Javier Drovetto es periodista. En RED/ACCIÓN escribe sobre ambiente, educación, ciencia y políticas públicas. Le interesa contar historias y tiene un interés especial por el sistema carcelario. Durante 20 años trabajó en dos de las redacciones más importantes de país: Clarín y La Nación.
Las carreras más elegidas por los jóvenes no son las relacionadas con las principales actividades económica de cada región ni las que demanda el mercado laboral. Ese es el primer diagnóstico de un estudio que hizo este año el Ministerio de Educación de la Nación.
De ese trabajo surgen las profesiones que necesita cada región de la Argentina. Para esas carreras estratégicas, que pueden revisarse en un mapa interactivo, existen incentivos estatales, como becas y programas que buscan interesar a los jóvenes desde el secundario.
Región Metropolitana: más técnicos y enfermeros
El 94 % de los jóvenes estudia carreras de grado. Y de esos, 4 de cada 10 se forman en áreas de la salud (principalmente del campo de la medicina y la salud mental), la administración y el comercio.
Sin embargo, los principales requerimiento de profesionales en la región Metropolitana es de técnicos (carreras de pregrado) vinculados a procesos productivos, diseño y construcción. Mientras que en el área de salud, el perfil más buscado es el de enfermero.
Interior bonaerense: producción agropecuaria y procesos productivos
El estudio remarca que el 27% del empleo privado registrado en la región se da en el rubro de la construcción y la industria. Mientras que un 8% se ocupa en temas de producción agropecuaria, alimentaria y de salud animal, por lo que existe una gran vacancias en profesionales vinculadas a esas áreas.
Cuyo: más perfiles técnicos que de carreras de grado
El 20% de los estudiantes cursa alguna carrera vinculada a la salud, sin embargo el 30% del empleo en blanco se da en la industria y la construcción, campos que apenas eligen el 10% de los estudiantes.
El informe del Ministerio de Educación remarca que la mayoría de los perfiles buscados en Cuyo tiene que ver con carreras de pregrado. Es decir, técnicos.
Noreste: el turismo demanda nuevos profesionales
Casi 2 de cada 10 estudiantes eligen una carrera vinculada a la medicina. Pero, como ocurre en varias regiones, la principal demanda es de perfiles técnicos relacionados con la industria y la construcción.
En esta zona aparece una particularidad relativamente nueva para la región: una mayor búsqueda de perfiles vinculados a hotelería, gastronomía y turismo, actividades que suman el 9% del empleo en blanco.
Centro: surge la necesidad de especialistas ambientales
El 28% del empleo privado lo da la construcción y la industria, por lo que la búsqueda de perfiles técnicos de esos dos campos sigue siendo alta.
Sin embargo, la necesidad de hacer más amigable con el ambiente las actividades industriales y productivas hace que los profesionales entendidos en gestión ambiental y recursos renovables sean de los más pretendidos.
Sur: las energías renovables renuevan los perfiles
En esta región se están desarrollando emprendimientos vinculados con la producción de energía, tanto tradicional (Vaca Muerta) como alternativa (parques eólicos). Sin embargo, no existe la suficiente formación de recursos humanos calificados para trabajar en la producción, transporte y distribución de energía, principalmente las renovables.
Es por eso que muchos profesionales que se emplean en el área vienen de otras regiones. Es que en el Sur solo el 3 % de las ofertas de títulos corresponden a estas disciplinas.
Noroeste: enfermeros y universitarios para atender al turismo
Como en prácticamente todo el país, la enfermería es uno de los campos deficitarios de la región. Y como ocurre también en el NEA, en las provincias de Jujuy, Salta, Catamarca y Santiago del Estero existe una gran demanda de graduados en especialidades como hotelería, gastronomía y turismo. Porque si bien representan el 9% del empleo registrado, apenas el 1% de los estudiantes sigue alguna de esas disciplinas.
Qué incentivos ofrece el Estado
Las becas Progresar ofrecen desde $ 1600 mensuales para quienes estudien carreras universitarias y terciarias. Pero quienes estudien carreras consideradas estratégicas para el país, como las de ciencias básicas, ciencias aplicadas y enfermería, por ejemplo, acceden a una beca superior, que arranca en $ 1800 y asciende a $ 4900 mensuales sobre el final de la carrera cuando para el resto de las ramas alcanza los $ 2300.
En el Ministerio de Educación, desde el año pasado, también existe el programa Nexo, que busca articular la finalización del secundario con el ciclo superior con distintas políticas. Entre ellas, la de instaurar la idea de continuidad del estudio como horizonte y la de favorecer la elección temprana de la carrera. Y es en este último punto donde existe un trabajo específico para difundir en la escuela secundaria las carreras de ciencias básicas y aplicadas.
Una herramienta de gestión para las universidades
Para el Ministerio de Educación, el informe es útil para guiar a las universidades sobre hacia dónde debe crecer la oferta académica en cada región y provincia.
“En los últimos años el sistema universitario creció de forma poco estratégica, con carreras que se superponen en un mismo territorio y más de 13.000 ofertas de títulos universitarios. Todo esto sin la imprescindible evaluación de las necesidades productivas de las diferentes provincias ni las salidas laborales de los futuros profesionales”, asegura Alejandro Finocchiaro, ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología. Y agrega: “Por eso sostenemos distintas iniciativas para ir hacia una educación superior articulada y de calidad, que responda a un mundo en constante evolución que demanda ofertas académicas acordes”.
El Senado convirtió en ley el plan para darle protección al 10% del Mar Argentino al crear dos áreas marinas protegidas frente a Tierra del Fuego.
Con la sanción de este proyecto, el país concreta el mayor avance de su historia hacia la conservación de su mar: pasó de proteger un 3% a alcanzar el 10%, un compromiso internacional al que adhirió cuando se suscribió al Convenio sobre la Biodiversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establece justamente preservar el 10% de las zonas costeras y marinas antes de 2020.
La propuesta instaura dos parques oceánicos del tamaño de las provincias de Formosa y Misiones con distintos niveles de protección, desde la prohibición absoluta de toda actividad hasta zonas donde se podrá pescar o navegar pero de manera controlada.
Además, con la materialización de este proyecto, 2018 pasó a ser el año en el que más áreas protegidas se crearon, ya que a estos dos parques marinos se le suman Aconquija (Tucumán), Iberá (Corrientes), Traslasierra (Córdoba) y Ciervo de los Pantanos (provincia de Buenos Aires).
De esa manera se supera la marca alcanzada en 1937, año en que se crearon cinco parques nacionales, entre los cuales figuran Perito Moreno, Los Glaciares y Lanín.
La importancia de las áreas protegidas marinas. Un informe de la Administración de Parques Nacionales dice que las redes de pesca dejan una huella en el fondo del mar y arrasan con invertebrados, como corales, esponjas, medusas y estrellas de mar. Cuando el daño se perpetúa, hablan de huellas de mar muerto. Y también advierten sobre la pesca incidental de peses que luego descartan y la muerte de aves y otras especies que quedan atrapadas en las redes.
Las protecciones que se instaurarán están contempladas por ley y ofrecen distintos niveles, que van de más restrictivos a más permisivos. En este gráfico se entienden fácilmente cuál es el objetivo de esa gradualidad:
Ahora veamos qué tipo de protección le darán exactamente a las futuras áreas marinas protegidas. Yaganes tendrá proyectada una zonificación tridimensional.
El fondo marino constituirá una reserva nacional marina estricta. Es decir, se prohibiría toda actividad salvo la investigación científica y la necesaria para monitorear el lugar. No se puede pescar, explorar el suelo en busca de hidrocarburos, visitar la zona ni hacer ejercicios militares.
Un amplio sector, el más alejado de la costa, tiene su columna de agua zonificada como parque nacional marino. Ahí no podrá haber actividades pesqueras pero sí educativas y turísticas, pero en armonía con la conservación.
Finalmente, la columna de agua cercana a Tierra del Fuego será una reserva nacional marina de usos múltiples, dónde sí se permitirá pescar, pero con métodos menos agresivos, más controlados y limitados en cuanto a períodos estacionales y volúmenes.
Burdwood II se dividirá en dos sectores:
Al oeste, en el sector proyectado como reserva nacional marina, se contempla el uso sostenible. Es decir que se podrá pescar pero bajo las reglas que se disponga en el plan de manejo. También se habilitarían actividades turísticas y educativas.
Al este, operará el sector propuesto como reserva nacional marina estricta. Es decir, de absoluta conservación, pero con la posibilidad de realizar actividades científicas.
Quiénes respaldan la plan. El plan fue impulsado por las 16 ONG que conformaron el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, como Fundación Vida Silvestre, FARN y Aves Argentinas. También de la comunidad científica y de otras ONG, como The Conservation Land Trust Argentina (CLT), que impulsa la campaña Sin Azul no hay Verde, que justamente hace foco en la necesidad de proteger el mar.
Su mamá la abandonó en un hogar apenas nació, no terminó la primaria y quedó embarazada a los 14. Se las arregló como pudo y sola: vendió trapos de piso en la calle y ropa en una feria. Varios años fue empleada de seguridad. Pero a principios de 2015, con 37 años, sin trabajo y con hijos de 3, 5 y 9 años, aceptó una oferta: vender cocaína en la casilla que alquilaba en la Villa 20 del barrio porteño de Lugano.
El 27 de noviembre de 2015, la policía pateó la puerta de esa casilla y encontró a Gilda en su casa, con 300 dosis de cocaína, unos 100 gramos. Fue presa sin condena y su hermano quedó a cargo de sus hijos. “Gilda es mi nombre real. No me da vergüenza contar lo que me pasó. No vendía droga por ambición, lo hice por desesperación. Lo que me da es pena porque casi pierdo a mis hijos y los hice sufrir”, asegura Gilda, que está en libertad condicional.
Pobre, sin educación, madre soltera y jefa de hogar. Gilda ejemplifica a la perfección la historia de vida más repetida entre las 3.602 mujeres que están presas en la Argentina. Como ella, la mayoría tampoco tenía antecedentes penales, fue encerrada sin condena y su primer delito fue vender o traficar drogas en pocas cantidades.
“Una gran mayoría de las mujeres encarceladas son mulas que por desesperación, por su situación socioeconómica, aceptan pasar por la frontera la droga que se pueden tragar en pequeñas cápsulas o que pueden esconder en su cuerpo. O se dedican al narcomenudeo, que es una comercialización a muy baja escala”, afirma Mariana Lauro, jefa del área de grupos vulnerables de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
La estadística respalda ese diagnóstico. De los 85.283 presos que hay en el país, solo el 4,2% son mujeres. Pero mientras la mayoría de los hombres está detenido por robo y apenas un 12% por causas vinculadas a la venta o tráfico de drogas, entre las mujeres esos dos delitos explican el 43% de las causas de su encierro.
Crédito: Procuración Penitenciaria de la Nación.
La tendencia es todavía más evidente si se analizan únicamente las cárceles del Servicio Penitenciario Federal, a donde derivan a la mayoría de los detenidos por violar la ley de drogas, ya que en la mayoría de los casos se trata de un delito de jurisdicción federal. En esas unidades, el 60,6% de las mujeres está presa por violación a la ley de drogas.
Saber qué delitos se les imputa a las mujeres presas por su vínculo con las drogas ayuda a entender qué rol tenían en una hipotética red criminal. El 56% está presa por comercialización, el 32% por tenencia y el 12% por tráfico.
“Si analizamos los datos de quienes tienen condenas, vemos que al 84,7% recibió 4 años o menos, que es la pena mínima para quien comercia estupefaciente. Por eso no hay dudas de que estas mujeres son el eslabón más débil y el último. Encerrarlas es una pena desproporcionada”, considera Victoria Darraidou, investigadora del equipo de Seguridad Democrática y Violencia Institucional del CELS.
Madres, con hijos a cargo y “desesperadas”
La Dirección Nacional de Política Criminal en Materia de Justicia y Legislación Penal del Ministerio de Justicia y Derechos Humano de la Nación coincide con el diagnóstico: “Tradicionalmente, el rol de las mujeres en el tráfico de drogas se circunscribe a enlaces prescindibles e intercambiables en los dispositivos de venta de drogas, no representan piezas significativas y son fácilmente captadas por las fuerzas de seguridad”, destacan en un informe publicado el año pasado.
El recorrido o trayecto de las mujeres presas por droga explica esa “desesperación”, como la llamó Gilda, que a muchas las pudo haber empujado a vincularse con el comercio de drogas. Solo el 13% de las presas por drogas del país terminó la primaria o el secundario y casi la mitad no tenía empleo. Mientras que el 80% es madre y tienen en promedio 3 hijos a cargo, según datos de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
“Lo que ellas hacen es trabajar de mulas o con el narcomenudeo para organizaciones. En ese sentido, la proporción de mujeres que estaba armada al momento de cometer un delito es mucho menor a la de los hombres. Y cuando participan de un delito, las mujeres mayormente suelen estar acompañadas”, remarca Carolina Bologna, investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Seguridad y Violencia (CELIV), de la Universidad Nacional de Tres de Febrero, que analizó el contexto de encierro de las mujeres en América Latina.
Lo que da a entender Bologna es que la mujer, además de desesperada, es “usada” por otras personas que se aprovechan de su situación.
Crédito: Procuración Penitenciaria de la Nación.
Un caso paradigmático en este sentido es el de Claudia, una mujer boliviana que estuvo presa durante alrededor de un año por cruzar la frontera hacía la Argentina con algo más de un kilo de cocaína en un maletín, un trabajo con el que buscaba juntar 500 dólares que necesitaba para pagar la quimioterapia de su hijo de 13 años, diagnosticado con cáncer.
Cuando el periodista Fernando Soriano hizo público el caso, el juez que lleva la causa permitió que la mujer se reencontrara con su hijo por razones “humanitarias”. El nene finalmente murió y unos días después el juez aceptó excarcelar a la mujer “de manera extraordinaria y excepcional” ante “la situación socio-económica, laboral y familiar”. De esa manera, Claudia pudo volver a Bolivia reencontrarse con sus tres hijas y aguardar el juicio en libertad.
Situaciones como ésta explica en parte por qué una de cada cuatro mujeres detenidas por drogas es extranjera, en su mayoría de Bolivia, Paraguay y Perú.
La mayoría está presa sin condena
“La situación de las mujeres presas se agrava con otro dato preocupante, que es el uso excesivo de la prisión preventiva. Es decir, tenés mujeres muy vulnerables, que delinquen por primera vez y que son el último eslabón, y que además las mantienen presas sin una condena”, advierte Ariel Cejas Meliare, director General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación.
El dato, en ese sentido, es alarmante: el 70% de las mujeres presas en el servicio penitenciario federal no tienen condena. Es decir que están con una prisión preventiva, un recurso que debiera utilizarse excepcionalmente cuando el juez considera que existe un riesgo de fuga o entorpecimiento de la investigación.
En los hombres presos en el servicio penitenciario federal, el 58% está sin condena. En gran medida, esto se debe a que justamente las mujeres están acusadas principalmente por delitos de drogas, que recaen en juzgados federales, muchos de ellos abarrotados de causas y con investigaciones de repercusión nacional, por lo que tienen mayor morosidad.
Esto ocurre a contramano de lo que pasa en la mayoría de las cárceles provinciales del país, donde desde hace dos años se logró que sean más los presos que tienen condena que los que sólo están procesados.
“Una de las principales consecuencias del encierro es que rompe el tejido social. Porque una vez que se aisló a la mujer de sus hijos, de sus amigos, de su familia, salir en libertad es tan difícil como estar adentro. Porque las cárceles aíslan, mantienen a la persona ausente del contacto directo con sus vínculos en el medio libre”, asegura Liliana Cabrera, docente de poesía de YoNoFui, un colectivo feminista integrada por mujeres cis, lesbianas, trans y travestis que da talleres de artes y oficios dentro y fuera de los penales.
El arresto domiciliario busca aliviar la pena
En el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación son conscientes de la situación. De hecho, tienen algunas iniciativas muy orientadas a subsanar estas situaciones a través de la prisión domiciliaria, principalmente la que contempla el monitoreo con pulseras electrónicas, que comenzó en junio de 2015.
Ese programa de Asistencia de Personas Bajo Vigilancia Electrónica beneficia hoy a 707 personas que estaban presas en cárceles federales, de las cuales 292 son mujeres, un 42%, una relación muy alta si se tiene en cuenta que en esas cárceles las mujeres son el 8% de la población. Además, de las mujeres que hoy están en sus casas pero monitoreadas con una pulsera electrónica, 263 están procesadas o condenadas por delitos de drogas.
Crédito: Anita Caraffa / Fundación Net.
“Con este programa apuntamos a determinados colectivos de personas en condiciones de vulnerabilidad y tiene una gran impronta de género”,explica Mariel Viladrich, directora del programa y funcionaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
Viladrich explica que “estas mujeres, en general se encuentran con una vulnerabilidad socioeconómica que es aprovechada por los narcotraficantes, que las utiliza, en el marco del crimen organizado, siendo detenidas cuando entran o salen del país con droga”.
Gilda, la mujer con la que empezamos esta nota, fue una delas que alcanzó el beneficio de la pulsera. “Estuve presa seis meses y al final me dieron la pulsera. Fue un gran alivio. Me pude reencontrar con mis hijos. Como no podía salir de casa, me las arreglé lavando ropa en casa para otras familias. Y ahora, hace dos meses, me dieron libertad condicional. Así que ya puedo trabajar: cuido dos abuelas y compro ropa en Once para revender”, cuenta Gilda, que debe cumplir una condena de 4 años y 3 meses.
También hay un incremento en el otorgamiento de arrestos domiciliarios simples, es decir sin el monitoreo de la pulsera. La Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal de la Corte Suprema de la Nación pasó de otorgar 70 arrestos domiciliarios a mujeres en 2016 a 178 actualmente. Y del total de personas beneficiadas, las mujeres pasaron de representar el 40% a ser el 55%.
Una parte de estas políticas surgen como respuesta a la ley 26.472, de 2008, que amplía la posibilidad de prisión domiciliarias a mujeres embarazadas, con niños menores de 5 años o con una persona discapacitada a cargo.
En YoNoFui está integrada por 40 personas que trabajan en el equipo docente y las demás áreas, muchas de ellas ex detenidas. Una de sus principales apuestas es tender un puente entre el “adentro” y el “afuera”. Y con ese objetivo instauraron varios cursos, principalmente en la cárcel de mujeres de Ezeiza y José León Suárez, en la provincia de Buenos Aires, y de Santa Rosa, en La Pampa. Enseñan carpintería, tejido en telar y encuadernación, entre otras disciplinas.
Mucho de lo que producen las personas durante el encierro o ya en libertad, lo venden en un mercado virtual. De hecho, la organización está constituida como una cooperativa, lo que ofrece cierto horizonte para el futuro.
El nuevo reglamento de uso de armas de fuego para las fuerzas federales de seguridad sumó respaldos y cuestionamientos tanto en el interior del Gobierno como en la oposición. Quienes criticaron el protocolo fueron las organizaciones de derechos humanos; entre ellas, la Correpi (Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional), que lleva un registro de muertes ocurridas como consecuencia de la acción de las fuerzas estatales.
Según esa base de datos, en la Argentina muere una persona cada 23 horas por acciones de policías, gendarmes, prefectos, agentes del servicio penitenciario y fuerzas armadas. El trabajo expone que hace 10 años era una persona cada 41 horas. Y marca que la mitad de los fallecidos tenía menos de 25 años.
A través de una resolución, el Ministerio de Seguridad de la Nación aprobó la semana pasada un nuevo reglamento para el uso de armas para los efectivos de Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y Policía de Seguridad Aeroportuaria. El punto que causa más polémica es el que autoriza a los agentes a disparar sin necesidad de dar primero la voz de alto. También pueden abrir fuego cuando el sospechoso “se fugue luego de haber causado, o de haber intentado causar, muertes o lesiones graves”.
Para la abogada María del Carmen Verdú, titular de la Correpi, los cambios “amplían al infinito las hipótesis de uso del arma”.
