA, sólo el 10,1% participa de alguna actividad educativa o formativa.
El trabajo de la UCA señala que en la ley de Educación Nacional, vigente desde 2006, los adultos mayores están explícitamente nombrados como “aquellos sujetos educativos cuya inclusión es necesario promover para asegurar el derecho a la educación básica de aquellos que en su infancia no pudieron acceder a ella”. En esas condiciones se encuentra el 6% de la población mayor de 60 años, que no asistió a la escuela, o el 29.5%, que no logró completar la primaria.
Más allá de esos datos, para Enrique Amadasi y María Rosa Cicciari, autores del reporte, “en términos absolutos la cifra no es desdeñable y da cuenta de la importancia del tema educativo también entre las personas mayores: se trata de 600.000 personas mayores que participaron de alguna actividad, taller o curso formativo durante el último año”. Y agregan que “el desafío hacia el futuro es enorme y hay muchísimo por hacer hacia adelante pero no se parte desde cero, hay bastante experiencia y un camino recorrido”.
Artes, idiomas y oficios, lo más deseado
La UCA también relevó los intereses de aquellas personas que plantearon querer seguir estudiando y armó un ranking con las preferencias.
Cuál es la oferta educativa actual para los mayores de 60
De las 47 universidades nacionales, en 41 de ellas hay programas para adultos. Mientras que en el circuito de las universidades privadas: en el 33% de ellas había programas de este tipo.
Mientras que la oferta de programas de formación que ofrece el PAMI va en aumento desde hace una década, aunque el hecho de que hayan accedido al programa solo 42.557 personas sobre un total de 5 millones de afiliados marca un déficit en la oferta.
Las 31 cárceles del Servicio Penitenciario Federal están sobrepobladas. A tal punto que ayer el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos declaró la “emergencia penitenciaria”. El objetivo es crear una comisión que defina cómo solucionar el déficit de plazas y mejorar las condiciones de vida de los presos. Ocurre que en sólo tres años, desde 2015, los penales federales pasaron de tener 10.274 detenidos a sumar 13.773, lo que implica un 12% más que la capacidad de sus celdas. ¿Por qué aumentó el encarcelamiento? ¿Es razonable que casi 8 de cada 10 presos hayan sido arrestados en los últimos tres años? Varios especialistas advierten que es un síntoma “peligroso” de una alta rotación de la población carcelaria.
La resolución (página 32) firmada por el ministro Germán Garavano reconoce que el porcentaje de sobrepoblación “seguirá incrementándose”, se “agudizará” y asume que “puede afectar las condiciones de salubridad y añadir factores de violencia intracarcelaria”.
Vista de la resolución firmada por Garavano.
Por qué hay cada vez más detenidos
Son varias las causas, tal como lo explicamos en una nota del 12 de marzo, cuando un tribunal le exigió al Gobierno “poner en marcha obras que amplíen la capacidad” en todo el país al considerar en su fallo que las condiciones de alojamiento son “inhumanas”.
De todas las causas que explican el aumento del encarcelamiento sobresalen tres:
1.Ley de flagrancia. En 2016 se votó la ley de flagrancia, que acelera el juzgamiento de las personas que son vistas y detenidas cuando cometen un delito. Con esa ley, se llegan a condenas apenas 36 horas después de cometido el delito.
2.Detenidos por violación a la ley de drogas. Sólo entre enero y noviembre las fuerzas federales concretaron 25.271 procedimientos antidroga, un 80% más que en 2015, según datos publicados por la Jefatura de Gabinete de la Nación. Sólo en las cárceles federales hay 4.510 detenidos por la ley de drogas.
3. Limitan las excarcelaciones. Finalmente, desde mediados del año pasado, rige una ley que limita las excarcelaciones en casos de delitos graves, entre los que figura desde homicidio y secuestro hasta producción y comercialización de drogas, que son delitos más comunes o expandidos.
Una rotación que preocupa mucho a los especialistas
Si analizamos los datos oficiales de los 13.074 presos que había en las cárceles federales hasta el 31 de diciembre de 2018, surge un dato impactante: el 77,5% fue detenido durante 2016, 2017 o 2018.
Esa alta concentración de presos ingresados en los últimos tres años no es algo nuevo pero viene acentuándose en la última década. En 2006, por ejemplo, los presos detenidos entre 2004 y 2006 representaban el 60%. En 2008, ese porcentaje llegó al 73%; y en 2015, escaló al 75%.
“Lo que marca esto es que hay una alta rotación. Tenemos estudiado que cada cuatro años y medio se renueva por completo la población carcelaria”, advierte Marcelo Bergman, director del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad Nacional de Tres de Febrero.
Si a esa rotación se la analiza en el contexto de hacinamiento actual y con datos que revelan que el 76% de las presos en cárceles federales no recibió capacitación laboral y el 51% no estudia, esa rotación es muy preocupante.
“La mayoría de los presos es detenido por robo o venta de droga. Es decir, delitos en los que existe un mercado delictivo en el que pueden ser reemplazados por otra persona mientras el detenido permanece preso. Es decir, la detención probablemente no acaba con el ilícito. Mientras que cuando sale en libertad, si no encuentra cómo reinsertarse, puede volver a incorporarse a la oferta delictiva”, advierte Bergman, que justamente trabaja en un estudio a nivel latinoamericano sobre por qué se producen picos delictivos cuatro o cinco años después de que un país incrementa su tasa de encarcelamiento.
“Siguiendo esta tesis, podría decirse que en cuatro años, Argentina podría tener un aumento en delitos como robo y narcotráfico”, conjetura Bergman y remarca que “el 40% de los presos en cárceles federales y bonaerenses son reincidentes”.
En una línea parecida argumenta Diego Gorgal, especialista en seguridad y docente de las Universidades Torcuato Di Tella y Austral. “La pena más común es de cuatro años. Es decir que la rotación es muy alta”, remarca Gorgal y agrega: “Aún si los programas de resociabilización fueran universales y muy buenos, lograr en cuatro años una readapación que la familia o la comunidad en general no logró es una exigencia muy alta”.
Alcaldía de Tribunales. Foto: Procuración Penitenciaria de la Nación.
Los cupos en las cárceles aumentan a un ritmo menor
En las 31 cárceles federales hay hoy 13.889 detenidos en celdas que están preparadas para alojar 12.235 personas. Es decir hay una superpoblación del 12,21%, según datos del Servicio Penitenciario de la Nación.
Hace 15 meses, en noviembre de 2017, eran 319 los presos que excedían la capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal, según el Ministerio Público Fiscal. Es decir que desde ese informe, la superpoblación se multiplicó por cinco.
En los últimos 10 años, las personas detenidas en unidades federales creció a un ritmo del 5% anual. Sin embargo, si tomamos el incremento desde 2015 en adelante, el aumento escala a un ritmo del 11,4% anual, lo que explica cómo la población carcelaria se despega de la capacidad real, tal como lo muestra este gráfico.
Ocurre que mientras la cantidad de presos desde 2015 creció a un ritmo del 11,4% anual, la capacidad de las cárceles se incrementó sólo un 10% durante los últimos tres años.
Cuando eructan, las vacas liberan tantos gases que hacen que la ganadería sea la actividad argentina que más contribuye a que la temperatura del mundo suba. Generan más gases de efecto invernadero que todos los autos, motos, camiones, colectivos y trenes del país. Además, ocupan los últimos espacios del pastizal pampeano, nuestro ecosistema más depredado. Así, la producción de carne roja se convirtió en un demonio para el equilibrio de la naturaleza. En ese contexto, 86 productores experimentan cómo criar a sus vacas sin arrasar con el pastizal ni sembrar pastos exóticos. ¿Puede ser una solución? ¿Por qué el Estado no se anima a exigir que todos trabajen bajo ese modelo?
¿Un país con poca pampa?
Imaginen a la Argentina sin región pampeana. O mejor dicho, con una región pampeana sin pastizales, arbustos ni árboles achaparrados. No estamos muy lejos de esa imagen: es más o menos lo que pasa ahora. De eso, lo más característico de esa región, queda muy poco.
“Los pastizales pampeanos fueron reducidos a un 20% de lo que ocupaban. Se extinguen”, advierte Pablo Preliasco, un ingeniero agrónomo de la Fundación Vida Silvestre especializado en ganadería sustentable.
En esos pastizales crían esencialmente vacas. Son áreas cercanas a sierras o humedales, tierras de suelo rocoso, salino o inundable, campos que no sirven para ser cultivados. A esas zonas de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos y Córdoba fueron empujados o marginados los productores ganaderos cuando la soja, el maíz y el trigo pasaron a ser un negocio más rentable.
Ganado sobre pastura de maíz. Crédito: INTA
El problema entonces es cómo evitar lo que está pasado desde hace casi tres décadas: los productores levantan el pastizal y siembran pastos importados que sirven de alimento para las vacas. Y adiós al suelo con sus insectos, anfibios, roedores, mamíferos y aves.
Por eso el emblema del pastizal, el tordo amarillo, está en peligro de extinción. También el yetapá de collar. O mamíferos grandes como el ciervo de los pantanos o el venado de las pampas.
54 millones de vacas recalientan el clima
La pérdida del ecosistema no es el único problema. Ese cambio en el ambiente amplifica la emisión de gases de efecto invernadero, porque los pastizales, con casi 400 especies vegetales, capturan más dióxido de carbono que un único pasto. Además, al remover la tierra para sembrar una pastura nueva se libera una cantidad brutal de carbono.
Esa es una de las razones por las que la ganadería es la actividad productiva que más gases de efecto invernadero produce. Más que el transporte o la fabricación de combustibles. En consecuencia, es la que más aporta al calentamiento global. Y de la Argentina, donde ya hay entre medio y un grado centígrado más de temperatura promedio que hace 50 años.
La otra, la principal causa en cuanto a emisión de gases, es que las vacas eructan metano cada tres minutos. Si no lo hicieran explotarían: su sistema digestivo trabaja con bacterias que digieren el alimento y producen metano, uno de los gases que en la atmósfera retiene rayos solares que recalientan el planeta.
¿Es posible producir y conservar el pastizal?
“Sí, claro”, asegura Federico Quiroga, dueño de El Carrizal, una estancia de 1600 hectáreas sobre la ruta 11, frente a Las Toninas. Él es uno de los 86 productores del país que van en esa corriente, minoritaria todavía, pero creciente. “Con el pastizal natural, sin sembrar una especie forrajera que convirtiera mi campo en un monocultivo, tengo una productividad de 100 kilos de carne por hectárea, 30 kilos más que la media de esta zona de la Cuenca del Salado, pero por debajo del rendimiento que alcanzan grupos de productores que usan pasturas y otros insumos para producir pasto”, dice.
Federico es parte de la Alianza del Pastizal, una iniciativa de la ONG BirdLife International que nació para proteger el hábitat de aves migratorias en Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. En el país la lidera Aves Argentinas y se fue consolidando hasta el punto de que desde hace dos años es posible que los productores certifiquen que la carne es de pastizal y la puedan vender con un sello diferencial.
Pablo Grilli, coordinador del programa de pastizales de Aves Argentinas, detalla los rendimientos: un sistema tradicional permite 0,6 vacas por hectárea y una producción promedio de 90 kilos de carne por hectárea, pero con baja biodiversidad en el ambiente. “Un sistema de ganadería sobre pastizales permite una vaca por hectárea y hasta 170 kilos de carne por hectárea. Pero con una alta biodiversidad en el campo”.
Hablamos de más de 300 especies vegetales, 135 aves y 20 mamíferos.
Los pastizales permiten la convivencia del ganado con las aves. Crédito: Francisco González Táboas
“Podés llegar a producir menos —reconoce Preliasco, de la Fundación Vida Silvestre—. Pero tenés mayor rentabilidad, porque no necesitás renovar el pasto cada cinco años ni plantar sorgo o maíz cada temporada. Es decir, no necesitás insumos que en general están dolarizados”.
Además, explica, el riesgo ante los cambios climáticos es menor: “El pastizal evolucionó durante siglos en este ambiente y está más preparado para soportar inundaciones o sequías que un pasto africano o europeo”.
Las ONG tiene también otro argumento para pelear por una producción bovina más sustentable: muchas de las vacas se engordan en feedlot o corrales de engorde, donde se las alimenta con maíz, un producto del que el humano puede alimentarse.
“Uno de los atributos de la vaca es que puede convertir en carne la celulosa del pasto, algo que no ocurre con el cerdo o los pollos, que se alimentan de maíz. Si las vacas se engordan en el propio pastizal, el hombre no compite por el maíz”, argumenta Preliasco.
Beneficios que no logran quebrar las dudas
Los 86 productores administran unas 400 mil hectáreas en las que tienen 100 mil vacas. Parece mucho, pero es realmente poco: en el país hay 54 millones de vacas.
Si el modelo es rentable y hasta puede ser más productivo, ¿por qué no escala a otras dimensiones? Si permite conservar un ecosistema amenazado, bajar las emisiones de gases de efecto invernadero y recuperar la población de aves y mamíferos en riesgo de extinción, ¿por qué no se convierte en política de Estado?
En el modelo de carne de pastizal, la abundancia de vegetación es notable. Crédito: Fundación Vida Silvestre
Desde la Alianza del Pastizal estiman que hay muchos productores en el interior del país que históricamente crían su ganado conservando el ambiente, principalmente en Corrientes, pero que no se reconocen como productores sustentables. Es decir, el número podría ser mayor.
“Pero sobre todo cuesta mostrar que un sistema basado en procesos y no en insumos comerciales es más estable, confiable y rentable a mediano y largo plazo. Ocurre que el poder de llegada que promueven uno y otro sistema no es el mismo”, señala Pablo Grilli, en referencia a los intereses económicos que tienen quienes comercializan pasturas y otros insumos para que el modelo tradicional prevalezca. “También hay productores que quieren innovar y no encuentran un apoyo técnico apropiado que los termine convenciendo”, agrega.
El Estado respalda el modelo, pero no piensa en imponerlo
“El sistema que propone Alianza del Pastizal es un buen horizonte”, considera Nicolás Lucas, director de Producciones Sostenibles del Ministerio de Agroindustria de la Nación.
Sin embargo, en el Ministerio tienen esencialmente un temor: si el país legitimara mediante alguna resolución u homologación los beneficios de la “carne de pastizal”, alguno de los mercados a lo que llega la carne argentina, principalmente la Unión Europea, podrían exigir esa trazabilidad a todo la carne que ingresa a ese mercado.
Por eso, si bien creen que la potencialidad del modelo es muy alta, el mejor camino para que el Estado lo promueva es presentarlo como medida de mitigación del cambio climático. Es decir, desde el Gobierno podría apoyarse técnica o económicamente la reconversión de productores hacia un modelo más sustentable como iniciativa contra el calentamiento global. “Pero para eso es necesario medir empíricamente la contribución que puede lograr en cuanto a la disminución de los gases de efecto invernadero”, asegura Nicolás Lucas.
El programa más orientado a conservación del ambiente en producciones ganaderas está en manos de la Secretaría de Ambiente de la Nación. Se trata del Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, un esquema de producción que permite la plantación de forrajes, pero en espacios limitados, lo que ayuda a conservar el bosque. “Estamos con tres sitios demostrativos, dos en Santiago del Estero y uno en Chaco, a donde vamos a invitar a otros productores que quieran conocer cómo trabajan y cuál es el resultado que lograron. La intención es que los imiten”, cuenta Juan Pedro Cano, director Nacional de Bosques y Suelos.
En dos cadenas de supermercados y varias almacenes ya venden carne de pastizal. Crédito: Don Edgardo.
La propuesta llegó a las góndolas
La carne de pastizal llegó hace dos años a las góndolas de la cadena Carrefour bajo el sello “Huella Natural”. Venden 12 cortes y todos envasados al vacío. No es la única iniciativa a la venta. La firma Don Edgardo le compra ganado a tres productores que conservan el pastizal. Produce 25 cortes envasados al vacío. La comercialización, en este caso, se hace en Jumbo y 70 almacenes o carnicerías boutique.
“Cuando empezamos, en abril de 2018, encargábamos una jaula (unas 33 vacas) por mes y ahora estamos comprando 4. Lo interesante es que al productor le reconocemos un precio que es un 15% superior al de mercado”, cuenta Alfredo Steffan, responsable comercial de la firma.
Carlos Mena tiene 37 años y estuvo preso 15 años. Aprendió a leer cuando tenía 33 gracias a un abogado voluntario que da clases en la cárcel. Ahora recorre penales enseñando literatura, filosofía y boxeo, y se convirtió en el primer ex preso contratado como tallerista por el Ministerio de Justicia bonaerense. La historia de un hombre que trabaja para que su superación no sea una utopía sino algo alcanzable por otros iguales a él.
The last persecution was one year ago: a coastguard from Argentina´s Navy Police chased a Chinese boat that illegally fished at San Jorge Gulf. The boat managed to escape, but had to pay a 7.5 million ticket.
What happened last year with those two boats was an exception. Because most of the 400 foreigner boats that fish without any type of control they do it little a bit further than mile 200, at approximately 321 kilometers from Comodoro Rivadavia, where Argentina can´t do anything because it´s no longer Argentinean sea. In this article you will find out how this ships operates, from which countries are they, with what species they sweep, how it affects national production, where they unload the fishing and how many marines died during a cruel practice that concerns the UN.
On January 16, the conservationist, Milko Schvartzman, numbered at least 400 fishing boats from parallel 42 and 46, in front of Chubut´s coast, but beyond 200 mile, where international waters are. He didn´t have to fly over the zone. He just entered to a platform where most of the ships are located in satellite´s time.
“They are pirate boats because nobody controls what they fish or how they do it. They hide behind mile 200, where the international legislation doesn’t regulate the exploitation of fishing resources”, says Milko, who leads Healthyoceans (Oceanosanos) project, with the headquarters in Montevideo and financed by Leonardo Di Caprio´s foundation.
You don´t have to simply believe him. It is better to look at that satellite capture and see how the ships gather in front of Chubut, but behind the red line that determines the end of Argentinean Sea, where the coast Guard Police has the faculty of watching that nobody fishes without permission.
Each yellow circle represents a fishing boat. Source: Healthyoceans.
Each yellow circle stands for a fishing vessel. Source: Oceanosanos
Sweeping away the squid
Most of the ships are Chinese, around 40%. The rest are from South Korea, Taiwan and Spain.
“During a year, they fish between 200.000 and 1.000.000 tons. If possible, they capture squid, but also hake, black hake and pollock”, numbers Eduardo Pucci, CEO of the Organización para la Protección de los Recursos Naturales del Atlántico Sudoccidental (OPRAS)Organization for the Protection of the Natural Resources of the Southwest Atlantic., a local NGO that has the support of the national fishing industry.
For Healthyoceans this “pirate” fishing makes at least U$S 800 million per year. For OPRAS, that amount does not go down from U$S 3.000 million, U$S 1.000 million more of what represents the whole Argentinean fishing exportation.
Devastating a natural rich area
Satellite´s images are too eloquent. Every boat in the exact same place. And that has an explanation. That zone, that in
part it’s known as Blue Hole, is very particular
and rich in resources.
“The particular thing is that the continental platform extends a little bit further than mile 200. Just a few miles deeper start the slope. In that place, between the platform and the slope, a great squid migration it’s produced. And the ships exploit the benefit that this occurs just outside de exclusive economic Argentinean zone”, explains marine biologist Claudio Capagna, CEO of Patagonian Forum for the conservation of the Sea, integrated by 16 NGO, among them the Fundación Vida Silvestre, Aves Argentinas and FARN.
The ambiental damage and the marine biodiversity can´t be measured because
there are no records of what is being fished. “What
we can say is that the damage exists, absolutely. It is a damage on the
abundance of species and over diversity”, affirms Campagna.
Milko, form
Healthyoceans, adds that the squid is in the center of the food chain: “If you
attack the specie from which depends a great part of the other fishes, you are
attacking the whole ecosystem”.
To Javier García Espil,
National Manager of Environmental Management of Water and Aquatic, any activity
not regulated has an impact. “Inside the Argentinean Sea we work in responsible
fishing practices, to avoid for example the incidental fishing (accidental). We
also study the biomass and how the fishing population fluctuates to avoid exhausting
the fish stock. That´s why quotas are established”, specifies Espil.
All that is what doesn’t
occur from mile 201. Many boats are fishing with trawling nets and accidentally
kill albatross or capture some fishes that later dismiss because they have no
commercial value.
“Everything that occurs in
the international waters impacts on the Argentinean Sea because the species are
migratory, they go from one place to the other, as whales, killer whales,
elephant seals, sharks, rays and squids”, highlights García Espil.
That is the reason why Pucci, from OPRAS, speaks of an economic loss of U$S
500 million for the fleet of 600 Argentinean fishermen.
State subsidies for boats that add up to 53 deaths
For the activity to be
rentable, the ships of foreigner fishing vessels resort to multiples practices
that internationally the FAO and UN condemned.
Many of the boats that fish
in overseas, far from their origin ports, achieve to be profitable thanks to
the subsidies that they receive from their states. Investigators from the National
Geographic Society, California University from Santa Barbara, Global Fishing
Watch and the Sea Around Us project who studied together the oversea fishing,
arrived to this conclusion.
“To this we
have to add the slave work. Each boat has between 35 and 40 members of the
crew. The five of highest rank are form the country flag, but the rest use to
be Filipinos, Indonesians or from African countries. And they work on
conditions on board that use to be terrible. We´ve seen in the port of
Montevideo the members of the crew in a Chinese vessel that had shackles marks
on their ankles”, denounces Milko.
Indonesian crewmen in a Korean boat. Credit: Oceanosanos
Even more, the Uruguay Army, after a request for a report made by the Organización para la Conservación de CetáceosOrganization for the Conservation of Cetaceans, had to detailed the incidents registered in the port of Montevideo linked to the crew of the foreigner ships that dock there.
The National Navy Police
answer from that country includes a chilling fact: form 2013 until March 2018,
the foreigner fisher vessels unloaded 53 dead people. Almost one per month.
Montevideo, April 20, 2018
Mister President of the Organization for the Conservation of Cetaceans Rodrigo GARCÍA PÍNGARO NOTE NUMBER 062/20/IV/18.- Your Office.-
Dear Sirs,
I am hereby writing to you, with reference to your Note from last March 19, as regards the information connected with incidents that took place with foreign fishing boats at the port of Montevideo since 2013. After having consulted the Coast Guard of the port of Montevideo we can register as follows: -Number of fires: 4 -Number of thefts and/or important fights: 5 -Number of ill people: 11 -Number of dead people: 53
Sincerely
(Signature)
Rear Admiral
FERNANDO PÉREZ ARANA
National Maritime Coast Guard
Triangular transaction through Montevideo
One of the main measures that Argentina decided to discourage the furtive fishing overseas was to forbid the entrance to local ports. “Our country doesn’t allow the incoming to national ports of foreign vessels that operate in open sea”, remarked in writing and after RED/ACCIÓN’s question form the Undersecretary of Fishing of the Nation, in charge of Juan Bosch.
In the same
note, the Undersecretary remarks that “illegal fishing, not declared and not
ruled…can even produce the total collapse of a fishing ground or deeply harm
the efforts to restore the exhausted
populations”.
Brasil and Chile took the same decision tan
Argentina and closed their ports. But it wasn’t enough because Uruguay, by
Montevideo, receives part of the catch that the ships are making in front of
Chubut
In official
communication broadcasting in the Uruguay presidency site, the National
Direction of Aquatic Resources announces a series of efforts to control fishing vessels that enter to Montevideo but recognizes that during 2015
there were more than 1.500 downloads and highlights that “more than the half of
the boats were transferred in the open sea”.
Foreign ships close to the port of Montevideo. Credit: Oceanosanos
“What happens is that reefers or freezer boats board the fishing boats overseas and charge the capture of up to 15 boats”, explains Milko and continues: “Before they enter Montevideo with the charge, Uruguay demands the captain to inform what he is bringing, where he captured it and from which boats comes the catch. Finally, that freezer boat gets to the port, makes the unload, put’s it un a container which travels in a cargo-ship to Asia, Europe or wherever. But nobody observes if it is true or not what the captain said he brought. Besides, the reefer mixes the cargo of 15 boats”.
Milko assures that the boats chose Montevideo because they are few controls and because of the cost, as “in that port they don’t pay VAT and also the catch doesn’t pay the taxes for importation and exportation because it’s a duty-free zone. During an interview published in November by Revista Puerto, the president of the National Administration of Ports from Uruguay, Alberto Días Acosta, assured that in Montevideo’s port is performed “a physical control” of the boats, although he recognized some weaknesses: “I don’t know if the method is shuffle or by complaint”.
Possible solutions and the problems of Malvinas
The United Nations Convention on
the Law of the Sea, 1982, is an international agreement that
Argentina supports, and is the rule/law that tries to organize the sea
activity.
Among other issues, this agreement establishes boundaries to the marine areas; exclusive economic zones of each country (EEZ)An exclusive economic zone (EEZ) is a sea zone prescribed by the United Nations Convention on the Law of the Sea over which a state has special rights regarding the exploration and use of marine resources, including energy production from water and wind.; continental shelf jurisdiction and overseas. It also legislates over navigational rights. But it is not very clear about the exploitation of natural resources in international waters.
Nevertheless, that
convention says that the states must cooperate in the adoption of measures for
the conservation of the living resources in oversea. And that´s a point from were
Argentina could take advantage to work in a solution”, considered Rucci, form
OPRAS.
For Claudio Campagna, the
fact that in the area where the foreigner ships fish without control are trans-zonal
species is an element to “exert sovereignty”.
For Milko, from
Healthyoceans, are many the legal tools that Argentina has: “In the Sustainable
Development Goals from United Nations (SDG 2030), there is one dedicated to marine life”. That goal calls to “form now to 2020, to
regulate efficiently fishing exploitation and put an end to excessive fishing,
illegal fishing, undeclared and unregulated and to destructive fishing
practices”.
Milko points out that also
possible to resort to the World Trade Organization (WTO) to report the
allowances to this type of fishing and to the International Labour Organization
for the conditions in which the crew is working.
“What other states do is work with the countries of the region to restring the access of that predatory fleet with some king of agreement that achieves the recognition of NU, like The Commission for the Conservation of Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) , that achieved to put in order the fishery in that zone”A fishery is defined by fishing activity (harvesting) for a particular species or group of species, the gear used and the geographical area in which it occurs., exemplifies Milko.
Many of the parties
interests in this issue agree in the need of arriving to a regional agreement,
but there is a pulsing risk that until now no government was willing to take:
“If we wanted to arrive to an agreement with the coastal countries of the South
Atlantic, we could be indirectly recognizing the Falkland Islands as a coastal
state”, warns Pucci.
Argentinian´s
Chancellery preferred not to make any type of statement about this issue. While
the Undersecretary of Fishing limited to say: “Argentina will continue working together
at international level, while at a regional level the country is part of the
network of exchange of information and experiences between countries of Latin
America and the Caribbean to prevent, discourage and eliminate the illegal
fishing, undeclared and unregistered”.
The efforts of Prefecture and the invisible line
Carlos Villareal has worked
in Prefecture for the last 32 years. Since some years he is Chief of the
Maritime Traffic Service and one of the main responsible to watch over the 200
mile in the Argentinean Sea.
“Now, watching the monitor
equipment hath we have, I can tell you that there about 200 boats in the
parallel 46, by Comodoro Rivadavia, between mile 201 and 210”, points out by
telephone.
Credit: Argentine Coast Guard
Sometimes, they get in every now and then. “We detect them because we have the guard coast in the zone, because since 2014 we have a Beechcraft King Air 350 used for this job and because we have a satellite control system”.
From 1983 until now, 75 ships were captured by Prefecture fishing illegally in the Argentinean Sea. A lot. Or not much, if you take into account that some miles further, outside de Argentinean exclusive economic zone, up to 400 boats fish whatever they want and how they want it without any control.
En casi todas las primarias del país, los directivos aseguran haber trabajado en la escuela temas de educación sexual y los docente reconocen que tienen materiales para abordar el tema. Sin embargo, hay contenidos que los niños y niñas de 11 y 12 años todavía no ven en clase: la mitad afirmó que nunca trabajó el tema embarazo y dos tercios de los alumnos dicen no haber hablado sobre cómo evitar abusos sexuales. Los datos son parte de los resultados de las pruebas Aprender difundidos por el Gobierno.
Las pruebas Aprender sirven para evaluar cómo evoluciona el aprendizaje en el país y en consecuencia qué políticas educativas deberían ser ajustadas. Fueron tomadas en octubre pasado a todos los estudiantes de 6° grado de las primarias públicas y privadas: unos 574.000 chicos y chicas. Se los evaluó sobre el aprendizaje alcanzado en las materias de Lengua y Matemática, pero esta vez les hicieron un cuestionario complementario con preguntas referidas a la implementación del programa nacional de Educación Sexual Integral (ESI), creado por ley en 2006 pero poco implementado en muchas escuelas.
Más abajo veremos cómo mejoró el aprendizaje en Lengua y cómo empeoró levemente en Matemática. Antes, expondremos en gráficos los contenidos vinculados a educación sexual que los estudiantes de 6° aseguran haber trabajado en clase con más regularidad.
Hablan de sus derechos pero poco de embarazo
En este gráfico de barras vemos que temas como el cuidado y los cambios del cuerpo, la igualdad de derechos entre mujeres y varones, los derechos de niños, niñas y adolescentes, y la importancia de comunicar las ideas son contenidos que la mayoría de los estudiantes asegura haber trabajado.
Pero el alcance de otros temas, como el embarazo, los métodos para prevenirlo, las formas de evitar el contagio de enfermedades de transmisión sexual y las maneras de evitar un abuso sexual, es mucho menor: llega al 50% o menos de los estudiantes.
Fuente: Aprender 2018
Esto ocurre a pesar de que el año pasado hubo un acuerdo entre los ministros de educación de las provincias reunidos en el Consejo Federal de Educación para que durante la primaria se vean, entre otros temas, los siguiente contenidos:
Embarazo: aspectos biológicos, sociales, afectivos y psicológicos.
Métodos anticonceptivos.
Prevención de las infecciones de transmisión sexual.
Abuso sexual, la violencia de género y la trata de personas.
Decir “no” frente a interacciones inadecuadas con otras personas.
No guardar secretos que los hacen sentir incómodos, mal o confundidos.
Nuevas formas de masculinidad y femineidad en el marco de la equidad de género.
Imagen de las preguntas que le hicieron a los estudiantes.
Actualmente, organizaciones de la sociedad civil, centros de estudiantes y docentes reclaman por el cumplimiento del programa de educación sexual en las escuelas, tal como lo contamos en RED/ACCIÓN a fines del año pasado.
Ocurre que según una encuesta de la consultora D’Alessio IROL, solo 2 de cada 10 alumnos argentinos reciben educación sexual de manera habitual en el aula.
En las escuelas afirman que dan educación sexual
Desde el Ministerio de Educación destacaron las cifras como un avance, sobre todo partiendo de lo que declararon los directivos y docentes: “El 98% de los directivos aborda educación sexual integral en su escuela”, “un 99% de los docentes cuentan con materiales para abordar esos contenidos” y ” “más del 70% de los docentes ha recibido capacitaciones en esta temática”.
Fuente: Aprender 2018
Una mejora importante en Lengua
Los resultados difundidos por el Gobierno evidencian una mejora en Lengua en todas las provincias del país respecto de los exámenes de 2016.
Las pruebas marcan que el 75% de los estudiantes alcanzó un nivel satisfactorio o avanzado, lo que representa un incremento de 8,5 puntos porcentuales a nivel nacional con respecto a los resultados que habían alcanzado los alumnos en las pruebas Aprender de 2016.
Fuente: Aprender 2018
Ese 25% que quedó por debajo del nivel satisfactorio (1 de cada 4 chicos) nno puede jerarquizar información ni establecer secuencias de ideas en textos expositivos. Tampoco incorporó la práctica de la relectura total o parcial y por eso se le dificulta encontrar información literal cuando no está destacada o reiterada.
Además, no maneja conceptos básicos de la asignatura y esto los lleva a realizar lecturas poco profundas en textos literarios más complejos en los que es necesario reflexionar sobre el tipo de narrador o las características psicológicas de los personajes.
Matemática: una leve baja agrava el diagnóstico
A contramano de lo que ocurrió con Lengua, el porcentaje de los estudiantes que consiguió un nivel avanzado o satisfactorio en la prueba de Matemática bajó del 58,6% al 57%.
Es decir que 4 de cada 10 niños o niñas no logran identificar propiedades específicas de las figuras geométricas ni calcular el área o trabajar con equivalencia de medidas de longitud. Y muestran dificultad en resolver situaciones problemáticas que involucran operaciones con fracciones o la división de números naturales con análisis del resto.
Un tribunal le exigió al Gobierno “poner en marcha obras que amplíen la capacidad” en todo el país. Consideró que por la superpoblación y el hacinamiento que hay en los penales federales, las condiciones de alojamiento son “inhumanas”. En apenas 15 meses, la superpoblación se multiplicó por cinco. ¿Por qué crecieron tanto las detenciones?
Qué pasó. Los jueces de la Sala VI de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Marcelo Lucini y Magdalena Laiño, consideraron más que probada la superpoblación en las cárceles federales y le ordenan al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y al Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda que de manera “inmediata” destinen fondos para ampliar la capacidad de los penales.
Extracto del fallo de la Cámara del Crimen.
Qué condiciones observó el tribunal. A lo largo del fallo, que puede ser consultado desde el sitio de la Procuración Penitenciaria, los jueces describen condiciones de alojamiento “inhumanas” y caracterizan la situación como de “hacinamiento”.
Cuando se refieren al sistema en general, lo tipifican como en “estado de emergencia”. Y citan un ejemplo concreto: en una celda de la alcaldía de Tribunales que está preparada para 8 o 9 personas había entre 28 y 36 personas, condición que originó el reclamo de los presos y la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Alcaldía de Tribunales. Foto: Procuración Penitenciaria de la Nación.
Cuál es la capacidad y la ocupación real. En las 31 cárceles federales hay hoy, 12 de marzo, exactamente 13.788 detenidos en celdas que están preparadas para alojar 12.235 personas. Es decir hay una superpoblación del 12,21%, según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
Hace 15 meses, en noviembre de 2017, eran 319 los presos que excedían la capacidad declarada por el Servicio Penitenciario Federal, según el Ministerio Público Fiscal. Es decir que desde ese informe, la superpoblación se multiplicó por cinco.
A qué ritmo crece la población carcelaria. En los últimos 10 años, las personas detenidas en unidades federales creció a un ritmo del 5% anual. Sin embargo, si tomamos el incremento desde 2015 en adelante, el aumento escala a un ritmo del 11,4% anual
Por qué hay cada vez más detenidos. Son varias las causas, pero sobresalen esencialmente cuatro.
1.Ley de flagrancia. En 2016 se votó la ley de flagrancia, que acelera el juzgamiento de las personas que son vistas y detenidas cuando cometen un delito. Con esa ley, se llegan a condenas apenas 36 horas después de cometido el delito.
“La gran mayoría de los arrestos son en flagrancia (in fraganti). Y eso podría explicarse principalmente porque la presencia policial en la Argentina ya había escalado a 803 policías cada 100 mil habitantes en 2015 y es la relación más alta de América Latina”, señaló Fernando Cafferata, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad de Tres de Febrero (CELIV).
2.Detenidos por violación a la ley de drogas. Entre enero y noviembre las fuerzas federales concretaron 25.271 procedimientos antidroga, en los que detuvieron a 28.922 personas, un 80% más que en 2015, según datos publicados por la Jefatura de Gabinete de la Nación.
Sólo en las cárceles federales hay 4.510 detenidos por la ley de drogas.
Ariel Cejas Meliare, director General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, tiene una visión crítica del tema: “La mayoría de los detenidos por droga no son traficantes sino mulos. Pero llegan a las cárceles federales con prisión preventiva porque le piden al menos 4 años de cárcel, por lo que no pueden llegar libres al juicio. Habría que preguntarse si trafican para enriquecerse o lo hacen por necesidad y falta de instrucción, y por lo tanto deberían darle una excarcelación”.
3. Limitan las excarcelaciones. Finalmente, desde mediados del año pasado, rige una ley que limita las excarcelaciones en casos de delitos graves, entre los que figura desde homicidio y secuestro hasta producción y comercialización de drogas, que son delitos más comunes o expandidos.
Según los registros del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, en 2017 y en comparación con 2016, se redujeron a la mitad o menos las salidas transitorias, los regímenes de semilibertad, de prelibertad o de prisión discontinua, por ejemplo.
4.Juicio abreviado. Por último, se usa cada vez más el juicio abreviado, una figura instaurada en 1997 que le permite al fiscal hacer un pacto con el imputado a cambio de una pena menor si el acusado admite su culpabilidad.
El Gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para crear un nuevo sistema de responsabilidad penal juvenil. Propone bajar la edad de imputabilidad a los 15 años y crear castigos alternativos para evitar que muchos sean encerrados. Si prospera la reforma, ¿qué impactos tendría en los adolescentes que cometieron delitos? ¿Habría más jóvenes presos y por más años? ¿El sistema judicial sumará la estructura como para ordenar sanciones alternativas al encierro? El Gobierno afirma que sí, pero especialistas en derecho juvenil y Unicef creen que muchos cambios son un retroceso en los derechos de niñas, niños y adolescentes. En esta nota, te explicamos qué modificaciones se quieren instaurar y qué impacto tendrían.
Advierten que en lo inmediato podrían aumentar los encierros
El sistema actual se rige por una ley de 1980, decretada por la última dictadura. Ese texto dice que nadie es punible si tiene 15 años o menos. Y que sí es imputable si tiene 16 o 17 años y cometió un delito cuya pena máxima es de 2 años o más. Es decir, desde homicidios hasta hurtos, estafas o daños a propiedades privadas: la mayoría de los delitos.
La propuesta del Gobierno mantiene las mismas condiciones para los menores de 16 y 17 años, pero incorpora a los de 15. Define que son condenables si cometen delitos sancionados con hasta 15 años de prisión: homicidios, violaciones, secuestros extorsivos, robos con arma de fuego y lesiones gravísimas. Todos son delitos graves.
Unicef y el colectivo de organizaciones que forman Infancia en Deuda están en contra de esa medida. Coinciden en que agrava las penas y significa un retroceso en materia de derechos humanos.
“Con la estructura actual, lo que los jueces tendrán más a mano es la privación de la libertad. Pienso que el proyecto pudo haber incluido algún tipo de responsabilidad para esa edad, pero sin contemplar el encierro”, advierte Germán Martín, fiscal de delitos juveniles de Neuquén y uno de los especialistas que participó de los talleres previos que organizó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación antes de redactar el proyecto.
En el último de esos encuentros se trató la baja de la edad de imputabilidad. En el resumen del taller, el ministerio reconoce que “con amplia mayoría, los participantes se pronunciaron por mantener la edad de imputabilidad en 16 años”.
Unicef está convencido de que el esfuerzo del Estado debe darse antes de que el adolescente cometa un delito y señala la necesidad de un “fuerte trabajo en las políticas de niñez y adolescencia”. ¿En qué se basa? En un trabajo reciente en el que entrevistó a 508 de los 1300 adolescentes presos en el país: la mitad no iba a la escuela cuando lo encerraron; 1 de cada 3 vivió en la calle; el 61% empezó a trabajar con menos de 16 años; la mitad consumió cocaína y el 23% pasta base; y 1 de cada 4 tiene al menos un hijo.
En el Ministerio de Justicia reconocen que bajar la edad de imputabilidad podría elevar de 6800 a 7100 los adolescentes en conflicto formal con la ley. “Pero si se tienen en cuenta que habrá medidas alternativas al encierro no necesariamente ese incremento implica más encierros”, considera Deborah Dobniewsky, la funcionaria de la Subsecretaría de Justicia y Política Criminal que lideró el proyecto de reforma.
Foto: Unicef Argentina / Pepe Mateos
Un sistema especializados y con sanciones alternativas
Una de las columnas vertebrales del proyecto del Ejecutivo es la inclusión de alternativas de castigo que no son la prisión. En ese aspecto hay consenso en que la propuesta es un gran avance respecto a las herramientas que hoy tienen los jueces.
“La finalidad principal del sistema penal juvenil que queremos instrumentar es fomentar en el adolescente el sentido de la responsabilidad por sus actos y procurar su integración social”, remarca Dobniewsky.
Por eso, si bien el universo de adolescentes punibles crecería en caso de prosperar la ley, las herramientas para sancionarlos sin enviarlos a un instituto son mucho más y quedan establecidas por ley:
Remisión. El juez puede perdonar y declarar extinguida la acción penal. Pero deberá mandar al adolescente a que se sume a un programa, estatal o comunitario, que promueva y atienda los derechos adolescentes.
Mediación. La víctima o el adolescente imputado podrán pedir que se inicie una mediación para llegar a un acuerdo. Estará a cargo de un mediador ajeno al tribunal.
Acuerdo restaurativo. También podrán iniciar un diálogo para solucionar la controversia que motivó el delito denunciado y restaurar el daño producido.
Sanciones socioeducativas. El juez tendrá la chance sancionar al adolescente con la asistencia a una capacitación laboral, a una actividad deportiva o un tratamiento médico o psicológico, por ejemplo.
Sanciones disciplinarias. Además, existiría la posibilidad de prohibirle la conducción de motos o autos, resarcir un daño, limitar el acceso a determinado lugar o realizar trabajo comunitario.
Lo que instaurarían estas herramientas es una justicia especializada. “En algunos casos, permite prescindir de la acción penal fundada en las circunstancia del hecho y la reparación del daño”, explican desde el Ministerio de Justicia,
Esperan menos arbitrariedades de los jueces
La ley actual no ofrece respuestas para los menores de 16 años, pero le otorga a los jueces un poder tutelar discrecional. Ese poder habilita encarcelamientos que podrían considerarse inconstitucionales o contrarios a la Convención sobre los Derechos del Niño. De hecho, hay, o hubo, adolescentes de 15, 14, 13 y hasta 12 años presos. Por ejemplo, en las provincias de Córdoba y Buenos Aires.
Un informe de septiembre del año pasado hecho por la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia expone que en el país hay 99 menores de 16 años privados de la libertad.
“La reforma deja en el juez la responsabilidad de definir una sanción, pero se apoya en el trabajo de un equipo multidisciplinario que creará la ley y que tendrá a su cargo el diseño de un plan individualizado para cada sanción”, explica Dobniewsky, aunque reconoce que la decisión última es del juez: “La ley debe evitar arbitrariedades, pero mantiene el derecho de un juez a interpretar la norma de manera armónica con la propia ley, la Constitución y los tratados internacionales”.
Temor por el tratamiento que tendrán los menores de 15
El proyecto los considera inimputables y afirma que “no serán sometido a proceso penal”. Y señala que en caso de que un adolescente de menos de 15 años comete un delito, el juez debe declarar la inimputabilidad, mientras que el fiscal “deberá realizar una investigación”, “determinar la existencia y circunstancia del delito” y el rol que ocupó el adolescente.
Sin embargo, la ley habilita al juez o al fiscal a dar intervención a organismos de protección de derechos del niño, niña o adolescente para implementar instancias de mediación o acuerdos restaurativos.
“El proyecto propone un abordaje para el menor de 15 años desde la justicia penal. Y nos asusta porque tenemos jueces que tienen una mirada tutelar”, advierte Juan Facundo Hernández, uno de los candidatos finalistas a ocupar el cargo de Defensor del Niño, una figura creada por ley en 2005 pero aún no constituida.
Ese punto también es cuestionado por Infancia en Deuda: “Vemos con preocupación que el proyecto mantenga la posibilidad de que los jueces penales establezcan medidas de carácter sancionatorio sin debido proceso respecto a adolescentes no punibles”.
Para el Ministerio de Justicia, más allá de esa lectura, lo que dejaría en claro esta ley es que “nunca más podrá haber jóvenes inimputables institucionalizados”. Es decir, menores de 15 años en prisión.
Agrava las penas, pero también podría reducirlas
Unicef fue uno de las principales instituciones que participó del debate previo a la redacción del proyecto. Sin embargo, quedaron poco conformes con el articulado. Entre otros puntos, porque consideran que “agrava las penas”.
Se basan en que el castigo máximo para un adolescente de 15 años son 15 años de prisión. Mientras que a los de 16 y los de 17 años no dispone ningún tope. El proyecto señala únicamente que nadie puede ser castigado con prisión perpetua.
“Poder darle la misma cantidad de años de prisión que los que tiene de vida, es demasiado. Y encerrar por todavía más años a un adolescente de 16 o 17, es renunciar como Estado a cualquier posibilidad de resocialización”, critica el juez penal juvenil de San Martín Gabriel Peñoñori, quien también participó de la discusión del proyecto oficial.
Para el Gobierno, ese razonamiento no es tan lineal. “Se instauran instancias previas, como las de restauración y mediación, que podrían disminuir las penas”, aclara Dobniewsky, que es abogada penalista especializada en justicia penal juvenil.
Foto: Unicef Argentina / Pepe Mateos
Impone garantías mínimas, pero poco ambiciosas
Uno de los puntos elogiados del proyecto que fue enviado al Congreso es que prohíbe expresamente alojar a adolescentes en comisarías, algo que ahora ocurre.
También impone que el adolescente debe ser informado de la imputación y que debe hacerse en un lenguaje fácil de comprender. Y deja en claro que el juez tiene que escuchar al adolescente “cada vez que lo solicitare”.
Pero hay algunas garantías mínimas que varios especialistas consideran poco pretenciosas: establece que la prisión preventiva no podrá exceder un año, prorrogable por otro año; y que todo el proceso de juzgamiento no puede durar más de tres años.
“En Neuquén, por ejemplo, yo puedo mantener con prisión preventiva a un adolescente sólo 30 días. Y el proceso no puede durar más de 6 meses”, remarca el fiscal Germán Martín.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, los tiempos también son más breves de lo que propone el proyecto de ley: “De preventiva puedo otorgar 180 días prorrogables por otros 180 días”, detalla el juez Peñoñori.
La explicación que tiene el Gobierno sobre este tema es que el sistema que proponen establecería estándares mínimos para todo el país. “Son condiciones mínimas, pero cada provincia puede mejorar esos plazos, la ley no lo impediría”, argumenta Dobniewsky.
¿Quién garantiza la inversión necesaria?
Para que ningún adolescente quede detenido en un lugar que no sea específico para menores de edad y para que los jueces juveniles cuenten con equipos de psicólogos, sociólogos y médicos, será necesario una inversión en infraestructura y recursos humanos.
Uno de los último artículos del proyecto compromete fondos: “Las erogaciones que requiriere el cumplimiento de la presente ley se atenderán con los recursos que se incluyeren en las leyes presupuestarias correspondientes a cada ejercicio”.
Pero aclara que para adecuar los centros de detención y conformar los equipos multidisciplinarios, habrá un plazo de siete años para las provincias y la ciudad de Buenos Aires y de tres años para los juzgados federales que dependan de Nación.
“La inversión fue estimada y será costeada en parte con el presupuesto nacional y en parte con los fondos que las provincias tienen para su sistema judicial”, aseguró Dobniewsky,
Más allá de esas previsiones, varios especialistas desconfían respecto de las posibilidades reales de conseguir los fondos en un contexto de ajuste fiscal. Desde Infancia en Deuda, por ejemplo, recuerdan que en enero el Poder Ejecutivo recortó un 56% la partida para la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes, un 59% los fondos destinados a la Comisión Bicameral encargada de la designación del Defensor o Defensora y un 21% a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia.
La puja salarial entre gremios docentes y gobiernos es la punta más visible de la crisis del sistema educativo argentino, cuyas raíces se hunden en un complejo entramado que incluye cuestiones de financiamiento, de gestión, de falta de prioridad y hasta de cierta apatía social. En el último mes en nuestro país se publicaron cuatro informes que hacen foco en distintos aspectos del problema, y cada uno de ellos ilumina un capítulo distinto del desafío educativo:
CAE LA INVERSIÓN EN EDUCACIÓN. La inversión nacional se redujo un 9% desde 2016 y esa caída llegaría al 19% a fin de 2019. El sistema federal hace que la mayor parte de las escuelas dependen de las respectivas provincias, donde los fondos destinados al área también disminuyeron un 8% entre 2015 y 2016. Lo advierte el Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) en su documento El financiamiento educativo en la Argentina: balance y desafíos de cara al cambio de década
POR LOS PAROS DOCENTES LOS ALUMNOS PIERDEN EN PROMEDIO TRES MESES DE CLASE A LO LARGO DE LA PRIMARIA. Entre 1983 y 2018, hubo en promedio 12 días de paro docente por año en las escuelas primarias. Esto hace imposible cumplir con la Ley N° 25.864 de 2003, que fijó un piso de 180 días de clases para el ciclo lectivo. La información surge del documento ¿Cuántos días de paro docente hay en Argentina en el nivel primario? del Observatorio Argentinos por la Educación.
MÁS CARGOS DOCENTES, CON MENOS SALARIOS Y ALUMNOS. Un docente con 10 años de antigüedad en una escuela primaria gana al año 19.741 dólares y está entre los sueldos más bajos del mundo: 34 entre 37 países estudiados. El poder adquisitivo del salario docente cayó un 14% entre 2015 y 2018, y cada vez hay más docentes y menos alumnos en las escuelas estatales. Lo explica el documento Aumentan los cargos docentes pero no los salarios ni los alumnos, del Centro de Estudios de la Educación Argentina de la Universidad de Belgrano.
EL DESEMPEÑO DE LOS ALUMNOS NO MEJORA. Uno de cada tres estudiantes de 6° grado de la primaria obtuvieron desempeños básicos o por debajo de lo básico en la prueba Aprender 2017 de Ciencias Naturales. el dato surge del trabajo Uno de cada 3 alumnos no alcanza buenos resultados en Ciencias Naturales del Observatorio Argentinos por la Educación.
1. Una sociedad en retirada, y los sindicatos como el único actor con continuidad
“Los gremios son los únicos actores que se han mantenido en el campo de la educación de manera sostenida desde los ‘90”, remarca Guillermina Tiramonti, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y coordinadora del Consejo de Formación Continua de la provincia de Buenos Aires.
Tiramonti explica que desde que la escuela estatal atiende principalmente a sectores bajos y medios de la población, parte de la sociedad dejó de reclamar mejoras en la educación. ¿Por qué? Las familias que mandan a sus hijos a las escuelas estatales están más preocupados en qué van comer que en demandar calidad educativa. Y completa la idea al exponer que la clase media alta y alta, que sí tiene poder demanda, se fue a la gestión privada y de alguna manera se retiró de esa pelea.
Otros especialistas coinciden: “El sindicalismo es el único actor político que quedó en pie en toda la sociedad argentina. Los partidos políticos se retiraron, las grandes religiones, los empresarios, las centrales de trabajadores y la clase media, también. Quedan los gremios y los funcionarios, que van cambiando”, apunta Mariano Narodowski, doctor en educación y docente de la Universidad Torcuato Di Tella.
La centralidad de los gremios puede explicarse entonces por dos aspectos: no hay otros actores con continuidad en el tiempo y los salarios promedios por cargo están por debajo del valor de la canasta básica: $ 21.051, para una familia de dos adultos y dos menores (Indec) o de $ 25.794, para la misma familia tipo pero en la Ciudad de Buenos Aires.
En el último informe, Cippec ofrece otras pistas que explican su poder, de alguna manera alimentado por el propio Estado, que es quien define los salarios. Resalta que los salarios de los profesores del nivel secundario perdieron más poder adquisitivo que los de primario. “La desigualdad en la situación de los salarios de ambos cargos podría deberse al hecho de que históricamente el nivel primario logró una mayor representatividad gremial y con ello, la conquista de mejores niveles salariales”, señala el trabajo firmado por las investigadoras Agustín Claus y Belén Sánchez.
2. Financiamiento educativo en baja, y sin salvaguarda frente a las crisis
En 2018, el Gobierno nacional destinó a educación $ 165.000 millones. Comparado con lo invertido en 2015, durante la gestión anterior y en montos actualizados por la inflación, son $ 29.500 millones menos o un retroceso del 15%. Representan alrededor de $ 2.500 menos por alumno.
A esos número llegó el informe El financiamiento educativo en la Argentina: balance y desafíos de cara al cambio de década que el jueves pasado presentó Cippec. Y no hace falta comparar el presupuesto con años de otra gestión. Desde que Cambiemos elabora el presupuesto, la partida para educación se contrae: el año pasado destinó un 9% menos de fondos que en 2016 y si se cumple el presupuesto para 2019, ese ajuste será del 19%.
“La salida del gradualismo económico en 2018 se manifestó con fuerza en la reducción de la inversión educativa. Es preocupante la reducción generalizada de la inversión asignada a políticas educativas nacionales previstas para 2019, teniendo en cuenta el escaso margen de las provincias para implementar políticas más allá del mantenimiento del sistema educativo (como pago de salarios e infraestructura) con recursos propios”, remarca Belén Sánchez.
En algunos programas, como el de formación docente, infraestructura o educación digital, los recortes son muy pronunciados.
La ley de Educación Nacional establece que se debe invertir en educación el 6% del producto bruto interno (PBI). Sin embargo, desde su sanción, en 2006, sólo se cumplió en 2015. En 2017, por ejemplo, llegó a ser del 5,7%, retrotrayendo el porcentaje alcanzado en 2014.
Sin embargo, llevar la inversión al 6% del PBI no necesariamente es invertir más en educación, lo que marca la complejidad de la crisis y la falta de garantías respecto a la protección, más allá de quien gobierne, de los fondos destinados a educación.
“La ley que obliga a destinar ese porcentaje del PBI a educación no salvaguarda los fondos para el área porque en años de crisis fiscales y menor PBI, cumplir con ese porcentaje no implica necesariamente sostener la inversión, sino posiblemente lo contrario. Es una ley procíclica”, cuestiona Narodowski.
3. Buena proporción de docentes por alumnos, pero en un sistema sin transparencia
Desde 2003 hasta 2017, la cantidad de cargos docentes por alumnos en las escuelas primarias estatales del país creció un 19%, pero la cantidad de alumnos bajó un 6%, según datos del Centro de Estudios de la Educación Argentina.
“La Argentina registra una relación entre alumnos y cargos docentes muy buena en comparación con países industrializados y de América Latina. Tenemos un promedio de 12 alumnos por cargo docente en el nivel primario estatal. Esa misma relación es de 17 alumnos por docente en Australia, Japón, Holanda y Corea del Sur; de 20 en Rusia, Reino Unido y Francia; y de 21 en Brasil y Chile”, asegura Alieto Guadagni, director del estudio.
Para Guillermina Tiramonti, uno de los problemas es justamente la falta de transparencia respecto a cómo y en qué se invierten los fondos: “Es cierto que si analizás los cargos, la relación de alumnos por docente es muy buena en comparación con otros países. Pero si vas personalmente a una escuela, esa relación no existe: tenés un docente al frente de un curso mucho más numeroso”.
Tiramonti reclama más transparencia como para poder analizar la eficiencia de la inversión: “Durante las paritarias, los gremios y los ministros discuten la recomposición salarial y muchas otras cosas más. Pero lo único que sabemos, una vez terminada la paritaria, es qué porcentaje de aumento se acordó. De lo demás, no sabemos nada”.
4. Falta un proyecto nacional de largo plazo, y sobran ministros-candidatos
Para Narodowski, en el sistema educativo argentino hay un desorden que es síntoma del colapso y de una parálisis que lleva décadas: “No hay un proyecto educativo nacional claro y a largo plazo, que trascienda los gobiernos, y forme parte de una estrategia de país”.
El especialista agrega que a esa falta de rumbo, se le suma el hecho de que Argentina es un país federal, donde cada provincia tiene su sistema educativo, que pueden ser muy parecidos, pero suman desorden: “Hay que trabajar en un consenso general, aunque tengamos desacuerdos. Porque hoy ni siquiera sabemos en qué estamos en desacuerdo porque no hay un plan”.
Hace dos semanas, la Universidad Torcuato Di Tella y el Observatorio Argentinos por la Educación organizaron una charla: “¿Cómo lograr que la educación sea prioridad en el debate público en la Argentina?” Los expositores, editores de medios como La Nación, Página 12, Infobae y Clarín, remarcaron, como una manera de entender por qué no hay un plan educativo claro, que varios de los últimos ministros de educación descuidaron sus funciones para hacer campaña: Daniel Filmus fue candidato a jefe de Gobierno porteño durante su gestión, que terminó en 2007; Esteban Bullrich fue dos años ministro y dejó el cargo para hacer campaña para las legislativas de 2017; mientras que el actual ministro Alejandro Finocchiaro ya adelantó que se postulará como candidato a intendente en el partido de La Matanza.
5. Fondos nacionales, provinciales, y una errática asignación de presupuestos
Sobre el informe El financiamiento educativo en la Argentina: balance y desafíos de cara al cambio de década, de Cippec, RED/ACCIÓN habló con Manuel Vidal, jefe de Gabinete del Ministerio de Educación.
“El trabajo no toma en cuenta que el Gobierno nacional impulsó un cambio en las políticas de coparticipación que implicó incremento de fondos para las provincias”, destaca Vidal.
En el entorno de Finocchiaro remarcan que el informe habla del “escaso margen” que tienen las provincias para gastar más allá del desembolso en salarios e infraestructura, pero consideran que “lo cierto es que hoy la mayoría de las provincias tiene mejores condiciones fiscales que la Nación, y es una decisión del gobierno provincial destinar más recursos al sistema educativo”.
“Cuando asumió Cambiemos, casi todas las provincias tenían déficit. Hoy son 20 las que tienen superávit gracias a la devolución de 15 puntos de coparticipacion por parte del gobierno nacional”, remarcaron desde el Ministerio.
Sin embargo, la mayor coparticipación no se tradujo en mayor inversión en educación por parte de las provincias, sino lo contrario: en 2017 cayó un 8% respecto a 2015. El problema, reconocen desde el Ministerio, es que esa mayor coparticipación no fue condicionada para que en determinada proporción sea invertida en educación.
6. La secundaria posible: invertir, innovar y jerarquizar al docente
La crisis que vive la secundaria en la Argentina es la más profunda de todo el sistema y se puede explicar en cifras: de cada 100 chicos que la empiezan, solo 45 la terminan en el tiempo previsto. En los sectores más pobres, esa cifra baja al 40%. ¿Las razones? Cada año abandona el 2,5% y repite el 10%. De los que llegan a quinto, 7 de cada 10 no resuelve bien problemas de matemática.
Por eso existe un gran consenso sobre la necesidad de transformar la secundaria. Provincias como San Luis, La Rioja y Córdoba ya experimentan cambios que empezaron a mostrar mejoras en la promoción y los aprendizajes. Prueban sumando tecnología; ideando clases flexibles y más prácticas; y evaluando a los alumnos de forma integral o por proyectos.
En todos los casos, esas experiencias tienen de trasfondo dos columnas que ayudan a sostener las transformaciones: las gobernaciones invierten en el pago de horas adicionales para que los docentes puedan planificar las clases y no tengan que ir de una escuela a otra para sumar horas, y destinan más dinero a obras que sirvan para mejorar la infraestructura de los colegios.
El fuego arrasó el año pasado con 1.400.000 hectáreas de bosques y pastizales del país. Consumió pasturas, montes achaparrados y montañas cubiertas de cipreses. Exterminó nidos de aves y calcinó miles de animales. Redujo a carbón la vida de un área equivalente a 69 veces la Ciudad de Buenos Aires o dos tercios de la provincia de Tucumán. Pero el fuego no es el protagonista de esta historia: la sociedad, consciente o no, es la principal responsable de que esta tragedia ambiental ocurra y se haya agravado en los últimos tres años.
Solo en un verano ardió el 10% de La Pampa. Fue entre diciembre de 2016 y enero de 2017. En esa temporada se quemaron 1.100.000 hectáreas de arbustales y bosques de caldén, el árbol símbolo de La Pampa. ¿Qué pasó? Una seguidilla de tormentas eléctricas secas, sin lluvias, encendieron pastos y ramas extremadamente secas. Fue el incendio más grande de los últimos años.
Foto: Gobierno de La Pampa
Hasta ahí todo parece muy natural, pero en verdad no lo es. “El clima cambia y aumentan los incendios”, advierte Lisandro Ranocchia, subsecretario de Protección Ciudadana de La Pampa. El clima cambia esencialmente por el calentamiento global provocado por los gases de efecto invernadero. En la Argentina, la temperatura subió entre 0,5 °C y 1 °C en los últimos 50 años.
En La Pampa lo tienen estudiado. Los inviernos son cada vez más lluviosos y hacen que la vegetación sea más abundante. Pero le siguen veranos secos, con altas temperaturas y tormentas eléctricas que encienden focos que el viento se encarga de hacer crecer. “Llegamos a tener ocho incendio por día”, remarca Ranocchi.
Los efectos del cambio climático y la imprudencia de las personas (lo veremos más adelante) explican una estadística preocupante: en 2016, 2017 y 2018 se quemaron más del doble de hectáreas que el promedio anual desde 2005.
Fuente: Secretaría de Ambiente de la Nación
Sólo 3 de cada 100 incendios son por causas naturales
“Los eventos climáticos extremos tienden a ser cada vez más extremos y más marcados”, advierte la meteoróloga María del Carmen Dentoni, a cargo de la Coordinación de Análisis de Riesgo Ambiental de la Secretaría de Cambio Climático de la Nación. Como especialista en evaluación de peligro de incendios, Dentoni tiene su oficina en Esquel, en Chubut, otra de las provincias más castigadas por los incendios.
“En la Patagonia, la causa humana de los incendios es muy alta. Y aún más en la zona cordillerana, que es una región húmeda y un rayo difícilmente pueda provocar un foco de incendio”, analiza Dentoni, que desde Esquel recopila la información que le envían las provincias sobre incendios, superficie afectada y causa, un dato que también ayuda a entender por qué somos nosotros grandes responsables: sólo en el 3,3% de los incendios ocurridos entre 2009 y 2016 pudo establecerse que la causa fue “natural”.