Más allá de ese cuestionamiento, el registro de la organización expone que las muertes por intervención de fuerzas estatales vienen creciendo desde 1996 y acumulan 5.462 casos.
Al analizar las muertes ocurridas durante las últimas cinco gestiones de gobierno, se advierte un incremento muy significativo, al pasar de 0,65 casos por día durante la presidencia de Fernando de la Rúa, a 1,01 en la de Mauricio Macri.
Si los casos se agrupan por la fuerza de seguridad que participó de esas muertes, más de la mitad de las muertes fueron producidas por policías provinciales. Mientras que los agentes penitenciarios son responsables del 27%. La Policía Federal, con el 9,78%, es la fuerza federal con más víctimas.
Las principales causas de muerte, siempre de acuerdo al relevamiento que hace la Correpi, es el gatillo fácil, en el 44% de los casos. Mientras que un 40% de las muertes ocurrió mientras las personas estaban detenidas.
La edad de las personas muertas es uno de los datos más alarmantes: el 50% tenía menos de 25 años.
Respecto a la distribución geográfica, el 46% de los casos ocurrió en la provincia de Buenos Aires, el 10,8% en Santa Fe, el 7,5% en Córdoba, y el 6,8% en la ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, si los casos se ponderan en relación a la cantidad de habitantes de cada jurisdicción, Tierra del Fuego, Santa Fe y Buenos Aires son los que más casos registran cada un millón de habitantes.
Cómo hacen el registro. La CORREPI incluye todo caso que por aplicación de política represiva estatal y la utilización de los recursos del aparato estatal tenga como resultado una muerte.
El plan para darle protección al 10% del Mar Argentino dio un primer paso ayer, cuando la cámara de Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de ley que crea dos áreas marinas protegidas frente a Tierra del Fuego.
La propuesta busca que dos áreas oceánicas del tamaño de las provincias de Formosa y Misiones tengan distintos niveles de protección: desde la prohibición absoluta de toda actividad hasta zonas donde se podrá pescar o navegar pero de manera controlada.
Antes de conocer cómo funcionarían estas reservas en el medio del océano, veamos por qué es importante lo que ocurrió ayer en el Congreso.
Desde el punto de vista “formal”, si no se lograba la media sanción, el proyecto iba a perder estado parlamentario y la discusión legislativa debía arrancar de cero el año que viene. Ahora, en 2019 sólo habrá que generar consenso en el Senado para que el plan se convierta en ley.
Unanimidad: todos los diputados presentes en la sesión de ayer respaldaron el plan.
Además, el país pasaría de tener apenas un 3% de su mar protegido a alcanzar el 10%, un compromiso internacional al que adhirió cuando se suscribió al Convenio sobre la Biodiversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establece proteger el 10% de las zonas costeras y marinas antes de 2020.
La importancia ambiental. Un informe de la Administración de Parques Nacionales dice que las redes de pesca dejan una huella en el fondo del mar y arrasan con invertebrados, como corales, esponjas, medusas y estrellas de mar. Cuando el daño se perpetúa, hablan de huellas de mar muerto. Y también advierten sobre la pesca incidental de peses que luego descartan y la muerte de aves y otras especies que quedan atrapadas en las redes.
Crédito: Leo Tamini, Aves Argentinas / Foro para la Conservación del Mar Patagónico
La pesca y la explotación petrolera en el mar atentan contra la salud de los océanos, que a su son determinantes para el planeta: absorben el 90% de la radiación solar, generan el 50% del oxígeno, concentran el 80% de la biodiversidad del planeta y el 40% de la población depende de la variedad de vegetales y animales marinos y costeros.
Sin embargo, la salud de los océanos está en duda: el agua es un 32% más ácida que antes de la revolución industrial, hay 13 mil trozos de plástico por km2 y el 31,4% de las poblaciones de peces de interés comercial están sobre explotadas, según la ONU.
Qué propone el proyecto. Las dos áreas marinas protegidas que se buscan instrumentar por ley son Yaganes y BurdwoodII. La primera estaría 90 millas (144 kilómetros) al sudeste de Ushuaia y abarcaría 69.000 km2, casi la misma superficie que Formosa. La otra se ubicaría al este de la Isla de los Estados y al sur de las islas Malvinas. Tendría 28.900 km2, como la superficie de Misiones, y sería una ampliación de BurdwoodI, la única reserva estrictamente marina que hoy tiene el país, creada en 2013.
Las protecciones que se instaurarían están contempladas por ley y ofrecen distintos niveles, que van de más restrictivos a más permisivos. En este gráfico se entienden fácilmente cuál es el objetivo de esa gradualidad:
Crédito: Foro para la Conservación del Mar Patagónico.
Ahora veamos qué tipo de protección le darían exactamente a las futuras áreas marinas protegidas. Yaganes tendría proyectada una zonificación tridimensional.
El fondo marino constituirá una reserva nacional marina estricta. Es decir, se prohibiría toda actividad salvo la investigación científica y la necesaria para monitorear el lugar. No se puede pescar, explorar el suelo en busca de hidrocarburos, visitar la zona ni hacer ejercicios militares.
Un amplio sector, el más alejado de la costa, tiene su columna de agua zonificada como parque nacional marino. Ahí no podrá haber actividades pesqueras pero sí educativas y turísticas, pero en armonía con la conservación.
Finalmente, la columna de agua cercana a Tierra del Fuego sería una reserva nacional marina de usos múltiples, dónde sí se permitiría pescar, pero con métodos menos agresivos, más controlados y limitados en cuanto a períodos estacionales y volúmenes.
Burdwood II se dividiría en dos sectores:
Al oeste, en el sector proyectado como reserva nacional marina, se contempla el uso sostenible. Es decir que se podrá pescar pero bajo las reglas que se disponga en el plan de manejo. También se habilitarían actividades turísticas y educativas.
Al este, operaría el sector propuesto como reserva nacional marina estricta. Es decir, de absoluta conservación, pero con la posibilidad de realizar actividades científicas.
Quiénes respaldan la idea. El plan es impulsado por las 16 ONG que conformaron el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, como Fundación Vida Silvestre, FARN y Aves Argentinas. También de la comunidad científica y de otras ONG, como The Conservation Land Trust Argentina (CLT), que impulsa la campaña Sin Azul no hay Verde, que justamente hace foco en la necesidad de proteger el mar.
La crisis que vive la secundaria en la Argentina se puede explicar en un puñado de cifras: de cada 100 chicos que la empiezan, solo 45 la terminan en el tiempo previsto. En los sectores más pobres, esa cifra escala al 60%.¿Algunas razones? Cada año abandona el 2,5% y repite el 10%. De los que llegan a quinto, 7 de cada 10 no resuelve de manera satisfactoria problemas de matemática. Mientras que 1 de cada 10 jóvenes directamente no va a la escuela.
Por eso existe un gran consenso sobre la necesidad de transformar la secundaria. Provincias como San Luis, La Rioja y Córdoba experimentan cambios que empezaron a mostrar mejoras en la promoción y los aprendizajes. Prueban sumando tecnología; ideando clases flexibles y más prácticas; y evaluando a los alumnos de forma integral o por proyectos. Todos invierten en el pago de horas adicionales para que los docentes puedan planificar las clases y en obras para mejorar la infraestructura de los colegios.
Un diagnóstico
crítico impulsa la transformación
Mercedes Miguel, secretaria de Innovación y Calidad Educativa del Ministerio de Educación de la Nación, remarca que en la secundaria “existe una bajísima tasa de egresos y la pérdida de estudiantes está naturalizada”. Y ejemplifica la percepción de irrelevancia que sienten miles de alumnos: “Los chicos se la pasan levantando la mano y preguntando: ‘¿Esto para que me sirve?’”.
A esa disociación se le suman dificultades socioeconómicas. “Argentina es un país muy desigual. Muchas chicas y chicos no pueden acceder a la secundaria. Y cuando lo hacen, muchos no logran terminarla porque la secundaria no consigue garantizar una escuela relevante para todos, una escuela que permita construir un proyecto de vida”, analiza Cora Steinberg, especialista de educación de Unicef.
En 2017 Unicef relevó por qué los adolescentes abandonan la secundaria. A partir de encuestas, concluyó que el 29% deja de ir porque no la considera necesaria o no le gusta. Otro 14% abandona para ir a trabajar y un 10% porque transita un embarazo o tiene un niño a su cargo. Y un 9% no va porque no tiene plata para viajar o mantenerse en la escuela.
Mercedes Miguel afirma que ese diagnóstico llevó a que el 6 de diciembre de 2017, los ministros de Educación de todo el país acordaran una resolución que plantea hacer cambios en el secundario para “erradicar el fracaso escolar”, “lograr aprendizajes relevantes” y construir una “sólida articulación” entre la escuela, el proyecto de vida, la educación superior y el trabajo. A ese plan lo llamaron Secundaria 2030 y todas las provincias están comprometidas a instrumentar ajustes. Según Miguel, 600 secundarias del país ya prueban transformaciones.
Córdoba: tecnología
orientada a aprendizajes útiles y con profesores capacitados
Desde 2014, la provincia de Córdoba empezó a trabajar en una modalidad de secundarias que llamó PROA y que pone el foco en usar herramientas tecnológicas de manera transversal en todas las materias.
El proyecto se sostiene en tres ejes: orientaciones que tienen mejor horizonte laboral y buena recepción por parte de los jóvenes (desarrollo de software y biotecnología); una selección de docentes por concurso y con capacitaciones; y un sistema de evaluación más integral.
“Para ser docente en una de estas escuelas, el aspirante debe presentar un proyecto en el que detalla cómo dará los contenidos aprovechando proyectores, notebooks, simuladores y otras herramientas. Luego debe transitar una serie de capacitaciones y reelaborar su plan a partir de lo aprendido. Recién después se elige al docente que se queda con el puesto”, explica Gabriel Scarano, coordinador operativo del programa cordobés.
Crédito: Ministerio de Educación de Córdoba.
Actualmente son 15 escuelas PROA y el año que viene se
sumarán 26. Scarano asegura que la repitencia en estas escuelas es del 6,7 %.
Mientras que el promedio de las estatales de Córdoba es de 11,8 %. En gran
medida se debe a que la
decisión de hacer repetir a un chico es una resolución institucional que toman
todos los profesores juntos.
Incluso hay alumnos que pueden pasar de año adeudando más de tres materias
porque lo que se reevalúan son los aprendizajes y no toda la materia. Es decir,
hay chicos que pueden estar cursando cuarto año, pero deber contenidos específicos de cuatro o cinco
materias de tercero. “Para no aburrirlos y frustrarlos al hacerlos repetir el
año; y al mismo tiempo conseguir que aprendan lo que queremos que aprendan,
recursan solo esos aprendizajes específicos”, apunta Scarano.
Otro aspecto resalta del modelo: la jornada es de 8 horas
reloj, casi el doble que en el resto de las escuelas, por lo que hay espacio
para talleres de ciencia, robótica, arte y deportes. Mientras que todos los
profesores tienen y cobran, además de sus horas frente a sus alumnos, una hora
semanal dedicada al colegio y una hora de tutorías.
La principal inversión en este modelo es en horas cátedra y
en herramientas tecnológicas.
San Luis: escuelas en
clubes, sin grados y con un propósito común
La de la provincia de San Luis es una de las apuestas más disruptivas. Se trata de 17 escuelas secundarias, públicas y gratuitas, que fueron creadas a partir de 2016 en clubes e instituciones barriales.
Se las llamó Escuelas Generativas, la mayoría está ubicada en barrios pobres y tienen orientaciones específicas: deportes, arte, comunicación, agro y ambiente, y artes visuales. Usan estos ejes como vehículo del proceso de aprendizaje. Ese proceso se da a partir del interés del alumno, la creatividad, la autonomía, la espontaneidad, la observación y la investigación.
“¿Un ejemplo?”, propone Victoria Vega, jefa del Programa de Innovación Educativa de San Luis. “Este año, por el Mundial, varias escuelas que funcionan en clubes planificaron la mayoría de los espacios disciplinares, como historia, geografía, literatura y matemática, a partir del fixture. Trabajaron en la ubicación geográfica, sistema económico, idioma y referentes de la literatura de los países que jugaron el torneo. Eso generó un vínculo grande con los contenidos a partir de un disparador cercano”.
Crédito: Ministerio de Educación de San Luis.
A diferencia de una escuela convencional, los chicos no se
agrupan por grados sino por grupos con intereses comunes. “Es más parecido a un
plurigrado de las escuelas rurales. Cada profesor trabaja con un grupo de no
más de 20 alumnos y ningún colegio tiene más de 150 chicos. De esa manera el
docente puede seguir muy de cerca la trayectoria del chico”, considera Vega.
En San Luis destacan varios logros de esta modalidad. Resaltan haber logrado incluir en la secundaria a chicos que directamente no iban a la escuela y remarcan un ausentismo bajo: del 10%.
Sobre la repitencia, Vega cuenta que por ahora no tuvieron
chicos que hayan tenido que volver a completar un mismo trayecto (año), pero sí
que debieran retomar algún aprendizaje puntual al año siguiente. Y sobre la
calidad del aprendizaje, asegura que los dos colegios creados en 2016 (Sporting
Club Victoria y Horizonte) atravesaron una prueba Aprender y “tuvieron un
desempeño por arriba del promedio de las escuelas de San Luis”.
Ese progreso lo vincula a que estas escuelas resultan
“interesantes” para los chicos y ofrecen más contención a partir de un trato
personalizado, ya que los profesores trabajan en el colegio durante toda la
jornada de 5 horas y hasta tienen asignada una hora diaria adicional para la
planificación institucional.
¿La inversión? En principio, acondicionar la sede donde se
crean. Y además de los salarios docentes, se hace una inversión adicional por
cada chico de $ 1.200 por mes.
La Rioja: los alumnos
eligen el trayecto final y cambian de aulas
Desde hace dos años, La Rioja empezó a transformar algunas de sus escuelas secundarias bajo el modelo InnovarTE, un plan que implica un cambio en cuatro ejes: los chicos no cursan en un aula sino que rotan en salas específicas de cada materia; los profesores tienen una concentración horaria que les permite trabajar sólo en uno o dos colegios; suman tecnología a las clases; y los chicos aprenden a partir de problemas de su comunidad y pueden elegir qué cursar.
“Se fomenta la investigación, la curiosidad y el estudio por
proyectos que impliquen el uso de la tecnología. Por ejemplo, varias materias
pueden organizar sus aprendizajes a partir de un problema: la basura en su
comunidad”, explica Darío Vega, director de Educación Secundaria de La Rioja.
La principal inversión fue en horas cátedra, ya que hay
contenidos nuevos y materias que se dan con dos profesores para lograr un
enfoque multidisciplinario. También hubo una apuesta a la compra de
herramientas: notebooks, microscopios, proyectores, televisores táctiles e
insumos de robótica.
Muchas de las materias nuevas son justamente las opcionales que en cuarto y quinto año puede elegir los alumnos. Por ejemplo, pueden optar por contenidos como club de ciencia, fotografía, diseño gráfico, producción audiovisual, teatro, danza y hasta observatorio escolar, desde donde investigan temáticas sociales.
Los logros que empezaron a visualizar son menor repitencia
(La Rioja, de todos modos, tiene una tasa muy baja, del 3,3% en promedio),
sobre todo alentado por el hecho de que el régimen académico permite que los
chicos pasen de año incluso con más de tres materias adeudadas, ya que
establecen planes especiales para recuperar esos aprendizajes.
Aún no cuentan con valores para comparar la calidad del aprendizaje según las pruebas Aprender.
El desafío de
universalizar las experiencias, tener presupuesto y lograr consenso
A las tres experiencias expuestas se les podría sumar el plan que lleva adelante la ciudad de Buenos Aires en 19 secundarios; la propuesta que hace Tucumán junto a Unicef en 16 colegios; y de la de las secundarias de Río Negro.
Varios especialistas en educación hacen hincapié en la
necesidad de que comprobado su éxito estas experiencias escalen hasta
convertirse en norma y no en una excepción.
“Sabemos que el formato actual es rígido y que no permite que todos los jóvenes puedan transitarlo. Sabemos que las trayectorias de los jóvenes desbordan el formato de los regímenes académicos y eso hay que cambiarlo. Sabemos que el sistema de horas cátedras no funciona y que hay que ir por docente por cargos. Es decir, conocemos el diagnóstico y compartimos gran parte del camino a transitar. Ahora en lo que hay que trabajar es cómo las políticas públicas pueden ayudar a recorrer ese camino”, asegura Alejandra Cardini, directora de Educación del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (CIPPEC), que a fines de noviembre organizó justamente una jornada sobre la escuela secundaria.
Uno de los principales desafíos para generar cambios es lograr consensos para llevarlos adelante de manera generalizada. Eso opina Alberto Croce, director ejecutivo de Voz, una fundación que promueve políticas públicas para transformar la secundaria: “Cualquier cambio tiene que partir de la escucha de los docentes, los directivos, los alumnos y los padres. ¿Y cuándo hay plena seguridad de esa escucha? Cuando el que quiere ser escuchado siente que fue escuchado”.
La necesidad de mejorar la infraestructura escolar y la inversión en educación es otro aspecto determinante para la transformación de las secundarias. “La extensión de la oferta educativa está muy vinculada a la infraestructura de nuestras escuelas, que hoy es insostenible. Es muy difícil hacer una escuela atractiva para el adolescente si el edificio se cae a pedazos”, remarca la investigadora de la Universidad de General Sarmiento Felicitas Acosta, que estudió cómo se organiza el secundario en otros países.
Acosta destaca el caso de Escocia, que “trata de traer la
vida real al aula”: “Se trata de un currículum creativo y flexible que incluye
a niños, padres y maestros. Los niños aprenden de muchas maneras diferentes,
por ejemplo a través del juego y proyectos o haciendo viajes fuera de la
escuela”.
Belén Sánchez, investigadora y coordinadora de Educación en CIPPEC, también analizó secundarios de 11 países pero con el foco puesto en la estructura curricular. “Donde logran ser completamente o muy exitosos es donde cada parte del engranaje del secundario está centrado en el estudiante y en su proyecto de vida”, considera Sánchez y elogia el caso de Ontario, estado de Canadá, que organiza la cursada en torno a un sistema de créditos que se obtienen a partir de las materias que los mismos alumnos eligen y que contempla 40 horas de trabajo comunitario.
Nación quiere que los ajustes estén para 2025
En el Ministerio de Educación de la Nación están convencidos de que la transformación de la secundaria tendrá que hacerse en por lo menos cuatro campos. “El primero es la organización de los aprendizajes. Hay que repensar los espacios de enseñanza, promover el desarrollo de capacidades, fortalecer los saberes prioritarios y acercar formatos motivadores. Y empezar a trabajar los saberes de una manera vinculada con la realidad de los estudiantes”, señala Inés Cruzalegui, directora nacional de Planeamiento de Políticas Educativas, donde tienen la expectativa de universalizar los cambios en la secundaria de aquí a 2025.
El trabajo docente es otro de los campos prioritarios. “Hay
que pensar propuestas en donde los docentes puedan planificar en conjunto y
aprender de otros, donde puedan hacer un seguimiento más personalizado. Esto
requiere que tengan horas institucionales para poder hacerlo”, apunta
Cruzalegui y reconoce que esa necesidad de instaurar horas institucionales es
un desafío “difícil” porque requerirá mayor inversión en horas.
Los otros dos campos son la formación docente, ya que cualquier transformación requiere acompañamiento y la necesidad de que los profesores incorporen herramientas para llevar adelante los cambios; y el régimen académico. Concluye Cruzalegui: “En el régimen hay que proponer reglas de juego que reconozcan la trayectoria y que los estudiantes, más allá del recorrido que hagan, puedan alcanzar los aprendizajes necesarios”.
La final de la Libertadores fue suspendida porque hinchas de
River le tiraron piedras y botellas al micro en el que el plantel de Boca llegó
al Monumental. Varios jugadores resultaron heridos y la Conmebol decidió suspender
el partido y que se juegue este domingo pero en Madrid.