El origen específico de cada incendio es difícil de determinar. Principalmente porque ocurren en sitios generalmente aislados y sobre una gran superficie. Eso explica Emilio Renda, secretario de Protección Civil de la Nación. Es el máximo responsable del combate de los incendios en el país, que se da desde el Plan Nacional de Manejo del Fuego, que en a mediados 2017 pasó del entonces Ministerio de Ambiente al Ministerio de Seguridad.
De un fuego mal apagado a la chispa de un tren
Renda reconoce que no siempre se logra determinar la causa pero arriesga un porcentaje desde su experiencia y rol: “En el 90% de los casos el foco de incendio lo causa el hombre, de manera intencional o accidental”.
Entre los intencionales, está la quema de sus campos que hacen los productores para renovar la pastura y que muchas veces no pueden controlar. Esa quema puede ser ilegal o legal, como ocurre en La Pampa, que tiene una reglamentación específica que establece que las quemas se deben realizar sólo entre abril y septiembre.
Las causas accidentales son de todo tipo: un fuego mal apagado, la colilla de un cigarrillo, una chispa de un caño de escape o la fricción de las ruedas de un tren con el andén.
Foto: Gobierno de Tierra del Fuego
“Pero lo que está más que claro es que más allá del origen, el cambio climático no está ayudando a evitar incendios sino todo lo contrario”, considera Hernán Giardini, coordinador de la campaña de bosques de Greenpeace y lo grafica al señalar que el verano en la Patagonia es cada vez más seco y registra temperaturas muy altas. En otras palabras, esa temperatura y la vegetación seca son un ámbito propicio para que cualquier foco se convierta en un un incendio de dimensiones difícil de controlar.
Gardini expone que en las últimas cuatro temporadas hubo inundaciones en el norte e incendios en el sur del país. Este año, por ejemplo, se inundó el Litoral, y hubo incendios en la Patagonia, uno de los más complejos en Epuyén, Chubut, donde se quemaron casi 2000 hectáreas de pinos y matorrales. El inicio del incendio, como primera hipótesis, es un cortocircuito en un tendido de la red eléctrica.
Los incendios forestales arrasan con todo. Convierten en cenizas la vegetación y la infraestructura de los campos, como postes y alambrados. Y tiene consecuencias que potencian el mismo problema y agregan nuevos: “Cuando se quema un bosque se contribuye al cambio climáticos con más gases de efecto invernadero. Además, favorece las inundaciones porque esa superficie pierde capacidad de absorción de agua. Y ni hablar de la pérdida de biodiversidad”, advierte Giardini.
Cuando en 2017 se quemó el 10% de La Pampa, los productores bonaerenses de Carmen de Patagones recibieron cientos o miles de jabalíes que escaparon del fuego. Muchas especies no tienen esa posibilidad. “Los incendios en los pastizales de Corrientes tienen una particularidad: arrasan con nidos de aves migratorias, como la corbatita, que está en riesgo de extinción”, ejemplifica Hernán Casañas, director de Aves Argentinas.
Hasta hace seis años, en Tierra del Fuego no había una unidad provincial de manejo del fuego. Pero algo cambió: el clima y la llegada de turistas y nuevos pobladores. Así llegaron los incendios. En 2012, un fogón mal apagado por unos acampantes desencadenó un incendio que consumió 2500 hectáreas en bahía El Torito, a 30 kilómetros de Ushuaia.
“Los incendios pasaron a ser nuestro principal riesgo ambiental entre octubre y mayo de cada año. Lo que ocurre es que tenemos veranos cada vez más calurosos, con medias de 12 a 15 grados en enero, y sequías. El suelo está seco hasta los 10 centímetros de profundidad”, expone Mauro Pérez Toscani, secretario provincial de Ambiente, Desarrollo Sostenible y Cambio Climático.
Un ejemplo muy actual que ayuda a exponer la sequía: hace dos semanas la ciudad fueguina de Río Grande fue invadida por una nube de polvo que los fuertes vientos arrastraron desde las lagunas de la zona, que están secas.
Cuál es la estructura que hay para combatir el fuego
El Plan Nacional de Manejo del Fuego cuenta con 24 aviones hidrantes, todos contratados a empresas privadas. Además, suma siete helicópteros, cuatro privados y tres del Ejército. Mientras que tiene 270 vehículos, entre autobombas, de transporte y 4×4, desplegados en cuarteles y comisarías de todo el país que cuentan con brigadas contra incendios.
En Greenpeace y Aves Argentinas coinciden en que el sistema debería tener mayor infraestructura. En abril, el Gobierno debe llamar a licitación para contratar los aviones para los próximos dos años. Sin embargo, a priori, no habría un incremento de recursos: “Nos manejaremos con este estándar. Y si llegaran a ocurrir incendios excepcionales, lógicamente se podrán hacer contrataciones extraordinarias”, asegura Emilio Renda, secretario nacional de Protección Civil.
De todos modos, los planes para este año del Plan Nacional de Manejo del Fuego no son auspiciosas. Las metas transparentadas en la ley de presupuesto exponen que de 8300 horas de vuelo contratadas en 2018 se pasó a 7200.
Foto: Ministerio de Seguridad de la Nación
La restauración es por ahora un camino incipiente
Cuando el fuego se apaga y se dimensionan los destrozos, lo ideal es iniciar una restauración. Sin embargo, en la mayoría de los casos, eso no pasa.
De todos modos, el año pasado se incluyó dentro del Plan Nacional de Restauración de Bosques Nativos la posibilidad de que instituciones, ONG o asociación de productores puedan aplicar a fondos destinados a recuperar bosques quemados. “Ocho proyectos ingresaron al plan. Están en Chubut, Río Negro, Tierra del Fuego, Jujuy y San Luis”, enumera Juan Pedro Cano, director nacional de Bosques.
Pero por ahora, el problema es la finitud: entre todos conseguirán restaurar 471 hectáreas.
Foto: Silvestre Seré / Amigos de la Patagonia
Las provincias, en tanto, también tienen sus propias iniciativas. Tierra del Fuego, por ejemplo, lleva plantados 60.000 plantines en bahía Los Toritos, y 70.000 en Lote 93, un área cercana a Tolhuin que se quemó en 2008.
También existen alternativas privadas, como las que impulsan ONG’s. Una de las más emblemáticas es la que lleva adelante la Asociación Amigos de la Patagonia. En abril de 2018, y con el apoyo de varias empresas, iniciaron una restauración del bosque en Cholila, Chubut, donde en 2015 se quemaron 41.000 hectáreas.
“Lo interesante es que interactuamos con la comunidad: escuelas, asociaciones e instituciones técnicas, como el Conicet. Y cada vez que hacemos una jornada para llevar plantines, convocamos a voluntarios. Ya hicimos dos y sumamos 9.000 plantines de cipreses y coihues. La próxima jornada será en Semana Santa”, explica Sebastián Homps, director de la asociación, y reconoce que para recuperar todo lo quemado harían falta 1 millón de plantines: “Todo es muy utópico”.
“Le sacan el trabajo a los argentinos”. “Colapsan los hospitales y producen un gasto excesivo porque ocupan vacantes en escuelas y universidades”. Esas ideas, y otras peores, como decir que contribuyen a aumentar el delito, persiguen a los inmigrantes. Son imágenes que aparecen en discursos de funcionarios y políticos que promueven volver más restrictivas algunas políticas migratorias. Y en un sector de la sociedad esas figuras se convierten en certezas que llevan a estigmatizar al inmigrante.
¿Es cierto que los inmigrantes son un costo para el país? La evidencia demuestra que no sólo es mentira, sino que ocurre lo contrario. Y no es una apreciación, sino un análisis económico probado. “En años recientes, los inmigrantes pagaron más en impuestos de lo que generaron en gastos gubernamentales”. A ese conclusión llegó la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en un estudio que realizó en la Argentina. Aquí, el detalle de cómo contribuyen al desarrollo del país los 2,1 millones de extranjeros que viven en la Argentina.
El caso de Isidro Caballero y su familia es una gran metáfora. Su papá llegó a la Argentina en los ‘80 desde Caaguazú, Paraguay, para trabajar en la construcción. Después vinieron dos tíos. Él llegó en 2011. Trabajan para arquitectos que hacen casas en Nordelta, Pilar y Ezeiza: “Llevamos levantadas 100 casas”.
Isidro vive en José C. Paz, y como monotributista paga $ 5.500 por mes. Lo que gana es para mantener a la familia, comprar comida y ropa. Por casi todo lo que compra, paga un 21% de IVA. “Tengo todo los impuestos al día y doy trabajo, porque conmigo trabajan ocho personas”, cuenta. Pero hay algo que le pasó más de una vez, le cuesta entender y, sobre todo, le duele: “Cuando ven que soy paraguayo y ando en una camioneta grande, la que uso para trabajar, insinúan que no la pagué trabajando”.
La paraguaya es la comunidad más numerosa del país y la económicamente más activa y representativa dentro de la de los extranjeros que viven en argentina. Ya en 2010, último censo, eran 550.000 los paraguayos en el país. Miles de ellos son los que, ladrillo sobre ladrillo, levantan casas, edificios y, podría decirse, barrios enteros.
Fuente: SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS LABORALES .
Más allá de la nacionalidad, la OCDE y la OIT calculan que entre todos los inmigrantes generan alrededor del 4,1% del PBI. Es un dato contundente. Sobre todo si se tiene en cuenta que los extranjeros representan el 4,6% de la población.
Eso no es todo. Hay una explicación, que cita el informe, que ayuda a entender por qué el aporte al PBI no llega a ser igual o superior a la proporción de extranjeros dentro del país: “Los inmigrantes trabajan más a menudo en sectores donde el promedio del valor agregado por trabajador es menor y en algunos casos ganan menos que los trabajadores autóctonos”.
Casi 6 de cada 10 inmigrantes trabajan en la construcción, tareas domésticas, industrias y en el sector de ventas y reparación de vehículos.
Fuente: SUBSECRETARÍA DE POLÍTICAS, ESTADÍSTICAS Y ESTUDIOS LABORALES .
“Lo que ocurre con los inmigrantes es muy claro: vienen esencialmente a trabajar. En la mayoría de los casos por razones forzadas, porque no tienen oportunidades en su país o porque su país está en crisis, como ahora Venezuela. Eso los hace más productivos”, remarca desde Lima, Perú, Guillermo Dema, especialista regional en Migración Laboral de la OIT.
Tampoco son especulaciones. Lo ratifican los datos. Los inmigrantes, de todas las nacionalidades, tienen mayor nivel de ocupación que los argentinos. Y si se toma sólo a la población de inmigrantes sudamericanos, que son cerca el 80% del total, la ocupación llega al 65% contra el 59% de los argentinos, según un informe del la Subsecretaría de Políticas, Estadísticas y Estudios Laborales de la Nación.
Más allá de esa relación, hay una conclusión que ayuda a derribar uno de los peores mitos: que los extranjeros ocupan los puestos que podrían tomar los argentinos. El estudio de la OCDE y la OIT aclara que al analizar datos oficiales del Indec “no parece que los índices de empleo y los ingresos de los nacidos en el país sean más bajo en los grupos de competencia con gran proporción de personas nacidas en el exterior, que en los grupos con pocas de estas personas”.
Desde México, Sarah Kups y Hyeshin Park, dos de los especialistas de la OCDE que trabajaron en el informe, intentan explicar entonces por qué se construye la idea de que el ingreso de extranjeros debilita el empleo con mano de obra local, una presunción que sostiene el 22,8% de la población argentina, según la Encuesta Diagnóstica sobre la Situación de la Inmigración en Argentina que en 2015 hizo la Dirección Nacional de Migraciones.
“Aunque no hay efecto negativo de la inmigración sobre el mercado laboral en Argentina en promedio, es posible que en algunos sectores, ocupaciones o regiones, sí existen efectos negativos y es quizás más fácil identificar casos negativos que positivos”, señalan los especialistas. Es decir: las excepciones crean la idea equivocada de que el impacto general es negativo.
La contribución fiscal es positiva
Jazmín Malagon es colombiana y tiene 30 años. Llegó al país en marzo de 2017. Desde entonces no sólo no es un carga para el fisco argentino sino que ayuda a sostener las cuentas públicas. A un argentino, le alquila un monoambiente por $ 10.000. Por la maestría que hace en una universidad, desembolsa $ 5.500 de cuota. De comida, gasta todos los meses $ 6.000. Y de luz, gas y otros servicios, tiene otros $ 3.000.
Jazmín es profesora de ciencias sociales pero no pudo homologar su título y trabaja en un call center. Hasta ahora, nunca tuvo que ir a un hospital público. “Vine a trabajar y a estudiar. Lo estoy consiguiendo. Pero sólo por ser colombiana a veces tengo que escuchar que me digan que le vengo a sacar un lugar de estudio o trabajo a los argentinos. Me dan a entender que soy un gasto para la Argentina” dice, herida.
Pero es otro mito. En la mayoría de los casos, la contribución económica de la inmigración en Argentina es neutra o positiva.
“La suma de los pagos de impuestos de los inmigrantes menos el cálculo de gastos que el gobierno realizó en ellos es igual a su actual contribución fiscal neta”, dice el estudio de la OCDE y la OIT.
Y eso no es todo. El estudio remarca que descontado los gastos que le generan al estado, los inmigrantes pueden llegar a alcanzar una contribución fiscal neta positiva de $ 2.301 por persona a valores de 2013. Si esa cifra se actualiza con la inflación del Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires, hoy serían $ 13.197.
“En los demás países, en general, ocurre lo mismo. Es un fenómeno generalizado. Pasa con los mexicanos en Estados Unidos, y pasa, por su puesto, en la Argentina”, señala Lelio Marmora, director del Instituto de Políticas de Migraciones y Asilo de la Universidad de Tres de Febrero.
Marmora aclara que el estudio es de julio del año pasado y no contempla el impacto, por ejemplo, del ingreso de venezolanos: “La formación de quienes están ingresando al país es en promedio superior a la media que tienen los argentinos. Ocurre lo mismo con los peruanos. Y sucede cuando a nivel mundial sabemos que el peso que tendrá el conocimiento como herramienta de crecimiento será determinante”.
El sociólogo agrega un ejemplo: “De los venezolanos que llegaron al país, 14.000 son ingenieros. Y por lo menos 1.000 están especializados en petróleo. Muchos de ellos ya trabajan en Vaca Muerta. Y todo esto ocurre mientras Argentina tiene un déficit de ingenieros y apenas forma 54 ingenieros en petróleo por año”.
Son sólo el 4% de los pacientes de los hospitales
Más allá de los discursos políticos, como los de Francia, Italia o la Argentina, donde se habla de endurecer las políticas migratorias, Marmora expone planes de tres países que reconocen el aporte de la inmigración, sobre todo en el contexto de una población que envejece como consecuencia de la baja tasa de natalidad: “Canadá pretende sumar 1 millón de inmigrantes en tres años; Alemania unos 240.000 por año; y Japón, un país bastante cerrado a la inmigración, habla de sumar 300 mil extranjeros en 5 años”.
La idea de establecer restricciones o aranceles especiales para los extranjeros que se atienden en el sistema público de salud también es una idea que empieza a tener cabida en varias provincias, como por ejemplo en Jujuy. ¿El argumento? Las prestaciones médicas a extranjeros implican un desembolso mayor de recursos.
Sin embargo, tomando todo el país, también es un dato por lo menos exagerado. Así lo expone un informe de la OIT: “Si bien casi 6 de cada 10 migrantes sudamericanos, sobre todo aquellos arribados durante los últimos 20 años, dispone y utiliza solamente la cobertura para la atención de la salud que brindan los hospitales públicos y centros de salud primaria… dada la escasa prevalencia de la población migrante sudamericana sobre la población total… sólo alrededor de un 4% de quienes acudieron a ser atendidos corresponde a miembros de la población migrante sudamericana”.
La cantidad de presos extranjeros no crece desde 2005
Que las migraciones, principalmente las que vienen de países sudamericanos, contribuyen a un aumento del delito es uno de los argumentos que se usó recientemente para buscar acelerar el proceso de expulsión de extranjeros que hayan cometido delitos. Por su parte, la gobernación de Chubut pretende que quienes tengan antecedentes directamente no puedan entrar a la provincia.
Sin embargo, la proporción de extranjeros detenidos en las cárceles argentinas es del 6%, una relación que se mantiene sin variantes desde hace 13 años. Además, y a modo de ejemplo, la tasa de presos argentinos en España es un 159% más alta que la de extranjeros presos en la Argentina.
“Lo inmigrantes venimos a trabajar. Yo vine hace 26 años de Perú. Soy docente y hace 13 años que trabajo en el INADI. La ley de migración permitió regularizar la residencia de muchísimos extranjeros, que es el paso previo para poder tener un trabajo en blanco”, asegura Lourdes Rivanadeyra, coordinadora de la Comisión de Trabajadores Migrantes de la CTA.
El empleo en negro es justamente una de los principales problemas que enfrentan los inmigrantes sudamericanos: el 50,4% trabaja en esas condiciones y cobra un 19,4% menos que los nativos.
Así fueron los primeros años de Isidro Caballero cuando vino de Paraguay. Pero ahora es monotributista, se define contratista de obra y asegura que los años de experiencia en el rubro le permiten hacer una casa íntegramente: “Hago el hormigonado, la albañilería, la plomería y la electricidad. Todo. Si un argentino o quien fuera quiere que le haga su casa, yo puedo hacerme cargo y entregársela llave en mano”.
La OCDE y la OIT coinciden en que la ley de migraciones argentina, aprobada en 2004, fortaleció las políticas de inmigración al contribuir a regularizar trabajadores indocumentados, garantizar la igualdad de derechos y promover su integración. De hecho, el informe considera que las políticas migratorias vigentes en nuestro país son “relativamente ejemplares”.
Hace casi dos semanas, un dique que contenía miles de millones de metros cúbicos de desechos de una mina de hierro se rompió y sepultó con barro y químicos tóxicos a parte de la ciudad de Brumadinho, en Mina Gerais, Brasil. El desastre causó más de 100 muertes y hay unos 250 desaparecidos bajo el lodo que sigue desplazándose hacia abajo y ya contaminó un río.
¿Podría ocurrir una tragedia semejante en la Argentina? Varios expertos y el Gobierno creen que no. Aunque algunas ONGs advierten de otros peligros. En esta nota te contamos cuántos proyectos mineros hay en el país, dónde están, qué extraen y cuáles tienen diques similares al que colapsó en Brasil. También hablamos de los potenciales riesgos ambientales de un sector en el que 4 de cada 10 empresas no tienen un plan de monitoreo ambiental.
Qué proyectos necesitan ser muy controlados
La actividad minera se concentra a lo largo de los 3.500 kilómetros de cordillera. Según el Censo Nacional de la Actividad Minera de 2017, hay 1.006 empresas. Se dividen en tres categorías de acuerdo a lo que extraen: minerales metalíferos, no metalíferos o rocas de aplicación.
Las minas que potencialmente pueden producir más daño ambiental son las metalíferas. “Porque usan mucha agua, porque necesitan cianuro u otras sustancias tóxicas para separar el metal de la roca y porque son a cielo abierto”, explica Enrique Viale, presidente de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas.
De las minas metalíferas, los cuatro minerales que más aportan a la producción son el oro (27%), el molibdeno (9%), el cobre (6%) y la plata (5%). El grueso se extrae en Santa Cruz, San Juan y Catamarca. El cobre y el molibdeno se extraen en su totalidad en Bajo de la Alumbrera, en Catamarca.
Los principales yacimientos son 20, según un informe de la Secretaría de Gobierno de Ambiente de la Nación. Esos son los establecimientos sobre los que más control debe haber. Siete están en Santa Cruz, cuatro en Jujuy, tres en San Juan, tres en Catamarca, dos en Salta y uno en Río Negro.
Fuente: Secretaría de Gobierno de Ambiente de la Nación.
El dique de la Alumbrera, en la mira
De los grandes proyectos mineros, solo Bajo de la Alumbrera, en Catamarca, tiene un dique de colas, como se le llama a una gran pileta donde van a parar los líquidos y barros residuales que quedan después del proceso que se usa para separar, con agua y químicos, el metal de la roca.
El dique de la Alumbrera, donde se extrae cobre, oro y molibdeno, tiene unas 600 hectáreas, casi 25 veces el tamaño del que colapsó en Brasil.
El dique de colas de la Alumbrera tiene unas 600 hectáreas. Crédito:
“El dique de la Alumbrera no podría colapsar porque está en una llanura y entre montañas. No es comparable con el de Brasil porque la topografía es diferente. El de Mina Gerais estaba en altura, en una zona con mucha pendiente y taludes”, afirma Juan Trebino, subsecretario de Fiscalización y Recomposición de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
En la misma línea se expresa Julio Ríos Gómez, presidente del Servicio Geológico Minero Argentino, que depende de la Secretaría de Política Minera de la Nación, y que incluso hace referencia a todos los diques que pudiese haber en el país: “No habría ningún tipo de riesgo de que colapsen”.
Desde la Secretaría de Minería de Catamarca, en tanto, afirman que el dique de Bajo de la Alumbrera “fue construido bajo estándares internacionales” y que “posee una alta capacidad de almacenamiento y de resistencia que permite soportar el grado de sismicidad de la provincia”. Y remarcan que “es monitoreado en forma continua”.
Bajo de la Alumbrera, en Catamarca. Crédito: Centro de Información Minera de Argentina.
Andrés Nápoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), resalta además que la región donde está el dique brasileño tiene más presión de agua, porque es una zona lluviosa, mientras que el de la Alumbrera está en una zona árida.
Sin embargo, Nápoli advierte: “El riesgo principal en la Alumbrera es que ese barro con químicos drene y contamine la napa. Eso puede ocurrir si la membrana que impermeabiliza el dique cede”.
No es esa la única advertencia de las ONG. Viale remarca que la zona donde está ubicado el dique es “una zona sísmica, lo que agrega vulnerabilidad”.
Cómo trabajan las demás minas y cuáles son los potenciales riesgos
Salvo la Alumbrera, la mayoría de las minas metalíferas procesan lo que extraen en lo que llaman valle de lixiviación, que también es como una gran pileta donde se muelen las piedras y se apilan sobre grandes escalones. Desde arriba, bañan esos trozos con una solución de agua con cianuro u otro químico. Así separan el metal del mineral.
De esa manera trabaja, por ejemplo, Veladero, la mina de oro ubicada en San Juan que en 2015 derramó un millón de litros de esa solución en cauces de aguas de deshielos de la cordillera y que dan a diferentes ríos y arroyos. Lo que ocurrió, a grandes rasgos, fue que se rompió una de las mangueras que inyectaba la solución cianurada en el valle de lixiviación y ese líquido tóxico salió de la planta y contaminó ríos.
Luego, en 2016 y 2017, hubo otros dos incidentes: barros con cianuro desbordaron el valle de lixiviación.
“Si me preguntás qué es lo que más me preocuparía respecto a la operación de las minas en la Argentina es que no haya control y fiscalización. Sin un seguimiento firme y serio de los proyectos mineros, es posible que pasen cosas”, señala Trebino, pero asegura que tras los incidentes en Veladero, “por ejemplo, San Juan tiene hoy un buen equipo de policía minera y de control de los establecimientos”.
Veladero, en San Juan. Crédito: Centro de Información Minera de Argentina.
Lo que ocurre con la actividad minera es que la habilitación y el control depende de cada provincia. Cada jurisdicción tiene sus propias normas. Eso explica por qué sólo el 62,4% de todos los establecimientos mineros cuenta con un plan de monitoreo ambiental en su área de influencia, según datos de la Secretaría de Ambiente de la Nación en base al último censo minero.
Eso ocurre porque muchas provincias no lo exigen. Lo que quiere decir esto es que hay unas 380 empresas que no cuentan con un plan para monitorear si el agua, el aire, la fauna y flora, y los suelos del lugar donde opera tiene algún tipo de alteración.
Para Jaime Bergé, que presidió la Cámara Minera de San Juan durante 26 años y hasta el año pasado, ese porcentaje de empresas que no tiene un plan de monitoreo representa a las pymes del sector. “Los 60 grandes y medianos emprendimientos mineros metalíferos tiene plan de monitoreo”.
Los temores de las ONG y los planes del Gobierno
El foco de las ONG respecto a los potenciales riesgos ambientales asociados a la actividad minera está puesto en en tres aspectos: un uso peligroso de los químicos durante el proceso para extraer el metal; un uso irracional del agua y la posible contaminación de ríos y acuíferos; y un deficiente control de los diques de colas y los valles de lixiviación.
En general, todos estos aspectos están contemplados en la evaluación de impacto ambiental que tiene que hacer cada minera antes de empezar la explotación. “Las empresas la hacen y la presentan ante la provincia. Pero muchas veces son amañados y hechos a medida. A eso se suma que las provincias no tienen una estructura para controlar la actividad ni fuerza política para fiscalizar al sector minero”, opina Nápoli, de FARN.
Algunas cifras ayudan a explicar lo que quiere decir Nápoli. En Santa Cruz, por ejemplo, la minería ofrece el 22% del empleo del sector privado. Veladero, en San Juan, es la primera empleadora privada de la provincia, con cerca de 4.000 trabajadores directos y contratistas. Además, la actividad minera representa el 25% del producto bruto de San Juan.
En Catamarca, en tanto, la minería ofrece empleo a 1500 personas y esa actividad representa el 94% de las exportaciones de la provincia.
Para el Gobierno nacional, que cada provincia exija un tipo de evaluación de impacto ambiental distinto es uno de los problemas a resolver. Por eso, quiere unificar los criterios a través de una ley de presupuestos mínimos, es decir de cumplimiento efectivo en todo el país, sobre estudios de impacto ambiental. “Es una discusión que se está dando en el Consejo Federal de Medio Ambiente y que está avanzada”, adelanta Trebino.
Además, el Consejo Federal de Minería está trabajando en un proyecto de ley de presupuestos mínimos que regule cómo debe ser el plan de cierre de una mina, según confió Trebino.
Ese punto es clave en el caso de la Alumbrera y cómo deberá actuar la compañía para sanear un dique que ocupa 600 hectáreas y estará repleto miles de millones de metros cúbicos de barro, residuos de cobre y químicos tóxicos.
Ayudan a evitar inundaciones, retienen gases de efecto invernadero y purifican el agua. Sin embargo, y a diferencia de los bosques nativos o los glaciares, no existe una ley nacional que los proteja a los humedales, le ponga un límite a la degradación que sufren y defina qué actividades se pueden hacer en esos ambientes y cuáles no.
A nivel mundial los beneficios ambientales están probados y hasta existe un día que los evoca, el 2 de febrero, Día Mundial de los Humedales. En ese contexto, varias ONG plantean la necesidad de que este año ingrese al Congreso una ley que los preserve. Mientras tanto, el Gobierno avanza en un inventario de humedales de todo el país.
Qué son los humedales. Son tierras, generalmente bajas y planas, donde se suele acumular agua o se inundan durante algunos períodos. La categoría comprende esteros, pantanos, ciénagas, marismas y turberas.
Qué superficie ocupan en el país. Alcanzan los 600.000 kilómetros cuadrados, algo así como el 21,5 % de la Argentina, según estimaciones de la Fundación Humedales.
Cuál es la urgencia de una ley. “Es necesario que existe una ley ya, que evite que sigan siendo devastados y degradados a una tasa muy alta como la actual”, advierte Daniel Blanco, director de la Fundación Humedales.
Las amenazas que sufren los humedales son varias, pero principalmente son intervenidos con canales que sirven para sacar el agua y secar el área. De esa manera, introducen ganado o siembran soja u otro cultivo.
Un terraplén en Villa Constitución, Santa Fe, modifica el humedal para introducir ovejas.
Un ejemplo son los bajos submeridionales, que abarcan el norte de Santa Fe y que fueron modificados para introducir ganado. Por las características bajas de esas tierras y las intensas lluvias, esa zona hoy está inundada.
Otra amenaza son las urbanizaciones. Luego de rellenar y elevar terrenos naturalmente inundables, desarrollan countries o barrios náuticos. Hay muchísimos ejemplos a lo largo de la cuenca del río Luján y también en humedales de Escobar y Tigre.
Desarrollo inmobiliario en el humedal del Delta del Paraná. Crédito: Fundación Humedales.
Qué busca instaurarse por ley. El pedido de las ONG, entre las que también se encuentran Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre y Fundación Ambiente y Recursos Naturales, contemplan principalmente estos aspectos:
Asegurar la preservación y uso sostenible de los humedales.
Fomentar la restauración de humedales dañados.
Asegurar que los planes de ordenamiento territorial provinciales incorporen pautas para preservar los humedales.
Promover que las actividades económicas en humedales tengan criterios de sustentabilidad.
Incorporar a las comunidades locales en el diseño y la implementación de las políticas públicas relativas a los humedales.
Por qué es importante conservar los humedales
Reducen o evitan desastres. Los humedales protegen las costas y amortiguan las inundaciones, reduciendo los picos de crecida de los ríos. Retienen el agua después de las lluvias actuando como una esponja, para luego liberarlos lentamente. El riesgo de inundaciones aumenta a medida que los humedales pierden su capacidad de almacenamiento de agua de lluvia.
Producen agua potable. Son fuente de agua dulce y además funcionan como un enorme riñón porque depuran el aguas y la infiltración en los acuíferos subterráneos de los que luego se saca agua para consumo humano.
Colaboran con el riego. Muchos de los humedales son la base para la producción de alimentos asociada a la agricultura, ganadería, las pesquerías y la acuicultura.
Conservan biodiversidad. Tienen una flora y fauna específica, como aves acuáticas, peces, anfibios, reptiles y mamíferos.
Reducen la emisiones de dióxido de carbono. Almacenan carbono en elevadas cantidades. Con su conservación es posible mitigar la emisión de gases de efecto invernadero y adaptarnos mejor al cambio climático.
Sostienen a comunidades. Suelen ser los motores de economías local, donde el acceso al agua dulce brinda posibilidades de desarrollo, tanto productivo, como de recreación y turismo.
Humedal del Delta. Crédito: Fundación Humedales.
Qué postura tiene el Gobierno. Desde 2013 hasta la actualidad, hubo dos proyectos de ley que consiguieron media sanción, pero luego perdieron estado parlamentario. La principal traba fue la falta de respaldo por parte del sector agropecuario, que teme que la ley limite futuras explotaciones.
La estrategia del Gobierno es avanzar en un inventario de humedales que ayude a despejar dudas respecto al alcance que tendría una futura ley. “Hubo mucha incertidumbre en el sector productivo. Por eso queremos avanzar en el inventario. Estamos definiendo, junto a la Universidad Nacional de San Martín y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, la metodología con la que se hará”, explica Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales de la Nación.
Moreno estima que a partir de imágenes satelitales podrán tener un inventario de humedales de todo el país en octubre, para luego hacer un trabajo de caracterización de cada humedal en el lugar.
“Queremos generar la información necesaria para definir el alcance territorial y que sirva de insumo para el debate parlamentario”, opina Moreno.