Más allá del fracaso del operativo de seguridad que derivó en la renuncia de un funcionario porteño, la estadística sobre hechos de violencia en el fútbol expone que lo que sucedió fue algo que está dentro de lo probable e incluso “tenía” que suceder: el promedio de los últimos 12 años marca que por mes hay una agresión de hinchas a jugadores.
El dato surge de un relevamiento hecho por los investigadores Diego Murzi y Fernando Segura Trejo, miembros de la asociación Salvemos al Fútbol, una ONG que asiste a víctimas de hechos violentos en el fútbol argentino, analiza las actuaciones de los responsables de la seguridad y busca inspirar soluciones.
El trabajo recopila los episodios que incluyeron violencia física entre 2006, cuando nació la ONG, y 2017. En ese período, los hechos documentados se duplicaron al pasar de 32 a 70, con un pico de 82 en 2014.
Cuando se analiza el tipo de incidente, al tope quedan las peleas entre hinchas del mismo equipo (154), peleas entre hinchas de equipos rivales (121) y agresiones de hinchas a jugadores (113).
Si tomamos los ataques de hinchas a jugadores, vemos que en 12 años hubo un promedio por año de casi 10 agresiones similares a las ocurridas el 24 de noviembre pasado en la esquina de Libertador y Quinteros. Y si se tiene en cuenta que al año, la actividad oficial de los equipos de fútbol se concentra en 10 meses, no es exagerado pensar que en noviembre, cuando sucedió la agresión al micro de Boca, ese episodio “debía” ocurrir para “respetar” la estadística de un incidente de este tipo por mes.
“La idea de que un partido que cruza a los dos equipos más convocantes del país, definiendo el torneo más importante a nivel continental, pudiese ocurrir sin que la violencia se hiciera presente era algo difícil de creer”, escribió en Perfil el sociólogo Diego Murzi, autor del trabajo.
Estos son ocho de los casos más relevantes de agresiones a jugadores:
En mayo de 2009, unos 30 miembros de la “barra”
de Deportivo Morón ingresaron al vestuario de su equipo con armas blancas y
golpearon a los jugadores, amenazándolos con matarlos si no clasificaban a la
siguiente fase del torneo.
En octubre de 2010 fue arrojada una piedra desde
la tribuna de Independiente que impactó en la cabeza del arquero de Defensor
Sporting de Uruguay, Martin Silva.
En abril de 2013, “barras” de Deportivo Español
ingresaron al vestuario visitante y golpearon a los jugadores de Berazategui.
En febrero de ese mismo año, el micro que
trasladaba a los jugadores de Excursionistas fue baleado en las inmediaciones
del estadio de El Porvenir.
En septiembre de 2014, el arquero de Boca
Agustín Orión recibió el impacto de un proyectil arrojado desde la tribuna de
Rosario Central.
En 2015 un jugador de Lanús, Matías Fritzler,
fue golpeado por un hincha, sin relación alguna con la “barra”, cuando daba una
entrevista luego de una derrota.
En mayo de ese año, un hincha de Boca tiró gas
pimienta a los jugadores de River cuando estos salían a disputar el partido,
provocando un escándalo de dimensiones internacionales que terminó con la
descalificación del equipo de la copa Libertadores.
En marzo de 2017, la “barra” de Gimnasia y
Esgrima de Jujuy golpeó, robó y amenazó a sus propios jugadores.
El trabajo también hace foco en los casos en los que la
hinchada de River estuvo involucrada. Si bien la mayoría de los 40 incidentes
registrados entre 2006 y 2017 tiene que ver con peleas internas de la hinchada,
en cinco oportunidades hubo agresiones a jugadores o árbitros.
Lógicamente, en muchos casos los episodios terminan con
víctimas fatales. El trabajo remarca que entre 1984 y junio de 2017 murieron en
Argentina 210 personas por episodios vinculados con el fútbol.
En los 62 años que pasaron desde el registro de las primeras víctimas en el fútbol (1922) hasta 1983, murieron 2 personas por año en promedio. Desde 1984 hasta 2017 esta ratio se elevó a 6.
La posibilidad de que el 10% del Mar Argentino sea protegido
por ley a través de la creación de dos parques nacionales frente a Tierra del
Fuego se demora y hasta podría retroceder si antes de fin de año la Cámara de
Diputados no le da media sanción al proyecto.
El plan, que tiene consenso científico y de ONG ambientalistas, fue presentado en el Congreso en noviembre de 2017. Pero si antes del 31 de diciembre no logra ser tratado en una sesión extraordinaria, el proyecto perderá estado parlamentario y deberá ser presentado de nuevo en 2019, un año en el que el parlamento estará muy condicionado por las elecciones presidenciales.
Por qué está demorado. El proyecto de ley tiene dictámenes de las comisiones de Relaciones Exteriores y de Presupuesto, pero requiere que también sea aprobado por Intereses Marítimos. Es ahí donde encuentra observaciones por parte del diputado del Frente para la Victoria por Entre Ríos, Julio Solanas, que preside esa comisión.
Solanas apoya la idea de crear áreas marinas protegidas pero pidió más tiempo para estudiar los argumentos técnicos que llevaron a elegir preservar esas zonas y no otras. Además duda sobre si la Administración de Parques Nacionales, que quedaría a cargo de las áreas, puede realmente hacerse cargo de la gestión. “Hay que desdramatizar la situación y garantizar un estudio y debate de mayor profundidad”, argumentaron desde su entorno.
Qué propone el proyecto. Las dos áreas marinas protegidas que se buscan instrumentar por ley son Yaganes y Burdwood II. La primera estaría 90 millas (144 kilómetros) al sudeste de Ushuaia y abarcaría 69.000 km2, casi la misma superficie que Formosa. La otra se ubicaría al este de la Isla de los Estados y al sur de las islas Malvinas. Tendría 28.900 km2, como la superficie de Misiones, y sería una ampliación de Burdwood I, la única reserva estrictamente marina que tiene el país, creada en 2013.
Las reservas estarían frente a Tierra del Fuego. | Crédito: The Conservation Land Trust
Las futuras áreas se sumarían a los 43.000 km2 de espacios marinos protegidos que suman Burdwood I y las 25 reservas provinciales que incluyen porciones de mar. De esa manera, el país pasaría de tener un 3% del mar protegido a alcanzar el 10%, un compromiso internacional al que adhirió cuando se suscribió al Convenio sobre la Biodiversidad Biológica y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que establecen proteger justamente el 10% de las zonas costeras y marinas antes de 2020.
Yaganes está en los inicios de la corriente de Malvinas, que
se mueve hacia el norte y la describen como la columna vertebral del Mar
Argentino. Es un área de conexión física y biológica entre el Pacífico y el
Atlántico. Los biólogos la ejemplifican como un supermercado de aguas frías,
profundas y rico: hay desoves, reproducción y alimentaciones de especies
carismáticas, como pingüinos, lobos y elefantes marinos. La zona es importante,
además, para dos especies amenazadas: el albatros errante y la ballena fin.
En Burdwood II el propósito es salvaguardar una muestra bien
conservada de hábitats de alta profundidad para proteger especies raras o con
funciones clave en el ecosistema, como esponjas y corales. También incluye
sectores de reproducción de peces de interés comercial, como la polaca, merluza
negra y sardina fueguina. Y ayudaría a preservar a los pingüinos de penacho
amarillo, cachalotes, delfines, petreles y albatros.
Qué dicen los impulsores del proyecto. “Será frustrante e incomprensible dejar pasar esta oportunidad luego de dos años de trabajo con los mejores científicos argentinos, equipos de profesionales del estado nacional en seis ministerios, la gobernación de Tierra del Fuego, la sociedad civil, el sector privado, y todos los que participaron activamente en el consenso del proyecto de ley”, se lamentó Emiliano Ezcurra, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales.
— Foro para la Conservación del Mar Patagónico (@FMarPatagonico) November 26, 2018
El plan tiene el respaldo de las 16 ONG que conformaron el Foro para la Conservación del Mar Patagónico, que viene reclamando por el avance del proyecto en el Congreso. “El concepto de parques nacionales es un concepto de bien común, porque el fin principal es la conservación, salvaguardar el ambiente. Sería lamentable que no pudiese avanzar el proyecto”, señaló el biólogo marino Claudio Campagna, presidente del Foro.
Una de las principales amenazas del Mar Argentino es la pesca inmoderada. A lo que se le suma la pesca ilegal: unos 400 buques de otros países se ubican en el límite de la milla 200 (unos 370 km), entran y salen de la jurisdicción nacional sin permiso. Esa sobreexplotación pone en jaque la biodiversidad del océano porque provoca desequilibrios en la cadena de alimentación: 59 tipos de aves, peces, tortugas y mamíferos están tipificados como amenazados de extinción, de acuerdo al listado elaborado por la ONG The Conservation Land Trust Argentina (CLT).
Esta ONG, una de las impulsoras del proyecto, lleva adelante el programa de Conservación Marina de CLT, que impulsa la campaña Sin Azul No Hay Verde. Así también desde las redes reclaman por el avance del proyecto.
Por qué es importante proteger el mar. Un informe de la Administración de Parques Nacionales asegura que las redes de pesca dejan una huella en el fondo del mar y arrasan con invertebrados, como corales, esponjas, medusas y estrellas de mar. Cuando el daño se perpetúa, hablan de huellas de mar muerto.
La salud de los océanos es determinante para el planeta y resulta sencillo de argumentar con cifras: absorben el 90% de la radiación solar, generan el 50% del oxígeno, concentran el 80% de la biodiversidad del planeta y el 40% de la población depende de la variedad de vegetales y animales marinos y costeros.
Sin embargo, la salud de los océanos está justamente en duda: el agua es un 32% más ácida que antes de la revolución industrial, hay 13 mil trozos de plástico por km2 y el 31,4% de las poblaciones de peces de interés comercial están sobreexplotadas, según la Organización de las Naciones Unidas.
Cada vez que cosechan alguna verdura o fruta, Federico López Calsina se pone a sacar fotos. De él y de los que trabajan en su huerta. Posan junto a rabanitos, paltas y zanahorias en la quinta de 12 hectáreas que tiene en Palma Sola, un pueblo ubicado a 160 kilómetros de la capital jujeña. Suena exagerado pero siente que producir alimentos de forma natural y sin afectar la tierra y el ambiente es un hito. Y lo festeja con fotos.
Federico no usa fertilizantes, pesticidas ni semillas modificadas genéticamente. Cuida cada gota de agua y rota los cultivos para no agotar los nutrientes del suelo. Lo hace desde 2015 y no es un hippie verde. Es uno de los emprendedores que hicieron que la Argentina sea el segundo país del mundo con más hectáreas destinadas a la producción orgánica de vegetales y animales.
En el país hay 3,2 millones de hectáreas cultivadas o con ganado gestionadas con los cuidados que permiten certificar como producto orgánico, según el último informe del Senasa. Esa superficie equivale al tamaño de la provincia de Misiones.
Sólo Australia, con 22,6 millones de hectáreas, destina más superficie al modelo productivo agroecológico, de acuerdo al ranking que elabora todos los años el Instituto de Investigaciones de Agricultura Orgánica de Suiza.
Federico Calsina tiene 12 hectáreas de cultivos orgánicos en Jujuy. En esta foto, posa junto a un gran rabanito. Crédito: AgroHolon.
“Lo más interesante es que este sector tiene muchísimo para crecer. De total de alimentos a nivel mundial, los orgánicos son sólo el 3% o 4%. Y en el país apenas superan el 1%. Y que el sector tenga espacio para crecer es bueno para todos”, se entusiasma Ricardo Parra, presidente del Movimiento Argentino de Producción Orgánica (MAPO).
Es bueno para todos, insiste Parra, y se basa en un círculo que describe virtuoso: si el sector crece, mayor superficie productiva quedaría bajo prácticas que no afectan el ambiente; más personas accederían a alimentos más sanos; y el país aumentaría las exportaciones, ya que la inmensa mayoría de lo producido tiene gran demanda afuera.
Los números le dan la razón. El sector orgánico argentino está en ascenso desde hace unas dos décadas. En superficie productiva, el año pasado creció un 12%. Ya hay 1.157 productores que lograron certificar su campo como orgánico. Mientras que otros 350 iniciaron el proceso de transición para certificar, algo que les puede llevar hasta tres años, pero que pronostica que la expansión continúa.
“Lo que más quiero es vender las frutas y verduras en Jujuy,
que la gente de acá pueda alimentarse de mi huerta, comer sano. Después que
pueda cumplir eso, compraré más hectáreas y pensaré en exportar”, señala
Calsina, del emprendimiento jujeño AgroHolon.
Las aspiraciones de Calsina van a contramano de la
generalidad. Porque el 97% de lo que se produce como orgánico certificado en el
país se exporta. Estados Unidos, Europa (principalmente Alemania y Suiza) y
Japón son los principales destinos.
“Lo que ocurre es que migrar de un campo productivo convencional a uno certificado como orgánico lleva tres años durante los cuales las cosechas de esas temporadas tienen mayores costos pero no las podés vender a precio orgánico, que es entre un 30% y un 50% superior al convencional. Por eso, lo más común es que el productor decida la conversión una vez que firma un acuerdo comercial para exportar por cinco años o más”, explica Parra y cuenta que para minimizar el costo de la transición el Mercado Central tiene el stand Paralelo Orgánico, donde se venden cosechas bajo prácticas orgánicas pero aún no certificadas.
Esta situación explica en gran medida que la producción orgánica del país no sea exactamente representativa de la matriz agrícola nacional, ya que responde a una demanda y no estrictamente a la oferta. Hoy los cuatro principales cultivos son los de soja, trigo, pera y manzana, con volúmenes que van de 20 mil a 30 mil kilos.
Video: Orgánico Argentina
De la producción animal, la lana de oveja lidera el ranking
con unos 650 mil kilos, seguido por unos 525 mil kilos de miel. De carne vacuna
apenas se producen unos 2.500 kilos. Mientras que de los productos
industrializados, la azúcar de caña, el vino, la harina de soja y el puré de
pera son lo más producido.
Apuntalar el mercado interno es uno los desafíos del sector. Y en esa apuesta se ponen en juego dos variantes. Por un lado, la necesidad de bajar los costos para que el precio de los orgánicos se acerque lo más posible al precio de los alimentos convencionales. Y en segundo lugar, difundir los atributos de lo orgánico como producto y como concepto sustentable.
“Los costos podrán ir bajándose a medida que se logre mayor escala productiva (hoy sólo el 2% de la superficie productiva del país es de orgánicos). También pueden ayudar los desarrollos tecnológicos para conseguir mayor rendimiento con el mismo cuidado ambiental”, considera Parra y aclara que la producción orgánica requiere una certificación del establecimiento (entre $ 10 mil a $ 15 mil) y de cada cosecha, lo que implica una supervisión del campo y de los procesos por parte de técnicos especializados y de una certificadora, que a su vez se queda con el 1% del valor de venta.
La panificadora Hausbrot tiene 1500 hectáreas de cultivos orgánicos en Tres Arroyos. Produce panificados para 34 sucursales. Crédito: Hausbrot.
En gran medida, las políticas para bajar costos y desarrollar tecnología saldrán del plan estratégico que está elaborando la Comisión Asesora para la Producción Orgánica. Entre otros aspectos, el plan permitirá fomentar la producción de materias primas orgánicas que permitan a su vez elaborar productos industrializados orgánicos.
“El potencial que tenemos para crecer es enorme”, coincide Mario Schneider, dueño e hijo de los fundadores de Hausbrot, la panificadora de orgánicos que nació en 1988 y ya tiene 34 locales y 1.500 hectáreas de cultivos orgánicos en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. “Por ejemplo, nos cuesta mucho conseguir leche orgánica, lo que hace que no podamos certificar como orgánicos algunos productos elaborados con leche”, explica Schneider.
Es que en todo el país hay sólo dos tambos certificados como orgánicos. Otro producto que no se puede hacer es mayonesa, porque nadie en el país produce vinagre orgánico.
La difusión es el otro punto clave. Ya existe un catálogo para conocer, contactar y comprarle directamente a los productores que hay en el país. También existen ferias que rotan por la ciudad de Buenos Aires y el país.
“El consumidor argentino no está muy informado respecto a qué significa que un producto sea orgánico. Por eso, ahora, entre el 4 y el 7 de diciembre hacemos la primera Semana Nacional de los Alimentos Orgánicos, con una feria en el Obelisco que abrirá de 12 a 19”, cuenta Mercedes Nimo, directora Nacional de Alimentos y Bebidas, que depende de la secretaría de Agroindustria, que a su vez incluyó a los orgánicos entre los 20 sectores prioritarios para apuntalar dentro del plan Argentina Exporta.
Pedro Landa, director técnico de la Organización Internacional Agropecuaria (OIA), una de las cuatro certificadoras del país, considera que el consumidor argentino comenzó a demandar productos orgánicos, “lo que generó desarrollo de proyectos específicos para abastecerlos” y que “grandes exportadores de productos dejaran de exportar una parte de su producción para volcarla al mercado interno”.
Sin embargo, por ahora el consumo interno de orgánicos representa
el 1,2% del total. Los países que más desarrollado tienen este mercado superan
el 5%. Dinamarca es el máximo exponente, con un 8,5%. Lo sigue Suiza (7,7%),
Luxemburgo (7,5%), Suecia (7,3%) y Austria (6,5%).
Bruno Leiva dejó de cazar. Guardó el lazo y la escopeta. Vendió las últimas pieles de yacarés, ciervos e iguanas. Los mismos que le prohibieron vivir de la caza en los Esteros del Iberá le dieron trabajo: vigilar que nadie hiciera lo que él y cientos de cazadores hacían con los animales.
Bruno tiene 67 años y ese cambio lo vivió en 1983, cuando Corrientes declaró área protegida al humedal más grande del país. Tenía 32 años, había crecido entre bañados y pastizales, y siempre llevaba un cuchillo en la cintura. Ese fue el punto de partida de un plan asombroso: en Iberá se lleva adelante la restauración y reintroducción de fauna más importante de América Latina.
Dimensionar el proyecto es difícil. Primero hay que considerar su extensión física para entender por qué el Gobierno correntino pronostica que la recuperación de los esteros y la reaparición masiva de animales harán que se incrementen las visitas y que por lo menos 7 municipios puedan vivir del turismo y otros 15 se beneficien indirectamente.
Los Esteros del Iberá ocupan parte del norte y centro de
Corrientes, y suman 1.300.000 hectáreas o el 15% de la provincia. De esa
superficie, 550 mil hectáreas están protegidas bajo la figura de un parque
provincial.
Otras 157 mil hectáreas serán preservadas con la creación de un parque nacional que la cámara de Diputados aprobaría en la sesión de la semana que viene a partir de la donación de tierras hecha por la fundación The Conservation Land Trust (CLT), del filántropo estadounidense y creador de la marca de ropa North Face, Douglas Tompkins, fallecido hace tres años. La suma de las dos áreas instaurará el Parque Iberá, de 700 mil hectáreas.
Fuente: The Conservation Land Trust.
Sobre los bordes y límites de los esteros hay siete pueblos, con unos 29 mil habitantes, que empezaron a orientar su economía al turismo. Son Concepción, San Miguel, Mburucuyá, Loreto, Chavarría, Carlos Pellegrini y Yofré, que a su vez son algunas de los sitios desde donde se puede entrar a los esteros.
“Estos siete pueblos vivirán del turismo. No hay dudas. Y algunos más también. Hoy los esteros son visitados por 60 mil personas al año, un 20% son turistas de otros países. Se quedan en promedio dos noches. Pero de acá a cinco años proyectamos que llegarán 200 mil visitantes por año, con mayor proporción de extranjeros, que gastan unos 200 dólares por día”, augura Sergio Flinta, coordinador del Comité Iberá, el ente que elaboró el plan maestro para la zona y que está integrado por los gobiernos nacional, provincial y municipales.
La actividad además, se derramará por otros 15 municipios, que suman 170 mil habitantes, que están un poco más alejados pero que ofrecen otros servicios: abastecimientos, bancos, centros médicos y aeropuertos. Por ejemplo, Mercedes, Santo Tomé e Ituzaingó.
Uno de los atractivos de Iberá es que resulta sencillo poder ver animales. Crédito: CLT.
El modelo de desarrollo de Iberá tiene dos ejes. Por un lado, la producción de naturaleza. Así le llaman a la restauración del ecosistema y a la reintroducción de especies extintas, lo que aumenta la presencia de animales silvestres. Restituidas esas condiciones, el interés de los turistas por visitar un sitio que reúne 350 aves y el 30% de la biodiversidad del país es un hecho.
El otro eje pasa por crear infraestructura, como vías de acceso, hospedajes y gastronomía, pero revalorizando la cultura local: su música (el chamamé), la comida regional, el idioma guaraní, sus creencias, sus artesanías y su vestimenta.
La restauración del ecosistema de Iberá es lo que vuelve al proyecto único en América Latina y comparable a experiencias internacionales como las de los parques nacionales de Sudáfrica.
En gran medida, la población de animales, como por ejemplo el yacaré y el carpincho, se empezó a recuperar en 1983, con la instauración de los esteros como reserva. Sin embargo, otras especies, como el oso hormiguero, el tapir, el yaguareté, el lobo gargantilla, el pecarí y el guacamayo rojo, directamente estaban extintas como consecuencia de la caza y principalmente por el avance de la ganadería y la agricultura, que les quitó territorio. Además había muy pocos venados de las pampas, pavas de monte y grandes águilas, como la coronada.
Esas especies son las que CLT empezó a reintroducir desde 2006. La ONG viene trabajando en el lugar desde 1998, cuando Tompinks compró las estancias que suman 157 mil hectáreas y están siendo donadas al Estado nacional. Parte de esas tierras eran campos arroceros, explotaciones forestales de pinos o estancias ganaderas.
Actualmente ya hay unos 100 osos hormigueros en Iberá. Crédito: Matías Rebak (CLT)
La bióloga Sofía Heinonen, directora de CLT Argentina, cuenta que si bien Brasil tuvo éxito en la reintroducción del mono tití leoncito y Ecuador logró la recuperación de las tortugas en Galápagos, ningún proyecto de América Latina incluyó tantas especies. “Nuestro modelo se inspira en el de Sudáfrica, el del parque Kruger, donde fueron reintroducidas unas 40 especies de fauna local, como el rinoceronte blanco”, revela Heinonen.
Ahora 70 personas trabajan en la reintroducción de especies y dan cuenta de la evolución de la población en el sitio de la fundación. Hay animales que vienen de familias que los tenían en cautiverio, de zoológicos o de otras reservas del país o Sudamérica. Los venados llegan en helicópteros, de a uno, desde el noreste de Corrientes, donde los capturan para hacer lo que llaman “traslocación”.
Los tapires llegaron de reservas de Tucumán y Salta, y de un zoo de Mendoza. Crédito: CLT.
De yaguareté hay por ahora cinco adultos y dos cachorros, pero están en corrales de cría. Los osos hormigueros son casi 100, como los venados- Los tapires sueltos son seis y los pecaríes de collar, alrededor de 50. Por ahora, hay solo siete guacamayos rojos sobrevolando la reserva. Y los ciervos de los pantanos, que eran unos 2.000, pasaron a ser cerca de 8.000.
“Pronto vamos a traer una pareja de lobos gargantilla”, adelante Heinonen y revela que en el programa de reintroducción de especies se llevan invertidos unos 15 millones de dólares. Mientras que destinarán 1 millón por año más de aquí a 2026, cuando planean tener poblaciones “fuente” los suficientemente numerosas como para que las especies se reproduzcan solas.
En CLT se entusiasman con la idea de que, como ocurrió en Sudáfrica, los estancieros que tienen campo en el entorno del Parque Iberá reconviertan su economía y se dediquen al turismo. Es que dentro de las 1.300.000 hectáreas de esteros, hay 600 mil hectáreas en poder de particulares, pero dentro de un área de reserva provincial, por lo que sólo pueden hacer actividades agropecuarias de bajo impacto ambiental.
“Una habitación de una posada permite facturar 15 mil dólares al año, que es lo mismo que se produce de carne bovina en 250 hectáreas”, afirma Heinonen y remarca que la ganadería da 1 empleo cada 1.000 hectáreas mientras los hospedajes dan mucho más trabajo. Por ejemplo, la Hostería Rincón del Socorro, de CLT, tiene 9 habitaciones y emplea 40 personas.
Los esteros tienen 1.300.000 hectáreas. Y unas 700 mil forman el Parque Iberá. Crédito: Douglas Tompkins (CLT).
En CLT tienen a mano un estudio del mes pasado con el que buscan sustentar la hipótesis de que la demanda turística vinculada a la naturaleza crece exponencialmente: la consultora Elypsis relevó que los parques nacionales recibieron 2,7 millones de visitantes residentes y 1 millón de extranjeros. Eso marca que en los últimos 20 años las visitas se multiplicaron por cinco, muy por arriba del crecimiento general del turismo.
Un buen ejemplo para explicar lo que está ocurriendo en los siete pueblos desde donde se puede acceder al Iberá es contar lo que pasa en Carlos Pellegrini, un pueblo de 1.000 habitantes ubicada a 350 kilómetros de la capital correntina y a dos horas en auto desde la ciudad de Mercedes.
“Pellegrini tenía 2.000 habitantes y en pocos años quedaron solo 500. Se sumaron tres factores: bajó el precio del arroz y quebraron las arroceras; reubicaron la ruta 14 que pasaba por la zona; y se prohibió la caza. La gente tuvo que irse. No había trabajo. Pero ahora están volviendo porque hay empleo y oportunidades ligadas al turismo”, reconstruye Diana Frete, vice intendenta de Pellegrini.
En 1997 se abrieron tres hospedajes, que fueron inversiones de familias porteñas. A partir del año 2000, pobladores locales empezaron a adaptar sus casas para alojar huéspedes. “Ahora tenemos una capacidad de 700 camas en 25 emprendimientos. Y somos mil habitantes”, cuenta Fretes.
En Pellegrini muchos de los cazadores ahora guían turistas que quieren observar aves y animales de la zona, organizan salidas a caballo y los llevan en bote por el Lago Iberá, desde donde es muy fácil ver yacarés, ciervos y carpinchos. “Trabajé como guardaparque hasta 1995 –cuenta Bruno Leiva, el cazador con el que arrancamos esta nota-. Pero ahora me dedico con mi hijo y mi nieto a pasear y guiar turistas. Les cuento las historias de cuando era cazador”.
Muchos habitantes de Pellegrini trabajan como guardaparques o guías turísticos. Crédito: CLT
Esa reconversión de Pellegrini se dio de manera controlada a partir de la elaboración de un nuevo código de edificación. Las construcciones tienen que ser de techos a dos o cuatro aguas (tradicionales de la zona), con frentes adornados con lajas y de solo una planta. Además, no se puede tener más de cinco habitaciones por hospedaje, de manera tal que sean más las familias que puedan vivir del turismo.
Hoy las cifras oficiales marcan que en Pellegrini, el 80% de la población de 15 a 64 años trabaja. Mientras que el 55,4% de esos ocupados está empleado en el sector privado, principalmente turístico. “Cuando llegamos a la zona, la pobreza alcanzaba al 85% de los habitantes. Hoy sigue siendo alta, porque está en el 36%, pero logramos mejorar muchísimo”, señala Heinonen, que también participa en la discusión pública para desarrollar los pueblos del entorno de Iberá.
Junto al turismo llegaron las inversiones públicas. El comité Iberá prevé cerrar el año con un desembolso de unos $ 400 millones en infraestructura para la zona. En Pellegrini hicieron unas diez obras: están trazando una pista de aterrizaje para vuelos charters, hicieron de ripio unas 50 cuadras de tierra; armaron una peatonal y un centro de artesanos; trazaron cloacas y una planta de tratamiento; hicieron llegar el tendido eléctrico; y acaban de instalar una puesto de gendarmería.
Leiva dice que desde que dejó de cazar y se dedicó a cuidar a los animales y llevar a turistas a que los puedan ver vive mejor. Afirma que la mayoría de los cazadores que ahora guían turistas viven mejor que antes. Y reconoce que tiene un sueño: ver un yaguareté. Porque cuando tenía 18 años y empezaba a cazar, en los Esteros del Iberá ya estaba casi extinto. “Sé que hay varios ejemplares en un corral de cría. Pero para mí, esto va a estar completo cuando el Iberá vuelva a tener yaguaretés”.
Seis hombres que estaban presos en una comisaría de Esteban Echeverría murieron como consecuencia de un incendio ocurrido ayer. Familiares y organismos de derechos humanos afirman que el fuego se inició en reclamo de mejores condiciones de alojamiento y la policía insiste en que fue tras un intento de fuga.
Más allá de las causas que originaron el fuego, hay un dato revelador: los calabozos estaban clausurados desde marzo y había una orden para trasladar a los detenidos porque el lugar incumplía condiciones de seguridad y habitabilidad. Ese contexto se da en gran parte de la provincia: 1.269 personas están encerradas en 109 comisarías con sus celdas inhabilitados, según datos de la Comisión Provincial por la Memoria.
La prohibición de alojar presos en la comisaría 3° de
Esteban Echeverría regía desde marzo. El fallo es del Juzgado de Garantías N°2
de Lomas de Zamora, que además ordenó trasladar a los detenidos, que eran 27 y
estaban encerrados en calabozos preparados para 10 personas.
Pero el Ministerio de Seguridad bonaerense, de quien dependen las comisarías, y el de Justicia, a cargo del servicio penitenciario provincial, no hicieron cumplir la orden. Independientemente de la investigación que se inició y las responsabilidades que se determinarán, alrededor de cien comisarías están en condiciones similares.
El informe
presentado este año por la Comisión Provincia por la Memoria señala que en
territorio bonaerense hay 109 comisarías inhabilitadas por orden judicial o
administrativa que violan la ley y se usan para alojar a 1.269 personas.
Mientras que oficialmente, la provincia de Buenos Aires reconoció ayer que hay 3.910 detenidos en 137 comisarías con capacidad para 1011 personas. Es decir, con una sobrepoblación del 290%.
Finalmente, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) advirtió que al 31 de octubre pasado las personas encerradas en calabozos de comisarías bonaerenses eran 4.052, lo que representa un récord en los últimos diez años.
Una de las principales causas por las cuales las comisarías aumentaron la cantidad de presos en sus calabozos es que en los últimos años las detenciones aumentaron más que las plazas que sumó el Gobierno provincial en las cárceles bonaerenses, donde la sobrepoblación alcanza también porcentajes récord.
La última cifra, difundida hoy, marca que en las cárceles bonaerenses hay 41.746 presos, unos 12.500 más que la capacidad habilitada. Es decir, tiene una sobrepoblación del 43%.
Las seis personas muertas son Jeremías Rodríguez, de 19 años; Elías Soto, de 20 años; Jorge Ramírez de 30 años; Miguel Ángel Sánchez, de 31 años; Juan Lavarda, de 59 años; y Eduardo Ocampo, de 60.
De aquí al fin de su mandato, en diciembre de 2019, el Gobierno provincial tiene como plan ampliar la capacidad del servicio penitenciario en 2331 plazas o el 8% de la capacidad actual.
De ese proyección, 1.718 plazas ya están en obra:
Mientras que las obras para sumar otras 613 plazas comenzarán en 2019:
El Presupuesto 2019 obtuvo esta madrugada la aprobación del Senado. La propuesta enviada por el Gobierno establece recortes en partidas sensibles como Educación y Cultura; Salud; y Ciencia y Técnica. Incluso, la inversión en obras y gastos de capital también cae: un 16% o un 62%, si se toma en cuenta que la inflación oficial prevista para el próximo año es de 34,8%.
A pesar del recorte, la inversión en obras públicas que Nación prevé ejecutar en el país, sin mediación de las provincias, se mantiene con relación al presupuesto de este año. En ese escenario, hay provincias, como Tucumán, que triplican la inversión que recibirían. Y otras, como La Pampa, que perderían un 30%, sin descontar la inflación.
Los datos surgen del proyecto de presupuesto enviado por el Ejecutivo al Congreso. En ese material, el Gobierno señala que prevé invertir $ 74.900 millones o el 1,79% del presupuesto en obras públicas que ejecutará directamente la administración Nacional. Para 2018, la previsión fue de $ 50.323 o el 1,73% del presupuesto.
Fuente: Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP)
En total, la apuesta de Nación es hacer 912 obras en todo el país. Son 163 menos que las proyectadas para este año. Las siguientes son las principales obras que incluyó el equipo económico de Hacienda en el presupuesto:
Fuente: Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP)
Qué áreas podrían perder fondos. Si el presupuesto fuera aprobado tal cual fue enviado al Congreso, varias de las funciones más sensibles sumarían nuevos ajustes, ya que su participación en el presupuesto total viene en descenso desde 2016, cuando asumió la nueva gestión.
En esa línea se encuentra la inversión en Educación y Cultura; Salud; Ciencia y Técnica; Vivienda y Urbanismo; Agricultura; Industria; y Ecología y Medio Ambiente. Todas estas áreas perderían participación en el presupuesto total: bajarían entre un 20% y un 67% en relación a lo que le adjudicaron en 2015.
En cambio, si bien la participación de los fondos destinados a Promoción y Asistencia Social bajaría respecto a este año, se mantendría un 2,5% arriba respecto a lo destinado en 2015.
En contrapartida, la proporción de fondos destinada a pagar deuda pública crecería un 133% también en relación a 2015.
Berta Ponce tiene el telar a la sombra de un algarrobo porque
en Santiago del Estero siempre hace calor. Aprendió a tejer viendo a su mamá y
su mamá aprendió de su abuela. Lleva 50 de sus 64 años hilando lana de oveja y tejiendo.
Su especialidad son los ponchos e imagina “un milagro”: fantasea con que ahora que su celular está en un registro online de artesanos textiles, un grupo de folklore la llama y le encarga seis ponchos. Tendrá trabajo para un año y compensará lo “justo” que vive con la jubilación mínima. Se sentará a tejer “como lo hacía mamá, en el lugar más fresquito, debajo del algarrobo”.
Berta vive en el campo, en Villa Atamisqui, a 120 kilómetros de la capital santiagueña. Es una de los 6.900 artesanos y artesanas -95% son mujeres- que fueron identificados e incluidos en un registro de hilanderos y tejedores del país que sirvió para armar una plataforma desde la que cualquier persona puede contactarlos.
Los objetivos son varios: darle visibilidad a su trabajo, apuntalar sus economías familiares y fomentar el trabajo en red. En la medida que se logren esas pautas, se podrán sostener cadenas productivas regionales y será más sencillo preservar oficios tradicionales de gran patrimonio cultural.
Berta Ponce teje en Santiago del Estero. Usa un telar “plantado” o sujeto con palos fijos a la tierra. Foto: ReNATRA
“Intentamos darle voz a artesanos que trabajan de manera silenciosa y que por lo general están ocultos debajo de los intermediarios”, asegura Sofía Marré, del Centro Textil del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que trabajó en el armado del registro junto al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y la Secretaría de Cultura de la Nación.
Marré explica que el Registro Nacional de Artesanos Textiles de la República Argentina (ReNATRA) no tiene antecedentes en el país y crea un canal directo con el consumidor. “El artesano va a tener que aprender a administrar y negociar con quien los llame, pero achica el camino y le abre puertas para darse a conocer en el mercado, que pueden ser empresas, diseñadores o particulares”.
El primer aporte del registro es saber dónde están los artesanos y quiénes son: cómo se llaman, en qué parajes viven, cómo se los puede contactar y qué tipo de tejido o hilado hacen.
“Yo hago el hilado del vellón de oveja en un rueca, que es una máquina de pie. Y después sé tejer en telar de cintura y a dos agujas”, cuenta Lucrecia Cruz, que nació en Salta y ahora, a os 57 años, vive en Huacalera, muy cerca de Tilcara, en Jujuy.
Lucrecia es aimará, aprendió el oficio de su mamá y teje en grupo junto a otras 10 personas. “Hacemos guantes, mantas, pie de camas y alfombras. Le vendemos a gente que después lo vende en Buenos Aires. También vamos a ferias. Pero el oficio se está perdiendo. Lo que necesitamos son más pedidos. Nosotras podemos hacer hasta 20 piezas más por mes”, asegura y cuenta que ya tienen un perfil en Facebook.
Lucrecia Cruz compra el vellón de oveja y hace el hilado con la rueca. Teje mantas, alfombras y pie de camas en Huacalera, Jujuy. Foto: Familia Cruz
El relevamiento se empezó a trabajar en 2013 y no es definitivo, ya que se amplía a medida que se logra ubicar o se suman espontáneamente más artesanos. Hay criollos, como Berta; comunidades de pueblos originarios, como Wichí o Qom; colonias de inmigrantes europeos, como en el Litoral; y también artesanos urbanos.
“Dentro del rubro artesanos, el textil es el más numeroso del país. Son mucho más que los orfebres o los que trabajan la madera o el cuero”, asegura Roxana Amarilla, directora del Mercado Nacional de Artesanías Tradicionales de la Argentina (MATRA), que depende de la Secretaría de Cultura.
Roxana reconoce que no saben exactamente cuántos artesanos textiles hay en el país ni cuánto aportan al PBI. “Esa información es una deuda pendiente”, dice y resalta que el registro es un primer paso. Afirma que ayudar a sostener el trabajo que hacen estos 6.900 artesanos es ayudar a sostener una “manifestación viva de la cultura”.
El registro logró reunir artesanos de todas las provincias. Formosa (1.371 artesanos) Neuquén (792), Salta (511), Buenos Aires (489), Río Negro (432) y Chubut (386) son las que más artesanos relevados tiene.
Sobre el tipo de fibras, la mayoría trabaja con lana de oveja y camélidos, como llamas, guanacos y vicuñas. Aunque también hay algunos, como las artesanas wichí, que usan vegetales, como el chaguar, que es una planta fibrosa con las que tejen las carteras conocidas como yica.
Arte y Esperanza es una ONG que desde 1986 compra y vende artesanías hechas por comunidades de pueblos originarios en dos locales, uno en San Isidro (provincia de Buenos Aires) y otro en el barrio porteño de San Telmo. Trabaja con 500 artesanos de pueblos Qom, Wichí, Pilagá, Kolla, Mapuche, Guaraní, Diaguita y Chané. Y tienen un catálogo online:
“Lo que hacemos es comprarles sus productos a un precio justo y así acompañar el desarrollo y reconocimiento cultural. De hecho, pagamos los productos por adelantado. Por eso creemos que visibilizar su trabajo con este registro es importante”, considera Sebastián Homps, vocero de la ONG, que en lo que va del año invirtió $1.200.000 en la compra de artesanías, un 15% textiles.
La ONG Arte y Esperanza le compra a un precio justo las producciones de 500 artesanos de comunidades de pueblos originarios. Foto: Arte y Esperanza
La importancia productiva de la actividad artesanal textil se basa en que son muchos los actores que participan. En la obtención de la materia prima intervienen criadores de animales, esquiladores y transportistas. También hay personas que trabajan en el armado de las herramientas, como el telar y sus partes. Y dentro de ese proceso, algunos aportan maderas.
En el hilado y en el teñido se suman nuevos roles, incluso niños y niñas que hilan antes de saber tejer. En los distintos momentos de la ejecución del tejido, suele haber mujeres u hombres que tienden la urdimbre y combinan los colores en el momento del armado de la urdimbre. Luego hay quienes simplemente pasan la trama para armar el tejido.
“Esa trama social sustenta la actividad textil y, a su vez, es la actividad textil la que, en gran parte, genera profundas relaciones sociales que suelen extenderse no solo a lo largo de una familia sino a lo largo del pueblo y de una región”, analiza la investigadora del Conicet, Cecilia Pérez de Micou en el libro “Reflexiones sobre las artesanías argentinas”.
Por eso el producto textil es reconocible como originario de un lugar aunque aparezca en otro muy alejado. Estos textiles son un sello de origen, una marca de identidad que está relacionada con la aceptación tácita de todos y cada uno de los que intervienen, sigue Pérez de Micou.
Tapiz del monte de la artesana Negucha Mendoza, en Catamarca. Foto: ReNATRA.