Laguna de los Pozuelos es un humedal de altura, en Jujuy. Crédito: Fundación Humedales.
Algunos humedales emblemáticos. Delta del Paraná y las Lagunas de Chascomús, en la provincia de Buenos Aires; bañado La Estrella, en Formosa; los Esteros del Iberá, en Corrientes.
También las costa bonaerense de la Bahía Samborombón, la albúfera Mar Chiquita y el estuario de Bahía Blanca. Mientras que en la costa patagónica hay humedales de importancia, como las costas de la Península de Valdez, en Chubut; y las rías de Gallegos y San Julián, en Santa Cruz.
En el extremo sur del país, están los mallines y turbales, característicos de Tierra del Fuego.
En el oeste, asociado a los ambientes de Puna y Altos Andes, donde predominan las zonas desérticas, existen humedales que son verdaderos oasis para la vida, representando la única fuente de agua en la región. Por ejemplo, las lagunas de Guanacache y Llancanelo, en Mendoza; y los humedales de altura, como Laguna de los Pozuelos, en Jujuy.
Al menos 2 millones de hectáreas del Norte y del Litoral del país están inundadas. Son áreas sembradas, con ganado y hasta habitadas. La situación lleva más de dos semanas, registró cuatro muertos, sumó 6.000 evacuados y es tan grave que el viernes el Gobierno declaró la “emergencia y desastre agropecuario” en Santa Fe, Corrientes, Chaco y Santiago del Estero.
Las lluvias abundantes y consecutivas son el principal factor. Pero no el único: la característica inundable de la zona, el aumento de la temperatura que registra el norte del páis, la pérdida de bosques y el uso productivo de terrenos inundables hacen que un fenómeno natural sea más extremo y genere consecuencias graves. En esta nota te contamos por qué se inundó esta región del país.
1. Lluvias extremas cada vez más extremas
En muchas zonas de estas provincias llovieron 500 milímetros en 15 días. “Son zonas donde caen alrededor de 1.200 milímetros en un año”, explica Miguel Taboada, director del Instituto de Investigación del Suelo del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA).
Fueron además lluvias extremas. “Que llueva 10 días seguidos es normal para la región y también que sean precipitaciones por arriba del promedio. Pero lo que ocurre, y es mi principal hipótesis, es que el calentamiento global hace el proceso más extremo y con más chances de que las lluvias sean más abundantes”, completa Carolina Vera, especialista del Centro de Investigaciones del Mar y la Atmósfera y vicepresidenta del Panel Intergubernamental de Cambio Climático.
Así opera el calentamiento global a grandes rasgos: una atmósfera más caliente puede almacenar más vapor de agua (que es el agua en estado gaseoso) y en consecuencia, cuando se enfría, formar más gotas y más lluvia. Y en esa región, como en gran parte del país, la temperatura subió entre 0,5 °C y 1 °C en los últimos 50 años.
“Por eso decimos que el factor principal que explica lo que está ocurriendo es que llueve mucho en poco tiempo. Es decir, la región está sufriendo los efectos de eventos climáticos cada vez más extremos”, concluye Taboada.
Un tweet del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra las lluvias acumuladas hasta el 18 de enero en tres ciudades y sirve como muestra de lo que explican dos de los principales investigadores que tiene el país para analizar el fenómeno de las inundaciones.
RÉCORDS DE PRECIPITACIÓN 🌧️ En lo que va del mes, 3 localidades batieron el récord histórico de precipitación para enero. 👉Resistencia: 540.3 mm 👉Paso de los Libres: 568.4 mm 👉Monte Caseros: 559.8 mm#lluvias#SMN#atentosaltiempopic.twitter.com/7W2QvEYPm6
Para entender lo extremas que son las lluvias también ayuda comparar lo que llovió entre el 1° y el 18 de enero pasado con las precipitaciones promedio de todo el mes de enero en estas tres ciudades entre 1981-2010, según el SMN:
Para Resistencia (Chaco) es de de 158,5 mm; para Paso de los Libres (Corrientes) es de 130,9 mm; y para Monte Caseros (Corrientes) es de 154,1 mm. Es decir que las lluvias de este enero cuadruplican los promedios históricos.
Por último, en este mapa que hizo el INTA se pueden ver las lluvias acumuladas hasta el 24 de enero y cómo se produce una gran concentración de precipitaciones en el noreste del país:
“Para determinar con exactitud si lo que ocurre en esta región es consecuencia del cambio climático habrá que hacer estudios posteriores, pero lo que sí podemos afirmar con seguridad es que estas zonas tenderán a inundar más seguido y más fuerte”, sostiene Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
En la misma línea, el Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático que elaboró su área advierte que el Noroeste y el Litoral son las regiones que en un escenario de emisiones de gases de efecto invernadero tal como el actual tendrán de aquí al 2039 cada vez más días de lluvia con más de 20 mm de precipitaciones.
2. Una región naturalmente baja convertida en una trampa
El mapa de lluvias muestra que las precipitaciones fueron más intensas en el norte de Santa Fe, sudeste de Chaco y el este de Santiago del Estero. “Son los bajos submeridionales, que por ser tierras bajas y con poca pendiente, tienen muy poca capacidad de evacuar los excedentes de agua”, describe Taboada.
En las últimas décadas, pero principalmente en los ‘90, se construyeron canales de desagüe para reducir anegamientos, obras que son insuficientes y que de hecho el Gobierno nacional intenta complementar. Pero también hubo desmontes para introducir principalmente ganado.
La Bolsa de Comercio de Rosario también destaca que la zona es inundable durante los períodos húmedos como el de este enero, convirtiéndose en una trampa para los productores y miles de vacas. De hecho, así lo expuso en este video la radio santafecina LT10:
La otra provincia muy afectada por las inundaciones es Corrientes, donde justamente el 26% de su superficie son humedales. Es decir, áreas que se inundan de manera permanente o intermitentemente, según las condiciones climáticas. “La característica de los humedales es justamente que retienen el agua”, advierte Taboada.
Sin embargo, y como muestra en la página 66 el último Informe del Estado del Ambiente de la Secretaría de Gobierno de la Nación, en gran parte de los humedales de Corrientes se realiza ganadería extensiva.
3. Si talamos los bosques, la lluvia lastima
Gran parte del agua que se acumuló en el norte de Santa Fe, bajó de Chaco y Santiago del Estero. “¿Qué hubiese pasado si los bosques nativos de esas dos provincias hubiesen sido preservados?”, se pregunta Enrique Maurtua, a cargo del área de cambio climático de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).
Maurtua sabe la respuesta: muchísima menos agua hubiese llegado a Santa Fe: “Un árbol absorbe agua del suelo, pero durante una tormenta retiene mucha agua en sus ramas y hojas”
El INTA lo grafica con números contundentes: el monte nativo absorbe 300 milímetros de agua por hora; una pastura convencional (donde hay ganado), 100 milímetros; y una campo con soja, apenas 30 milímetros por hora.
Lo cierto es que Santiago del Estero y Chaco pierden superficie de bosques desde hace décadas. Sólo en los últimos 10 años, desmontaron 1.026.677 hectáreas en Santiago del Estero y 404.896 hectáreas en Chaco, según el último monitoreo de bosques nativos que hace la Secretaría de Gobierno de Ambiente y Desarrollo Sustentable.
En Chaco se deforestaron, desde 2007 hasta 2017, 404.000 hectáreas, seis veces la superficie de la ciudad de Resistencia. Crédito: Greenpeace
Junto con Salta son las provincias más afectadas por la deforestación. Y la razón es común a las tres provincias: esos bosques son reemplazados principalmente por cultivos de soja o para hacer ganadería.
4. Cambio de uso del suelo y obras hídricas insuficientes
La mayoría de las hectáreas bajo el agua son áreas que históricamente se inundaban o lo siguen haciendo. Pero como lo fuimos contando en esta nota, esos suelos se fueron modificando para hacer cultivos, introducir ganado o construir viviendas
Esto es justamente lo que hace que las inundaciones de este enero sean graves. Porque donde sólo había vegetación y animales adaptados a ese ecosistema, ahora hay cultivos que se pierden si quedan bajo el agua, vacas que se ahogan y familias que deben ser evacuadas.
Incluso hay rutas que permiten llegar hasta alguno de estos lugares hoy inundados que agravan la situación: “La ruta 30 (tiene unos 120 kilómetros y recorre los bajos submeridionales) no tiene alcantarillas y cuando la zona se inunda funciona como una represa que no deja escurrir el agua y complica la situación”, advierte Taboada.
Esta combinación hace que todo sea más grave. “Somos vulnerables a estas inundaciones principalmente por dos aspectos. En primer lugar, por todo lo que tenemos en esas zonas históricamente inundables. Y en segundo lugar por lo preparados o no que estamos para minimizar esas inundaciones”, reflexiona Maurtua, de FARN.
Este tweet de la Red de Emergencias de Rosario muestra cómo algunas obras operan como diques que contienen el agua y no dejan que escurra naturalmente:
Qué hizo la Argentina para estar prevenida o minimizar el impacto
Para Pablo Bereciartua, secretario de Infraestructura y Política Hídrica de la Nación, en las últimas décadas faltó inversión y planificación en las obras para evitar inundaciones.
“Dentro del Plan del Agua, uno de los ejes son las obras de adaptación al cambio climático y tenemos una inversión comprometida de U$S 10.000 millones. Dentro de ese monto, estamos trabajando en 500 kilómetros de canalizaciones por U$S 2.000 millones”, detalla Bereciartua y remarca que en febrero del año pasado se creó un comité integrado por Santa Fe, Chaco y Santiago del Estero para definir las obras prioritarias en la región.
Gentile, secretario de Cambio Climático, remarca la importancia de trabajar sobre políticas de uso del suelo de una manera más coordinada entre las provincias. En ese sentido, desde su área trabajan en un Evaluación Ambiental Estratégica en la región del Parque Chaqueño, lo que ayudará a entender qué cambios en el uso del suelo deben evitarse y cuáles deben intentar revertirse.
El área de Cambio Climático de Nación también trabaja en la elaboración de proyectos específicos para adaptar ciudades al cambio climático. Uno de ellos es el que busca trabajar sobre poblaciones cercanas a costa del Río Uruguay. Se trata de un plan binacional ya que trabajará sobre Federación, Concordia, Colón, Concepción del Uruguay, Gualeguaychú, Islas del Ibicuy, San José, Villa Paranacito y El Palmar, en Entre Ríos, pero también en Salto, Paysandú, Río Negro y Artigas, del lado uruguayo.
Finalmente, el plan de contar con una ley de humedales que preserve esos ecosistema y determine a nivel nacional qué se puede hacer sobre esas áreas también es fundamental para evitar que el problema lejos de mitigarse se agrave con el establecimiento de más familias o producciones en zonas inundables. Pero esa norma aún no logró el consenso necesario para ser aprobada en el Congreso.
En los primeros días de enero, un delfín franciscana, una especie en peligro de extinción, apareció muerto en las playas de Mar de las Pampas. No sobrevivió a las heridas que le causó una red de pesca y se convirtió en el primer caso de 2019 en la costa bonaerense.
Su muerte inauguró un registro anual que el año pasado alcanzó los 363 casos. Es decir, durante todo 2018, 363 animales, entre mamíferos y reptiles marinos, fueron encontrados muertos, lastimados o enfermos en la costa de la provincia de Buenos Aires. De todos ellos, 121 fueron recuperados y reintroducidos a su hábitat natural. Pero hay un dato que debería avergonzarnos: el 90 % de los animales sufrió una herida o enfermó como consecuencia de la acción humana.
Nueve pingüinos rescatados fueron devueltos al mar. Crédito: Fundacón Mundo Marino.
Qué les suele pasar. Aparecen enfermos por desnutrición, lastimados por redes de pesca, intoxicados con plástico y hasta empetrolados. Es decir, afectados por causas vinculadas con la interacción humana.
Mientras tanto, los varamientos de grandes cetáceos, como ballenas, estarían relacionados con causas naturales que son investigadas. Esto es según reveló la Fundación Mundo Marino, que realizó el informe anual y que se ocupa de la mayoría de los rescates de animales marinos en las costas bonaerenses en cooperación con el Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).
Cuáles fueron las especies afectadas. Hubo delfines franciscanas, tortugas, lobos marinos, elefantes marinos, garzas, gaviotas, albatros, pingüinos magallánicos, petreles, ballenas jorobadas y orcas.
Desnutrición. Fue uno de los factores con mayor incidencia, ya que registró 72 casos. El estudio señala que resultó llamativo en los lobos marinos, ya que en los últimos años aumentó la cantidad de estos animales con ese cuadro.
La mayoría de los lobos marinos fueron encontrados con cuadros de desnutrición. Crédito: Fundación Mundo Marino.
“La falta de alimento puede estar ocasionada por la sobrepesca, incluso por el calentamiento global, que muchas veces altera la distribución de presas, y también podría estar generando floraciones algales tóxicas en lugares donde no solía haber”, explicó Sergio Rodríguez Heredia, biólogo y jefe del Centro de Rescate y Rehabilitación de la Fundación Mundo Marino.
Redes de pesca. La otra gran amenaza para los animales asistidos es el enmalle en redes de pesca, que suelen causarles la muerte. Durante 2018 se registraron 58 casos. La especie más afectada fue el delfín franciscana, de los que se encontraron 41 ejemplares sin vida.
Delfines franciscanas atrapados y muertos por redes. Crédito: Fundación Mundo Marino.
El caso más emblemático ocurrió en enero de 2018 con la aparición de un delfín franciscana y su cría atrapados en una red fantasma (sin dueño a la vista).
Plástico. La tercera causa de muerte o lesiones es la presencia de plástico en el mar. Eso ocurrió en 39 casos.
“Históricamente, la tortuga marina fue la especie más afectada por esta situación. Ellas confunden su alimento natural (medusas y fauna gelatinosa) con las bolsas plásticas. De hecho, hoy el 97 % de las tortugas que asistimos tiene plástico en sus sistemas digestivos. Pero, llamativamente, en los últimos años también nos encontramos con mamíferos marinos y aves afectadas por plástico”, aclaró Karina Álvarez, bióloga y responsable de Conservación de Mundo Marino.
La última persecución fue hace un año: un guardacostas de la Prefectura Naval Argentina siguió a un barco chino que pescaba ilegalmente a la altura del Golfo San Jorge. El buque logró escapar, pero tuvo que pagar una multa. Un mes antes, un barco español hizo lo mismo pero fue capturado y debió pagar una multa de $ 7,5 millones.
Lo que pasó el año pasado con esas dos embarcaciones fue una excepción. Porque la mayoría de los 400 barcos extranjeros que pescan sin ningún tipo de control lo hacen un poco más allá de la milla 200, a unos 321 kilómetros de Comodoro Rivadavia, donde la Argentina nada puede hacer porque ya no es Mar Argentino. En esta nota te contamos cómo opera esa flota, de qué países son, con qué especies arrasan, cómo afecta a la producción nacional, dónde descargan la pesca y cuántos marinos murieron durante una práctica cruel que preocupa a la ONU.
El 16 de enero, el conservacionista Milko Schvartzman contó por lo menos 300 barcos pesqueros entre el paralelo 42 y el 46, frente a las costas de Chubut, pero más allá de la milla 200, donde las aguas son internacionales. No tuvo que sobrevolar la zona. Simplemente entró a una plataforma donde la mayoría de los barcos son ubicados en tiempo real de manera satelital.
“Son barcos piratas porque nadie controla qué pescan y cómo pescan. Se esconden detrás de la milla 200, donde la legislación internacional no regula la explotación de los recursos pesqueros”, dice Milko, que lidera el proyecto Oceanosanos, con sede en Montevideo y financiado por la fundación de Leonardo Di Caprio.
No hace falta simplemente creerle. Es mejor mirar esta captura satelital y ver cómo los barcos se amontonan frente a Chubut, pero detrás de la línea roja que marca el fin del Mar Argentino, hasta donde la Prefectura tiene la facultad de vigilar que nadie pesque sin permiso.
Cada círculo amarillo representa un pesquero. Fuente: Oceanosanos
Arrasan con el calamar
La mayoría de los barcos son Chinos, alrededor de un 40%. El resto son de Corea del Sur, Taiwán y España. Cerca de la mitad busca calamar.
“Por año, pescan entre 200 mil y 1 millón de toneladas. Preferentemente capturan calamar, pero también merluza, merluza negra y abadejo”, enumera Eduardo Pucci, director de la Organización para la Protección de los Recursos Naturales del Atlántico Sudoccidental (OPRAS), una ONG local que tiene el respaldo del sector pesquero nacional.
Para Oceanosanos, esa pesca “pirata” factura por lo menos U$S 800 millones al año. Para OPRAS, no baja de los U$S 3.000 millones, U$S 1.000 millones más que lo que representa toda la exportación pesquera Argentina.
Devastar un área naturalmente rica
Las imágenes satelitales son demasiado elocuentes. Todos los barcos en un mismo sector. Y eso tiene una explicación. Esa zona, que en parte se la conoce como Agujero Azul, es muy particular y rica en recursos.
“Lo particular es que la plataforma continental se extiende un poco más allá de la milla 200. Recién unas millas más adentro comienza el talud. Por ahí, entre la plataforma y el talud, se produce una enorme migración de calamar. Y los barcos explotan el beneficio de que eso ocurre justo fuera de la zona económica exclusiva argentina”, explica el biólogo marino Claudio Campagna, director del Foro para la Conservación del Mar Patagónico, integrado por 16 ONG, entre ellas Fundación Vida Silvestre, Aves Argentinas y FARN.
El daño ambiental y a la biodiversidad marina es difícil de medir porque no hay registros de lo que se pesca. “Lo que sí podemos decir es que el daño existe, absolutamente. Es un daño sobre la abundancia de especies y sobre la diversidad”, afirma Campagna.
Milko, de Oceanosanos, agrega que el calamar está en el centro de la cadena alimenticia marina: “Si se ataca a la especie de la cual depende gran parte de los demás peces, se ataca a todo el ecosistema”.
Para Javier García Espil, director Nacional de Gestión Ambiental del Agua y los Ecosistemas Acuáticos, cualquier actividad no regulada tiene impacto. “Dentro del Mar Argentino trabajamos en prácticas de pesca responsables, para evitar por ejemplo la pesca incidental (accidental). También estudiamos la biomasa y cómo fluctúa la población de peces para evitar agotar el stock de peces. Por eso se otorgan cuotas de capturas”, precisa Espil.
Todo eso es lo que no ocurre a partir de la milla 201. Muchos barcos pescan con redes de arrastre y matan accidentalmente albatros o capturan peces que después descartan porque no tienen valor comercial.
“Todo lo que ocurre en esas aguas internacionales impacta en el Mar Argentino porque las especies son migratorias, van de un lado a otro, como las ballenas, orcas, elefantes marinos, tiburones, rayas y calamares”, resalta García Espil.
Por eso es que Pucci, de OPRAS, habla de un pérdida económica del orden de los U$S 500 millones para la flota de 600 pesqueros argentinos.
Subsidios estatales para barcos que suman 53 muertes
Para que la actividad sea rentable, la flota de pesqueros extranjeros recurre a varias prácticas que internacionalmente la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Mundial del Comercio condenan.
Muchos de los barcos que pescan en alta mar, lejos de sus puertos de origen, logran ser rentables gracias a subsidios que reciben por parte de sus estados. A esa conclusión llegaron investigadores de la National Geographic Society, la Universidad de California en Santa Bárbara, Global Fishing Watch, el proyecto Sea Around Us (El mar que nos rodea), la Universidad de la Columbia Británica y la Universidad de Australia Occidental, que estudiaron en conjunto la pesca en alta mar.
“A esto hay que sumarle el trabajo esclavo. Cada barco tiene entre 35 y 40 tripulantes. Los cinco de mayor rango son del país de bandera, pero el resto suelen ser filipinos, indonesios o de países africanos. Y trabajan en condiciones a bordo que suelen ser terribles. Hemos visto en el puerto de Montevideo a tripulantes de un barco chino que tenían marcas de grilletes en los tobillos”, denuncia Milko.
Tripulantes indonesios en un barco coreano. Crédito: Oceanosanos
Es más, la Armada de Uruguay, ante un pedido de informe que hizo la Organización para la Conservación de Cetáceos, debió detallar los incidentes registrados en el puerto de Montevideo vinculados a la tripulación de los barcos extranjeros que atracan ahí.
La contestación de la Prefectura Nacional Naval de ese país incluye un dato escalofriante: desde 2013 y hasta marzo de 2018, los pesqueros extranjeros bajaron 53 personas muertas. Casi una por mes:
La triangulación vía Montevideo
Una de las principales medidas que tomó la Argentina para desalentar la pesca furtiva en alta mar fue prohibirle el ingreso a los puertos locales. “Nuestro país no permite el ingreso de buques extranjeros que operan en alta mar a puertos nacionales”, remarcaron por escrito, y ante la consulta de RED/ACCIÓN, desde la Subsecretaría de Pesca de la Nación, que está a cargo de Juan Bosch.
En la misma nota, la Subsecretaría destaca que “la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada… puede inclusive llegar a provocar el colapso total de una pesquería o perjudicar gravemente los esfuerzos por restaurar poblaciones agotadas”.
Brasil y Chile tomaron la misma decisión que la Argentina y le cerraron sus puertos. Pero no fue suficiente porque Uruguay, vía Montevideo, recibe parte de la pesca que los barcos realizan frente a Chubut.
En un comunicado oficial difundido en el sitio de Presidencia de Uruguay, la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos anuncia una serie de esfuerzos para controlar a los barcos pesqueros que ingresan a Montevideo pero reconoce que durante 2015 hubo más de 1.500 descargas y remarca que “más de la mitad fueron de barcos que fueron trasbordados en alta mar”, lo cual se entiende como una “situación de riesgo que puede cubrir pesca ilegal”.
Barcos extranjeros en las inmediaciones del puerto de Montevideo. Crédito: Oceanosanos
“Lo que ocurre es que barcos reefers o congeladores abordan a los pesqueros en alta mar y cargan la captura de hasta 15 pesqueros”, explica Milko y sigue: “Antes de ingresar a Montevideo con la carga, Uruguay le exige al capitán que informe qué lleva, dónde lo capturó, de qué barcos proviene. Finalmente, ese barco congelador llega al puerto, hace la descarga, la sube a un contenedor y ese contenedor viaja en un carguero hacia Asia, Europa o donde fuera. Pero nadie observa si es cierto o no lo que dijo el capitán que traía. Además el reefer tiene mezclada la carga de 15 barcos”.
Milko asegura que los barcos eligen Montevideo porque hay pocos controles y por una cuestión de costos, ya que “en ese puerto no pagan IVA y además la captura no paga tasas de importación y exportación porque es zona franca”.
Durante una entrevista publicada en noviembre por la Revista Puerto, el presidente de la Administración Nacional de Puertos de Uruguay, Alberto Díaz Acosta, aseguró que en el puerto de Montevideo se realiza “un control físico” sobre los barcos, aunque reconoció ciertas debilidades: “Desconozco si el método de control es aleatorio o por denuncia”.
Las soluciones posibles y el problema de Malvinas
La Convención de la Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, de 1982, es un tratado multilateral al que adhirió la Argentina, y es la norma que intenta organizar la actividad en el mar.
Entre otras cuestiones, este acuerdo dispone límites a las zonas marítimas; las zonas económicas exclusivas de cada país; la plataforma continental y alta mar. También legisla sobre derechos de navegación. Pero es muy poco clara sobre la explotación de los recursos en aguas internacionales.
“Sin embargo, esa convención dice que los Estados deben cooperar en adoptar medidas para la conservación de los recursos vivos de alta mar. Y ese es un punto del que podría agarrarse la Argentina para trabajar en una solución”, consideró Rucci, de OPRAS.
Para Claudio Campagna, el hecho de que en la zona donde los buques extranjeros pescan sin control haya especies transzonales, es un elemento para “ejercer soberanía”.
Para Milko, de Oceanosanos, son varias las herramientas legales que tiene Argentina: “En los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas hay uno dedicado a la vida marina”. Ese punto llama a “de aquí a 2020, reglamentar eficazmente la explotación pesquera y poner fin a la pesca excesiva, la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada y las prácticas pesqueras destructivas”.
Milko señala que también se podría recurrir a la Organización Mundial del Comercio para denunciar los subsidios a este tipo de pesca y a la Organización Internacional del Trabajo por las condiciones en las que trabaja la tripulación.
“Lo que hacen otros estados es trabajar con los países de la región para restringir el acceso de esta flota depredadora con algún tipo de acuerdo que logre reconocimiento de la ONU, como la Comisión para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos, que logró ordenar la pesca en esa zona”, ejemplifica Milko.
En la necesidad de llegar a un acuerdo regional coinciden muchos de los actores interesados en el tema, pero hay un riesgo latente que hasta ahora ningún gobierno estuvo dispuesto a correr: “Si se quisiera llegar a un acuerdo con los países costeros del Atlántico Sur, se podría estar reconociendo indirectamente a las Islas Malvinas como estado ribereño”, advierte Pucci.
En Cancillería de la Argentina prefirieron no hacer ningún tipo de declaraciones sobre el tema. Mientras que la Subsecretaría de Pesca se limitó a decir: “Argentina continuará trabajando en forma conjunta a nivel internacional, en tanto que a nivel regional forma parte de la red de intercambio de información y experiencias entre países de América Latina y el Caribe para prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada”.
Los esfuerzos de Prefectura y la línea invisible
Hace 32 años que Carlos Villarreal trabaja en Prefectura. Es desde hace unos años el Jefe del Servicio de Tráfico Marítimo y uno de los principales encargados de custodiar la milla 200 del Mar Argentino.
“Ahora, viendo los equipos de monitoreo que tenemos, te puedo decir que hay unos 200 barcos en el paralelo 46, a la altura de Comodoro Rivadavia, pero entre la milla 201 y la 210”, señala por teléfono.
Villarreal asegura que tienen prácticamente las 24 horas del día los 365 días del año a un guardacosta, y hasta dos, patrullando esa zona. “Pero no entran al Mar Argentino, por lo que nosotros no podemos hacer nada”, explica.
Crédito: Prefectura Naval Argentina.
A veces, muy de vez en cuando, entran. “Los detectamos, porque tenemos el guardacosta en la zona, porque desde 2014 tenemos un avión Beechcraft 350 destinado a este trabajo y porque tenemos un sistema de control satelital”, enumera Villarreal.
Desde 1983 hasta hoy, 75 buques fueron capturados por Prefectura pescando ilegalmente en el Mar Argentino. Mucho. O poco, si se tiene en cuenta que unas millas mar adentro, fuera de la zona económica exclusiva argentina, hasta 400 barcos pescan lo que quieren y como quieren sin ningún control.
La proporción de extranjeros detenidos en las cárceles argentinas es del 6%, una relación que se mantiene así desde hace 13 años. Actualmente hay en el país 4.943 presos que no son argentinos. Son el 0,22% de los extranjeros que viven en el país. ¿Qué pasa si analizáramos la población de argentinos presos en otros países? En España, por ejemplo, esa relación escala al 0,57%.
Por qué es importante. El Gobierno y líderes de la oposición insisten en la necesidad de acelerar el proceso de expulsión de extranjeros que hayan delinquido. Pero organizaciones de derechos humanos advierten que ese discurso contribuye a estigmatizar al inmigrante y distorsionar la realidad. Y que son dos maneras de generar consenso para promover leyes que provoquen incertidumbre en los 2,2 millones de extranjeros que viven en el país.
Cómo evolucionó la población carcelaria. Desde 2002 a 2005, el porcentaje de extranjeros sobre el total de presos aumentó de un 5% a un 6%. Desde entonces se mantuvo en esa proporción, según un informe de la Procuración Penitenciaria de la Nación. Es decir, van 13 años sin cambios.
Si se toman sólo las cárceles del servicio penitenciario federal, a donde se aloja el 14% de los presos del país y donde derivan a la mayoría de las personas acusadas o condenadas por tráfico o comercialización de drogas, la relación de extranjeros crece. Pero aunque pasó de un 15% en 2003 a un 22% en 2007, luego de ese año la relación bajó y se estabilizó en torno al 20%.
Desde su trabajo cotidiano en las cárceles del país, el análisis de Ariel Cejas Meliare, director General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, coincide con lo que reflejan los datos. Es decir, “no hay un problema actual y específico vinculado a los extranjeros y el delito. La proporción de extranjeros presos es una variable que se mantiene estable en los últimos años”.
Meliare agregó además que la mayor proporción dentro de las cárceles federales está vinculado con delitos por drogas, en la mayoría de los casos protagonizados por personas en situación de muchísimas vulnerabilidad social y económica, por lo que se ven de alguna manera “obligados” a pasar droga por la frontera o dedicarse al narcomenudeo, algo que es aún más marcado entre las mujeres.
¿Y si analizamos la población de argentinos presos en otros países?
En todo el mundo hay 1.715 argentinos presos en cárceles de todo el mundo. La población más grande está en España, donde hay 412 presos.
Si tomamos en cuenta que según el Instituto Nacional de Estadística de España, hoy viven 72.190 argentinos en ese país, la relación entre población argentina y argentinos presos es muy alta: 0,57%.
Es decir que la tasa de presos argentinos en España es un 159% más alta que la de extranjeros presos en la Argentina.
Los riesgos de endurecer el discurso contra inmigrantes que delinquen
En línea con los argumentos esgrimidos por la Procuración, Diego Morales, experto en migrantes y director de litigio del Centro de Estudios Legales y Sociales, remarcó: “Cuando se sancionó la actual ley de Migraciones, en 2004, la proporción de extranjeros presos en cárceles argentinas era prácticamente la misma que hoy. Por lo que no es verdad que exista ahora un problema nuevo”.
Para Morales, endurecer el discurso sobre los extranjeros que delinquen tiene esencialmente dos consecuencias: “Por un lado, puede estigmatizar al inmigrante y generar un efecto sobre el trabajo de las fuerzas de seguridad y funcionarios de salud, educación y otras dependencias”. Es decir, puede aumentar la discriminación.
“Finalmente, hay un segundo riesgo y es que la asociación entre migración y delincuencia contribuya a crear condiciones para entender que es necesario promover normas más restrictivas. Lo que provocaría mucha incertidumbre en las comunidades de inmigrantes en el país”, concluyó Morales.
Es decir, pueden instaurarse reglas que afecten a 2.200.000 extranjeros radicados en el país sólo basados en que un 0,22% de ellos está preso por cometer un delito. Si analizamos de igual manera a toda la población argentina, el porcentaje de argentinos presos en nuestro país es del 0,18%.
Cuál es el porcentaje de presos extranjeros en otros países
El Instituto de Investigación de Política Criminal de la Universidad de Londres estudia la población carcelaria del mundo y releva el porcentaje de extranjeros presos en cada país.
De un total de 185 países relevados y ordenados de mayor a menor proporción de extranjeros presos en sus cárceles, Argentina se encuentra en el puesto 85, por debajo de la mayoría de los países europeos, pero con mayor proporción que la mayoría de los países de América Latina.