En general, la mayoría de los artesanos hacen, en paralelo, alguna actividad. Tienen cultivos o crían animales. O tienen un empleo público de medio tiempo. Pero también hay excepciones en las que la producción de artesanía textil es el principal sostén de la economía familiar: pasa en pueblos como Londres (Catamarca), Iruya (Salta), Victorica (La Pampa) o Valcheta (Río Negro), por citar algunos.
Para Mario Vucetich, un porteño de 67 años, las artesanías textiles fueron (y son) su sustento de vida desde los 19 años. Mario es autodidacta y tiene su taller en La Paternal. “Mal no me fue. Tengo mi casa, mi auto y crié a mi hijo. Yo lo que hago son artesanías urbanas, pero con la misma técnica del telar europeo que introdujeron los españoles en el 1700”, cuenta.
Cuando alguien le pregunta cuánto tarda en hacer una manta de unos 2 metros cuadrados, tiene una respuesta armada que ayuda a explicar por qué es necesario visibilizar su trabajo, que sea rentable y que encuentre herederos de ese saber: “Me preguntás eso y te digo que tardo 40 años. Ese es el tiempo que me llevó aprender a preparar la urdimbre, enhebrar 2 mil hilos y tejer en un telar del 1700”.
El organismo de la Naciones Unidos relevó las condiciones en las que viven los adolescentes encarcelados en centros de detención del país y llegó a la conclusión de que se trata de una “medida sancionatoria ineficaz para cumplir con los fines educativos y de reinserción social”.
El estudio expone que durante el encierro suelen ser
maltratados y viven en condiciones ilegales. Además advierte que es un método
de sanción “selectivo” porque la mayoría de los adolescentes recluidos vienen de
hogares pobres, vivieron en la calle o no iban a la escuela.
Cómo llegaron a esas conclusiones. Unicef encuestó a 508 adolescentes, lo que representa el 40% de los 1305 detenidos del país que atraviesan algún conflicto con la ley penal.
Las encuestas se hicieron buscando que sean representativas del universo total, de forma tal que se pudiese establecer un diagnóstico. El trabajo ya está online y puede ser consultado.
Cuál es la trayectoria de los adolescentes. El informe es concluyente respecto a que las detenciones recaen sobre quienes durante su infancia y adolescencia fueron vulnerados en sus derechos elementales.
El 94,3% son varones, y 7 de cada 10 tiene 16 o 17 años.
La mitad no iba a la escuela cuando los encerraron. Y el 77% había repetido.
1 de cada 3 chicos encerrados llegó a vivir en la calle.
Un 14% pasó por un hogar porque sufrió violencia y maltrato en su casa.
El 61% empezó a trabajar cuando tenía menos de 16 años, la mayoría en albañilería.
La mitad de los chicos consumió cocaína y psicotrópicos (pastillas). Y 23%, pasta base.
1 de cada 4 adolescente tiene al menos un hijo a cargo.
Solo el 40% dijo haber recibido alguna ayuda del Estado en la casa donde se crió.
“El sistema de justicia juvenil es claramente selectivo”, advirtió Hernán Monath, especialista en Protección de Derechos y Acceso a la Justicia de Unicef. “El estudio muestra que los adolescentes que ingresan a los centros son los que tienen mayor vulnerabilidad y menores recursos para enfrentar tanto los riesgos sociales como el proceso penal, y eso determina que se los encierre”, agregó.
Monath fue categórico respecto del rol del Estado antes y
durante el encierro: “Hay una ausencia marcada del Estado para garantizarles tempranamente
derechos básicos, pero una intervención férrea a través del sistema penal y las
medidas de encierro cuando se les imputa haber infringido la ley”, explicó.
Qué ocurre durante el
encierro. Como la mayoría de los adolescentes no pudo acceder a derechos
fundamentales (como casa, afecto y educación), Unicef resaltó que es necesario
que los centros restituyan esos derechos. Sin embargo, en gran medida ocurre lo
contrario:
El 30% fue maltratado durante el encierro, principalmente física y verbalmente. Mayormente señalan al personal de seguridad. Y el 89% afirma que no pudo hacer ninguna denuncia.
Entre quienes sufrieron maltrato, el 3,2% aseguró que le suspendieron las comidas.
El 27% no va a la escuela durante el encierro.
El 54% nunca habló con el juez que lleva su causa y el 71% no sabe cuánto permanecerá recluido
Casi la mitad de los detenidos dijo que la comida era insuficiente.
El 48,3% de los detenidos es reiterante.
Por qué es importante el estudio. Para tener un diagnóstico respecto de cuál es el trayecto de los adolescentes detenidos y en qué condiciones están. Además, permite discutir políticas públicas con información.
“En el debate público sobre la reforma pendiente del sistema
de justicia juvenil argentino, se suelen escuchar argumentos que señalan la
necesidad de aumentar las sanciones penales, incluyendo las medidas privativas
de libertad, como estrategia adecuada para mejorar su efectividad. Sin embargo,
estos argumentos no presentan en ningún caso evidencias que permitan establecer
la relación entre el aumento de las penas y el logro de los objetivos de
inserción social y posterior desistimiento por parte de las y los adolescentes
que cumplen sanciones privativas de la libertad”, argumentó Ana de Mendoza,
representante de Unicef en la Argentina.
Qué propone Unicef.
Se deben aplicar políticas públicas para
garantizar la igualdad de oportunidades y evitar que derechos fundamentales no
estén asegurados en los niños y adolescentes.
Promover un sistema de justicia juvenil
especializado, centrado en la prevención del delito y en las causas que podrían
originarlo.
Impulsar medidas alternativas, como mediaciones,
reparación de daño, probation, entre otras herramientas.
Crear y fortalecer mecanismos de supervisión y
monitoreo de los centros de encierro.
Reforzar los programas que acompañen el egreso y
permitan el trabajo articulado con las familias.
Destinar recursos públicos suficientes al
trabajo con adolescentes.
El ajuste que impulsa el Gobierno para el presupuesto 2019 hará que el plan para construir jardines pierda financiamiento y los objetivos que Cambiemos se había planteado para ampliar la cobertura del nivel inicial se diluyan.
Del plan original de hacer 3.000 jardines durante los cuatro años de gestión, el Ministerio de Educación de la Nación reconoció que al término de su mandato habrá podido sumar 877 jardines.
En concreto, el Gobierno apuesta a construir durante 2019 exactamente 768 aulas y aumentar la capacidad de los jardines. Para este año, en cambio, había pautado sumar 3.043 aulas. Estos últimos datos fueron transparentados por el Ministerio de Hacienda en el proyecto de presupuesto que el Senado convertiría en ley el miércoles de la semana que viene.
El ajuste es empujado por una quita de fondos en el programa de “Fortalecimiento Edilicio de Jardines de Infantes”: mientras que para este año fueron asignados $ 6.063 millones, la inversión para 2019 cae a $ 2.528 millones. Es decir, sufre un reducción nominal del 41% y una caída real del 69%, contemplando la inflación del 34,8% que estima el Gobierno en el presupuesto.
“Preocupa la reducción del gasto en estos programas y la ausencia de razones explícitas que la justifiquen, sobre todo en un contexto de profundización de la desigualdad y de las brechas en el acceso al derecho a la educación”, advirtió Julieta Izcurdia, abogada del área de derechos económicos, sociales y culturales de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), que analizó el gasto público en infraestructura y equipamiento escolar.
Fuente: www.presupuestoabierto.gob.ar y proyecto de presupuesto 2019.
Otro aspecto preocupante es que de acuerdo a los datos actualizados al 5 de noviembre, de la partida para construir jardines este año sólo se usó un 29%, por lo que en lo que va del año hay una subejecución del programa.
Cómo se ajustó la promesa de los 3.000 jardines
Durante la campaña presidencial y en los primeros meses de gobierno, Mauricio Macri prometió construir 3.000 jardines para alcanzar una “cobertura universal de las salas de tres, cuatro y cinco años de edad”.
Esa propuesta luego se ajustó a crear 10.000 salas, sin contemplar si eran nuevos jardines o ampliaciones de edificios. Pero ahora y según detallaron por escrito fuentes del Ministerio de Educación, el objetivo “alcanzable” es llegar a fines de 2019 con 2.087 salas construidas, lo que equivaldría a “877 jardines promedio”.
De alcanzar ese número, representaría un aumento del 4% de la oferta, ya que en 2016 había 20.428 jardines, según datos de la Dirección de Información y Estadística Educativa.
El principal argumento por el que los objetivos fueron recortados es que hubo incumplimientos de las empresas contratistas que llevaron a rescindir contratos en varios puntos del país, como en La Pampa, por ejemplo.
Por esa razón muchas obras fueron descentralizadas y ahora las llevan adelante las provincias, pero con financiamiento nacional. En el informe escrito, el Ministerio de Educación resalta incluso que “no es bueno que el Ministerio de Educación se dedique a construir (jardines) y distraiga su función esencial”.
El nuevo objetivo, pese a ser menos ambicioso, también aparece difícil de cumplir. De acuerdo a los informes oficiales de ejecución presupuestaria, en 2017 se construyeron 25 jardines. Mientras que en los primero seis meses 2018 se hicieron 121 salas, 47 estaban en obras y 105 habían sido contratadas.
Más allá de ese diagnóstico, el Observatorio Argentinos por la Educación analizó el crecimiento de la oferta de jardines entre 2011 y 2016, y expuso que en esos seis años se crearon 959 jardines, entre públicos y privados. Sin especificar cuántos de ellos son estatales.
La falta de jardines afecta más a las familias pobres
En los últimos cinco años, la matrícula que más creció es la del nivel inicial, principalmente porque en los niveles primario y secundario están mucho más universalizados y en consecuencia hay menos margen para que crezcan: 99% y 88% de los chicos, respectivamente, van a la escuela. En cambio, para el inicial (de 3 a 5 años) esa tasa es hoy del 74%.
Fuente: Observatorio Argentinos por la Educación.
Pero más allá de que la cobertura creció casi 7 puntos porcentuales, el Observatorio Argentinos por la Educación señala que los niños y niñas que van a jardines privados son proporcionalmente muchos más que en lo que ocurre en la primaria y la secundario de todo el país, donde tres de cada 10 chicos van a colegios privados.
Eso ocurre principalmente por la falta de jardines públicos. Algunos ejemplos: en la sala de bebés de 45 días a un año, sala de 2 y sala de 3, el 50,2% de los niños matriculados va a jardines privados. En sala de 4 es del 30,1% y en la de 5 es del 28,1%, trayectos que por ley son obligatorios y por eso el Estado ofrece más opciones.
“Lo que dicen estas cifras es que al faltar vacantes en salas de 45 días a tres años, las familias deben recurrir al sector privado”, le explicó a RED/ACCIÓN Rut Kuitca, vicepresidenta de la Organización Mundial para le Educación Preescolar, y remarcó que en las familias pobres no pueden pagar una cuota y desisten de mandarlo a un jardín, lo que “abre una desigualdad de oportunidades a edad temprana”.
Qué pasó. Más de 50 representantes de bancos de alimentos del país se reunieron la semana pasada en Tucumán para potenciar el trabajo en red y analizar las oportunidades de rescate de alimentos que se abren a partir de la reciente aprobación de la ley Donal, que incentiva las donaciones de alimentos.
En este sentido, se presentó un plan para incorporar una aplicación que permita conectar fácil y rápidamente a quienes tienen alimentos para donar con los bancos de alimentos. El trabajo lo hará la Red Argentina de Bancos de Alimentos (REDBdA) y Nilus, una organización sin fines de lucro que aplica tecnología y modelos de economía colaborativa para reducir las pérdidas y los desperdicios de alimentos.
Nilus ya creó una plataforma de crowdsourcing –como se conoce a la colaboración masiva en Internet para resolver un problema– que funciona a través de geolocalización. En ella, las empresas o supermercados avisan que están por desechar alimentos y Nilus le ofrece estos alimentos a los comedores de su red.
Por qué es importante. Los referentes reunidos en Tucumán trabajaron sobre las nuevas oportunidades de rescate de alimentos que se abren a partir de la aprobación de la ley.
Según estimaciones de la red, la nueva normativa permitiría pasar de rescatar 9 millones de toneladas de alimentos a 30 millones de toneladas; aumentar de 2.100 a 5.000 el número de organizaciones comunitarias que reciban las donaciones; y extender las personas beneficiarias de 300.000 a 800.000.
Unos 50 representantes de bancos de alimentos se juntaron en Tucumán. Crédito: REDBdA
El Encuentro Nacional de Bancos de Alimentos se hizo el 30 y
31 de octubre, fue organizado por la red y tuvo como anfitrión al Banco de Alimentos de
Tucumán.
“La red tiene como misión potenciar el trabajo conjunto
de los bancos de alimentos para reducir el hambre, la malnutrición y el
desperdicio de alimentos en nuestro país. El enorme volumen de alimentos que se
pierden y desperdician en la Argentina cada año mientras 1 de cada 5 niños no
accede a los alimentos que necesita, nos desafía a multiplicar el impacto”,
aseguró Natascha Hinsch, directora ejecutiva de la REDBdA.
Quiénes conforman la red. Agrupa a 15 bancos de alimentos, 3 en formación, 2 iniciativas y 2 organizaciones adherentes, por lo que tiene presencia en 11 provincias. Fue creada en 2003 como una iniciativa para potenciar el trabajo conjunto, acompañar su desarrollo, fomentar la creación de nuevos bancos y favorecer alianzas estratégicas que contribuyan a la construcción de una Argentina bien nutrida y sin hambre. Además es miembro certificado de The Global Foodbanking Network.
Cómo colaborar. Hay diferentes maneras de sumarse a la misión de la red. Donando dinero, ya que por cada $13 distribuimos 8 platos de comida a quienes pasan hambre. Pero también se puede ayudar como voluntario, acercando donaciones o ofreciéndose como transportista.
Querés colaborar. Encontrá el banco más cercano a tu casa en el sitio de la red:
El país sumó en 2018 tres parques nacionales y el Congreso se prepara para aprobar la creación de otros cuatro, lo que puede hacer que la última década sea una de las más prolíficas en cuanto a conformación de áreas protegidas nacionales.
Sin embargo, la Argentina necesita preservar 10,8 millones de hectáreas más para lograr que el 17% de la superficie terrestre nacional tenga algún resguardo antes de 2020, tal como se comprometió el país en el Convenio sobre la Diversidad Biológica, el acuerdo de mayor consenso internacional.
Ese incremento de áreas protegidas debe darse esencialmente en regiones que están poco protegidas y en muchos casos muy degradadas: Gran Chaco, Espinal, Pampa, Delta y Altos Andes.
Hoy el país tiene 46 parques o reservas naturales nacionales. Mantienen intangibles 4,6 millones, dos veces la superficie de la provincia de Tucumán. Pero ese espacio no es representativo de todas las ecoregiones.
Mientras en el sur el 32% de los Bosques Patagónicos están preservados, el resto de las regiones no llega al 6%. Y hay áreas como los pastizales pampeanos que solo tienen el 0,01% de sus suelos protegidos, tal como lo expone el siguiente gráfico:
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Si a las áreas protegidas nacionales se le suman las reservas provinciales y municipales, el país alcanza las 36,6 millones de hectáreas protegidas en 483 áreas. Eso representa el 13% del territorio, lo que ubica al país por debajo del promedio mundial del 15%, según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
Por eso la Argentina necesita incorporar 10,8 millones de hectáreas más para alcanzar la meta internacional del 17%.
Al ordenar las zonas protegidas por provincia queda expuesta la baja preservación de tierras en Córdoba (0,72%), La Pampa (0,76%), Santiago del Estero (1,50%), Buenos Aires (5,10%) y San Luis (5,55%).
Esas referencias coinciden justamente con la poca protección que existe en las regiones mencionadas al principio de esta nota.
Fuente: Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación.
Un sistema originado desde el sur
“El sistema de parques nacionales ofrece una gran
preservación de Bosques Patagónicos porque cuando nace la figura había grandes
superficies fiscales en esa zona y porque en aquel momento la conservación
estaba más asociada al paisajismo”, explica Hernán Giardini, coordinador de la
campaña de Bosques de Greenpeace.
Los primeros seis parques fueron creados entre 1934 y 1937. Más allá de Iguazú, los otros cinco resguardaron bosques de la Patagonia. Esos parques -Nahuel Huapi, Los Glaciares, Perito Moreno, Los Alerces y Lanín- conservan 2,2 millones de hectáreas, la mitad del área que cubren todos los parques del país.
El 32% de los Bosques Patagónicos está protegido por parques. Foto: Administración de Parques Nacionales.
Entre la década del ‘40 y de los ‘80, no hay una gran expansión de los áreas protegidas. Pero en los ‘90 se produce un importante crecimiento del sistema, con la creación de 11 parques y el objetivo puesto en asegurar la biodiversidad y proteger especies amenazadas.
“Existe en la década del ‘90 una decisión de ampliar el
sistema de la mano de especialistas que venían de la conservación y se sumaron
a la gestión pública, como Juan Carlos Chébez. Y también porque hay mayor
participación de las provincias, que son las que deben ceder la jurisdicción
ambiental a Parques Nacionales para que se pueda crear un área protegida”, explica
Sofía Heinonen, presidenta de la Fundación Flora y Fauna.
Un tironeo político y
económico
La dificultad de conformar parques nacionales en las zonas subrepresentadas son varias. La primera tensión es económica.
“Donde el suelo es productivo es más complejo porque hay más intereses. Me refiero a zona donde predomina la agricultura y la ganadería, como el espinal o la pampa; o la minería en los Altos Andes, en San Juan”, apunta Giardini.
Heinonen remarca que para preservar áreas de Espinal o Pampa habría que hacer más bien un trabajo de restauración, ya que en gran medida es una región que se perdió. “La selva de Montiel, en Entre Ríos, o la depresión del río Salado, en Buenos Aires, podrían ser zonas donde el monte tiene cierta conservación y sería importante impulsar áreas protegidas”, considera Heinonen.
La ecoregión del Gran Chaco es una de las menos resguardadas por parques. Foto: Administración de Parques Nacionales.
El Gran Chaco representa una quinta parte del suelo argentino, pero los parques nacionales preservan el 0,56% de la subregión del Chaco Húmedo y el 0,93% del Chaco Seco.
“En esta región hay que crear áreas protegidas extensas, que agrupen zonas de valor paisajístico, ríos, puntos de avistaje de fauna y buenos accesos. De esa manera, el parque podrá generar una productividad asociada al turismo, algo que pueden aprovechar las comunidades de los alrededores, muchas de ellas muy pobres”, explica Heinonen y marca un segundo desafío, más político: que las provincias asuman un rol protagónico para impulsar nuevas áreas protegidas en la zona.
De las 5,6 millones de hectáreas que ocupan el Delta y las Islas del Paraná, apenas 11 mil están protegida por parques o reservas nacionales. “En esa zona hay mucho desarrollo urbano por lo que sería importante ampliar el área de conservación. Y también asegurar las nuevas formaciones, ya que el Delta está en continuo crecimiento”, señala Heinonen.
Los Altos Andes es una de las regiones que necesita ampliar su sistema de resguardo. Foto: Administración de Parques Nacionales.
Cuatro futuros parques nacionales
En lo que va de 2018 se crearon tres parques nacionales: Aconquija, en Tucumán; Traslasierra, en Córdoba; y Ciervo de los Pantanos, en el partido bonaerense de Campana.
Además hay cuatro proyectos de ley para conformar nuevas áreas: Iberá, en Corrientes; Mar Chiquita, en Córdoba; y Yaganes y Burdwood II, dos parques nacionales marinos.
Aconquija, Iberá y Mar Chiquita son áreas que se consolidaron o están a punto de hacerlo gracias a la compra y donación de tierra por parte de filántropos, un patrón que marca el modelo de expansión de esta década: los nuevos parques nacionales se consolidan principalmente por la donación de tierras por parte de fundaciones como las creadas por el estadounidense Douglas Tompkins –fallecido- o el suizo Hansjörg Wyss.