Caracterización de los extranjeros presos en Argentina
Si contemplamos la nacionalidad de los 4.943 extranjeros detenidos en 2017 dentro del total de la población carcelaria argentina (85.283), el 83% provienen de países limítrofes y Perú.
Fuente: Procuración Penitenciaria de la Nación
Esa concentración de detenidos provenientes de países de la región se explica principalmente en que exactamente la mitad de los extranjeros detenidos están acusados o condenados por tráfico, microtráfico, y comercialización de drogas. Es decir, delitos que muchas veces son detectados en pasos fronterizos y cometidos por personas que no necesariamente están radicadas en la Argentina.
Principales delitos que se les imputan a los extranjeros presos:
En diciembre de 2015, la central nuclear de Embalse, en Córdoba, dejó de producir energía: terminó el ciclo ideado por los canadienses que la pusieron en marcha en 1984. Sin embargo, la Argentina tiene demasiada experiencia en tecnología nuclear como para dejar que la central simplemente se apagara. Por eso encaró una mega obra y logró lo que sólo siete países del mundo podrían haber hecho: renovó la central, le dio más potencia y el 4 de enero encendió el reactor que generará electricidad para 3 millones de personas durante 30 años más.
Para el país es un hito tecnológico que incluso podría exportarse: en el mundo hay 50 centrales como la de Embalse que necesitarán una renovación y Argentina podría competir en esas licitaciones. La obra, además, ofrece una segunda oportunidad para las centrales nucleares: constituirse en el complemento ideal de las energías renovables, ya que a diferencia de las centrales térmicas de gas o fuel oil, no generan los gases de efecto invernadero que alimentan el cambio climático.
Sólo siete países podrían haberlo hecho
“Lo que pasó en Embalse demuestra que Argentina domina la tecnología CANDU, que es la de la central cordobesa. Y es un hito tecnológico en términos de habilidades y capacidad de organizarse y articular esfuerzos privados y públicos para darle una nueva vida útil a una central nuclear”, considera el físico Diego Hurtado, director del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica de la Universidad Nacional de San Martín.
Francia, China, Estados Unidos, Rusia, Japón y Corea del Sur son los otros países que dominan esta tecnología. También son los únicos que construyen centrales nucleares destinadas a generar energía.
Para entender la dimensión del proyecto que llevó adelante Nucleoeléctrica Argentina, la empresa estatal operadora de las tres centrales que tiene el país, sirve analizar algunas fechas y números. En primer lugar, el plan para extender la vida útil de Embalse empezó a diseñarse en 2005 y la obra en sí demandó tres años. La inversión global fue de US$ 2140 millones, casi cinco veces el presupuesto que el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) tiene asignado para todo 2019.
Crédito: Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima.
En el proyecto participaron 650 ingenieros, técnicos y especialistas. Y 4200 operarios. Todo el personal fue entrenado dos años antes de la obra y durante la ejecución de los trabajos.
Explicar la ingeniería de los trabajos llevaría muchas líneas, aunque se puede leer en un documento interno que lo resume. Pero las tareas más relevantes fueron el retubado del reactor, el cambio de los generadores de vapor, el aumento de potencia y la actualización de toda la instalación.
Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero
La esencia de una central nuclear sucede en el núcleo del reactor. El de Embalse es de unos cinco metros de diámetro y paredes de acero. Ahí adentro ocurre de manera controlada un fenómeno físico: un átomo muy pesado, el uranio, se parte en dos cuando es bombardeado por neutrones, que son partículas muy pequeñas que conforman el átomo.
En ese proceso, además de los dos fragmentos en los que se divide el átomo, se liberan dos o tres neutrones que a su vez golpean otros átomos de uranio. Ese proceso, llamado fisión, produce una enorme cantidad de energía. Y esa energía es la que calienta el agua, generar vapor y alimentar una turbina que produce electricidad.
Lo podés entender fácil en este video de un minuto:
Fuente: Nucleoeléctrica Argentina.
Con la extensión de vida, Embalse también ganó potencia: pasó a ser de 683 megavatios, un 6 % más que antes. Es decir, cuando en invierno ya esté funcionando al 100 % de su capacidad, producirá energía como para 3 millones de personas. Y a un costo por debajo del promedio actual: US$ 47 el megavatio por hora, mucho menos que los US$ 75 promedio que paga hoy el Estado por la energía.
Con las tres centrales argentinas (sumando Atucha I y II) funcionando a pleno, la energía nuclear pasará a representar el 6 % de la matriz energética. Hoy, sin Embalse, es el 4,8 %.
Pero embalse representa algo más que un hito tecnológico. También, para varios especialistas, es una segunda oportunidad para la energía nuclear por su capacidad de complementar a las energías renovables sin emitir gases de efecto invernadero.
“La energía solar y eólica son intermitentes porque dependen de las condiciones climáticas para su generación. Por eso, las energías renovables deben complementarse con energía de base. Y lo que logramos al sumar energía nuclear es reemplazar en alguna proporción parte de la energía que la Argentina produce con las centrales térmicas, que son las que más gases de efecto invernadero producen”, analiza Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear de la Nación.
Ocurre que en el país la energía eléctrica se produce en un 65 % por generación térmica, es decir en centrales que operan con combustibles fósiles: gas, fuel oil o carbón. Mientras que las centrales hidroeléctricas aportan un 27,5 % y las nucleares cerca del 5%. El resto, menos del 3% lo aportan las renovables.
Este gráfico muestra la evolución de la producción de energía eléctrica en Argentina, por tipo de fuente, en gigavatio-hora, para el período 1992-2017:
Fuente: Cammesa 2017
En gran medida por la composición de esta matriz es que el principal generador de gases de efecto invernadero es el sector energético.
“La central de Embalse va a evitar el equivalente de las emisiones anuales de seis centrales térmicas a gas o las emisiones equivalente a 1 millón de autos”, graficaron desde la Secretaría de Gobierno de Ambiente de la Nación.
Un pastilla de uranio (combustible de las centrales nucleares) del tamaño de una moneda de 25 centavos produce la misma cantidad de energía que 40 garrafas de gas natural o que una tonelada de carbón mineral o que 477 litros de petróleo, tal como lo ejemplifica este gráfico:
Fuente: Comisión Nacional de Energía Atómica.
Para el investigador de la Universidad Nacional del Centro, Gabriel Blanco, experto en emisiones y sus efectos en el cambio climático, las centrales nucleares efectivamente son más limpias en cuanto a la generación de gases de efecto invernadero, pero presentan otras dudas ambientales.
“El principal problema es qué hacer con los desechos combustibles (el uranio se mantiene radioactivo durante 10 mil años y por eso por ahora es almacenado en piletones dentro de los mismo predios de las centrales) y cuáles son los daños ambientales que genera extraer uranio”, remarca Blanco.
Las dudas sobre la cuarta central
La idea de que Argentina construya una cuarta central nuclear sigue en pie y está en la agenda del Gobierno. Sin embargo, para eso hay que pensar en una inversión que no baja de los U$S 6.000 millones. El socio para financiar esa central sería China, como se viene barajando desde hace por lo menos cuatro años, sin embargo por ahora no hay precisiones.
Desde la Subsecretaría de Energía Nuclear simplemente deslizan que en marzo puede haber novedades. “La intención es que Argentina pueda llegar al año 2050 con el 10 % de su energía producida por centrales nucleares”, se limita a decir Gadano.
Si bien Argentina domina gran parte de la tecnología nuclear, proporcionalmente genera menos energía nuclear que la media mundial, que es del 11 %.
Proporcionalmente, de los 30 países que tienen las 448 centrales nucleares del mundo, Francia es el país que más energía nuclear usa (72,8 % del total), seguido de Eslovaquia (54 %) y luego por Bélgica y Hungría (51,2 %). Para Estados Unidos representa el 19,6 %.
Mientras que de América Latina, sólo México (3,5 %) y Brasil (2,6 %) tiene centrales nucleares, pero con una incidencia menor dentro de su matriz energética que la que tiene la Argentina.
La oportunidad de exportar conocimiento
“Lo que se logró en Embalse es sumamente importante. Porque una gran parte de las centrales CANDU están llegando a su fin de ciclo de vida útil. Por lo que la experiencia que obtuvo la Argentina es útil pensando en los reactores que tiene Canadá, Corea del Sur y China. En general todos los países están pensando extender el ciclo de vida. Y Argentina puede salir a ofrecer esos servicios”, considera Carla Notari, fundadora y decana del Instituto de Tecnología Nuclear Dan Beninson, de la Universidad Nacional de San Martín.
Nucleoeléctrica Argentina podría ser la encargada de salir a pelear ese mercado. Al menos eso aventura Julián Gadano: “Estamos estableciendo contactos para que Nucleoeléctrica tenga un perfil más exportador”.
La tradición argentina en tecnología nuclear ya le permitió al país exportar reactores de producción de radioisótopos para uso medicinales a varios países: Perú, Egipto, Argelia y, el último en 2006, a Australia. Mientras que actualmente, la estatal rionegrina INVAP fabrica uno para Holanda.
A eso hay que sumarle el diseño que realiza la Comisión Nacional de Energía Atómica de un pequeño reactor de potencia (para generar energía) que podría ser exportado y sumar operaciones por no menos de U$S 50.000 millones en las próximas dos décadas. Suena exagerado, pero aparece como posible: el prototipo de reactor, llamado CAREM, lo está construyendo la CNEA en Lima, partido de Zárate, y prevén terminarlo en 2021.
Podría convertirse en el desarrollo más importante en toda la historia nuclear nacional. El modelo, llamado CAREM, puede sentar las bases para que la Argentina de pelea en un mercado mundial que podría llegar a demandar 425 reactores de este tipo de aquí a 2035, según un informe de la Agencia de Energía Nuclear de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Qué pasó. Diez personas murieron en Chubut como consecuencia de un brote de hantavirus y ya son 28 los casos confirmados en esa provincia patagónica. El brote genera miedo en la población e incertidumbre respecto a qué se está haciendo para contener el problema.
Qué se hizo. El 14 de noviembre se confirmó el primer caso de hantavirus en Epuyen y el 5 de diciembre, con la existencia de más casos, el Ministerio de Salud de Chubut declaró la existencia del “brote”. Luego, el 19 de diciembre, el Ministerio de Salud y Desarrollo Social de la Nación emitió una alerta epidemiológica. Desde entonces se tomaron una serie de medidas que resumimos en esta nota.
La situación actual
Si bien Epuyén no está cerrado ni aislado, por orden judicial y por recomendación sanitaria hay una orden de aislar en sus casas a 94 pobladores que estuvieron en contacto con personas que contrajeron el virus. Esa medida se mantendría por 30 días.
Para resguardar que se cumpla esa medida, hay 40 efectivos recorriendo el pueblo. La orden judicial también establece que el estado provincial garantice las necesidades cotidianas de esas personas que deben permanecer aisladas.
A nivel provincial, hubo giro de fondos adicionales para los hospitales de la región que están atendiendo los casos.
El pueblo, esencialmente turístico, vive una crisis económica importante porque el grueso de los visitantes canceló las reservas y decidió no ir a Epuyén. Estiman que 120 mil visitantes pasan cada verano por el pueblo y unos 40 mil duermen en el lugar, según narra Clarín.
Las primeras medidas
Se conformó un Comité de Contingencia provincial y una Mesa Multisectorial de Trabajo formada por el Ministerio de Salud de Chubut y la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación.
Se realizaron charlas y recomendaciones de prevención a la comunidad educativa y a la comunidad de la localidad de Epuyén.
Se realizó el trampeo de roedores en las viviendas de los casos y otros posibles lugares de infección, resultando negativo la captura de roedores. Se continuará con dicha actividad.
Se realiza el estudio epidemiológico pertinente, con las entrevistas de los casos confirmados y sus contactos. Se encuentra en proceso la caracterización clínica y epidemiológica de los casos.
Se visitan e inspeccionan los ambientes eco-epidemiológicos de riesgo relacionados con los casos.
Se realizan conferencias y partes de prensa diarios.
Se participa desde la Secretaría de Gobierno de Salud de la Nación en las acciones de terreno en Epuyén y en el procesamiento de las muestras de los pacientes.
Se postergaron las fiestas de la Fruta Fina (El Hoyo), Artesanos (Epuyén), Tren a Vapor (El Maitén) y Del Bosque (Lago Puelo).
Qué medidas tomar si viajás a la zona
Claves para entender el brote
La gravedad del brote. Entre 2013 y 2018, en Argentina hubo 111 fallecimientos confirmados por hantavirosis, con una letalidad del 18,6 %. El brote actual en Chubut eleva la letalidad al 35,7 %.
Se trata del brote más grave y letal, ya que en las últimas tres décadas (1988-2018) en Chubut se habían registrado 107 casos con 35 fallecimientos como consecuencia de esta enfermedad viral que transmiten los ratones. Además es un brote “inusual” porque incluye la transmisión entre personas.
A nivel nacional, el brote de Chubut también resulta muy significativo, ya que en los últimos seis años las víctimas fatales por hantavirus fueron 111, a razón de 18,5 por año, pero contabilizando brotes en 11 provincias.
Qué es el hantavirus. Es una enfermedad viral aguda grave causada por el virus Hanta que ataca los pulmones del ser humano.
Cómo se contagia. Los ratones silvestres lo transmiten a las personas, eliminando el virus a través de la saliva, las heces y la orina. Al secarse se combinan con el polvo y se transportan por el aire. También se puede contagiar por mordeduras o contacto directo con estos roedores.
Contagio entre personas. El Ministerio de Salud de Chubut explicó que se trata de un brote “inusual y extraordinario” porque la relación entre los casos identificados y los resultados de la investigación en el terreno les permitió “concluir que la vía de transmisión de este brote sería de persona a persona”.
Cuáles son los síntomas. Se parecen a un estado gripal: fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Después de algunos días puede haber dificultad respiratoria que puede agravarse produciendo lo que se conoce como síndrome cardiopulmonar por hantavirus.
Qué pasó. Nueve personas murieron en Chubut como consecuencia de un brote de hantavirus en esa provincia patagónica. Mientras que los casos confirmados se elevan a 24, según difundió hoy el Ministerio de Salud local.
Por qué es importante. Se trata del brote más grave y letal, ya que en las últimas tres décadas (1988-2018) en Chubut se habían registrado 107 casos con 35 fallecimientos como consecuencia de esta enfermedad viral que transmiten los ratones. Además es un brote “inusual” porque incluye la transmisión entre personas.
A nivel nacional, el brote de Chubut también resulta muy significativo, ya que en los últimos seis años las víctimas fatales por hantavirus fueron 111, a razón de 18,5 por año, pero contabilizando brotes en 11 provincias:
Qué es el hantavirus. Es una enfermedad viral aguda grave causada por el virus Hanta que ataca los pulmones del ser humano.
La letalidad. Entre 2013 y 2018, en Argentina hubo 111 fallecimientos confirmados por hantavirosis, con una letalidad del 18,6 %. El brote actual en Chubut eleva la letalidad al 37,5 %.
Cómo se contagia. Los ratones silvestres lo transmiten a las personas, eliminando el virus a través de la saliva, las heces y la orina. Al secarse se combinan con el polvo y se transportan por el aire. También se puede contagiar por mordeduras o contacto directo con estos roedores.
Contagio entre personas. El Ministerio de Salud de Chubut explicó que se trata de un brote “inusual y extraordinario” porque la relación entre los casos identificados y los resultados de la investigación en el terreno les permitió “concluir que la vía de transmisión de este brote sería de persona a persona”.
Cuáles son los síntomas. Se parecen a un estado gripal: fiebre, dolores musculares, escalofríos, dolores de cabeza, náuseas, vómitos y dolor abdominal. Después de algunos días puede haber dificultad respiratoria que puede agravarse produciendo lo que se conoce como síndrome cardiopulmonar por hantavirus.
El Gobierno anunció que busca impulsar cambios en el Código Penal para bajar a 15 años la edad de imputabilidad para delitos graves, actualmente limitada a los 16 años.
Unicef considera que la reforma del sistema penal juvenil no requiere bajar la edad de punibilidad sino que para prevenir el delito se necesitan políticas que promuevan la educación, el deporte y la salud de los adolescentes. Una forma de argumentar esa hipótesis es detallar cuál fue la trayectoria de los jóvenes de 16, 17 y 18 años que están presos en cárceles para jóvenes.
En el estudio “Las voces de las y los adolescentes privados de libertad”, publicado en octubre de 2018, Unicef encuestó a 508 adolescentes, lo que representa el 40% de los 1.305 detenidos del país que atraviesan algún conflicto con la ley penal.
Cuál es la trayectoria de los adolescentes. El informe es concluyente respecto a que las detenciones recaen sobre quienes durante su infancia y adolescencia fueron vulnerados en sus derechos elementales.
La mitad no iba a la escuela cuando los encerraron.
1 de cada 3 chicos encerrados llegó a vivir en la calle.
Un 14% pasó por un hogar porque sufrió maltrato en su casa.
En promedio, empezaron a trabajar a los 13,9 años de edad.
La mitad de los chicos consumió cocaína y pastillas. Y 23%, pasta base.
1 de cada 4 adolescentes tiene al menos un hijo a cargo.
El 60% dijo no haber recibido ayuda del Estado en la casa donde se crió.
La postura de Unicef es clara: “El mayor encarcelamiento de adolescentes no mejora la seguridad pública”. Y de hecho, elaboró una campaña en redes saliendo a exponer esa tesis:
El estudio de Unicef también releva testimonios de adolescentes que están en prisión y que ayudan a reconstruir sus trayectorias:
Mariano, 16 años. Provincia de Buenos Aires.
“Cuando mis papás se separaron nos fuimos a vivir debajo de un puente, ahí por Parque Patricios, estuvimos un mes, pedíamos para comer”.
Brian, 16 años. Mendoza
“Dejé en primer año de secundario porque tenía que ayudar a mi mamá. Mi papá estaba preso en ese momento y yo salí a trabajar”.
Con este diagnóstico, las recomendaciones que finalmente hace Unicef para prevenir el delito juvenil son varias:
Incrementar la oferta de servicios de salud para el tratamiento de consumo de drogas, alcohol y tabaco.
Promover la educación sexual y políticas de cuidado en salud sexual y reproductiva en niños, niñas y adolescentes.
¿Cuándo dejamos de tomar tanto vino? O mejor dicho, ¿cuándo empezamos a reemplazar el vino por otras bebidas? La respuesta es bastante simple: pasó cuando comenzamos a tomar más cerveza y mucha gaseosa. Y también cuando en la mesa de miles de argentinos hubo cambios de hábitos que ya no tienen vuelta atrás.
De los 92 litros que en promedio tomaba en un año cada argentino mayor de edad en 1970 pasamos a tomar 20 litros en 2017. Y ya se sabe que cuando terminen de hacer las cuentas de 2018, esa relación estará por primera vez en la historia debajo de los 20 litros. Sin embargo, la industria del vino piensa dar pelea y evitar un derrumbe más estrepitoso: ya planea vender vino tirado en barril y en lata; sacar cortes livianos, con menos alcohol; y apostar a la publicidad conjunta. ¿Qué ocurre en el mundo?
El día que la cerveza destronó al vino
La caída en el consumo de vino lleva en la Argentina medio siglo. Pero hubo un año en que el principal competidor lo destronó como principal bebida alcohólica del país: 2001. Ese año se consumieron 36 litros de vino por persona, pero la cerveza consiguió estar apenas unos centímetros cúbicos arriba.
Desde entonces, la pelea fue despareja o tuvo un ganador elocuente: en 2017 los argentinos consumimos en promedio 42 litros de cerveza. Más del doble que de vino, que en 2013 fue declarada nuestra bebida nacional.
“Históricamente, el 75 % del vino que consumían los argentinos era en caja, de damajuana o en botella, pero de mesa. Es decir de un precio bajo. La cerveza irrumpió con un valor similar o más barato. Y lo hizo con una inversión publicitaria enorme que caló hondo en los argentinos”, analiza Daniel Rada, director del Observatorio Vitivinícola Argentino.
Rada remarca que las gaseosas, las aguas saborizadas y la infinidad de opciones de bebidas con alcohol, como el fernet, también ayudaron a desestabilizar al vino a lo largo de las últimas décadas.
De hecho, Argentina lidera desde 2013 el ránking mundial de consumo de bebidas azucaradas, con 137 litros al año por persona. Esa situación contribuye, además, a que la Argentina ocupe el primer lugar de América Latina en los índices de obesidad: el sobrepeso alcanza al 60 por ciento de la población.
Pero no fue sólo una cuestión de precio y poder de fuego a partir de la publicidad. La mesa de los argentinos mutó. “El vino siempre estuvo presente en la mesa de los argentinos, a la noche y también al mediodía. Pero hace años que la mesa del mediodía casi no existe, que la jornada de trabajo es de corrido. Además ya no es sólo el hombre el que elige qué bebida se toma en la mesa, por lo que hay más diversidad de bebidas”, asegura Juan Carlos Pina, gerente de Bodegas de Argentina, cámara que nuclea a las bodegas que con sus ventas tienen el 60 % de lo que el país consume en envases de cartón (tetra brik) y el 85 % del vino que se vende en botella.
Los planes para enfrentar la crisis
Inspirado en lo que ocurre en Estados Unidos, donde el consumo de vino en copa y despachado en barriles creció un 37% durante 2017 con respecto al año anterior, desde el Observatorio Vitivinícola Argentino aseguran que ese es uno de los planes que podría tener buena penetración sobre todo en el ambiente gastronómico, donde las cervecerías artesanales están copando el mercado.
“Esta alternativa acaba de ser aprobada por el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) con una resolución. Habilita a envasar vino en barriles de acero inoxidable de 50 litros”, detalla Juan Carlos Pina.
Crédito: Bodegas de Argentina.
En la estrategia de la industria del vino también tienen dentro de su radar otra presentación alternativa, también habilitada por el INV: vender vino en lata, lo que también permitiría un consumo fraccionado y apuntado a generaciones jóvenes. Las ventas de vino enlatado también crecieron en Estados Unidos un 43 % de un año a otro.
“La posibilidad de envasarlo en latas o barriles de hasta 50 litros es una forma muy interesante de fomentar el consumo de vino en bares y cervecerías, espacios en los que salvo raras excepciones, el vino prácticamente no tiene un lugar ganado”, opinó hace dos meses Martín Bruno, de la Asociación Argentina de Sommelier, elegido mejor sommelier de Argentina en 2017.
Hay un dato que para muchas bodegas no pasa para nada desapercibido y es el del turismo vinculado al vino y a las bodegas. Casi todas las regiones tienen su ruta y el Observatorio estima en 1.833.000 los turistas que pasan por las bodegas y consumen vino.
Crédito: Bodegas de Argentina.
Algunas bodegas comenzaron a experimentar en la presentación denominada “bag in box”, que es como un tetra brik de tres litros, pero con el vino embolsado, lo que ofrece mejores condiciones de conservación una vez abierto.
Desde 2013, cuando las bodegas comenzaron a comercializarlo, a la actualidad, su crecimiento fue exponencial: en el país ya se venden 1 millón de litros al año. Aunque aún representa apenas el 0,1% de los 890 millones de litro que se consumen en el país.
Las bodegas que hicieron punta en este formato son Casarena, Viña Las Perdices, Chakana y CarinaE. La experiencia está recogida de países como Australia o Dinamarca, donde el consumo de vino en bag in box alcanza al 50 % y el 20 %, respectivamente, del mercado interno.
En 2014, el enólogo Marcelo Miras tuvo una idea que ahora otras bodegas empiezan a imitar: sacó un vino “liviano” que tiene una graduación alcohólica de 10 grados, entre tres o cuatro grados por debajo de un vino promedio.
“El Pinot Salvaje es un vino de la línea joven, más ácido, frutado y fresco. Y la idea es ofrecer un vino que se pueda tomar al mediodía, que pueda competir con otras bebidas en el break del mediodía”, cuenta Marcelo, que fundó en el Alto Valle de Río Negro la bodega que lleva su apellido en 2006.
Otra apuesta que están haciendo las bodegas es hacer publicidades de mayor alcance a través de inversiones conjuntas desde las cámaras que las representan, de manera tal que sus publicidades puedan tener el alcance de las que hacen las cervecerías, una industria que a diferencia del vino está concentrado en un puñado de empresas.
El Fondo Vitivinícola de Mendoza, por ejemplo, lanzó una serie de publicidades con buen alcance. Las llamó “El vino nos une”:
Una crisis que pone en jaque economías regionales
“Todas las iniciativas de las que hablamos por ahora son inicipientes pero apostamos a que vayan logrando un buen efecto. De todos modos, es importante aclarar que el vino también está retrocediendo en países con mucha tradición, como Italia, España y Francia”, señala Juan Carlos Pina y estima que el consumo de vino en la Argentina puede bajar hasta un mínimo de 15 litros al año por persona.
En España el consumo anual descendió, prácticamente por las mismas razones, a 21 litros, cuando en 1995 estaban en el doble. En cambio Francia e Italia, con 42,5 y 33,3 litros, respectivamente, siguen en un promedio muy superior al de Argentina, pero por debajo de los 60 litros a los que habían llegado a fines de los ‘90.
Sin embargo, hay mercados, con menos tradición, que crecen, como el de Estados Unidos y Canadá, que ya están en un promedio de 10 litros y 14 litros anuales por personas, respectivamente. En los años ’70, el consumo en ambos países rondaba los 4 litros por personas.
De la evolución del sector vitivinícola argentino dependen miles de familias y varias economías regionales. En el país hay 831 bodegas en 220 mil hectáreas de 18 provincias. Sin embargo, la mayoría de los viñedos que proveen de uvas a las bodegas están en Mendoza, con el 68% de la producción; San Juan (26%), La Rioja (2,89%) y Salta (1,38%).
Entre todas, emplean 106 mil personas de manera directa. Aunque estiman que crean 279 mil puestos indirectos, según datos del Observatorio Vitivinícola.
Crédito: Bodegas de Argentina.
Exportaciones que no despegan
La Argentina es actualmente el quinto productor mundial de vinos. En 2017 produjo 14,5 millones de hectolitros de vino. Solo es superado por Italia (48,5), Francia (46,4), España (40,9) y Estados Unidos (23,9).
“Entre 2001 y 2011, las exportaciones de vino argentino crecieron de manera fenomenal. Pero luego se estancaron. Y la reciente devaluación, que pudo habernos hecho competitivos, también encareció componentes importados como el corcho, el capuchón, la etiqueta, parte del packaging y hasta algunas botellas”, explica Daniel Rada.
Los principales destinos son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Brasil. En total se giraron al exterior 220 millones de litros de vino por 809 millones de dólares.
En ese sentido, durante 2017 las exportaciones de vino argentino cayeron un 17%. Mientras que para 2018, Rada tiene su pronóstico, que no es nada positivo: “Bajará entre un 3% y un 5%”.
Pero más allá de cuál sea ese dato, la industrial del vino no deja su futuro atado al azar, sino que puso en marcha un abanico de variantes para reconquistar viejos consumidores y seducir nuevas generaciones. En botella, tirada, en lata o en bag in box, en los próximos años sabremos cómo siguió evolucionando el consumo de nuestra bebida nacional.
Qué pasó. Un nuevo parque solar comenzó a producir energía en Ullum, provincia de San Juan. Tiene capacidad como para abastecer a 20.000 hogares. Es el octavo parque solar que se suma a la red desde 2016 y el número 24 de energías renovables si se suman los proyectos eólicos, pequeñas hidroeléctricas y centrales de biomasa y biogás.
Por qué es importante. Permite ampliar el porcentaje de renovables dentro de la matriz energética nacional, que por ley ya debería representar el 8 % y llegar al 12 % a fines de este año, pero que hoy está lejos de esos porcentajes. En esta nota te contamos exactamente cuánta de la energía que estamos usando ahora mismo proviene de fuentes renovables
El dato preciso, ahora. Cammesa, la empresa que administra el mercado mayorista eléctrico del país, ofrece el dato preciso, y en cualquier momento del día, del porcentaje de energía renovable que estamos usado.
Por ejemplo, ahora, a las 11.20 de este viernes 4 de enero, el 3,64 % de la energía que demanda el país es producida por fuentes renovables.
Cuál es la capacidad máxima de cada fuente. La aplicación de Cammesa permite, además, saber qué sector de las renovables es el que está satisfaciendo en mayores proporciones la demanda y qué capacidad instalada tiene, por lo que si se dieran las condiciones climática ideales (mejores viento o sol, por ejemplo) podrían aportar más energía al sistema.
Cómo evolucionó el sector. La construcción de centrales y parques de energía renovables fue una de las promesas de campaña de Mauricio Macri. Y aunque no lograron avanzar con el vértigo que se anunció, en tres años se construyeron y entraron en operaciones 24 centrales con una potencia de 625 megavatios. En total ya son 82 las plantas de energía renovable.
Con ese panorama, la evolución del aporte de las renovables a la demanda de energía pasó de un 1,9% en diciembre de 2015 a poco más del 4% en noviembre de 2018, tal como lo muestra este gráfico.
Fuente: Subsecretaría de Energía Renovables de la Nación.
Además, hay 93 obras para construir parques solares, eólicos, de biomasa y biogás que aportarán 3.834 megavatios. Cerca del 80% de esos planes estarían listos durante 2019, según aseguraron desde Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación.
Qué ocurre en el mundo. El país está lejos de lo que ocurre a nivel global, donde las renovables aportan en promedio un 10,4% de la energía, según Ren21, una red global que monitorea el avance de las energías renovables.
La cifra también está lejos de la incidencia que tienen las energías limpias en Uruguay (44%, con predominio de las eólicas), Brasil (19%, combinando eólica y pequeñas hidroeléctricas) o Chile (17%, también con eólica e hidroeléctricas), según el sitio Climatescope, que permite comparar las matrices energéticas de los países.
Existe un dato preciso y una proyección: la temperatura mundial promedio subió 1 °C desde la época preindustrial, mientras que si no se reducen las emisiones de gases de efecto invernadero esa suba será de 1,5 °C entre 2030 y 2052. Es un problema grave y esencialmente global.
Sin embargo y pese a que la mitigación del cambio climático depende de acciones globales, hay precisiones sobre las consecuencias que sufre la Argentina. Sabemos cómo varió la temperatura en cada provincia y cuáles son sus efectos sobre el ambiente. Y lo que es más sorprendente, podemos saber dónde la temperatura escalaría hasta 5 °C, qué ríos se están secando y qué costas son devoradas por el mar. Te lo contamos en esta nota y te mostramos cómo podés saber lo que podría pasar exactamente en tu ciudad.
Brevísima explicación sobre por qué cambia el clima
Como consecuencia de la producción de energía, la quema de combustibles fósiles, la generación de residuos urbanos, la agricultura y la deforestación aumenta en la atmósfera la concentración de gases (como el dióxido de carbono) que se llaman de efecto invernadero.
Justamente se los denomina así porque producen un efecto similar al de un invernadero: atrapan parte de radiación terrestre. Y eso hace que suba la temperatura del planeta y se altere el clima.