“Los proyectos sobre la superficie terrestre nos permitirían
incrementar en un 25%, aproximadamente, el área continental protegida por
parques nacionales. Mientras que con las dos áreas marinas llegaríamos al 10%
de todo el Mar Argentino”, aseguró Emiliano Ezcurra, vicepresidente de la
Administración de Parques Nacionales.
El rol de las áreas protegidas
Son una estrategia fundamental para la conservación a largo plazo de la diversidad biológica y cultural. También ayudan a proteger cuencas hidrográficas y suelos; colaboran con la regulación del clima; y proveen recursos y materias primas, alimentos y medicinas.
Además contribuyen al control biológico de plagas y enfermedades; y brindan el marco ideal “in situ” para la investigación científica, la educación y la capacitación ambiental.
También permiten el desarrollo de actividades turísticas y recreativas sustentables que habilitan el desarrollo social y económico local y regional.
Plantaron árboles, limpiaron la escuela, arreglaron aulas, armaron una biblioteca o mejoraron caminos de acceso. Lo hicieron un mismo día, el 26 de octubre pasado, y en todos los casos lo festejaron jugando al fútbol. La movida la organiza desde hace 10 años la Red Comunidades Rurales y este año sumó la adhesión de Naciones Unidas.
El viernes pasado no fue un día como cualquier otro en muchísimas escuelas rurales del país y del mundo. Ese día, y por una iniciativa argentina, la comunidad educativa de 600 escuelas de 50 países llevaron adelante acciones solidarias de todo tipo.
Hay quienes decidieron plantar árboles, limpiar la escuela, desmalezar el entorno, reciclar basura, arreglar aulas o armar una biblioteca. Otros acordaron equipar una sala de computación, crear una plaza con juegos, mejorar los caminos para que pueda llegar una ambulancia, pintar un mural o simplemente hacer una peña.
Pero hay dos aspectos que atravesaron a todos los docentes, alumnos y familiares: lo hicieron un mismo día, el viernes 26 de octubre, y en todos los casos se festejó de una misma forma: jugando al fútbol.
La movida lleva el nombre de Encuentro Global de Fútbol Comunitario Rural, es organizado desde hace 10 años por la Red Comunidades Rurales, una ONG argentina, y este año tuvo un espaldarazo institucional internacional: recibió la adhesión oficial del Programa de las Naciones Unidades para el Desarrollo (PNUD).
En Río Blanquito, Salta, plantaron árboles nativos. Crédto: Almudena Van der Ghote.
“El principal objetivo es compartir el sentido comunitario mediante el ejemplo y con los recursos disponibles, fortaleciendo de ese modo los lazos entre alumnos, docentes, familiares y miembros de la comunidad. Se trabaja uniendo voluntades por una meta común que es planificada y organizada en cada lugar, sin importar lo lejos o aislado que se encuentre”, cuenta Patricio Sutton, director Ejecutivo de la Red Comunidades Rurales, cuya misión es articular esfuerzos y movilizar recursos para acompañar el desarrollo de los pobladores rurales.
El encuentro sirve para que niñas, niños y jóvenes en edad escolar puedan vivenciar cómo sus familiares, maestros, profesores y otros miembros de su comunidad se unen con un objetivo en común: hacer algo que beneficie a su escuela o comunidad.
De arreglar un pizarrón a dar charlas productivas
En la escuela N°149 de Fortuna, San Luis, el encuentro generó varias iniciativas. “La comunidad está colaborando para reparar los pizarrones, arreglando el jardín y colocando juegos en el patio. También se construyó la cancha de pelota al cesto y se marcó una canchita de fútbol. Y se comenzó a marcar una de vóley playero”, enumera Mónica Maricel Fernández, directora de la escuela.
En Fortuna, San Luis, hicieron mejoras el parque. Crédito: Mónica Maricel Fernandez.
“También contamos con el apoyo de la Municipalidad de nuestro pueblo, que nos envió la máquina para emparejar el terreno. Y médicos veterinarios y un ingeniero agrónomo se acercaron para dictar un curso de triquinosis porque en nuestra zona se caza el jabalí y para muchos ese es su sustento”, agrega Fernández.
En Río Negro, también hubo actividades. La directora Sandra Hernández, de la escuela N°143 de Valle Azul, contó que para el encuentro hicieron una rampa de acceso para personas con movilidad reducida y carteles viales. Y que también pintaron parte de la escuela.
La actividad en Formosa fue interprovincial. Hubo un partido de fútbol entre chicas de las escuelas de Mayor Villafañe (Formosa) y José de San Martín (Chaco). Carlos Mareco, director de la escuela formoseña, explica que se reunieron en un encuentro para erradicar la violencia de género y promover el empoderamiento de las.mujeres. Además armaron un ropero comunitario para familias vulnerables de ambas comunidades.
Entre las escuelas de otras partes del mundo que se sumaron al encuentro, muchas compartieron sus experiencias a través de las redes sociales de la Red Comunidades Rurales.
Hubo movidas en colegios de Chile, Perú, Italia, Turquía y Serbia, por enumerar algunos. En Kampala, Uganda, la comunidad de un orfanato se juntó para limpiar el predio del orfanato y la escuela.
En Tailandia, Malasia y Bhután, el impulsor del encuentro en esos países, Kalaimani Supramaniam, detalló que juntaron útiles y libros para bibliotecas escolares.
En Tailandia, los docentes consiguieron 10 bicicletas para sus alumnos. Crédito: Kalaimani Supramaniam.
Un deporte que transciende culturas y clases sociales
La iniciativa nació en 2008. La idea fue impulsada por la Red Comunidades Rurales luego de una charla con docentes y directivos durante una visita en octubre de 2008 a una escuela rural en el medio de la selva salteña.
Hablaban de la necesidad de algo que movilizara a la comunidad y la respuesta estaba frente a sus ojos: mientras conversaban sobre los desafíos que representa construir una comunidad educativa y lograr el involucramiento y participación de las familias, los chicos y chicas de distintas edades jugaban al fútbol durante el recreo.
La propuesta entonces fue organizar un encuentro local de fútbol para celebrar esas acciones comunitarias. Cada uno desde su lugar sin importar cuán lejos o aislada se encuentre la escuela y comunidad. La fecha: el último viernes de octubre.
Aprovechando, los referentes que la red conocía en otros países y de argentinos que vivían en el exterior, la primera edición reunió a 50 escuelas de Argentina, Uruguay, Malasia y Sri Lanka.
La 10° edición, en tanto, llegó a los 50 países de todos los continentes. “El fútbol es un gran espacio de encuentro porque trasciende clases sociales, lenguas y cultura”, considera Sutton.
Si trabajás en una comunidad rural y querés sumarla al encuentro, podés anotarte como impulsor en la Red Comunidades Rurales:
La edición del viernes pasado obtuvo un respaldo internacional que hace pensar en una edición 2019 todavía más transcendente. El Programa de las Nacionales Unidad para el Desarrollo (PNUD) sumó su adhesión al Encuentro Global de Fútbol Comunitario Rural.
El objetivo es unir esfuerzos con la Red Comunidades Rurales para impulsar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), como el hambre cero, el trabajo decente y la igualdad de género, entre otros, en cientos de escuelas y comunidades rurales de Argentina y muchos otros países.
Morimoto, directora de PNUD en Argentina, adhirió al encuentro. Crédito: PNUD Argentina.
“Cada uno de nosotros, en el lugar donde vivamos, está en capacidad de hacer algo para lograr los 17 Objetivos. Las comunidades que se organizan, crean espacios y lazos comunes, y pueden traducir en acciones concretas el mensaje del cuidado de las personas que las integran, de su ambiente y de sus recursos, son los cimientos de esta visión. Esperamos contribuir con la Red Comunidades Rurales para que esta visión sea una realidad”, resumió Silvia Morimoto, directora de PNUD en Argentina.
Fotos: Red Comunidades Rurales. Foto de portada: Vilma González.
Empresas como Coca Cola, PepsiCo, Danone y Unilever firmaron ayer un compromiso para eliminar los envases plásticos innecesarios y sustituir los modelos descartables. Buscan que en 2025 todo el embalaje de plástico se pueda reutilizar y reciclar de forma fácil.
Qué pasó. Más de 250 organizaciones, entre las que se encuentran algunos de los mayores productores de envases plásticos, firmaron ayer en Bali, Indonesia, un acuerdo global que busca “erradicar” la generación de residuos y la contaminación por plásticos.
El “Acuerdo Global de la Nueva Economía del Plástico” está liderado por la ONG británica Fundación Ellen MacArthur en colaboración con la ONU Medio Ambiente y fue presentado durante la 5° conferencia internacional Nuestro Océano (Our Ocean).
Eliminar los envases plásticos problemáticos o innecesarios y sustituir los modelos de empaques desechables con otros reutilizables.
Innovar para garantizar que 100% del embalaje de plástico se pueda reutilizar, reciclar o compostar de forma fácil y segura para 2025.
Aumentar significativamente las cantidades de plásticos reutilizados y convertidos en nuevos empaques o bienes para circular el plástico que ya se ha producido.
Quiénes lo acordaron. Ente los firmantes hay compañías que utilizan el 20% de los envases de plástico producidos a nivel mundial, entre las que figuran Danone, Grupo H&M, L’Oréal, Mars Incorporated, PepsiCo, The Coca Cola Company y Unilever.
También asumieron el compromiso grandes productores de envases como Amcor y fabricantes de plásticos como Novamont y el especialista en gestión de recursos Veolia.
Por qué es importante. Según la ONU, el impacto del plástico en el ambiente es muy grave:
Desde 1950 a hoy se generaron más de 8.300 millones de toneladas de plástico, la mayoría productos descartables.
Alrededor de 13 millones de toneladas de plástico son tiradas en los océanos cada año, afectando la biodiversidad, la economía y potencialmente nuestra salud.
El plástico puede tardar más de 400 años en degradarse, así que la mayoría del material todavía existe en alguna forma.
El 99% de los plásticos se producen a partir de productos químicos derivados del petróleo, el gas natural y el carbón, todos los cuales son recursos no renovables.
Si siguen las tendencias actuales, para 2050 la industria del plástico requerirá el 20% del consumo total de petróleo del mundo.
Qué pasa en la Argentina. Hace dos semanas, la Secretaría de Ambiente de la Nación presentó el Informe de Estado Ambiental y le dedicó algunos párrafos al plástico:
En 2014 se reciclaron 235.000 toneladas de plástico, lo que representa apenas el 12 % del total generado. Pero en 2016 ese recupero bajó a las 200.000 toneladas.
Exactamente 75 pymes y grandes empresas del país adoptaron como propósito generar mejoras sociales y ambientales. Lo incluyen en sus estatutos y certifican ese compromiso con una norma internacional conocida en el país como Sistema B. Se trata de un modelo mundial en el que la aspiración ya no es ser la mejor empresa del mundo sino la mejor para el mundo. ¿Cuáles son las firmas nacionales que tomaron este camino?
El negocio de Matías Portela es negocio para todos. Es un círculo virtuoso para la ciudad de Córdoba. Si vende más juegos para chicos, habrá más nenes desafiando su ingenio. Los cartoneros que le consiguen el material que usa para hacer las casas, castillos y aviones para armar y colorear sumarán más ingresos.
Las fábricas que recorren los cartoneros en busca de descartes enviarán menos basura al relleno sanitario. Y las mujeres de barrios humildes que se encargan de la terminación de los juegos y el empaquetado tendrán más trabajo.
Cuando Matías, un ingeniero industrial de 34 años, renunció a su carrera en Volkswagen, lo hizo para idear un negocio en el que no hubiese perdedores: “Desde 2011, cuando nació Ondulé, hasta hoy vendimos 92 mil juguetes, reciclamos 47 mil kilos de cartón y le dimos empleo estable a 15 mujeres que trabajan desde sus casas, jamás le financiamos el pago y respetamos sus plazos de entrega”.
La pyme de Matías es una de las 75 empresas del país que lograron certificar como empresas B o Benefit corporations, según su nombre en inglés. Se trata de un modelo de negocio que además de buscar la rentabilidad tiene como propósito conseguir un impacto social y ambiental positivo.
Ondulé produce juegos con cartón reciclado por cooperativas.
El propósito es parte del ADN y también del estatuto
“A diferencia de los programas de Responsabilidad Social Empresaria (SRE) o las donaciones, la empresa B tiene ese propósito como génesis. Sucede desde adentro, es parte de su ADN”, explica Francisco Murray, director Ejecutivo de Sistema B, representante en la Argentina de B-lab, la ONG estadounidense que en 2007 desarrolló la herramienta de evaluación de sostenibilidad y el proceso de certificación para empresas llamadas de triple impacto: económico, social y ambiental.
En 2013, un año después de aterrizado el modelo en la Argentina, en el país había 15 empresas certificadas. Cinco años después se multiplicaron por cinco hasta llegar a las 75 que existen hoy.
“Crece la cantidad de empresas B porque hay mayor compromiso de los empresarios, que entienden que ya no alcanza con pagar los impuestos y que el Estado se encargue del resto. Estos emprendedores entienden que lo correcto es buscar el propósito dentro de la misma empresa”, analiza Murray, que en su época de emprendedor fundó Páez, una empresa de calzado que certificó como empresa B.
Mientras que en toda América Latina hay 414 empresas trabajando bajo esa filosofía, la Argentina es el tercer país de la región con más firmas dentro del ecosistema, solo detrás de Chile y Brasil. En el mundo, en tanto, son 2.655.
El propósito que trabaja cada empresa debe ser incluido en el estatutos, de modo que sus directores y gestores deben rendir cuentas ante los accionistas, por ejemplo, sobre el impacto logrado. Y al mismo tiempo, los directores pueden no ceder ante un reclamo de los accionistas orientado a trabajar exclusivamente en la rentabilidad.
“Cuanto más crecemos, más gente tiene agua para tomar”
A las empresas que persiguen este modelo les gusta decir que no pelean por ser la mejor empresa del mundo sino la mejor empresa para el mundo. Mucho de eso hay en la historia de Proyecto Agua Segura, el emprendimiento que hace tres años creó el médico Nicolás Wertheimer, de 29 años.
“Cuanto más crecemos, más gente va a tener agua para tomar”, dice Nicolás, que empezó él solo comercializando unos filtros suizos para que las comunidades aisladas del país puedan purificar y tomar el agua de ríos, lagunas o de lluvia.
Proyecto Agua Segura busca dar accceso al agua en comunidades aisladas.
Ahora, la firma tiene 20 empleados y trabaja con varias ONG, empresas y el sector público. “Hacemos diagnósticos, relevamientos e instalaciones que buscan asegurar el acceso al agua a través de distintas tecnologías”, cuenta y revela que la decisión de dejar la guardia del hospital municipal de Vicente López por este proyecto fue muy sencilla: “Puse en Google la frase ‘inventos que cambian el mundo’ y me apareció el filtro que después traje al país”.
Entre las empresas B argentinas no hay un rubro que predomine ni una facturación promedio. Lo único que las une es la convicción de combinar el negocio con aportes sociales y el cuidado del ambiente en el que se desarrolla.
Hay bodegas que cuidan el ambiente al extremo, textiles que trabajan con telas recicladas, proyectos forestales sustentables, imprentas que solo trabajan con materiales biodegradables, productoras de agua, restoranes que no desperdician nada de comida, joyerías que reutilizan cuero de descarte y empresas que se dedican exclusivamente a aprovechar la basura.
Hay emprendimientos pequeños y empresas multinacionales, como Danone y Natura. Y también empresas históricas, como la licorería Porta Hermanos, fundada en 1882 y actualmente con 550 empleados.
“Nuestro crecimiento estará siempre enfocado a generar valor a la sociedad en la que vivimos y a nuestra gente y sus familias, en particular. Más empleo, de mejor calidad, y sustentable. Más oportunidades para nuestra gente, mayor vinculación con nuestros vecinos. Mejor utilización de los recursos, mayor eficiencia energética. Procesos que recuperen subproductos con la meta de reducir la generación de residuos”, cuenta Inés Castro Castellanos, directora de Institucional y Marketing de Porta.
Porta tiene 550 empleados y uno de sus propósitos es lograr que progresen.
El modelo también ofrece ventajas competitivas
Además de la vocación de colaborar con la comunidad, las empresas que certifican también encuentran beneficios. Como la certificación debe renovarse cada tres años, promueve un proceso de mejora continua; además logran un mejor posicionamiento porque suelen ser destacadas por los medios e invitadas a eventos; y atraen talentos, ya que muchos jóvenes prefieren trabajar en una empresa que tiene propósitos sociales y ambientales.
“También se les abren mercados internacionales. Porque muchos países buscan y pagan más por productos que tienen esta certificación”, señala Pedro Cascales, director de Comunicación de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde tiene una serie de programas para capacitar y formar a las pymes en iniciativas sociales y ambientales.
Por ejemplo, trabajan en eficiencia energética y en tres programas federales para colaborar en comunidades vulnerables con útiles escolares, al inicio declases; abrigos, cuando arranca el invierno; y regalos, en la previa de las fiestas de fin de año.
Otro beneficio es el de ser parte del ecosistema B, ya que muchas empresas prefieren elegir proveedores que tengan la misma filosofía. “Dos de nuestros clientes son empresas B, pero también tenemos de cliente a Mercado Libre, que nos elige por el propósito que tenemos”, cuenta Andrea Jatar, quien en 2014 fundó una empresa de viandas y catering.
Andrea tiene 50 años y es ingeniera en sistemas. Después de trabajar 20 años como empleada en una consultora, decidió abrir De la Olla, una empresa que prepara y entrega a domicilio viandas saludables. El negocio genera varios impactos. Uno social, porque emplea a personas con discapacidades; y otro ambiental, porque los envíos los hace en envases retornables y porque toda la materia prima que usa son productos orgánicos.
“Y un tercer impacto es en la salud, porque quienes consumen nuestras viandas reciben una comida saludable”, asegura Andrea, que estudió gerenciamiento de cocina en la escuela del Gato Dumas.
De la Olla prepara viandas con alimentos orgánicos y emplea discapacitados.
El proceso de certificación como empresa B puede llevar hasta un año. Comienza con un cuestionario de unas 200 preguntas sobre cinco áreas de la empresa: gobernanza, modelo de negocios, prácticas ambientales y laborales. Para poder seguir el proceso de certificación hay que lograr que el puntaje que se obtiene luego de contestar las preguntas no baje de 80.
Por ejemplo, Proyecto Agua Segura obtuvo 108,9, De la Olla sacó 129,1 y Ondulé 86,2. Los resultados de todas las empresas que certificaron pueden revisarse en el sitio web.
Luego del cuestionario y de verificar el puntaje, es necesario presentar la documentación así como también recibir y superar una auditoría.
Quienes ya certificaron y también los que lideran Sistema B ahora trabajan para que a nivel nacional haya una ley que reconozca a este tipo de empresas, tal como existe en países como Estados Unidos e Italia.
El proyecto de ley, que ya está redactado y fue enviado al Congreso por el Poder Ejecutivo, se encuentra en análisis en la cámara de Diputados. “La ley no propone alcanzar un beneficio impositivo, sino que el objetivo es identificar, reconocer y promover a los emprendimientos de impacto social y ambiental. Los diversos beneficios surgirán del mercado o de políticas que el Estado pueda implementar a través de programas de compras públicas preferenciales, facilidades de acceso al crédito o a fondos”, explicaron desde Sistema B.
Si tenés una empresa y querés saber cuál es el impacto social y ambiental de tu negocio podés medirlo con este test gratuito
El Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología premiará mañana a los 10 equipos docentes de ocho provincias del país ganadores del certamen que desde hace tres años distingue a los maestros que lograron mejoras en el aprendizaje de los estudiantes a partir de proyectos innovadores.
En esta tercera edición de “Maestros Argentinos” participaron 1.400 proyectos de todo el país y ya hay 10 finalistas, quienes se repartirán $ 2,9 millones para fortalecer o expandir el proyecto con la compra de materiales y equipos, o con capacitaciones.
Mañana a las 9 en el Centro Cultural Kirchner, el Ministerio anunciará cuál de esos 10 equipos se quedará con el primer premio y quienes ocuparán los siguientes lugares, ya que el reconocimiento económico va desde $ 1.000.000 para el primero a $ 100.000 para el décimo.