Así cambió la temperatura de nuestro país
Según la región, subió entre 0,5 y 1 °C. Hay zonas de provincias como Río Negro, Chubut, San Juan, Mendoza o Entre Ríos donde la temperatura promedio está 1 °C arriba que hace medio siglo, como lo muestra este mapa al sombrear en rojo los sitios donde subió la temperatura y en cuántos grados:
Fuente: Informe del Estado del Ambiente 2017 hecho por la Secretaría de Gobierno de Ambiente de la Nación.
“Si a nivel global siguiéramos con los mismo niveles de emisiones de gases de efecto invernadero, el máximo aumento de temperatura será en el Norte y Noroeste de nuestro país, con temperaturas promedio, para el período 2081-2100, 5 °C más altas que las promedio del corte 1986-2005”, explica Inés Camilloni, experta del Centro de Investigaciones del Mar y de la Atmósfera de la UBA y parte de los científicos que colaboran con el Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC).
En cambio, sigue Camilloni, la Patagonia tendría para el mismo período entre 2 °C y 3 °C más que hoy.
Ya existen varias muestras del daño que el cambio climático puede causar en el país con tormentas fuera de lo común, inundaciones y olas de calor. Lo que hicieron especialistas de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) es mapear los padecimientos y riesgos de cada una de las regiones del país en base a estudios científicos de la Secretaría de Ambiente de la Nación y del IPCC, entre otras investigaciones.
Ciudad y Gran Buenos Aires: inundaciones y avance del dengue
Se proyecta que las precipitaciones y el nivel del Río de la Plata seguirán aumentando a lo largo del siglo. Esto incrementaría la frecuencia de las inundaciones.
“El Río de la Plata ya subió 20 centímetros desde los primeros registros. Si sigue creciendo, el riesgo de inundaciones en la cuenca baja de los ríos Matanza, Riachuelo y Reconquistas será mayor”, advierte Enrique Maurtua, a cargo del área de cambio climático de FARN.
Pero además se espera un aumento en la frecuencia e intensidad de las olas de calor. “Con temperaturas más cálidas y condiciones más húmedas, aumenta el riesgo del avance de vectores, como el mosquito del dengue o la vinchuca, por ejemplo”, completa Maurtua.
Como varias villas están sobre los márgenes de arroyos y ríos, como en el caso del Riachuelo, aparece un desafío: realojar esos barrios para evitar que se inunden.
La Plata es uno de los municipios bonaerenses golpeados por las inundaciones. Foto: Eva Cabrera
Región centro: sequías prolongadas y olas de calor
En La Pampa, San Luis, Córdoba, Santiago del Estero, Tucumán, Chaco y Formosa se proyectan más olas de calor, en especial al norte de esta región. También más al norte, las sequías serán más prolongadas y podría haber grandes pérdidas económicas por bajo rendimiento de cultivos.
Mientras que en contraposición se espera aumento de lluvias en la zona sur y centro de esta región, por lo que habrá más condición de humedad y en consecuencia podría expandirse la frontera agrícola.
Fuente: FARN
“Será más factible introducir cultivos que hoy no sobrevivirían en determinadas zona”, señala Maurtua y advierte, entonces, que el desafío es “afianzar sistemas productivos sustentable para evitar el deterioro de los suelos y la degradación ambiental”.
Litoral y pampa húmeda: inundaciones y más sequías
El informe de FARN remarca que las sequías y olas de calor serán más frecuentes. Sirve recordar que la sequía que en 2018 afectó Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, Córdoba y La Pampa generó pérdidas en cosechas de soja y maíz por 6.000 millones de dólares y fue incluida como uno de los 10 fenómenos climáticos más destructivos del año en el mundo.
Pero en la misma región, habrá que prever lluvias más intensas e inundaciones. “Los cambios en el uso del suelo de esta región han incrementado los caudales de los ríos de la cuenca del Plata, potenciando el riesgo de inundaciones”, dicen desde FARN y explican que la necesidad de salvaguardar ganado de las inundaciones en el Litoral es un buen ejemplo de que el fenómeno ya se está dando.
La sequía provocó estragos en Benito Juárez. Foto: Juan Mabromata – AFP
Noroeste: temperaturas extremas y escasez de agua
La Rioja, Catamarca, Salta y Jujuy conforman la región donde se proyectan los mayores aumentos de temperatura y de días con olas de calor. Las altas temperaturas podrían continuar acelerando la evaporación del agua y de esa manera disminuir la disponibilidad en la región.
“Es la región que corre mayores riesgos de impacto social debido a las olas de calor y el estrés hídrico”, apunta FARN.
A su vez, estiman que habrá una fragmentación y reducción de los humedales altoandinos. “Esto puede traer problemas ecosistémicos que afecten a la población de llamas. Y en consecuencia a producciones locales que trabajan con su lana”, ejemplificó Maurtua y remarcó que las temperaturas “podrían afectar las horas de trabajo y de esparcimiento al aire libre en las épocas más cálidas”.
Cuyo: deshielo y menos disponibilidad de agua
Las principales consecuencias del cambio climático en Mendoza y San Juan están vinculadas al agua. Se espera que disminuyan aún más las áreas de los Andes que están cubiertas por hielo.
Ese deshielo y la disminución de las precipitaciones están acelerando el agotamiento de las aguas superficiales, por lo que se prevé mayor vulnerabilidad de varias economías regionales.
“La industria del vino depende de los ríos de deshielo y es uno de los sectores que mayor previsiones está tomando al respecto”, advierte Maurtua y remarca que se espera una reducción significativa de los caudales de los ríos San Juan, Mendoza y Atuel.
Estepa patagónica: desertificación y erosión costera
Se estima una disminución de las lluvias y un aumento de la temperatura, lo que provocaría un escenario de mayor aridez en la estepa de Río Negro, Neuquén, Chubut y Santa Cruz.
Ese cuadro puede acelerar el proceso de desertificación de miles de hectáreas como consecuencia de la degradación del suelo. Lo dramático es que cada año en todo el país, aunque principalmente en la Patagonia, 2 millones de hectáreas se suman a las 100 millones de hectáreas secas del país que están en proceso de degradación y desertificación.
En Ingeniero Jacobacci, Río Negro, el suelo es casi desértico. Crédito: INTA Bariloche.
A su vez, el aumento del nivel del mar podría acelerar los procesos erosivos sobre las costas, aumentando el retroceso de las playas y acantilados.
Andes Patagónicos: reducción de glaciares e incendios forestales
El aumento de la temperatura acelera la reducción de las zonas cubiertas de hielo en Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.
Se espera que también disminuyan las lluvias, lo que reduciría el caudal de muchos ríos, por ejemplo el Santa Cruz, y en consecuencia se daría un retroceso de los bosques patagónicos. Estas condiciones más secas, aumentarían además el riesgo de incendios forestales.
“La falta de recursos hídricos generaría nuevos desafíos para el sector productivo de frutas y hortalizas. Además, el caudal insuficiente de los ríos podría afectar negativamente la producción de energía eléctrica”, señalan desde FARN.
Qué puede pasar en la ciudad en la que vivís
A partir de datos estadísticos respecto de cómo cambió el clima en el país, distintos escenarios futuros y datos socioeconómicos de cada ciudad, hoy es posible identificar cuáles son los principales riesgos del cambio climático en el lugar donde vivís.
Es factible gracias a una herramienta interactiva que armó la Secretaría de Gobierno de Ambiente de la Nación. Se trata del Sistema de Mapas de Riesgo del Cambio Climático (Simarcc).
Este sistema permite proyectar, municipio por municipio, el nivel de riesgo en un futuro cercano (hasta 2039) o lejano (hasta 2100) respecto a las noches tropicales, días de olas de calor, temperaturas máximas, períodos de sequías o de precipitaciones intensas.
El nivel de riesgo que otorga la herramienta se da al proyectar cómo evolucionarán esos aspectos climáticos en dos escenarios (de emisiones altas o medias de gases de efecto invernadero) y al cruzarlos con índices de pobreza, mortalidad infantil y acceso agua de la ciudad seleccionada.
Por ejemplo, en Iruya, Salta, el riesgo de que aumenten los días de olas de calor es alto, tal como lo muestra este mapa hecho con esta aplicación:
“Es un aporte para definir políticas públicas y acciones de adaptación al cambio climático. Es aplicable en la orientación de programas, elaboración de planes sectoriales, planificación del territorio, actividades preventivas y planificación de inversión”, explica Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático de la Nación.
Gentile lo cuenta de manera gráfica: “Uno puede proyectar a partir de esta herramienta cómo deben ser las líneas de alta tensión o los rieles de un tren como para que soporten determinado aumento de temperatura; qué viabilidad futura tiene una hidroeléctrica en determinado río; hacía dónde se corren las isohietas con precipitaciones indicadas para determinados cultivos; qué vectores tropicales (como el dengue) pueden aparecer en nuevas áreas o qué poblaciones necesitarán una asistencia respecto a la accesibilidad al agua”.
Qué hace Argentina para mitigar la emisión de gases
El país espera no exceder las 483 mega toneladas de dióxido de carbono para 2030. “Para un país en vías de desarrollo y que necesita crecer, eso significa una reducción del 18% respecto a los niveles de emisiones a los que llegaríamos si instrumentáramos las medidas que tenemos planeado hacer. Además trabajamos en un segundo escenario de mayor esfuerzo que implicaría una reducción del 37%”, aseguró Gentile.
Para lograrlo, se creó en 2016 un gabinete de cambio climático que conforman los ministros. De ahí salieron las propuestas para alcanzar la meta. El aporte más sustancial lo deberá hacer el área de Energía, con el incremento de renovables en la matriz energética.
En segundo lugar, el gobierno apuesta a no seguir perdiendo superficie de bosques e implantar nuevos, algo que hoy se evidencia como difícil. El Ministerio de Producción deberá trabajar con las cámaras sectoriales para alcanzar mayor eficiencia energética y que aprovechen procesos productivos para generar su propia energía.
El área de Transporte debe apuntalar al transporte público para desalentar el uso de autos y mejorar rutas y trenes, para así hacer más eficiente el transporte de cargas. Finalmente, Agroindustria debe trabajar en la incorporación de prácticas productivas más sustentables.
Argentina tuvo en 2016 el peor récord de la historia del rugby y uno de los más alarmantes a nivel mundial: en dos meses tres jugadores sufrieron lesiones cervicales en un scrum. Dos de ellos quedaron cuadripléjicos y uno se recuperó pero tiene débil el lado izquierdo de su cuerpo.
La Unión Argentina de Rugby (UAR) reaccionó y ese año creó un plan para evitar lesiones catastróficas, como llaman a las que dejan secuelas invalidantes. Hubo cambios de reglas y se corrigió el scrum. No volvió a haber lesiones en esa formación, que por los cambios perdió importancia. El juego se tornó más dinámico y acciones como el tackle y el ruck ganaron relevancia. Casualidad o no, en 2017 dos rugbiers se lastimaron la cervical exactamente en esas jugadas. Uno de ellos quedó cuadripléjico. Aunque en el 2018 no hubo nuevos lesionados, la UAR planea medidas para sostener las mejoras en el tiempo.
En la Argentina, 70 mil personas juegan al rugby y están fichadas en la UAR. Cada provincia tiene su unión de rugby y unos 400 clubes compiten en las distintas divisiones. Además hay otras 70 mil personas, la mayoría chicos, que practican el deporte en escuelas o clubes de barrio, por ejemplo.
Por eso, cuando ocurre una lesión grave en un partido de rugby, las preocupaciones escalan a todo el país y a miles de familias.
El desafío que tiene ahora la UAR es lograr que a esa red de clubes lleguen certezas y se difundan las medidas que tomaron y algunas nuevas que se lanzarán el año que viene.
“El rugby es uno de los deportes que más evoluciona en busca de la seguridad del jugador. Y lo que estamos haciendo ahora es revisar cómo programamos el desarrollo físico y técnico de los jugadores desde que empiezan a jugarlo. Queremos generar una coherencia evolutiva con la que puedan trabajar los entrenadores”, explica Alexis Padovani, coordinador de Rugby Seguro, el programa que la UAR fundó en octubre de 2016.
El foco de esta planificación está puesto en cómo formar a los jugadores en cuatro destrezas vitales: tackle, scrum, ruck y line. En gran medida, todo lo que se acuerde se podrá repasar en un campus virtual que servirá para formar a los entrenadores.
Además, el programa implica una revisión sobre cómo y cuándo deben ir incursionando en estas habilidades los chicos de las divisiones juveniles. Por ejemplo, hoy el tackle se práctica desde los 6 años. En 2019, es una duda.
El origen de los cambios: un scrum peligroso
Para entender las medidas que tomó o analiza implementar la UAR hay que entender cuál es el problema.
El 23 de octubre de 2016, Federico Bocelli, de 17 años, disputaba un scrum. Pero la formación se desplomó. Los jugadores se levantaron, pero Federico, de Tala de Córdoba, quedó tirado, inmóvil. El desplazamiento de una vértebra le lesionó la médula espinal.
Un mes antes, el 23 de septiembre, le pasó algo parecido a Jerónimo Bello, pilar del SIC de 23 años. En ese partido hubo 15 scrums, de los cuales 12 se derrumbaron. En el último, Bello se lastimó la cervical.
También ese año, pero el 3 de septiembre, Ignacio Maeder, de 23 años, disputaba un scrum para Duendes de Rosario. La formación colapsó e Ignacio, que había caído con una mala postura, se lesionó la cervical.
Esos casos llevaron a que el país alcanzara la tasa de lesiones invalidantes más alta de su historia: 4,68 cada 100 mil jugadores. El doble de la que registraba el país entre 1977 y 1997. Se pasó de un promedio de un lesionado por año a tres en dos meses. A fines de 2016, las lesiones catastróficas del rugby local escalaban a 35 en toda su historia.
Varios de los lesionados del rugby argentino se juntaron para la cena anual de la FUAR. Crédito: FUAR
Además, los tres casos llevaron a que la incidencia local fuera cuatro veces mayor que la de Irlanda (0,89 cada 100 mil), el doble que la de Francia (1,7) y Nueva Zelanda (2), y por arriba de la de Sudáfrica (4,5). Sólo en Fiji (10) y Australia (6,8) se superaban los registros argentinos, según diversas investigaciones médicas.
En esta situación había un componente local: a diferencia del mundo, donde las lesiones prevalecen en el tackle, en la Argentina se producían en el scrum: el 51% de los 35 lesionados hasta ese año se lastimaron en esa formación. ¿La razón? El rugby argentino era reconocido mundialmente por la potencia de su scrum y muchos clubes, como SIC, Belgrano o Tala, hacían un “culto” del scrum, al que consideran una herramienta para someter física y psicológicamente al rival.
Sobredimensionada la importancia de esa formación, aparecieron mañas antirreglamentarias para ganar la disputa de la pelota en el scrum y hacer retroceder al rival: empujar antes de que la pelota entrara en juego, hacer presión hacia abajo para derribar el scrum o empujar en diagonal.
Juan Gastaldi, jugador del CASI lesionado y en sillas de ruedas hace tres años, me reconoció hace dos años que hizo esas “mañas” y que se las enseñaban los propios entrenadores. Ahora, Federico Bocelli me cuenta que el día que se lesionó, entró al scrum con la cabeza un poco cruzada y que el colapso de la formación lo sorprendió: “Son mañas de hooker, para incomodar al rival. Pero obvio que hay que evitar ese juego”.
A diferencia de Bello y Maeder, Bocelli volvió a caminar, aunque tiene menos fuerza en el lado izquierdo de su cuerpo.
Cómo se evitaron nuevas tragedias en el scrum
La lesión de Bocelli fue la última que se registró en un scrum y no fue casualidad. A fines de 2016, la UAR creó Rugby Seguro. Y rápidamente introdujo modificaciones, en acuerdo con la World Rugby, que terminaron con gran parte del riesgo al que se exponían los jugadores.
Se obligó además a que todos los jugadores de la primera línea del scrum (hooker y pilares) tengan que hacer un curso de seguridad y lealtad en el juego antes de poder ocupar esos puestos, los más sensibles del scrum.
También se dispuso que el jugador que se ubica al final de la formación ya no tenga que esperar a que la pelota llegue a sus pies para agarrarla, sino que la puede tomar de los pies de sus compañeros de la segunda línea. El empuje, en tanto, no puede producir un desplazamiento del scrum de más de 1,5 metros, una reglamentación que solo rige en nuestro país.
Además, la infracción en esta formación empezó a penalizarse con más rigor. Y un asistente entra a la cancha para asistir al referí.
La buena postura en el scrum es fundamental para evitar que la formación se derrumbe. Crédito: UAR
Las medidas dieron resultado: bajó a la mitad la cantidad de scrums “reseteados” o colapsados y la cantidad de pelotas jugables desde los scrums aumentaron en un 22%. También bajó la cantidad de penalidades en esta formación. Estiman que ahora la pelota está en juego, fuera del scrum, entre 8 y 10 minutos más que antes.
El tackle y el ruck, las nuevas preocupaciones
“Ahora el juego es más dinámico. Hay más juego abierto. Y se le da más importancia a la defensa. Entre otras cosas, hay más tackles”, analiza Ignacio Rizzi, gerente de la FUAR, una fundación que se ocupa de ayudar a los jugadores argentinos de rugby que por una lesión dentro de la cancha quedaron cuadripléjicos, parapléjicos o con una discapacidad severa permanente.
Rizzi remarca que no volvieron a haber lesionados en el scrum pero advierte que en 2017 dos jóvenes se lesionaron la cervical gravemente. Juan Manuel Marchetto, de Yaguá Pitá de Rojas, quedó cuadripléjico tras disputar un tackle. E Ignacio Spontón, de Rafaela, tuvo una luxofractura cervical en la disputa de un ruck tras un tackle. Fue operado y, aunque tiene algunas secuelas, volvió a caminar.
Los dos nuevos lesionados llevan a 37 los lesionados, 34 de los cuales quedaron cuadripléjicos o parapléjicos. Es decir, no volvieron a caminar.
“En el mundo las lesiones en el scrum no eran tan frecuentes como las que tuvimos nosotros. Pero sí en el tackle”, asegura el traumatólogo Mario Larraín, que es miembro de la FUAR y fue médico de Los Pumas durante casi dos décadas.
¿Cuál es el riesgo del tackle? “Lo más peligroso es cuando es alto (por arriba de la línea de los hombros), porque el impacto produce un latigazo en el rival que puede provocar una lesión cervical. También existe riesgo cuando hay una carga contra el jugador que está en el aire, que por gravedad puede caer de cabeza”, detalla Larraín.
La World Rugby elaboró un manual con las situaciones peligrosas en el tackle.
Nadie se anima a relacionar directamente las últimas dos lesiones con el mayor dinamismo del juego. Pero sí exponen los riesgos.
“Perdió importancia la disputa del scrum y el juego es más veloz. Por eso se necesitan jugadores veloces y potentes. A mayor velocidad y potencia, los puntos de contactos, como el tackle, tienen mayor intensidad”, señala Carlos Hernández, ex pilar y hooker de Tala, referí de divisiones juveniles e impulsor de “Se ve venir”, un método que busca darles herramientas a los árbitros para que puedan corregir posturas en el scrum para evitar lesiones.
Hernández fue uno de los invitados a una charla que un ex rugbier, Agustín Woinilowicz, organizó en Tigre Rugby Club como parte de una iniciativa que llamó Derrumbe Cero y con la que busca generar conciencia para un juego más seguro. El grupo que creó en Facebook ya tiene más de 17 mil seguidores y las charlas tendrán continuidad.
La universidad neozelandesa de Massey estudió el físico promedio del equipo de los All Blacks en 2005 y los comparó con el de 1905. Demostró que los de 2005 tenían en promedio 187 centímetros de altura, 12 cm más alto. Y que su peso, de 102,5 kilos en promedio era 7,5 kilos más pesado que el más grande de 1905.
Las medidas que analiza tomar la UAR
De los 34 jugadores lesionados que quedaron en silla de ruedas, 24 se lesionaron en un scrum, 3 se lastimaron en un ruck y 7 en un tackle.
“En nuestro eje para evitar lesiones catastróficas estamos revisando cómo programamos el desarrollo físico y técnico del jugador en cinco destrezas, entre las cuales está el tackle y el ruck”, cuenta Alexis Padovani, coordinador de Rugby Seguro, ex pilar del CASI.
Alexis se mueve en una silla de ruedas por una lesión sufrida en 1997 durante el derrumbe de un scrum en un partido organizado justamente para juntar fondos para ex jugadores lesionados.
La UAR también está revisando la forma de entrenar y practicar el scrum y el line. Y están analizando a qué edad los jugadores juveniles deben empezar a trabajar con contactos físicos.
Lo interesante es que toda la progresión que se defina será parte de los contenidos que deberán aprender los entrenadores que quieran enseñar rugby. Esos contenidos serán accesibles desde un campus virtual que la UAR lanzará el año que viene. Lo que no se sabe aún es cuándo esos cursos pasarán a ser una condición para estar al frente de un equipo, sea juvenil o de adultos.
Es decir que una vez consensuada la progresión, las nuevas maneras de formar al jugador llegarán hasta los 400 clubes, que ya debieron nombrar un referente de seguridad.
Lo que sí ya se aplicó es una especie de protocolo de actuación en caso de conmociones cerebrales en cancha. “Se trata de reconocer, retirar y reportar. Es decir que si se sospecha que el jugador sufrió una conmoción, se lo retira de la cancha. Luego se confirma o se descarta la conmoción y en caso de que se confirme, se realiza un retorno gradual”, explica Padovani.
Todo eso queda registrado en una herramienta que se instrumentó a principios de este año: la tarjeta electrónica. En esa ficha, donde están todos los jugadores del partido, el árbitro puede ver qué jugador está inhabilitado para jugar porque sufrió en la fecha pasada, por ejemplo, una conmoción cerebral o porque no hizo el curso de primera línea sobre seguridad en el scrum.
“Cuando un jugador sufre una conmoción cerebral, hay un período ventana durante el cual es muy vulnerable a una segunda conmoción. Existe entre 4 y 6 veces más posibilidades de que vuelva a tener una conmoción. Por eso se le suele dar como mínimo 12 días de descanso, para los adultos, y por lo menos 4 semanas para los juveniles”, explica el neurólogo Fernando Salvat, jefe del área de Dolor de la clínica Fleni. Y detalla: “El promedio actual es de una conmoción cerebral cada seis partidos”.
La conmoción cerebral es una lesión producida por un golpe en la cabeza, directo o indirecto, que produce un alteración, por lo general transitoria y reversible, en el funcionamiento del cerebro. Se acompaña de signos y síntomas neurológicos como dolor de cabeza, trastornos de memoria, confusión, alteraciones visuales, inestabilidad y mareos.
Salvat y un equipo de médicos están terminando una investigación sobre lesiones catastróficas en el rugby local. Recorre el período que va desde 1966 a 2016 e incluye entrevistas a 32 jugadores lesionados. “Se trata de un estudio cuantitativo y cualitativo”, adelanta.
Tres muertos en Francia elevan los temores
La preocupación respecto a las conmociones cerebrales y el tackle no es exclusiva de la Argentina. Este año Francia atraviesa algo todavía más trágico que lo que sufrió nuestro país a fines de 2016. Concretamente, tres jugadores de rugby murieron tras distintas situaciones en el campo de juego.
En mayo, Adrien Descrulhes, un jugador de 17 años, fue encontrado muerto en su cama la mañana después de haber sufrido una conmoción cerebral en un partido para menores de 18 años.
En agosto, Louis Fajfronwski, de 21 años, se desplomó en el vestuario luego de haber sufrido un fuerte tackle.
A principios de diciembre, Nicolas Chauvin, de 19 años, murió tras sufrir un tackle a la altura del cuello.
Por estas muertes, en Francia reclaman que la autorización de tacklear de los hombres hacia abajo pase a ser desde la cintura para abajo.
Es tan generalizada la necesidad de volver más seguro la práctica del rugby que muchos otros países tienen programas como el de la UAR. El programa Rugby Seguro, de hecho, tiene como modelo a Boksmart, el plan que conformó Sudáfrica con prácticamente los mismos objetivos.
“Las principales áreas de enfoque del programa son la prevención de lesiones, la gestión de lesiones, la seguridad en el rugby y el rendimiento del jugador, con atención específica en lesiones graves y catastróficas de cabeza, cuello y columna vertebral”, se presentan en Boksmart, que además de diversas políticas para darle seguridad al juego, genera información científica sobre las lesiones más peligrosas.
A nivel mundial, también existen otras iniciativas del mismo tono: el “Rugbysmart” de Nueva Zelanda y el “Smartrugby” de Australia.
Cómo el universo del rugby ayuda a sus lesionados
Ignacio Rizzi, gerente y fundador de la FUAR, sufrió una lesión cervical en un tackle durante un partido que jugó en Francia. Está en silla de ruedas desde 1992.
Lo que ofrece la FUAR es algo así como un padrinazgo de los jugadores que por una lesión durante un partido de rugby quedaron cuadripléjicos o con una discapacidad grave.
Desde el punto de vista económico, cuando un jugador sufre una lesión de esas características lo primero que hace la fundación es darle un subsidio único para resolver los problemas urgentes. En 2018, ese seguro estaba calculado en $ 1.400.000. Pero nadie lo necesitó porque no hubo nuevos lesionados. Además, todos los lesionados reciben una mensualidad.
La financiación de la fundación surge en gran medida de un fondo solidario constituido por alrededor de $200 al año que aporta todo jugador fichado en la UAR. Además reúnen fondos de donaciones y de torneos de golf, cenas y partidos a beneficio.
Rizzi suele decir que desde la fundación trabajan justamente para no tener más socios. Porque los “socios” a los que hace referencia son los lesionados a los que asisten: actualmente 34. Pero también siente, como me lo dijo una tarde en la sede de la UAR, que desde la FUAR tienen una misión: “Cuando un jugador se lastima nos comprometemos a darle una mano el resto de sus vidas”.
Qué pasó. Pobladores locales y guardaparques encontraron pisadas de yaguaretés en el norte de Chaco y Formosa. Las huellas fueron fotografiadas y luego un grupo de investigadores del Conicet confirmó que efectivamente eran pisadas del felino más grande de América.
Por qué es importante. Los registros reafirman que el yaguareté no está extinto en zonas de esa región de parque chaqueño donde no se habían encontrado rastros desde hacía 12 años. Los científicos calculan que en toda esa región quedan entre 15 y 20 animales, por lo que más allá de la buena noticia, la vulnerabilidad de la especie sigue siendo altísima.
Dónde fue el hallazgo. En Chaco, las pisadas se encontraron en El Impenetrable. Mientras que en Formosa fueron en un área cercana a Paraguay, por lo que se cree que los yaguaretés se mueven entre ambos países, cruzando a nado el Pilcomayo.
Por qué no se precisa el sitio. Lo hacen para evitar que cazadores ilegales se acerquen al lugares. Ocurre que la principal amenaza actual es la caza, que está prohibida.
Los matan por tres razones: hay pobladores que lo hacen por una cuestión cultural o de tradición, hay quienes lo cazan con la idea de resguardar su ganado y hay casos en los que la captura se da por el “temor” que provoca o por miedo a que mate animales domésticos.
En qué otras zonas hay yaguaretés. En el país hay tres poblaciones, aisladas una de otras, que suman entre 200 y 250 animales, por lo que se encuentra en peligro crítico de extinción.
• La más grande está en la selva de yungas de Salta y Jujuy. Ahí creen que hay entre 100 y 150 animales.
• En la selva misionera, principalmente dentro del parque nacional Iguazú. Estiman que hay entre 60 y 80 yaguaretés. Es la única población de la que hay certezas de que está creciendo.
• La del parque chaqueño, que abarca parte de Chaco, Formosa y Santiago del Estero, es de entre 15 y 20 felinos.
• Finalmente, hay un proyecto de reintroducción de yaguaretés que la Fundación CLT lleva adelante en los Esteros del Iberá, donde por ahora hay cinco adultos y dos cachorros, pero están en corrales de cría.
Por qué hay tan pocos. Históricamente, el yaguareté vivió desde el norte de la Patagonia hasta el norte del país. El territorio que ahora habitan representa el 5% de la superficie que originalmente ocupó. Esa pérdida se debe principalmente al avance de la frontera agropecuaria. Mientras que la depredación de animales se dio principalmente por la caza, que recién fue prohibida en la década del ’80. Miles de pieles se exportaban todos los años.
Fuente: Red Yaguareté
Qué hacen con los registros. “Una vez que identificamos las huellas, coordinamos con los guardaparques y armamos mapas para establecer cuáles eran los mejores lugares para ubicar las cámaras que nos van a permitir conocer las características de estos animales y cuáles son sus hábitos”, explica Verónica Quiroga, investigadora del Conicet en el Instituto de Diversidad y Ecología Animal de la Universidad Nacional de Córdoba.
Parte del equipo que halló los rastros en Chaco. Crédito: Proyecto Yaguareté.
Qué se está haciendo para protegerlo. A nivel país, existe el Plan Nacional de Conservación del Monumento Natural Yaguareté, que apunta a la conservación y recuperación de la especie y su hábitat. También hay varias leyes provinciales, en Salta, Misiones y Chaco, que apuntan a proteger la especie.
Guardaparques se ocupan de patrullar las reservas para evitar la caza.
El Proyecto Yaguareté, en tanto, está liderado por científicos e investigadores especializados en biodiversidad y conservación. Tiene una doble misión: crear información científica del tema y promover acciones concretas.
También hay varias iniciativas de asociaciones, como la Red Yaguareté o la Fundación CLT.
Luis Palacios cree que soy un funcionario y que intento decirle que por fin la energía eléctrica llegará a la zona de la selva misionera donde él y otras 14 familias guaraníes viven en ranchos de adobe y techos de caña tacuara.
Habla mejor el guaraní que el español. Por eso y porque está en el medio del campo, en el único punto con señal de celular, tarda en entender que lo llamo para saber cómo se las arregla para vivir sin electricidad, un servicio que el 99% de los argentinos naturalizamos. Su hogar es uno de los 120 mil del país que jamás tuvieron energía eléctrica y a los que el Estado planea equipar con paneles solares en los próximo dos años.
Luis dice que el principal problema es el agua: sin bombas extractoras, la tiene que sacar del pozo con baldes y cargarla en bidones hasta su casa. Sin heladera, lo que cazan o faenan lo comen en el día. Cuando oscurece, usan velas hechas con cera de abeja. Hablamos 20 minutos con una interrupción: se quedó sin batería y tuvo que pedir prestado un celular: “Lo cargamos en la escuela, pero está 6 kilómetros a pie”.
Luis vive a 170 kilómetros de Posadas. Historias como la de él y su familia abundan en la selva misionera, el monte santiagueño, el parque chaqueño, la puna salteña y la selva correntina. Muchos son sitios a los que se llega después de medio día de cabalgata o travesías en camioneta. Otros son parajes poco poblados pero cercanos a pueblos que tienen energía, por lo que la solución parece más a mano.
De todos modos, esas no son las únicas zonas donde hay hogares en estas condiciones, ya que, aunque en menor proporción, las demás provincias también tienen poblaciones aisladas, dispersas y sin energía eléctrica. La mayoría, además, es pobre, no tiene agua, ni gas, ni acceso a atención médica. Y tiene muchas dificultades para progresar, entre otras razones, porque no tienen energía.