Acá te contamos quiénes son, de qué escuelas y qué iniciativas tuvieron los 10 equipos docentes que serán premiados.
Proyecto: LEER Lecturas Expandidas en Red
Escuelay ubicación: Primaria 15, Florencio Varela, provincia de Buenos Aires
Nivel y modalidad: Primaria común
Síntesis del proyecto: Los docentes proponen que los estudiantes de 4° y 5° grado descubran la pasión por la lectura en voz alta a través de distintas etapas: desde la lectura como una propuesta de juego, hasta la grabación de cuentos y socialización de los audios en un sitio web. Los chicos comparten sus lecturas en Internet con estudiantes de otras escuelas del país y de América Latina. De esta manera el proyecto ha ayudado a mejorar los indicadores de lectocomprensión, así como reducir los elevados índices de repitencia que presentaba la escuela.
Proyecto: El arte como mediador de la inclusión
Escuela y ubicación: Espacial 1, Posadas, Misiones
Nivel y modalidad: Primaria especial
Síntesis del proyecto: El proyecto consiste en la formación de una compañía de danza inclusiva a través de talleres y participación en distintos eventos. El plan tiene un impacto altamente positivo en los niños con discapacidades y sus familias, promoviendo el desarrollo de competencias comunicacionales, capacidades artísticas, la construcción de valores para la convivencia y el fortalecimiento de vínculos afectivos. Trabajan el desarrollo de aprendizajes significativos integrando contenidos de danzas, educación física, arte y tecnología.
Proyecto: Cultivo in vitro de especies autóctonas junto a pueblos originarios
Escuela y ubicación: Agrotécnica “Prof. Miguel A. Torres”, Tafí del Valle, Tucumán
Nivel y modalidad: Secundaria técnica
Síntesis del proyecto: El avance de la urbanización en zonas rurales redujo el espacio para el cultivo natural de plantas ancestrales de los pueblos originarios, poniendo en peligro su supervivencia. Para enfrentar esa problemática, docentes y estudiantes de la escuela se contactaron con representantes de los pueblos originarios, investigaron sobre los aspectos culturales y biológicos de las plantas ancestrales y experimentaron para desarrollar cultivos in vitro de especies vegetales autóctonas. Se destaca por la extensión a la comunidad, innovación y protagonismo de los estudiantes, quienes no sólo desarrolla el cultivo sino que además capacitan a los pueblos originarios para replicar la experiencia.
Proyecto: La escuela rural, el mejor lugar para prevenir la hidatidosis
Escuela y ubicación: Primaria 35, Olavarría, provincia de Buenos Aires
Nivel y modalidad: Primaria rural
Síntesis del proyecto: La hidatidosis es una peligrosa zoonosis endémica en la zona rural de Olavarría que se transmite por el ganado ovino y estos la contagian a los perros llegando así a los humanos. Desde 2014, docentes y estudiantes de la escuela han organizado campañas de prevención y hábitos saludables para concientizar a la población poniendo en acto conocimientos de ciencias naturales, ciencias sociales, matemática, lengua, educación artística y uso de nuevas tecnologías. También llevan adelante, con colaboración del municipio, la entrega de pastillas antiparasitarias que envía la Dirección de Zoonosis provincial con sede en Azul.
Proyecto: Mi escuela al escenario
Escuela y ubicación: Primaria 9, Saladillo, provincia de Buenos Aires
Nivel y modalidad: Primaria rural
Síntesis del proyecto: Es una acción colectiva de toda la escuela (estudiantes, docentes, directivos, auxiliares y padres) para poner en juego los contenidos curriculares a partir de la realización de puestas de danza y teatro. Los estudiantes suben al escenario, actúan, bailan o se responsabilizan de los soportes audiovisuales, de tramoyas, iluminación y sonido. También en muchos casos actúan auxiliares o docentes. En tareas como la propuesta e investigación de las obras a interpretar, el montaje o la difusión los estudiantes trabajan capacidades de áreas como prácticas del lenguaje, ciencias sociales y educación artística.
Proyecto: Producir Educando
Escuela y ubicación: Técnica 1, Paso de los Libres, Corrientes
Nivel y modalidad: Secundaria técnica
Síntesis del proyecto: Surge de observar que muchas veces los artículos ortopédicos de fabricación comercial no se adaptaban a las necesidades de los estudiantes y habitantes de Paso de los Libres, entre otros aspectos, por lo irregular del terreno. Por eso, desde 2001 los estudiantes de la escuela idean, prototipan y construyen artículos ortopédicos adaptados al contexto de su distrito.
Proyecto: Tejiendo redes de cooperación, el juego nos une
Escuela y ubicación: Centro Educativo Provincial Integral 21 (Unidad Penitenciarias 21 y 22), Cutral-Có, Neuquén
Nivel y modalidad: Primaria en contexto de encierro
Síntesis del proyecto: Reúne a estudiantes de dos unidades de detención, una de ellas de máxima seguridad. A partir de la creación de juegos didácticos en madera y materiales reciclables para otras escuelas de la provincia, el proyecto hace partícipes a los estudiantes de una tarea colaborativa y cooperativa que colabora en su resocialización. Ya han llegado a muchas escuelas de la provincia, con más de 2000 chicos beneficiados, colaborando también a disminuir la deserción escolar.
Proyecto: Revestimos reciclando por un mundo mejor
Escuela y ubicación: Técnica 1, Caleta Olivia, Santa Cruz
Nivel y modalidad: Secundaria técnica
Síntesis del proyecto: Surge de la observación de los estudiantes sobre la falta de pavimentación en muchas calles de Comodoro Rivadavia. El equipo docente propuso la construcción de revestimientos asfálticos y para veredas incorporando materiales reciclados para hacerlos más sustentables y resistentes. Se evidencia un proceso de “aprender haciendo” donde los jóvenes son participantes activos y protagonistas del proyecto, a cargo de investigar, producir y relacionarse con otros actores de la comunidad, y donde la escuela se convierte en un laboratorio.
Proyecto: EsTuArte
Escuela y ubicación: Secundaria Artística 788, Lago Puelo, Chubut
Nivel y modalidad: Secundaria artística
Síntesis del proyecto: Proyecto de jornadas de talleres artísticos abiertos a la comunidad desarrollado en una escuela con las dos especialidades artísticas: Artes visuales y nuevos medios y Teatro popular. EsTuArte concentra, refleja y canaliza la identidad artístico-cultural de la comunidad durante una semana en que se desarrollan distintas propuestas artísticas, exposiciones, talleres y producciones. Integra en forma transversal, como metodología de trabajo, la labor de todos los docentes de la escuela.
Proyecto: Vigilantes del Agua
Escuela y ubicación: Secundaria 124, ciudad de Córdoba
Nivel y modalidad: Secundaria común
Síntesis del proyecto: Los estudiantes de 6° año se propusieron abordar la principal problemática ambiental del barrio: la contaminación del agua por efluentes cloacales. Investigaron y evaluaron distintas alternativas y optaron por una solución natural para depurar de contaminantes químicos el agua a través de la fitorremediación, formando lagunas artificiales donde la acción de las algas permite purificar el agua. El proyecto integra conocimientos de disciplinas como metodología de la investigación, química, ecología y ambiente, desarrollo y sociedad.
Fotos: Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.
Qué pasó. La decimocuarta Campaña Nacional de Recaudación de Medicamentos que organizó la Fundación Tzedaká fue un éxito. Este año, unas 300 instituciones de todo el país se sumaron como sitios receptores de las donaciones que ayudan a abastecer al Banco Comunitario de Medicamentos, un centro que asiste a personas que necesitan remedios pero no los pueden pagar.
Los organizadores contabilizarán las donaciones en las próximas semanas y esperan una recaudación exitosa. De todos modos, llamaron a que la gente siga donando remedios que ya no necesita porque en los últimos dos meses se duplicó la demanda de ayuda.
Por qué es importante. El banco asiste a pacientes de centros de salud, hospitales y organizaciones sociales de 20 provincias. Sólo en 2017, ayudó a 35.000 personas con medicamentos por un valor de $ 64 millones.
Cómo se desarrolló la campaña. Se hizo entre el 16 y el 23 de octubre. Unas 300 instituciones, entre escuelas, empresas, organizaciones sociales, clubes, templos y parroquias de todo el país, fueron las encargadas de recibir los remedios.
Seguir colaborando con el banco. En los últimos dos meses se duplicaron los pedidos de remedios, principalmente por el aumento de la pobreza y del precio de los medicamentos. Entre las donaciones más necesarias figuran, entre otros, remedios para la hipertensión, el colesterol y el parkinson.
“Se puede ayudar con una caja completa o un blíster. Lo importante es que el medicamento no esté vencido, ni requiera cadena de frío y si es un frasco, que no esté abierto”, detallo Ruth Heymann, directora de comunicación de la fundación.
Las escuelas de la Argentina volverán a ofrecer el año que viene menos días de clases de los que las provincias y la Nación se habían propuesto dar y en consecuencia las horas de clase que tendrán los estudiantes del país en 2019, que serían unas 744, volverían a estar por debajo del promedio de los países más desarrollados, que es de 799 horas. Y también de países de la región como Chile (1039), Brasil (800) y Colombia (1000).
El Consejo Federal de Educación resolvió ayer que las clases comenzarán el 6 de marzo y terminarán el 13 de diciembre. Por lo que habrá como máximo 186 jornadas de clase. Son 6 días más que 180 días obligatorios por ley pero 4 días menos de los que los ministros de educación del país se comprometieron a alcanzar en 2012, de acuerdo a la resolución 165.
Teniendo en cuenta que la mayoría de las escuelas del país (el 91% en las primarias, según la UCA) ofrece jornada simple de cuatro horas, la Argentina ofrecería en 2019, como máximo 744 horas de clase. De esta manera, si se lo compara con un relevamiento hecho por el Centro de Estudios de Educación Argentina (CEA) de la Universidad de Belgrano, el país quedaría muy por debajo de la oferta global.
“En Chile, un chico de cuarto grado de la primaria alcanza las mismas horas de clase que uno argentino que la termina”, aseguró Alieto Guadagni, director del CEA.
Además, Argentina llegará a los 186 días de clase si no hay días de capacitación docente, nuevos feriados puente o paros, algo difícil de esperar si se tiene en cuenta que en los últimos años hubo en promedio 10 días de huelga, según relevó el CEA.
De hecho hoy se hace el noveno día de paro nacional mientras que en la provincia de Buenos Aires suman con la de hoy 27 huelgas en reclamo de una recomposición salarial que compense la inflación.
El proyecto de presupuesto 2019 avanza en el Congreso y mañana obtendría media sanción en la Cámara de Diputados.
Según la argumentación que envió al legislativo, el Ministerio de Hacienda prevé una inflación de 23% y un dólar a $40,10 para el año próximo. Además, estima una caída del PBI del 0,5%.
En ese contexto, la previsión marca una tendencia al ajuste, algo que de hecho ya se está dando este año: el Gobierno bajó el déficit primario un 47% en los primeros nueve meses del año y lo redujo al 1,1% del PBI.
¿Qué áreas podrían perder fondos?
Si el presupuesto fuera aprobado tal cual fue enviado al Congreso, varias de las funciones más sensibles sumarían nuevos ajustes, ya que su participación en el presupuesto total viene en descenso desde 2016, cuando asumió la nueva gestión.
En esa línea se encuentra la inversión en Educación y Cultura; Salud; Ciencia y Técnica; Vivienda y Urbanismo; Agricultura; Industria; y Ecología y Medio Ambiente. Todas estas áreas perderían participación en el presupuesto total: bajarían entre un 20% y un 67% en relación a lo que le adjudicaron en 2015.
En cambio, si bien la participación de los fondos destinados a Promoción y Asistencia Social bajaría respecto a este año, se mantendría un 2,5% arriba respecto a lo destinado en 2015.
En contrapartida, la proporción de fondos destinada a pagar deuda pública crecería un 133% también en relación a 2015.
Proteger los bosques frente al avance de la frontera agrícola, atenuar el riesgo de desertificación de un tercio del territorio nacional, acelerar el desarrollo de las energías limpias, incrementar el tratamiento y reciclado de residuos, y reducir la emisión de dióxido de carbono son los principales desafíos ambientales de la Argentina.
Los planes para cada uno de ellos fueron presentados la semana pasada, cuando se publicó el Informe del estado del ambiente 2017, un trabajo minucioso de 612 páginas en el que la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Nación analiza con datos oficiales cómo evolucionó la salud ambiental de la Argentina.
El documento, que se presenta por segundo año consecutivo y por tercera vez en la historia, analiza además cuáles son los procesos productivos y sociales que más afectan el entorno ambiental.
A continuación, un detalle de los cinco problemas ambientales más urgentes que tiene que resolver el país, qué hace para lograrlo y qué resolvieron los países que atraviesan situaciones parecidas.
1. Deforestación: la expansión agrícola avanza sobre los bosques
Por primera vez desde que en 2007 se aprobó la ley que protege los bosques, la deforestación en el país no bajó sino que subió un 10%.
En 2017 desaparecieron 172.639 hectáreas o el 0,38% de los bosques. En 2016, los desmontes habían bajado a 155.851. Así se cortó un período de diez años en los cuales se había bajado la tasa de deforestación del 1% al 0,35%, aunque siempre muy por arriba del promedio mundial del 0,08%.
Los desmontes en Chaco, Santiago del Estero, Salta y Formosa significaron el 72% de la deforestación.
En la Secretaría de Ambiente reconocen que el aumento de la deforestación podría explicarse por la reactivación agropecuaria, alentada por la baja de las retenciones a las exportaciones del sector en el período 2016/2017.
“La expansión de la frontera agropecuaria es una de las principales causas de pérdida de bosques, que son desmontados para el cultivo de diferentes especies, principalmente soja”, afirman desde la Secretaría. Y agregan que esa expansión obliga a que la ganadería se desplace hacia zonas de bosque.
La pérdida de áreas boscosas tiene consecuencias ambientales y sociales: incremento de gases de efecto invernadero por la liberación de dióxido de carbono, erosión de suelos, inundaciones por la desaparición de un reservorio natural de agua de lluvia, pérdida de biodiversidad, y migración de las poblaciones rurales.
Los planes en la Argentina. Existe una apuesta a fortalecer la partida instaurada por la ley de bosques para financiar proyectos de restauración o explotación sustentable de bosques. En 2017 se asignaron $ 556 millones, el monto de inversión más alto desde la sanción de la ley, pero apenas un 8% de lo que determina la ley.
“Un instrumento que desarrollamos con el Conicet y la CONAE y lanzaremos en breve es un sistema de alerta temprana de deforestación. A través de imágenes satelitales, cada 15 días se emitirán alertas de posibles focos de deforestación”, adelantó Diego Moreno, secretario de Política Ambiental en Recursos Naturales.
Otro plan es el de restauración de bosques degradados, con experiencias en ocho provincias. Y hay un cuarto programa, Bosques y Comunidades, que ayudar a las comunidades indígenas y criollas a que aprovechen el potencial productivo del bosque mediante la explotación forestal y la cría de animales, pero sin degradarlo. Esa línea ya alcanza a unas 75 comunidades que tienen 410.000 hectáreas.
La Secretaria de Ambiente tiene planes de restauración e implantación de bosques.
Experiencias internacionales. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) identificó en el informe 2018 sobre El Estado de los Bosques del Mundo varios países que ampliaron la superficie de bosques.
A la cabeza están Filipinas (3,3%), Chile (1,8%), Laos (1%), Gabón (0,9%), Vietnam (0,9%), China (0,8%), Francia (0,7%), India (0,3%), Australia (0,2%) y Estados Unidos (0,1%).
En Chile, el gobierno apostó a la producción forestal y avanzó con la plantación de bosques y métodos de explotación sustentables. Ocurre que el sector forestal está orientado al comercio internacional y exporta por U$S 6.100 millones al año, solo superado por la minería
2. Desertificación: el crecimiento de las tierras secas
El informe de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable sostiene que unas 100 millones de hectáreas de tierras secas, el 37% del país, entraron en un proceso de degradación, y si no se detiene puede convertir esa superficie en algo parecido a un desierto.
Lo dramático es que cada año unas 2 millones de hectáreas se suman a la zona erosionada. Este fenómeno es relevante en Río Negro, La Pampa, San Luis, Mendoza, Santiago del Estero, Catamarca, La Rioja, Salta y Jujuy.
En Ingeniero Jacobacci, Río Negro, el suelo es casi desértico. Crédito: INTA Bariloche.
Las causas suelen ser el sobrepastoreo, una excesiva carga ganadera y desmontes para aprovechar la madera o despejar el terreno para actividades agrícola. Cuando disminuye la vegetación por esas causas, el viento o el agua erosionan la tierra.
“Lo que se pierde es la capa fértil del suelo”, explicó Almut Therburg, coordinadora del Observatorio Nacional de la Degradación de Tierras y Desertificación. Con menos flora, la tierra pierde capacidad de retener agua. Y así se retroalimenta la degradación.
La pérdida de suelo tiene un impacto económico y ambiental. La Secretaría de Ambiente estimó en U$S 29,9 millones anuales la pérdida por menor productividad en cultivos de soja, maíz y trigo. Y advierte que las tierras secas con procesos de desertificación aportan cerca del 40 % de la producción agrícola y el 47 % de la ganadera.
Las consecuencias ambientales son la pérdida de los servicios ecológicos de la tierra, como la función de regulación hídrica, la captura de carbono y la conservación de biodiversidad.
Los planes en la Argentina. El problema tiene una relación directa con la actividad agropecuaria. Por eso, la Secretaria de Ambiente trabaja en la difusión de 90 prácticas de manejo sustentable en 11 provincias. Son técnicas, procedimientos y desarrollos tecnológicos para desarrollar actividades no degraden el suelo.
“Antes de fin de año, lanzaremos un plan nacional de lucha contra la desertificación, que incluirá la promoción de esas prácticas y la implementación de beneficios para los productores que las adopten”, confió Diego Moreno.
Habrá que ver también qué impacto puede lograr ForestAR, un programa nacional con el que se busca implantar bosques orientados a la explotación maderera pero de manera sustentable.
Experiencias internacionales. La FAO estima que en el mundo dejan de ser productivas entre 6 y 7 millones de hectáreas de suelo cada año. Por lo que la desertificación es un problema global.
Diego Moreno contó que la Argentina intercambia experiencia con especialistas de México y China, donde su estrategia para combatir la erosión de tierras pasa principalmente por la reforestación y la implementación de prácticas productivas sustentables.
3. Energías limpias: la urgencia de acelerar su desarrollo
La mitad de la emisión de gases de efecto invernadero que genera el país las produce el sector energético. Y eso ocurre porque si bien hubo cambios en la matriz energética, las renovables sólo aportan el 2%.
En las últimas décadas se dio un proceso de sustitución de los hidrocarburos en la generación de energía. La participación del petróleo, que en 1960 representaba el 70 % de la matriz, se redujo al 32%. Pero no aumentaron las renovables: como contraparte hubo un incremento del gas natural, que representaba menos del 10 % y en la actualidad llega al 54 %.
Evolución de la producción de energía eléctrica en Argentina, por tipo de fuente.
Los planes en la Argentina. Con el comienzo de la nueva gestión, hace dos años, el país realmente orientó inversiones al desarrollo de plantas de energía renovables, principalmente parques solares y eólicos.
Desde la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación, que dirige Sebastián Kind, aseguran que, gracias al plan Renovar, ya “hay 70 plantas de generación de energías limpias en construcción, 20 de ellas solares”. Entre todas, prevén aportar 2700 megavatios, lo que ampliaría la participación de las renovables al 8% de la matriz.
Según la ley 27191, las renovables debieron haber representado el 8% de la matriz ya en diciembre de 2017 y alcanzar el 12% en 2019.
El parque solar La Cumbre, en San Luis, fue inaugurado este año.
Experiencias internacionales. A nivel mundial, las renovables representan el 10,4% de la generación mundial, según Ren21, una red global que monitorea el avance de estas energías.