Niñas de la comunidad guaraní de Misiones leen bajo la luz tenue de velas de cera de abeja.
“Contar con energía eléctrica es fundamental. En primer lugar porque está ligado al acceso al agua, una de las condiciones básicas para mejorar la calidad de vida. Se necesitan bombas para llevar agua desde una vertiente o pozo hasta las casas. Y el agua en el hogar es sinónimo de higiene y la higiene es salud”, remarca Patricio Sutton, director ejecutivo de la Red de Comunidad Rurales.
Sobre la dificultad para acceder al agua hay datos precisos, actualizados y escalofriantes: 122.000 familias del país consiguen agua en un arroyo o capturando la lluvia. Llegan a dedicarle hasta seis horas por día a esa tarea.
“Tener energía es importante también para iniciar un emprendimiento: trabajar la madera o la caña, elaborar queso o conservar fresco un alimento. Y un emprendimiento es lo que les puede permitir salir de la pobreza extrema”, agrega Sutton.
Muchas comunidades guaraníes de Misiones caminan para buscar agua. Fuente: Red de Comunidades Rurales.
Cómo conservan la comida y estudian de noche
A los que vivimos en las ciudades nos cuesta imaginarnos una vida sin electricidad. Hugo Da Silva, rector de una escuela agrícola de Dos de Mayo, una localidad rural de Misiones, se crió sin electricidad y ahora trabaja con comunidades a las que aún no llegó la red.
“Empecemos por lo básico, la leche para los más chicos. Lo que hacen es comprar leche en polvo o tienen su propia vaca, a la que ordeñan cada día”, explica y continúa: “Cuando matan un animal, con lo que no comen en el día suelen hacer charque, una carne salada que secan al sol para que pierda la humedad y se conserve. O la fríen en grasa y la dejan tapada en esa grasa”.
¿Cómo pasan Fin de Año? “Cuando quieren festejar de noche, encienden fogatas”, cuenta Da Silva. Y si por alguna situación especial quieren ver televisión, como durante la final del Mundial que disputó Argentina en 2014, consiguen un televisor y lo conectan a la batería de un auto.
A los chicos les es difícil estudiar. La mayoría va a la escuela y cuando vuelve ayuda en el campo con los animales o los cultivos. A la noche, sin luz, es raro y costoso mantener encendido un mechero a kerosene o lámparas a pilas. Por eso y porque la mayoría de los padres hizo apenas algunos años de la primaria, la mayor parte de los jóvenes tiene su único estímulo educativo en la escuela.
Para la noche de Fin de Año, hay comunidades que festejan alrededor de fogatas. Foto: Red de Comunidades Rurales.
En la Secretaría de Gobierno de Energía de la Nación estiman en $ 400 el costo mensual promedio en pilas, kerosene o garrafas que usan como fuente de iluminación. Y remarcan que una de las consecuencias de la deficiente iluminación es la fatiga ocular. Además reconocen que los mecheros emiten dióxido de carbono y vician el aire, lo que significa un riesgo latente para un hogar.
La migración hacia las ciudades
“Una consecuencia de esa vida es la migración del campo hacia los pueblos”, describe Marisa Pizzi, una ingeniera agrónoma bonaerense radicada en Nueva Pompeya, un pueblo de 2.300 habitantes de El Impenetrable chaqueño, a 190 kilómetros de Resistencia.
“Por la falta de energía, los primeros que se vienen al pueblo son los jóvenes y las madres con sus hijos. Los tientan comodidades como poder tener celular, Internet, ventilador o un televisor. Esa situación afecta la economía de la familia, porque las mujeres son las que suelen ocuparse de los animales chicos, como las cabras”, cuenta Marisa, que trabajó hasta 2015 en la Secretaria de Agricultura Familiar de la Nación justamente promoviendo la productividad de comunidades rurales.
Esas migraciones forzadas son muchas veces las que consolidan asentamientos en la periferia de los cascos urbanos.
Esa situación asecha a Nueva Población, una comunidad de wichís y criollos conformada por 100 familias. “Ellos necesitan energía para trabajar la algarroba y preparar el chaguar, una planta con la que hacen artesanías. Pero a pesar de estar a 20 kilómetros de Nueva Pompeya, donde hay un generador, a ellos no les llega energía”, expone Marisa.
La principal dificultad es la distancia. Es decir, el número de familias y la potencia energética que demandarían no es el principal desafío.
“Para llevar energía de un sitio con abastecimiento a otro sin servicio pero que queda a 100 kilómetros, es necesario que ese transporte se haga por líneas de media o alta tensión. Y si se hiciera esa inversión, que de por sí es costosa y necesita mucho mantenimiento, habría que poner un transformador en la bajada a cada hogar al que se quiere abastecer, porque habría que pasar la energía de 300 mil voltios a 220”, explica Salvador Gil, director de la carrera de Ingeniería en Energías de la Universidad Nacional de San Martín.
Gil expone que si un trayecto de 100 kilómetros se hiciera con un tendido de baja tensión, el 90% de la energía enviada se perdería en el camino por las características técnicas de esas líneas.
Más allá de que aún hay 120 mil hogares sin energía, en la Argentina la red se expandió mucho en los últimos 30 años: mientras en 1990, accedía el 90% de la población, según datos de Banco Mundial, ahora lo hace el 99%. Con ese indicador, el país está por sobre el promedio mundial de acceso, que es del 87%.
Crédito: Subsecretaría de Energías Renovables y Eficiencia Energética.
Una solución: instalar equipos solares
Que miles de familias rurales no tienen energía eléctrica en sus casas no es una revelación para el Estado. Desde hace casi dos décadas existe un programa especifico dentro del área de Energía estatal que busca equipar con paneles solares a esas poblaciones. Se lo llama Proyecto de Energías Renovables en Mercados Rurales (Permer).
En general distribuyen equipos que permiten producir energía en el lugar, almacenarla y alimentar equipos con los que se puede iluminar algún ambiente durante varias horas por noche, encender una radio y cargar un celular.
Entre el año 2000 y el 2012, ese plan permitió que 29.884 familias tuvieran algo de energía a partir de paneles solar. Ahora, de hecho, se están distribuyendo 14.600 paneles en 11 provincias: Catamarca, Chaco, Corrientes, Entre Ríos, La Pampa, Neuquén, Río Negro, Salta, San Juan, Santa Cruz y Tucumán. De ese lote, unos 6.000 ya fueron instalados.
Salta es una de las provincias donde ya instalaron paneles solares en hogares rurales.
Desde Permer, que depende de la Secretaría de Gobierno de Energía, aseguran que a partir de marzo comenzará el plan más ambicioso que encaró el área: llegar con estos kits solares a los 120 mil hogares dispersos del país antes de 2020.
Para eso, se hizo una licitación internacional y la empresa estadounidense D. Light Desing ganó ese concurso, que ya fue adjudicado y prevé una inversión de 17,5 millones de dólares, fondos que son financiados por el Banco Mundial.
La previsión es que a partir de abril empiece la distribución e instalación, a través de las provincias, de una primera tanda de 23.000 equipos. En cada hogar colocarán un panel solar fotovoltaico, es decir que convierte la energía solar en voltios. También les llegará una batería de litio para almacenar esa energía y dos lámparas Led de 200 lúmenes (equivalen a 25 watts) y una lámpara Led de 400 lúmenes (60 watts). El kit incluirá un puerto USB para cargar celulares y una radio AM/FM con batería recargable.
“Este equipo tendrá la capacidad de brindar iluminación fija a 3 ambientes: una sala comedor y dos habitaciones. Estimamos que cada lámpara podrá estar encendida 5 horas al día. Y desde la batería central se pondrán recargar teléfonos celulares y la radio”, explicaron desde Permer.
Los funcionarios del área reconocen que una vez que se avance con este programa, el desafío pasará por sumar potencia a esos equipos, de forma tal que puedan generar energía suficiente como para mantener una heladera.
Otro desafío será el mantenimiento, ya que al ser poblaciones aisladas resulta muy difícil el acceso para una revisión. De hecho ese fue el punto más problemático de la primera etapa del Permer.
“Cuando se descompone un equipo, pueden pasar meses sin que llegue el técnico que pone la empresa provincial que queda a cargo del mantenimiento. Eso al menos pasó en muchas comunidades de El Impenetrable”, cuenta Rolando Nuñez, coordinador del Centro Mandela, una ONG chaqueña que asiste a comunidades rurales e indígenas.
Las redes monofásica: una apuesta para distancias más cortas
Una alternativa que encontraron en Mendoza para llevar energía a poblaciones rurales no tan alejadas (unos 50 kilómetros de pueblos con servicio) es hacerlo a través de redes de baja tensión monofásica.
“Así ya llegamos a 1500 productores rurales. La energía viaja a 680 voltios y cada hogar tiene su transformador. Sabemos que hay pérdida de energía en el camino, que no es eficiente la línea, pero es la manera que encontramos de abastecerlos”, explica Pablo Magistocchi, gerente general de Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima.
Una línea monofásica en Misiones. Crédito: Hernán Pérez Aguirre / Red Comunidades Rurales
Algo parecido ocurre en Misiones, donde la Organización para el Desarrollo Humano, Ambiental y Tecnológico, una ONG, está llevando electricidad a seis comunidades mbya guaraní. Con financiamiento de Naciones Unidas a través del Programa de Pequeñas Donaciones (PPD), llevaron una red monofásica hasta el ingreso a esas comunidades.
“Ya instalamos el transformador en la bajada a las comunidades y ahora no falta la distribución interna, hogar por hogar”, cuenta Javier Villalba, referente de esas comunidades, que agrupan a 120 familias.
Javier estudió abogacía y tiene 41 años. Cuando era chico no tenía luz en su casa y recuerda haber sufrido especialmente dos situaciones: no tener agua fresca cuando la temperatura araña los 50 grados y no poder leer de noche los cuentos que le daban en la escuela.
La cantidad de personas encarceladas crece desde hace una década, pero hay un delito por el que se encierra a miles de personas que crece muchísimo más que la propia población carcelaria y que cualquier otro delito: las violaciones.
En los últimos 11 años, entre 2006 y 2017, la cantidad de personas presas condenadas o a las que se le imputa una violación pasaron de ser 3.124 a alcanzar las 9.919. Es decir, aumentaron en un 217%, cuatro veces más que la suba del 57% que tuvo la población carcelaria, que en el mismo lapso pasó de 54.000 detenidos a 85.283.
De estas cifras oficiales surge un dato por lo menos alarmante: al 11,63% de los presos alojados en cárceles federales y provinciales argentinas se les imputa o fueron condenado por una violación. Algo así como uno de cada 10 presos. Hace 11 años, eran el 5,78% o uno cada 20.
La información se desprende del último informe oficial de la Dirección de Política Criminal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Al mismo tiempo, el delito de violación es el cuarto más recurrente entre los presos del país. El primero es robo y tentativa de robo, que recae sobre 32.554 presos. Le siguen delitos vinculados a la Ley de Drogas, que incluye tenencia, comercialización y tráfico y suma 12.279 menciones. Mientras que los homicidios dolosos recaen sobre 11.567 personas privadas de la libertad.
Cantidad de personas privadas de la libertad, según el tipo de delito y cómo evolucionó desde 2006:
Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena
La semana pasada, la actriz Thelma Fardin denunció por violación al actor Juan Darthés. La actriz lo acusa de haberla violado hace nueve años en una habitación de un hotel de Nicaragua, a donde había ido por una gira del programa televisivo Patito Feo. El caso desencadenó durante los días siguientes denuncias públicas de otras mujeres por delitos sexuales al propio Darthés, a políticos y otras personalidades.
Fardin difundió la denuncia acompañada del colectivo de Actrices Argentinas. Y ocurre tres años y medio después del surgimiento de Ni Una Menos, un movimiento que logró imponer en la agenda pública Argentina la violencia contra la mujer y su consecuencias más graves: el femicidio, las violaciones y los abusos.
¿Pudo haber influido esa situación en la proporción de encarcelados por violaciones?
“La mayor visibilidad que tiene el tema pudo haber disminuido lo que se denomina la cifra negra, que son los delitos que no se denuncian. Pero no podemos asegurar que el hecho de que haya aumentado la cantidad de personas detenidas acusadas o condenadas por violaciones implica que hay más violaciones”, analiza Paula Litvachky, directora del área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Lo que sí puede afirmarse es que después de que se masificara la lucha de miles de mujeres en todo el país por visibilizar la violencia que sufren, las denuncias por violaciones crecieron. De hecho, en 2017 se registró la tasa más alta de los últimos tres años: 8,9 denuncias de violaciones cada 100.000 habitantes.
Las carreras más elegidas por los jóvenes no son las relacionadas con las principales actividades económica de cada región ni las que demanda el mercado laboral. Ese es el primer diagnóstico de un estudio que hizo este año el Ministerio de Educación de la Nación.
De ese trabajo surgen las profesiones que necesita cada región de la Argentina. Para esas carreras estratégicas, que pueden revisarse en un mapa interactivo, existen incentivos estatales, como becas y programas que buscan interesar a los jóvenes desde el secundario.
Región Metropolitana: más técnicos y enfermeros
El 94 % de los jóvenes estudia carreras de grado. Y de esos, 4 de cada 10 se forman en áreas de la salud (principalmente del campo de la medicina y la salud mental), la administración y el comercio.
Sin embargo, los principales requerimiento de profesionales en la región Metropolitana es de técnicos (carreras de pregrado) vinculados a procesos productivos, diseño y construcción. Mientras que en el área de salud, el perfil más buscado es el de enfermero.
Interior bonaerense: producción agropecuaria y procesos productivos
El estudio remarca que el 27% del empleo privado registrado en la región se da en el rubro de la construcción y la industria. Mientras que un 8% se ocupa en temas de producción agropecuaria, alimentaria y de salud animal, por lo que existe una gran vacancias en profesionales vinculadas a esas áreas.
Cuyo: más perfiles técnicos que de carreras de grado
El 20% de los estudiantes cursa alguna carrera vinculada a la salud, sin embargo el 30% del empleo en blanco se da en la industria y la construcción, campos que apenas eligen el 10% de los estudiantes.
El informe del Ministerio de Educación remarca que la mayoría de los perfiles buscados en Cuyo tiene que ver con carreras de pregrado. Es decir, técnicos.
Noreste: el turismo demanda nuevos profesionales
Casi 2 de cada 10 estudiantes eligen una carrera vinculada a la medicina. Pero, como ocurre en varias regiones, la principal demanda es de perfiles técnicos relacionados con la industria y la construcción.
En esta zona aparece una particularidad relativamente nueva para la región: una mayor búsqueda de perfiles vinculados a hotelería, gastronomía y turismo, actividades que suman el 9% del empleo en blanco.
Centro: surge la necesidad de especialistas ambientales
El 28% del empleo privado lo da la construcción y la industria, por lo que la búsqueda de perfiles técnicos de esos dos campos sigue siendo alta.
Sin embargo, la necesidad de hacer más amigable con el ambiente las actividades industriales y productivas hace que los profesionales entendidos en gestión ambiental y recursos renovables sean de los más pretendidos.
Sur: las energías renovables renuevan los perfiles
En esta región se están desarrollando emprendimientos vinculados con la producción de energía, tanto tradicional (Vaca Muerta) como alternativa (parques eólicos). Sin embargo, no existe la suficiente formación de recursos humanos calificados para trabajar en la producción, transporte y distribución de energía, principalmente las renovables.
Es por eso que muchos profesionales que se emplean en el área vienen de otras regiones. Es que en el Sur solo el 3 % de las ofertas de títulos corresponden a estas disciplinas.
Noroeste: enfermeros y universitarios para atender al turismo
Como en prácticamente todo el país, la enfermería es uno de los campos deficitarios de la región. Y como ocurre también en el NEA, en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y Santiago del Estero existe una gran demanda de graduados en especialidades como hotelería, gastronomía y turismo. Porque si bien representan el 9% del empleo registrado, apenas el 1% de los estudiantes sigue alguna de esas disciplinas.
Qué incentivos ofrece el Estado
Las becas Progresar ofrecen desde $ 1600 mensuales para quienes estudien carreras universitarias y terciarias. Pero quienes estudien carreras consideradas estratégicas para el país, como las de ciencias básicas, ciencias aplicadas y enfermería, por ejemplo, acceden a una beca superior, que arranca en $ 1800 y asciende a $ 4900 mensuales sobre el final de la carrera cuando para el resto de las ramas alcanza los $ 2300.
En el Ministerio de Educación, desde el año pasado, también existe el programa Nexo, que busca articular la finalización del secundario con el ciclo superior con distintas políticas. Entre ellas, la de instaurar la idea de continuidad del estudio como horizonte y la de favorecer la elección temprana de la carrera. Y es en este último punto donde existe un trabajo específico para difundir en la escuela secundaria las carreras de ciencias básicas y aplicadas.
Una herramienta de gestión para las universidades
Para el Ministerio de Educación, el informe es útil para guiar a las universidades sobre hacia dónde debe crecer la oferta académica en cada región y provincia.
“En los últimos años el sistema universitario creció de forma poco estratégica, con carreras que se superponen en un mismo territorio y más de 13.000 ofertas de títulos universitarios. Todo esto sin la imprescindible evaluación de las necesidades productivas de las diferentes provincias ni las salidas laborales de los futuros profesionales”, asegura Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Y agrega: “Por eso sostenemos distintas iniciativas para ir hacia una educación superior articulada y de calidad, que responda a un mundo en constante evolución que demanda ofertas académicas acordes”.
El Senado convirtió en ley el plan para darle protección al 10% del Mar Argentino al crear dos áreas marinas protegidas frente a Tierra del Fuego.
Con la sanción de este proyecto, el país concreta el mayor avance de su historia hacia la conservación de su mar: pasó de proteger un 3% a alcanzar el 10%, un compromiso internacional al que adhirió cuando se suscribió al Convenio sobre la Biodiversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establece justamente preservar el 10% de las zonas costeras y marinas antes de 2020.
La propuesta instaura dos parques oceánicos del tamaño de las provincias de Formosa y Misiones con distintos niveles de protección, desde la prohibición absoluta de toda actividad hasta zonas donde se podrá pescar o navegar pero de manera controlada.
Además, con la materialización de este proyecto, 2018 pasó a ser el año en el que más áreas protegidas se crearon, ya que a estos dos parques marinos se le suman Aconquija (Tucumán), Iberá (Corrientes), Traslasierra (Córdoba) y Ciervo de los Pantanos (provincia de Buenos Aires).
De esa manera se supera la marca alcanzada en 1937, año en que se crearon cinco parques nacionales, entre los cuales figuran Perito Moreno, Los Glaciares y Lanín.
La importancia de las áreas protegidas marinas. Un informe de la Administración de Parques Nacionales dice que las redes de pesca dejan una huella en el fondo del mar y arrasan con invertebrados, como corales, esponjas, medusas y estrellas de mar. Cuando el daño se perpetúa, hablan de huellas de mar muerto. Y también advierten sobre la pesca incidental de peses que luego descartan y la muerte de aves y otras especies que quedan atrapadas en las redes.
Las protecciones que se instaurarán están contempladas por ley y ofrecen distintos niveles, que van de más restrictivos a más permisivos. En este gráfico se entienden fácilmente cuál es el objetivo de esa gradualidad:
Ahora veamos qué tipo de protección le darán exactamente a las futuras áreas marinas protegidas. Yaganes tendrá proyectada una zonificación tridimensional.
El fondo marino constituirá una reserva nacional marina estricta. Es decir, se prohibiría toda actividad salvo la investigación científica y la necesaria para monitorear el lugar. No se puede pescar, explorar el suelo en busca de hidrocarburos, visitar la zona ni hacer ejercicios militares.
Un amplio sector, el más alejado de la costa, tiene su columna de agua zonificada como parque nacional marino. Ahí no podrá haber actividades pesqueras pero sí educativas y turísticas, pero en armonía con la conservación.
Finalmente, la columna de agua cercana a Tierra del Fuego será una reserva nacional marina de usos múltiples, dónde sí se permitirá pescar, pero con métodos menos agresivos, más controlados y limitados en cuanto a períodos estacionales y volúmenes.
Burdwood II se dividirá en dos sectores:
Al oeste, en el sector proyectado como reserva nacional marina, se contempla el uso sostenible. Es decir que se podrá pescar pero bajo las reglas que se disponga en el plan de manejo. También se habilitarían actividades turísticas y educativas.
Al este, operará el sector propuesto como reserva nacional marina estricta. Es decir, de absoluta conservación, pero con la posibilidad de realizar actividades científicas.
Quiénes respaldan la plan. El plan fue impulsado por las 16 ONG que conformaron el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, como Fundación Vida Silvestre, FARN y Aves Argentinas. También de la comunidad científica y de otras ONG, como The Conservation Land Trust Argentina (CLT), que impulsa la campaña Sin Azul no hay Verde, que justamente hace foco en la necesidad de proteger el mar.
Su mamá la abandonó en un hogar apenas nació, no terminó la primaria y quedó embarazada a los 14. Se las arregló como pudo y sola: vendió trapos de piso en la calle y ropa en una feria. Varios años fue empleada de seguridad. Pero a principios de 2015, con 37 años, sin trabajo y con hijos de 3, 5 y 9 años, aceptó una oferta: vender cocaína en la casilla que alquilaba en la Villa 20 del barrio porteño de Lugano.
El 27 de noviembre de 2015, la policía pateó la puerta de esa casilla y encontró a Gilda en su casa, con 300 dosis de cocaína, unos 100 gramos. Fue presa sin condena y su hermano quedó a cargo de sus hijos. “Gilda es mi nombre real. No me da vergüenza contar lo que me pasó. No vendía droga por ambición, lo hice por desesperación. Lo que me da es pena porque casi pierdo a mis hijos y los hice sufrir”, asegura Gilda, que está en libertad condicional.
Pobre, sin educación, madre soltera y jefa de hogar. Gilda ejemplifica a la perfección la historia de vida más repetida entre las 3.602 mujeres que están presas en la Argentina. Como ella, la mayoría tampoco tenía antecedentes penales, fue encerrada sin condena y su primer delito fue vender o traficar drogas en pocas cantidades.
“Una gran mayoría de las mujeres encarceladas son mulas que por desesperación, por su situación socioeconómica, aceptan pasar por la frontera la droga que se pueden tragar en pequeñas cápsulas o que pueden esconder en su cuerpo. O se dedican al narcomenudeo, que es una comercialización a muy baja escala”, afirma Mariana Lauro, jefa del área de grupos vulnerables de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
La estadística respalda ese diagnóstico. De los 85.283 presos que hay en el país, solo el 4,2% son mujeres. Pero mientras la mayoría de los hombres está detenido por robo y apenas un 12% por causas vinculadas a la venta o tráfico de drogas, entre las mujeres esos dos delitos explican el 43% de las causas de su encierro.
Crédito: Procuración Penitenciaria de la Nación.
La tendencia es todavía más evidente si se analizan únicamente las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, a donde derivan a la mayoría de los detenidos por violar la ley de drogas, ya que en la mayoría de los casos se trata de un delito de jurisdicción federal. En esas unidades, el 60,6% de las mujeres está presa por violación a la ley de drogas.
Saber qué delitos se les imputa a las mujeres presas por su vínculo con las drogas ayuda a entender qué rol tenían en una hipotética red criminal. El 56% está presa por comercialización, el 32% por tenencia y el 12% por tráfico.
“Si analizamos los datos de quienes tienen condenas, vemos que al 84,7% recibió 4 años o menos, que es la pena mínima para quien comercia estupefaciente. Por eso no hay dudas de que estas mujeres son el eslabón más débil y el último. Encerrarlas es una pena desproporcionada”, considera Victoria Darraidou, investigadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS.
Madres, con hijos a cargo y “desesperadas”
La Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humano de la Nación coincide con el diagnóstico: “Tradicionalmente, el rol de las mujeres en el tráfico de drogas se circunscribe a enlaces prescindibles e intercambiables en los dispositivos de venta de drogas, no representan piezas significativas y son fácilmente captadas por las fuerzas de seguridad”, destacan en un informe publicado el año pasado.
El recorrido o trayecto de las mujeres presas por droga explica esa “desesperación”, como la llamó Gilda, que a muchas las pudo haber empujado a vincularse con el comercio de drogas. Solo el 13% de las presas por drogas del país terminó la primaria o el secundario y casi la mitad no tenía empleo. Mientras que el 80% es madre y tienen en promedio 3 hijos a cargo, según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
“Lo que ellas hacen es trabajar de mulas o con el narcomenudeo para organizaciones. En ese sentido, la proporción de mujeres que estaba armada al momento de cometer un delito es mucho menor a la de los hombres. Y cuando participan de un delito, las mujeres mayormente suelen estar acompañadas”, remarca Carolina Bologna, investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Seguridad y Violencia (CELIV), de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, que analizó el contexto de encierro de las mujeres en América Latina.
Lo que da a entender Bologna es que la mujer, además de desesperada, es “usada” por otras personas que se aprovechan de su situación.
Crédito: Procuración Penitenciaria de la Nación.
Un caso paradigmático en este sentido es el de Claudia, una mujer boliviana que estuvo presa durante alrededor de un año por cruzar la frontera hacía la Argentina con algo más de un kilo de cocaína en un maletín, un trabajo con el que buscaba juntar 500 dólares que necesitaba para pagar la quimioterapia de su hijo de 13 años, diagnosticado con cáncer.
Cuando el periodista Fernando Soriano hizo público el caso, el juez que lleva la causa permitió que la mujer se reencontrara con su hijo por razones “humanitarias”. El nene finalmente murió y unos días después el juez aceptó excarcelar a la mujer “de manera extraordinaria y excepcional” ante “la situación socio-económica, laboral y familiar”. De esa manera, Claudia pudo volver a Bolivia reencontrarse con sus tres hijas y aguardar el juicio en libertad.
Situaciones como ésta explica en parte por qué una de cada cuatro mujeres detenidas por drogas es extranjera, en su mayoría de Bolivia, Paraguay y Perú.
La mayoría está presa sin condena
“La situación de las mujeres presas se agrava con otro dato preocupante, que es el uso excesivo de la prisión preventiva. Es decir, tenés mujeres muy vulnerables, que delinquen por primera vez y que son el último eslabón, y que además las mantienen presas sin una condena”, advierte Ariel Cejas Meliare, director General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
El dato, en ese sentido, es alarmante: el 70% de las mujeres presas en el servicio penitenciario federal no tienen condena. Es decir que están con una prisión preventiva, un recurso que debiera utilizarse excepcionalmente cuando el juez considera que existe un riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.
En los hombres presos en el servicio penitenciario federal, el 58% está sin condena. En gran medida, esto se debe a que justamente las mujeres están acusadas principalmente por delitos de drogas, que recaen en juzgados federales, muchos de ellos abarrotados de causas y con investigaciones de repercusión nacional, por lo que tienen mayor morosidad.
Esto ocurre a contramano de lo que pasa en la mayoría de las cárceles provinciales del país, donde desde hace dos años se logró que sean más los presos que tienen condena que los que sólo están procesados.
“Una de las principales consecuencias del encierro es que rompe el tejido social. Porque una vez que se aisló a la mujer de sus hijos, de sus amigos, de su familia, salir en libertad es tan difícil como estar adentro. Porque las cárceles aíslan, mantienen a la persona ausente del contacto directo con sus vínculos en el medio libre”, asegura Liliana Cabrera, docente de poesía de YoNoFui, un colectivo feminista integrada por mujeres cis, lesbianas, trans y travestis que da talleres de artes y oficios dentro y fuera de los penales.
El arresto domiciliario busca aliviar la pena
En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación son conscientes de la situación. De hecho, tienen algunas iniciativas muy orientadas a subsanar estas situaciones a través de la prisión domiciliaria, principalmente la que contempla el monitoreo con pulseras electrónicas, que comenzó en junio de 2015.
Ese programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica beneficia hoy a 707 personas que estaban presas en cárceles federales, de las cuales 292 son mujeres, un 42%, una relación muy alta si se tiene en cuenta que en esas cárceles las mujeres son el 8% de la población. Además, de las mujeres que hoy están en sus casas pero monitoreadas con una pulsera electrónica, 263 están procesadas o condenadas por delitos de drogas.
Crédito: Anita Caraffa / Fundación Net.
“Con este programa apuntamos a determinados colectivos de personas en condiciones de vulnerabilidad y tiene una gran impronta de género”,explica Mariel Viladrich, directora del programa y funcionaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Viladrich explica que “estas mujeres, en general se encuentran con una vulnerabilidad socioeconómica que es aprovechada por los narcotraficantes, que las utiliza, en el marco del crimen organizado, siendo detenidas cuando entran o salen del país con droga”.
Gilda, la mujer con la que empezamos esta nota, fue una delas que alcanzó el beneficio de la pulsera. “Estuve presa seis meses y al final me dieron la pulsera. Fue un gran alivio. Me pude reencontrar con mis hijos. Como no podía salir de casa, me las arreglé lavando ropa en casa para otras familias. Y ahora, hace dos meses, me dieron libertad condicional. Así que ya puedo trabajar: cuido dos abuelas y compro ropa en Once para revender”, cuenta Gilda, que debe cumplir una condena de 4 años y 3 meses.
También hay un incremento en el otorgamiento de arrestos domiciliarios simples, es decir sin el monitoreo de la pulsera. La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal de la Corte Suprema de la Nación pasó de otorgar 70 arrestos domiciliarios a mujeres en 2016 a 178 actualmente. Y del total de personas beneficiadas, las mujeres pasaron de representar el 40% a ser el 55%.
Una parte de estas políticas surgen como respuesta a la ley 26.472, de 2008, que amplía la posibilidad de prisión domiciliarias a mujeres embarazadas, con niños menores de 5 años o con una persona discapacitada a cargo.
En YoNoFui está integrada por 40 personas que trabajan en el equipo docente y las demás áreas, muchas de ellas ex detenidas. Una de sus principales apuestas es tender un puente entre el “adentro” y el “afuera”. Y con ese objetivo instauraron varios cursos, principalmente en la cárcel de mujeres de Ezeiza y José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires, y de Santa Rosa, en La Pampa. Enseñan carpintería, tejido en telar y encuadernación, entre otras disciplinas.
Mucho de lo que producen las personas durante el encierro o ya en libertad, lo venden en un mercado virtual. De hecho, la organización está constituida como una cooperativa, lo que ofrece cierto horizonte para el futuro.
El nuevo reglamento de uso de armas de fuego para las fuerzas federales de seguridad sumó respaldos y cuestionamientos tanto en el interior del Gobierno como en la oposición. Quienes criticaron el protocolo fueron las organizaciones de derechos humanos; entre ellas, la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), que lleva un registro de muertes ocurridas como consecuencia de la acción de las fuerzas estatales.
Según esa base de datos, en la Argentina muere una persona cada 23 horas por acciones de policías, gendarmes, prefectos, agentes del servicio penitenciario y fuerzas armadas. El trabajo expone que hace 10 años era una persona cada 41 horas. Y marca que la mitad de los fallecidos tenía menos de 25 años.
A través de una resolución, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó la semana pasada un nuevo reglamento para el uso de armas para los efectivos de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El punto que causa más polémica es el que autoriza a los agentes a disparar sin necesidad de dar primero la voz de alto. También pueden abrir fuego cuando el sospechoso “se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves”.
Para la abogada María del Carmen Verdú, titular de la Correpi, los cambios “amplían al infinito las hipótesis de uso del arma”.
Más allá de ese cuestionamiento, el registro de la organización expone que las muertes por intervención de fuerzas estatales vienen creciendo desde 1996 y acumulan 5.462 casos.
Al analizar las muertes ocurridas durante las últimas cinco gestiones de gobierno, se advierte un incremento muy significativo, al pasar de 0,65 casos por día durante la presidencia de Fernando de la Rúa, a 1,01 en la de Mauricio Macri.
Si los casos se agrupan por la fuerza de seguridad que participó de esas muertes, más de la mitad de las muertes fueron producidas por policías provinciales. Mientras que los agentes penitenciarios son responsables del 27%. La Policía Federal, con el 9,78%, es la fuerza federal con más víctimas.
Las principales causas de muerte, siempre de acuerdo al relevamiento que hace la Correpi, es el gatillo fácil, en el 44% de los casos. Mientras que un 40% de las muertes ocurrió mientras las personas estaban detenidas.
La edad de las personas muertas es uno de los datos más alarmantes: el 50% tenía menos de 25 años.
Respecto a la distribución geográfica, el 46% de los casos ocurrió en la provincia de Buenos Aires, el 10,8% en Santa Fe, el 7,5% en Córdoba, y el 6,8% en la ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, si los casos se ponderan en relación a la cantidad de habitantes de cada jurisdicción, Tierra del Fuego, Santa Fe y Buenos Aires son los que más casos registran cada un millón de habitantes.
Cómo hacen el registro. La CORREPI incluye todo caso que por aplicación de política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal tenga como resultado una muerte.
El plan para darle protección al 10% del Mar Argentino dio un primer paso ayer, cuando la cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que crea dos áreas marinas protegidas frente a Tierra del Fuego.
La propuesta busca que dos áreas oceánicas del tamaño de las provincias de Formosa y Misiones tengan distintos niveles de protección: desde la prohibición absoluta de toda actividad hasta zonas donde se podrá pescar o navegar pero de manera controlada.
Antes de conocer cómo funcionarían estas reservas en el medio del océano, veamos por qué es importante lo que ocurrió ayer en el Congreso.
Desde el punto de vista “formal”, si no se lograba la media sanción, el proyecto iba a perder estado parlamentario y la discusión legislativa debía arrancar de cero el año que viene. Ahora, en 2019 sólo habrá que generar consenso en el Senado para que el plan se convierta en ley.
Unanimidad: todos los diputados presentes en la sesión de ayer respaldaron el plan.
Además, el país pasaría de tener apenas un 3% de su mar protegido a alcanzar el 10%, un compromiso internacional al que adhirió cuando se suscribió al Convenio sobre la Biodiversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establece proteger el 10% de las zonas costeras y marinas antes de 2020.
La importancia ambiental. Un informe de la Administración de Parques Nacionales dice que las redes de pesca dejan una huella en el fondo del mar y arrasan con invertebrados, como corales, esponjas, medusas y estrellas de mar. Cuando el daño se perpetúa, hablan de huellas de mar muerto. Y también advierten sobre la pesca incidental de peses que luego descartan y la muerte de aves y otras especies que quedan atrapadas en las redes.
Crédito: Leo Tamini, Aves Argentinas / Foro para la Conservación del Mar Patagónico
La pesca y la explotación petrolera en el mar atentan contra la salud de los océanos, que a su son determinantes para el planeta: absorben el 90% de la radiación solar, generan el 50% del oxígeno, concentran el 80% de la biodiversidad del planeta y el 40% de la población depende de la variedad de vegetales y animales marinos y costeros.
Sin embargo, la salud de los océanos está en duda: el agua es un 32% más ácida que antes de la revolución industrial, hay 13 mil trozos de plástico por km2 y el 31,4% de las poblaciones de peces de interés comercial están sobre explotadas, según la ONU.
Qué propone el proyecto. Las dos áreas marinas protegidas que se buscan instrumentar por ley son Yaganes y BurdwoodII. La primera estaría 90 millas (144 kilómetros) al sudeste de Ushuaia y abarcaría 69.000 km2, casi la misma superficie que Formosa. La otra se ubicaría al este de la Isla de los Estados y al sur de las islas Malvinas. Tendría 28.900 km2, como la superficie de Misiones, y sería una ampliación de BurdwoodI, la única reserva estrictamente marina que hoy tiene el país, creada en 2013.
Las protecciones que se instaurarían están contempladas por ley y ofrecen distintos niveles, que van de más restrictivos a más permisivos. En este gráfico se entienden fácilmente cuál es el objetivo de esa gradualidad:
Crédito: Foro para la Conservación del Mar Patagónico.
Ahora veamos qué tipo de protección le darían exactamente a las futuras áreas marinas protegidas. Yaganes tendría proyectada una zonificación tridimensional.
El fondo marino constituirá una reserva nacional marina estricta. Es decir, se prohibiría toda actividad salvo la investigación científica y la necesaria para monitorear el lugar. No se puede pescar, explorar el suelo en busca de hidrocarburos, visitar la zona ni hacer ejercicios militares.
Un amplio sector, el más alejado de la costa, tiene su columna de agua zonificada como parque nacional marino. Ahí no podrá haber actividades pesqueras pero sí educativas y turísticas, pero en armonía con la conservación.
Finalmente, la columna de agua cercana a Tierra del Fuego sería una reserva nacional marina de usos múltiples, dónde sí se permitiría pescar, pero con métodos menos agresivos, más controlados y limitados en cuanto a períodos estacionales y volúmenes.
Burdwood II se dividiría en dos sectores:
Al oeste, en el sector proyectado como reserva nacional marina, se contempla el uso sostenible. Es decir que se podrá pescar pero bajo las reglas que se disponga en el plan de manejo. También se habilitarían actividades turísticas y educativas.
Al este, operaría el sector propuesto como reserva nacional marina estricta. Es decir, de absoluta conservación, pero con la posibilidad de realizar actividades científicas.
Quiénes respaldan la idea. El plan es impulsado por las 16 ONG que conformaron el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, como Fundación Vida Silvestre, FARN y Aves Argentinas. También de la comunidad científica y de otras ONG, como The Conservation Land Trust Argentina (CLT), que impulsa la campaña Sin Azul no hay Verde, que justamente hace foco en la necesidad de proteger el mar.
La crisis que vive la secundaria en la Argentina se puede explicar en un puñado de cifras: de cada 100 chicos que la empiezan, solo 45 la terminan en el tiempo previsto. En los sectores más pobres, esa cifra baja al 40%.¿Algunas razones? Cada año abandona el 2,5% y repite el 10%. De los que llegan a quinto, 7 de cada 10 no resuelve de manera satisfactoria problemas de matemática. Mientras que 1 de cada 10 jóvenes directamente no va a la escuela.
Por eso existe un gran consenso sobre la necesidad de transformar la secundaria. Provincias como San Luis, La Rioja y Córdoba experimentan cambios que empezaron a mostrar mejoras en la promoción y los aprendizajes. Prueban sumando tecnología; ideando clases flexibles y más prácticas; y evaluando a los alumnos de forma integral o por proyectos. Todos invierten en el pago de horas adicionales para que los docentes puedan planificar las clases y en obras para mejorar la infraestructura de los colegios.
Un diagnóstico
crítico impulsa la transformación
Mercedes Miguel, secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, remarca que en la secundaria “existe una bajísima tasa de egresos y la pérdida de estudiantes está naturalizada”. Y ejemplifica la percepción de irrelevancia que sienten miles de alumnos: “Los chicos se la pasan levantando la mano y preguntando: ‘¿Esto para que me sirve?’”.
A esa disociación se le suman dificultades socioeconómicas. “Argentina es un país muy desigual. Muchas chicas y chicos no pueden acceder a la secundaria. Y cuando lo hacen, muchos no logran terminarla porque la secundaria no consigue garantizar una escuela relevante para todos, una escuela que permita construir un proyecto de vida”, analiza Cora Steinberg, especialista de educación de Unicef.
En 2017 Unicef relevó por qué los adolescentes abandonan la secundaria. A partir de encuestas, concluyó que el 29% deja de ir porque no la considera necesaria o no le gusta. Otro 14% abandona para ir a trabajar y un 10% porque transita un embarazo o tiene un niño a su cargo. Y un 9% no va porque no tiene plata para viajar o mantenerse en la escuela.
Mercedes Miguel afirma que ese diagnóstico llevó a que el 6 de diciembre de 2017, los ministros de Educación de todo el país acordaran una resolución que plantea hacer cambios en el secundario para “erradicar el fracaso escolar”, “lograr aprendizajes relevantes” y construir una “sólida articulación” entre la escuela, el proyecto de vida, la educación superior y el trabajo. A ese plan lo llamaron Secundaria 2030 y todas las provincias están comprometidas a instrumentar ajustes. Según Miguel, 600 secundarias del país ya prueban transformaciones.
Córdoba: tecnología
orientada a aprendizajes útiles y con profesores capacitados
Desde 2014, la provincia de Córdoba empezó a trabajar en una modalidad de secundarias que llamó PROA y que pone el foco en usar herramientas tecnológicas de manera transversal en todas las materias.
El proyecto se sostiene en tres ejes: orientaciones que tienen mejor horizonte laboral y buena recepción por parte de los jóvenes (desarrollo de software y biotecnología); una selección de docentes por concurso y con capacitaciones; y un sistema de evaluación más integral.
“Para ser docente en una de estas escuelas, el aspirante debe presentar un proyecto en el que detalla cómo dará los contenidos aprovechando proyectores, notebooks, simuladores y otras herramientas. Luego debe transitar una serie de capacitaciones y reelaborar su plan a partir de lo aprendido. Recién después se elige al docente que se queda con el puesto”, explica Gabriel Scarano, coordinador operativo del programa cordobés.
Crédito: Ministerio de Educación de Córdoba.
Actualmente son 15 escuelas PROA y el año que viene se
sumarán 26. Scarano asegura que la repitencia en estas escuelas es del 6,7 %.
Mientras que el promedio de las estatales de Córdoba es de 11,8 %. En gran
medida se debe a que la
decisión de hacer repetir a un chico es una resolución institucional que toman
todos los profesores juntos.
Incluso hay alumnos que pueden pasar de año adeudando más de tres materias
porque lo que se reevalúan son los aprendizajes y no toda la materia. Es decir,
hay chicos que pueden estar cursando cuarto año, pero deber contenidos específicos de cuatro o cinco
materias de tercero. “Para no aburrirlos y frustrarlos al hacerlos repetir el
año; y al mismo tiempo conseguir que aprendan lo que queremos que aprendan,
recursan solo esos aprendizajes específicos”, apunta Scarano.
Otro aspecto resalta del modelo: la jornada es de 8 horas
reloj, casi el doble que en el resto de las escuelas, por lo que hay espacio
para talleres de ciencia, robótica, arte y deportes. Mientras que todos los
profesores tienen y cobran, además de sus horas frente a sus alumnos, una hora
semanal dedicada al colegio y una hora de tutorías.
La principal inversión en este modelo es en horas cátedra y
en herramientas tecnológicas.
San Luis: escuelas en
clubes, sin grados y con un propósito común
La de la provincia de San Luis es una de las apuestas más disruptivas. Se trata de 17 escuelas secundarias, públicas y gratuitas, que fueron creadas a partir de 2016 en clubes e instituciones barriales.
Se las llamó Escuelas Generativas, la mayoría está ubicada en barrios pobres y tienen orientaciones específicas: deportes, arte, comunicación, agro y ambiente, y artes visuales. Usan estos ejes como vehículo del proceso de aprendizaje. Ese proceso se da a partir del interés del alumno, la creatividad, la autonomía, la espontaneidad, la observación y la investigación.
“¿Un ejemplo?”, propone Victoria Vega, jefa del Programa de Innovación Educativa de San Luis. “Este año, por el Mundial, varias escuelas que funcionan en clubes planificaron la mayoría de los espacios disciplinares, como historia, geografía, literatura y matemática, a partir del fixture. Trabajaron en la ubicación geográfica, sistema económico, idioma y referentes de la literatura de los países que jugaron el torneo. Eso generó un vínculo grande con los contenidos a partir de un disparador cercano”.
Crédito: Ministerio de Educación de San Luis.
A diferencia de una escuela convencional, los chicos no se
agrupan por grados sino por grupos con intereses comunes. “Es más parecido a un
plurigrado de las escuelas rurales. Cada profesor trabaja con un grupo de no
más de 20 alumnos y ningún colegio tiene más de 150 chicos. De esa manera el
docente puede seguir muy de cerca la trayectoria del chico”, considera Vega.
En San Luis destacan varios logros de esta modalidad. Resaltan haber logrado incluir en la secundaria a chicos que directamente no iban a la escuela y remarcan un ausentismo bajo: del 10%.
Sobre la repitencia, Vega cuenta que por ahora no tuvieron
chicos que hayan tenido que volver a completar un mismo trayecto (año), pero sí
que debieran retomar algún aprendizaje puntual al año siguiente. Y sobre la
calidad del aprendizaje, asegura que los dos colegios creados en 2016 (Sporting
Club Victoria y Horizonte) atravesaron una prueba Aprender y “tuvieron un
desempeño por arriba del promedio de las escuelas de San Luis”.
Ese progreso lo vincula a que estas escuelas resultan
“interesantes” para los chicos y ofrecen más contención a partir de un trato
personalizado, ya que los profesores trabajan en el colegio durante toda la
jornada de 5 horas y hasta tienen asignada una hora diaria adicional para la
planificación institucional.
¿La inversión? En principio, acondicionar la sede donde se
crean. Y además de los salarios docentes, se hace una inversión adicional por
cada chico de $ 1.200 por mes.
La Rioja: los alumnos
eligen el trayecto final y cambian de aulas
Desde hace dos años, La Rioja empezó a transformar algunas de sus escuelas secundarias bajo el modelo InnovarTE, un plan que implica un cambio en cuatro ejes: los chicos no cursan en un aula sino que rotan en salas específicas de cada materia; los profesores tienen una concentración horaria que les permite trabajar sólo en uno o dos colegios; suman tecnología a las clases; y los chicos aprenden a partir de problemas de su comunidad y pueden elegir qué cursar.
“Se fomenta la investigación, la curiosidad y el estudio por
proyectos que impliquen el uso de la tecnología. Por ejemplo, varias materias
pueden organizar sus aprendizajes a partir de un problema: la basura en su
comunidad”, explica Darío Vega, director de Educación Secundaria de La Rioja.
La principal inversión fue en horas cátedra, ya que hay
contenidos nuevos y materias que se dan con dos profesores para lograr un
enfoque multidisciplinario. También hubo una apuesta a la compra de
herramientas: notebooks, microscopios, proyectores, televisores táctiles e
insumos de robótica.
Muchas de las materias nuevas son justamente las opcionales que en cuarto y quinto año puede elegir los alumnos. Por ejemplo, pueden optar por contenidos como club de ciencia, fotografía, diseño gráfico, producción audiovisual, teatro, danza y hasta observatorio escolar, desde donde investigan temáticas sociales.
Los logros que empezaron a visualizar son menor repitencia
(La Rioja, de todos modos, tiene una tasa muy baja, del 3,3% en promedio),
sobre todo alentado por el hecho de que el régimen académico permite que los
chicos pasen de año incluso con más de tres materias adeudadas, ya que
establecen planes especiales para recuperar esos aprendizajes.
Aún no cuentan con valores para comparar la calidad del aprendizaje según las pruebas Aprender.
El desafío de
universalizar las experiencias, tener presupuesto y lograr consenso
A las tres experiencias expuestas se les podría sumar el plan que lleva adelante la ciudad de Buenos Aires en 19 secundarios; la propuesta que hace Tucumán junto a Unicef en 16 colegios; y de la de las secundarias de Río Negro.
Varios especialistas en educación hacen hincapié en la
necesidad de que comprobado su éxito estas experiencias escalen hasta
convertirse en norma y no en una excepción.
“Sabemos que el formato actual es rígido y que no permite que todos los jóvenes puedan transitarlo. Sabemos que las trayectorias de los jóvenes desbordan el formato de los regímenes académicos y eso hay que cambiarlo. Sabemos que el sistema de horas cátedras no funciona y que hay que ir por docente por cargos. Es decir, conocemos el diagnóstico y compartimos gran parte del camino a transitar. Ahora en lo que hay que trabajar es cómo las políticas públicas pueden ayudar a recorrer ese camino”, asegura Alejandra Cardini, directora de Educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que a fines de noviembre organizó justamente una jornada sobre la escuela secundaria.
Uno de los principales desafíos para generar cambios es lograr consensos para llevarlos adelante de manera generalizada. Eso opina Alberto Croce, director ejecutivo de Voz, una fundación que promueve políticas públicas para transformar la secundaria: “Cualquier cambio tiene que partir de la escucha de los docentes, los directivos, los alumnos y los padres. ¿Y cuándo hay plena seguridad de esa escucha? Cuando el que quiere ser escuchado siente que fue escuchado”.
La necesidad de mejorar la infraestructura escolar y la inversión en educación es otro aspecto determinante para la transformación de las secundarias. “La extensión de la oferta educativa está muy vinculada a la infraestructura de nuestras escuelas, que hoy es insostenible. Es muy difícil hacer una escuela atractiva para el adolescente si el edificio se cae a pedazos”, remarca la investigadora de la Universidad de General Sarmiento Felicitas Acosta, que estudió cómo se organiza el secundario en otros países.
Acosta destaca el caso de Escocia, que “trata de traer la
vida real al aula”: “Se trata de un currículum creativo y flexible que incluye
a niños, padres y maestros. Los niños aprenden de muchas maneras diferentes,
por ejemplo a través del juego y proyectos o haciendo viajes fuera de la
escuela”.
Belén Sánchez, investigadora y coordinadora de Educación en CIPPEC, también analizó secundarios de 11 países pero con el foco puesto en la estructura curricular. “Donde logran ser completamente o muy exitosos es donde cada parte del engranaje del secundario está centrado en el estudiante y en su proyecto de vida”, considera Sánchez y elogia el caso de Ontario, estado de Canadá, que organiza la cursada en torno a un sistema de créditos que se obtienen a partir de las materias que los mismos alumnos eligen y que contempla 40 horas de trabajo comunitario.
Nación quiere que los ajustes estén para 2025
En el Ministerio de Educación de la Nación están convencidos de que la transformación de la secundaria tendrá que hacerse en por lo menos cuatro campos. “El primero es la organización de los aprendizajes. Hay que repensar los espacios de enseñanza, promover el desarrollo de capacidades, fortalecer los saberes prioritarios y acercar formatos motivadores. Y empezar a trabajar los saberes de una manera vinculada con la realidad de los estudiantes”, señala Inés Cruzalegui, directora nacional de Planeamiento de Políticas Educativas, donde tienen la expectativa de universalizar los cambios en la secundaria de aquí a 2025.
El trabajo docente es otro de los campos prioritarios. “Hay
que pensar propuestas en donde los docentes puedan planificar en conjunto y
aprender de otros, donde puedan hacer un seguimiento más personalizado. Esto
requiere que tengan horas institucionales para poder hacerlo”, apunta
Cruzalegui y reconoce que esa necesidad de instaurar horas institucionales es
un desafío “difícil” porque requerirá mayor inversión en horas.
Los otros dos campos son la formación docente, ya que cualquier transformación requiere acompañamiento y la necesidad de que los profesores incorporen herramientas para llevar adelante los cambios; y el régimen académico. Concluye Cruzalegui: “En el régimen hay que proponer reglas de juego que reconozcan la trayectoria y que los estudiantes, más allá del recorrido que hagan, puedan alcanzar los aprendizajes necesarios”.
La final de la Libertadores fue suspendida porque hinchas de
River le tiraron piedras y botellas al micro en el que el plantel de Boca llegó
al Monumental. Varios jugadores resultaron heridos y la Conmebol decidió suspender
el partido y que se juegue este domingo pero en Madrid.
Más allá del fracaso del operativo de seguridad que derivó en la renuncia de un funcionario porteño, la estadística sobre hechos de violencia en el fútbol expone que lo que sucedió fue algo que está dentro de lo probable e incluso “tenía” que suceder: el promedio de los últimos 12 años marca que por mes hay una agresión de hinchas a jugadores.
El dato surge de un relevamiento hecho por los investigadores Diego Murzi y Fernando Segura Trejo, miembros de la asociación Salvemos al Fútbol, una ONG que asiste a víctimas de hechos violentos en el fútbol argentino, analiza las actuaciones de los responsables de la seguridad y busca inspirar soluciones.
El trabajo recopila los episodios que incluyeron violencia física entre 2006, cuando nació la ONG, y 2017. En ese período, los hechos documentados se duplicaron al pasar de 32 a 70, con un pico de 82 en 2014.
Cuando se analiza el tipo de incidente, al tope quedan las peleas entre hinchas del mismo equipo (154), peleas entre hinchas de equipos rivales (121) y agresiones de hinchas a jugadores (113).
Si tomamos los ataques de hinchas a jugadores, vemos que en 12 años hubo un promedio por año de casi 10 agresiones similares a las ocurridas el 24 de noviembre pasado en la esquina de Libertador y Quinteros. Y si se tiene en cuenta que al año, la actividad oficial de los equipos de fútbol se concentra en 10 meses, no es exagerado pensar que en noviembre, cuando sucedió la agresión al micro de Boca, ese episodio “debía” ocurrir para “respetar” la estadística de un incidente de este tipo por mes.
“La idea de que un partido que cruza a los dos equipos más convocantes del país, definiendo el torneo más importante a nivel continental, pudiese ocurrir sin que la violencia se hiciera presente era algo difícil de creer”, escribió en Perfil el sociólogo Diego Murzi, autor del trabajo.
Estos son ocho de los casos más relevantes de agresiones a jugadores:
En mayo de 2009, unos 30 miembros de la “barra”
de Deportivo Morón ingresaron al vestuario de su equipo con armas blancas y
golpearon a los jugadores, amenazándolos con matarlos si no clasificaban a la
siguiente fase del torneo.
En octubre de 2010 fue arrojada una piedra desde
la tribuna de Independiente que impactó en la cabeza del arquero de Defensor
Sporting de Uruguay, Martin Silva.
En abril de 2013, “barras” de Deportivo Español
ingresaron al vestuario visitante y golpearon a los jugadores de Berazategui.
En febrero de ese mismo año, el micro que
trasladaba a los jugadores de Excursionistas fue baleado en las inmediaciones
del estadio de El Porvenir.
En septiembre de 2014, el arquero de Boca
Agustín Orión recibió el impacto de un proyectil arrojado desde la tribuna de
Rosario Central.
En 2015 un jugador de Lanús, Matías Fritzler,
fue golpeado por un hincha, sin relación alguna con la “barra”, cuando daba una
entrevista luego de una derrota.
En mayo de ese año, un hincha de Boca tiró gas
pimienta a los jugadores de River cuando estos salían a disputar el partido,
provocando un escándalo de dimensiones internacionales que terminó con la
descalificación del equipo de la copa Libertadores.
En marzo de 2017, la “barra” de Gimnasia y
Esgrima de Jujuy golpeó, robó y amenazó a sus propios jugadores.
El trabajo también hace foco en los casos en los que la
hinchada de River estuvo involucrada. Si bien la mayoría de los 40 incidentes
registrados entre 2006 y 2017 tiene que ver con peleas internas de la hinchada,
en cinco oportunidades hubo agresiones a jugadores o árbitros.
Lógicamente, en muchos casos los episodios terminan con
víctimas fatales. El trabajo remarca que entre 1984 y junio de 2017 murieron en
Argentina 210 personas por episodios vinculados con el fútbol.
En los 62 años que pasaron desde el registro de las primeras víctimas en el fútbol (1922) hasta 1983, murieron 2 personas por año en promedio. Desde 1984 hasta 2017 esta ratio se elevó a 6.
La posibilidad de que el 10% del Mar Argentino sea protegido
por ley a través de la creación de dos parques nacionales frente a Tierra del
Fuego se demora y hasta podría retroceder si antes de fin de año la Cámara de
Diputados no le da media sanción al proyecto.
El plan, que tiene consenso científico y de ONG ambientalistas, fue presentado en el Congreso en noviembre de 2017. Pero si antes del 31 de diciembre no logra ser tratado en una sesión extraordinaria, el proyecto perderá estado parlamentario y deberá ser presentado de nuevo en 2019, un año en el que el parlamento estará muy condicionado por las elecciones presidenciales.
Por qué está demorado. El proyecto de ley tiene dictámenes de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto, pero requiere que también sea aprobado por Intereses Marítimos. Es ahí donde encuentra observaciones por parte del diputado del Frente para la Victoria por Entre Ríos, Julio Solanas, que preside esa comisión.
Solanas apoya la idea de crear áreas marinas protegidas pero pidió más tiempo para estudiar los argumentos técnicos que llevaron a elegir preservar esas zonas y no otras. Además duda sobre si la Administración de Parques Nacionales, que quedaría a cargo de las áreas, puede realmente hacerse cargo de la gestión. “Hay que desdramatizar la situación y garantizar un estudio y debate de mayor profundidad”, argumentaron desde su entorno.
Qué propone el proyecto. Las dos áreas marinas protegidas que se buscan instrumentar por ley son Yaganes y Burdwood II. La primera estaría 90 millas (144 kilómetros) al sudeste de Ushuaia y abarcaría 69.000 km2, casi la misma superficie que Formosa. La otra se ubicaría al este de la Isla de los Estados y al sur de las islas Malvinas. Tendría 28.900 km2, como la superficie de Misiones, y sería una ampliación de Burdwood I, la única reserva estrictamente marina que tiene el país, creada en 2013.
Las reservas estarían frente a Tierra del Fuego. | Crédito: The Conservation Land Trust
Las futuras áreas se sumarían a los 43.000 km2 de espacios marinos protegidos que suman Burdwood I y las 25 reservas provinciales que incluyen porciones de mar. De esa manera, el país pasaría de tener un 3% del mar protegido a alcanzar el 10%, un compromiso internacional al que adhirió cuando se suscribió al Convenio sobre la Biodiversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establecen proteger justamente el 10% de las zonas costeras y marinas antes de 2020.
Yaganes está en los inicios de la corriente de Malvinas, que
se mueve hacia el norte y la describen como la columna vertebral del Mar
Argentino. Es un área de conexión física y biológica entre el Pacífico y el
Atlántico. Los biólogos la ejemplifican como un supermercado de aguas frías,
profundas y rico: hay desoves, reproducción y alimentaciones de especies
carismáticas, como pingüinos, lobos y elefantes marinos. La zona es importante,
además, para dos especies amenazadas: el albatros errante y la ballena fin.
En Burdwood II el propósito es salvaguardar una muestra bien
conservada de hábitats de alta profundidad para proteger especies raras o con
funciones clave en el ecosistema, como esponjas y corales. También incluye
sectores de reproducción de peces de interés comercial, como la polaca, merluza
negra y sardina fueguina. Y ayudaría a preservar a los pingüinos de penacho
amarillo, cachalotes, delfines, petreles y albatros.
Qué dicen los impulsores del proyecto. “Será frustrante e incomprensible dejar pasar esta oportunidad luego de dos años de trabajo con los mejores científicos argentinos, equipos de profesionales del estado nacional en seis ministerios, la gobernación de Tierra del Fuego, la sociedad civil, el sector privado, y todos los que participaron activamente en el consenso del proyecto de ley”, se lamentó Emiliano Ezcurra, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales.
— Foro para la Conservación del Mar Patagónico (@FMarPatagonico) November 26, 2018
El plan tiene el respaldo de las 16 ONG que conformaron el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, que viene reclamando por el avance del proyecto en el Congreso. “El concepto de parques nacionales es un concepto de bien común, porque el fin principal es la conservación, salvaguardar el ambiente. Sería lamentable que no pudiese avanzar el proyecto”, señaló el biólogo marino Claudio Campagna, presidente del Foro.
Una de las principales amenazas del Mar Argentino es la pesca inmoderada. A lo que se le suma la pesca ilegal: unos 400 buques de otros países se ubican en el límite de la milla 200 (unos 370 km), entran y salen de la jurisdicción nacional sin permiso. Esa sobreexplotación pone en jaque la biodiversidad del océano porque provoca desequilibrios en la cadena de alimentación: 59 tipos de aves, peces, tortugas y mamíferos están tipificados como amenazados de extinción, de acuerdo al listado elaborado por la ONG The Conservation Land Trust Argentina (CLT).
Esta ONG, una de las impulsoras del proyecto, lleva adelante el programa de Conservación Marina de CLT, que impulsa la campaña Sin Azul No Hay Verde. Así también desde las redes reclaman por el avance del proyecto.
Por qué es importante proteger el mar. Un informe de la Administración de Parques Nacionales asegura que las redes de pesca dejan una huella en el fondo del mar y arrasan con invertebrados, como corales, esponjas, medusas y estrellas de mar. Cuando el daño se perpetúa, hablan de huellas de mar muerto.
La salud de los océanos es determinante para el planeta y resulta sencillo de argumentar con cifras: absorben el 90% de la radiación solar, generan el 50% del oxígeno, concentran el 80% de la biodiversidad del planeta y el 40% de la población depende de la variedad de vegetales y animales marinos y costeros.
Sin embargo, la salud de los océanos está justamente en duda: el agua es un 32% más ácida que antes de la revolución industrial, hay 13 mil trozos de plástico por km2 y el 31,4% de las poblaciones de peces de interés comercial están sobreexplotadas, según la Organización de las Naciones Unidas.
Cada vez que cosechan alguna verdura o fruta, Federico López Calsina se pone a sacar fotos. De él y de los que trabajan en su huerta. Posan junto a rabanitos, paltas y zanahorias en la quinta de 12 hectáreas que tiene en Palma Sola, un pueblo ubicado a 160 kilómetros de la capital jujeña. Suena exagerado pero siente que producir alimentos de forma natural y sin afectar la tierra y el ambiente es un hito. Y lo festeja con fotos.
Federico no usa fertilizantes, pesticidas ni semillas modificadas genéticamente. Cuida cada gota de agua y rota los cultivos para no agotar los nutrientes del suelo. Lo hace desde 2015 y no es un hippie verde. Es uno de los emprendedores que hicieron que la Argentina sea el segundo país del mundo con más hectáreas destinadas a la producción orgánica de vegetales y animales.
En el país hay 3,2 millones de hectáreas cultivadas o con ganado gestionadas con los cuidados que permiten certificar como producto orgánico, según el último informe del Senasa. Esa superficie equivale al tamaño de la provincia de Misiones.
Sólo Australia, con 22,6 millones de hectáreas, destina más superficie al modelo productivo agroecológico, de acuerdo al ranking que elabora todos los años el Instituto de Investigaciones de Agricultura Orgánica de Suiza.