La cifra también está lejos de la incidencia que tienen las energías limpias en Uruguay (44%, con predominio de las eólicas), Brasil (19%, combinando eólica y pequeñas hidroeléctricas) o Chile (17%, también con eólica e hidroeléctricas), según el sitio Climatescope, que permite comparar las matrices energéticas de los países.
4. Residuos: una tonelada de basura cada dos segundos
En 2015, la generación de residuos en Argentina dio un promedio de 1,02 kilogramos por persona, 45.000 toneladas diarias o una tonelada cada dos segundos. Marca un aumento leve en la generación de basura.
Kilos de basura que genera por día una persona en la Argentina. Fuente: Secretaria de Ambiente de la Nación.
En cuanto a la composición de la basura, en la Ciudad de Buenos Aires el 14% era papel o cartón, el 13% plásticos, el 6% textiles, el 4% vidrios y el 2% metales. Es decir que el 39% de la basura es reciclable. Sin embargo, el reciclaje en la ciudad de Buenos Aires sólo llega al 26% de la basura.
Existe otro dato desalentador: en 2014 se reciclaron 235.000 toneladas de plástico, lo que representa apenas el 12 % del total generado. Pero en 2016 ese recupero bajó a las 200.000 toneladas.
A nivel país, el informe de Ambiente señala que existen cerca de 5.000 basurales a cielo abierto sobre unas 8.600 hectáreas. Y advierten que alrededor del 37% de la población no está cubierta por el servicio de disposición final adecuada de sus residuos.
El relleno sanitario de Ensenada recibe basura de municipios del sur bonaerense. Crédito: CEAMSE
Los planes en la Argentina. Desde la Secretaría de Ambiente remarcan que el problema es desafiante porque el manejo de los residuos es por ley responsabilidad de los municipios.
De todos modos, Thierry Decoud, secretario de Control y Monitoreo Ambiental, señaló que trabajan en una serie de leyes que apuntan a garantizar el tratamiento de algunos productos.
Por un lado, el Congreso ya discute un proyecto de ley de responsabilidad extendida del productor, que establece que quienes producen o importan bienes que una vez descartados necesitan un tratamiento especial deben ayudar a diseñar el circuito de disposición final. Eso, por ejemplo, le cabría a los fabricantes o importadores de electrodomésticos y neumáticos.
Otra proyecto en el que trabaja la Secretaría es en la actualización de ley de residuos peligrosos, orientando la norma hacia el recupero de esos desperdicios.
La posibilidad de contar con una ley que regule qué responsabilidad deben tener las empresas que comercializan bebidas en envases plásticos por ahora no está en la agenda inmediata.
El sistema de recolección de basura es diferenciado: se separan alimentos, que se usan para hacer fertilizantes, compost o biogás; los textiles, que se usan para fabricar ropa; y los papeles.
La basura que no se reutiliza, llega a las 32 estaciones de procesamiento de basura y producción de energía. De hecho, su propia basura no es suficiente para generar toda la energía necesaria en el país, por lo que importan 800.000 toneladas de otros países.
5. Temperatura: reducir la emisión de dióxido de carbono
Aunque no depende sólo de la Argentina, el compromiso de minimizar las emisiones de gases de efecto invernadero es uno de los principales desafíos ambientales y está atado, en gran medida, a cuánto pueda avanzar el país en la resolución de los temas analizados en esta nota.
La última medición local, de 2014, determinó que el país emitió 369 megatoneladas de dióxido de carbono. La mayor participación de esas emisiones corresponde al sector energético (53%),; seguido por la agricultura, ganadería, silvicultura y deforestación (39%); luego por la industria (4%); y finalmente los residuos (4%).
De que el país y el mundo logren reducir las emisiones depende que la temperatura no suba más allá de 1,5° respecto de los niveles preindustriales. Hoy, según el informe de Ambiente, la temperatura del país subió entre 0,5° y 1°, según la zona.
Para lograr que el aumento de temperatura no supere ese límite, los expertos de la ONU sobre el cambio climático (IPCC) aseguran que las emisiones de CO2 deberán caer un 45% de aquí a 2030 y el mundo deberá alcanzar en 2050 una “neutralidad de carbono”. Es decir, tendrá que dejar de emitir más CO2 del que se retira de la atmósfera.
Los planes en la Argentina. La meta que el país espera alcanzar es no exceder las 483 mega toneladas de dióxido de carbono para 2030. “Para un país en vías de desarrollo y que necesita crecer, eso significa una reducción del 18% respecto a los niveles de emisiones a los que llegaríamos si instrumentáramos las medidas que tenemos planeado hacer. Además trabajamos en un segundo escenario de mayor esfuerzo que implicaría una reducción del 37%”, aseguró Carlos Gentile, secretario de Cambio Climático de la Nación.
Para lograrlo, se creó en 2016 un gabinete de cambio climático que conforman los ministros. De ahí salieron las propuestas para alcanzar la meta. El aporte más sustancial lo deberá hacer el área de Energía, con el incremento de renovables en la matriz energética.
En segundo lugar, el gobierno apuesta a no seguir perdiendo superficie de bosques e implantar nuevos, algo que hoy se evidencia como difícil. El Ministerio de Producción deberá trabajar con las cámaras sectoriales para alcanzar mayor eficiencia energética y que aprovechen procesos productivos para generar su propia energía.
El área de Transporte debe apuntalar el transporte público para desalentar el uso de autos y mejorar rutas y trenes, para así hacer más eficiente el transporte de cargas. Finalmente, Agroindustria debe trabajar en la incorporación de prácticas productivas más sustentables.
Experiencias internacionales. El pacto para reducir emisiones se selló en 2015 en Francia y se lo conoce como el Acuerdo de París. En ese encuentro de líderes mundiales se acordó que cada país, desarrollado o no y sin importar su PIB, establezca metas para reducir las emisiones.
Por eso resulta prematuro hablar de casos exitosos. Pero sí hay un punto de partida: según datos de las Naciones Unidas, en 2016 las emisiones globales fueron de 51.900 megatoneladas de dióxido de carbono equivalente (MtCO2eq).
En ese escenario, China, Estados Unido y la India son los que más gases lanzan a la atmósfera y por lo tanto son los que más contribuciones pueden hacer al ambiente. La participación porcentual de Argentina, en cambio, representa un 0,7% de las emisiones globales.
Emisiones de gases de efecto invernadero por país (2014). Fuente: CAIT, World Resources Institute
Deberán contestar preguntas y resolver ejercicios de Matemática y Lengua. También responderán preguntas sobre el contexto en el que se educan. Se trata de las pruebas Aprender, que sirven para evaluar cómo evoluciona el aprendizaje en el país y qué políticas educativas se deben cambiar.
El jueves se tomarán en todas las escuelas primarias del país las pruebas Aprender, una evaluación nacional de aprendizajes que se hace desde 2016.
Serán los estudiantes de 6° grado de la primaria quienes deberán hacer la evaluación, que contestarán de forma anónima.
Para los alumnos con disminución visual habrá cuadernillos con tipografía ampliada.
Este año la prueba será de Lengua y Matemática, ya que en 2017 fue de Ciencias Sociales y Ciencias Naturales.
El examen alcanzará a unos 725.000 chicos y chicas de 20.800 escuelas.
Unos 60.000 docentes se movilizarán de una escuela a otra para tomar las pruebas.
Cómo son las pruebas. Llegan en cajas cerradas a cada escuela. Completar toda la evaluación llevará como máximo tres horas y 45 minutos.
Hay un cuadernillo por cada área temática: Lengua y Matemática.
Para contestar las preguntas o resolver las consignas de cada cuadernillo, los chicos tendrán 60 minutos, con 10 minutos de tolerancia.
Entre cada prueba, les darán un recreo de 15 minutos.
Y habrá un tercer cuadernillo con preguntas vinculadas al entorno en el que estudian en la escuela y en sus casas, con consultas que permiten contextualizar el ambiente socioeconómico de cada chico y la escuela. Para ese cuestionario tendrán 40 minutos.
Simulador de evaluación. El Ministerio de Educación de la Nación creó un sitio específico para que los alumnos puedan familiarizarse con el tipo de preguntas que podrían hacerles. Ese sitio está online y permite ejercitar pruebas de Lengua y Matemáticas.
Qué objetivo persigue. La evaluación busca obtener un diagnóstico del aprendizaje alcanzado por los alumnos y de las condiciones en las que aprenden.
Permite detectar qué contenidos y habilidades no fueron aprendidas y en consecuencia deben intentar resolver con nuevas políticas educativas.
La evaluación se basa en la premisa de que todos pueden aprender y tienen derecho a una educación de calidad.
“También ayuda a generar conciencia de la responsabilidad que tienen los docentes y las instituciones respecto a lograr una buena enseñanza. Es decir, muestra que hay alguien que supervisa esa responsabilidad”, opinó Guillermina Tiramonti, investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y profesora de la Universidad Nacional de La Plata
Quién accede a los resultados. Desde marzo de 2019, el acceso a los datos nacionales, provinciales y municipales estará disponible en el sistema abierto de consultas, donde ya se pueden consultar las conclusiones de las pruebas 2016 y 2017.
En esa plataforma se podrá acceder al procesamiento de los datos surgidos de la evaluación. Esta herramienta posibilita elaborar tablas y gráficos a nivel nacional, provincial y municipal.
Cada escuela podrá ver un reporte individual confidencial que servirá para promover mejoras en los aprendizajes. Esa ficha, de acceso restringido, se publicará en un sitio específico.
Cómo se usaron algunos resultados anteriores. Ya hay experiencias puntuales que se iniciaron sobre la base del diagnóstico que ofrecieron las ediciones pasadas.
“Hemos consensuando cambios en la forma de enseñar Matemática justamente a partir de que las anteriores dos pruebas mostraron deficiencias en el aprendizaje de esa materia”, señaló Elena Duro, secretaria de Evaluación Educativa de la Nación.
Y agregó un ejemplo más específico: “También hemos elaborado capacitaciones puntuales para determinadas escuelas a partir de los resultados”.
Cuándo evalúan a los alumnos de secundaria. Lo harán el año que viene. Desde ahora y a diferencia de lo que ocurrió en 2016 y 2017, cada año le tomará la evaluación solo a uno de los dos niveles. Por eso, los estudiantes del último año de la secundaria serán examinados en 2019.
Las razones, según le dijo Elena Duro a Clarín, son de política educativa y no presupuestaria: “El cambio se debe a que decidimos darles más tiempo a las escuelas y las jurisdicciones para que trabajen con los resultados, con la información que provee la evaluación. Por otro lado, queremos evitar que los estudiantes se preparen para la prueba y de este modo el instrumento no refleje exactamente la calidad educativa. Además, la mayoría de los países hacen pruebas cada dos años”.
En las cárceles argentinas hay cada vez más presos y hacinamiento. La noticia parece repetida y en parte lo es: hace 10 años que crece la cantidad de personas encerradas y hace 10 años que las celdas que construyen los gobiernos son menos que las personas que se suman a los penales.
El informe que la semana pasada presentó el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos sobre el sistema penitenciario confirma la tendencia pero también expone que la población carcelaria subió como no lo había hecho desde 2002 y 2003, años posteriores a la última gran crisis económica.
Las personas encarceladas llegaron a ser 85.283 a fines de 2017, un 11,83 % más que en 2016. Ese crecimiento duplica el promedio que registra el país desde 1996, período durante el que solo bajó en 2006 y 2007.
La tasa de presos cada 100 mil habitantes también subió de manera excepcional en el último año: 10,86%. Ese incremento duplica el promedio que venía registrando desde hace dos décadas, aunque todavía mantiene al país con una de las tasas más baja de América.
Una suba récord que recae sobre una población vulnerable
Antes de explicar qué nos dicen estos números, sirve tener presentes estas dos referencias que muestran lo excepcional de la suba:
El Indec calculó que la población argentina creció un 1% entre 2016 y 2017. En ese mismo año, la población de las cárceles del país subió 12 veces más rápido.
Un segundo punto a visualizar es entender quién, por qué y desde cuándo está preso la mayoría de los detenidos.
El preso “promedio” es argentino, joven, no tiene estudios ni oficio y es pobre: el 94% es de nacionalidad argentina, el 96% es varón, el 60% tiene menos de 34 años, el 69% tiene como máximo la primaria completa, el 42% estaba desocupado cuando fue detenido y el 51% no tiene oficio.
El 73% es preso primario: cometió un delito por primera vez.
Cuatro de cada 10 presos están acusados o condenados por robo o intento de robo.
El 45% fue detenido durante 2017 o 2016.
¿Qué hizo crecer la cantidad de presos?
Contestar esta pregunta implica entrar en un terreno menos firme, de debate, apoyado en estadísticas y también en hipótesis.
“La gran mayoría de los arrestos son en flagrancia (in fraganti). Y eso podría explicarse principalmente porque la presencia policial en la Argentina ya había escalado a 803 policías cada 100 mil habitantes en 2015 y es la relación más alta de América Latina”, señaló Fernando Cafferata, investigador del Centro de Estudios Latinoamericanos sobre Inseguridad y Violencia de la Universidad de Tres de Febrero (CELIV).
El dato es de la Oficina de Drogas y Crimen de las Naciones Unidas y muestra que la Argentina sumó un 18% de efectivos en los últimos cuatro años y tiene proporcionalmente entre dos y cuatro veces más policías que la mayoría de los países del mundo. En América Latina le sigue Uruguay, que suma 676 efectivos cada 100 mil personas.
El problema que plantean varios especialistas es que esa presencia policial lleva tranquilidad a parte de la sociedad pero ataca delitos menores que cometen personas en situaciones vulnerables.
“Lo que hay que preguntarse es por qué hay un mercado para los celulares y autos robados y para lo que se roba en una casa. Hoy, las detenciones sacan de la calle a las personas consideradas peligrosas pero no atacan el problema de fondo, que es el mercado criminal, más allá de lo social”, consideró Paula Litvachky, directora del Área de Justicia y Seguridad del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
Los números marcan que si bien en 2017 hubo una leve baja del 2% en la tasa de delitos, si se lo compara con las cifras de diez años atrás, hay que hablar de un incremento del 9,5%. Es decir, se está muy lejos de resolver el problema de la criminalidad.
Crédito: Cuenteros, Verseros y Poetas
Procesos más rápidos que llevan más gente a la cárcel
Otro aspecto que explica el aumento de presos está relacionado con leyes aprobadas en los últimos años que simplificaron procesos judiciales y limitaron beneficios para que los detenidos consigan la libertad anticipada o condicional.
Por un lado, se usa cada vez más el juicio abreviado, una figura instaurada en 1997 que le permite al fiscal hacer un pacto con el imputado a cambio de una pena menor si el acusado admite su culpabilidad.
En 2016, en tanto, se votó la ley de flagrancia, que acelera el juzgamiento de las personas que son vistas y detenidas cuando cometen un delito. Con esa ley, se llegan a condenas apenas 36 horas después de cometido el delito.
“Los juicios unipersonales y la ley que instaura técnicas especiales de investigación, como la figura del arrepentido o los agentes encubiertos informantes, también pueden estar incidiendo en la cantidad de condenados”, consideró Carlos González Guerra, director nacional de Política Criminal.
Finalmente, desde mediados del año pasado, rige una ley que limita las excarcelaciones en casos de delitos graves, entre los que figura desde homicidio y secuestro hasta producción y comercialización de drogas, que son delitos más comunes o expandidos.
Según los registros del Sistema Nacional de Ejecución de la Pena, en 2017 y en comparación con 2016, se redujeron a la mitad o menos las salidas transitorias, los regímenes de semilibertad, de prelibertad o de prisión discontinua, por ejemplo.
Algunas de estas reformas y otras provinciales hicieron que se revirtiera una tendencia histórica: ahora son más los presos que tienen una condena que los que simplemente están procesados y a la espera del juicio. En 2017, los condenados pasaron a ser el 54,4% de la población carcelaria.
En gran medida, ese giro histórico se explica porque las cárceles bonaerenses, que albergan al 44% de los presos del país, pasaron a tener al 53,5% de sus presos con condena.
“Desde el punto de vista de la política penitenciaria, ese cambio es importante porque estando condenado, el preso está obligado a trabajar, estudiar y hacer deporte. Si no lo hace, pierde beneficios, como reducción de penas, acceso a visitas o más tiempo de patio. Es un aspecto importante para trabajar en la resociabilización”, explicó Juan Baric, subsecretario de Política Penitenciaria bonaerense.
Más allá de ese punto, la estadística oficial marca que en todo el país aún son mayoría los presos que no reciben ni capacitación laboral ni educación:
Fuente: Sistema Nacional de Estadísticas sobre Ejecución de la Pena
Endurecimiento de penas y de la política criminal
El crecimiento de la población carcelaria también se explica por las reformas penales de las últimas dos décadas.
“Desde la reforma del código penal iniciada con la ley Blumberg, en 2004, los cambios se orientaron a penas más altas, de cumplimiento efectivo y con menos posibilidades de obtener libertades condicionales. Entran muchos y salen pocos”, aseguró Litvachky, del CELS.
Ariel Cejas Meliare, director General de Protección de Derechos Humanos de la Procuración Penitenciaria de la Nación, lo ejemplifica: “La mayoría de los detenidos por droga no son traficantes sino mulos. Pero llegan a las cárceles federales con prisión preventiva porque piden al menos 4 años de cárcel, por lo que no pueden llegar libres al juicio. Habría que preguntarse si trafican para enriquecerse o lo hacen por necesidad y falta de instrucción, y por lo tanto deberían darle una excarcelación”.
Justamente, el actual Gobierno asegura haber endurecido su política contra las drogas y orientó recursos en ese sentido. El informe presentado la semana pasada confirma tanto el análisis de Meliare como la promesa del Gobierno: por primera vez los presos por infracción a ley de estupefaciente son más que los encarcelados por homicidio doloso. Mientras que casi cuatro de cada 10 detenidos por la ley de drogas está preso por tenencia o tenencia para comercialización (mulos).
La simplificación de los procesos judiciales y la gran presencia policial en las calles también son vistas por algunos especialistas como un endurecimiento de la política criminal.
Con la creación de la Policía Metropolitana y el traspaso de la Federal a la Ciudad de Buenos Aires, la relación de policías por habitantes trepó a 881 policías cada 100 mil porteños, la más alta del país. Eso podría ayudar a explicar en parte que los detenidos con domicilio en la Ciudad de Buenos Aires se hayan duplicado en un año, al pasar de 2.585 a 5.265 en 2017.
Crédito: Servicio Penitenciario Federal.
La sobrepoblación agrava el futuro
El impacto más visible del crecimiento de la población carcelaria es el aumento del hacinamiento. Las cárceles registran una sobrepoblación del 15,2%: hay 11.223 presos más que las plazas disponibles. En 2015 esa relación era del 6,2%.
La situación más crítica se vive en la provincia de Buenos Aires, que llegó a un 24% de sobrepoblación en 2017 y este año cerrará con un nuevo incremento.
“Hay que advertir en este sentido que la mayoría de los presos queda en libertad entre 3 y 5 años después de ser encarcelado. Por eso, cuando hay niveles altos de encarcelamiento, como los que estamos viendo ahora, hay que contar con dispositivos para trabajar con esas personas y que puedan reinsertarse en la sociedad una vez en libertad. De lo contrario, lo que puede ocurrir es que haya un incremento importante del delito de aquí a cinco años”, señaló Cafferata, del CELIV, donde justamente están investigando esos fenómenos en toda América Latina.
Sin embargo, los primeros indicios respecto a la inversión en rehabilitación de los presos no es buena: el proyecto de presupuesto que el Gobierno nacional envió al Congreso prevé un aumento de apenas el 11% de la partida destinada a alojamiento y tratamiento en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal. Esa cifra representa un ajuste importante, sobre todo si se tiene en cuenta que la inflación de este año superará el 40% y que las cárceles federales tienen actualmente un 15% más de detenidos que en 2016.
En la provincia de Buenos Aires, en tanto, la radiografía oficial marca un desafío enorme: en 2017 el 74% de los presos no recibió capacitación laboral y el 53% no participó de ningún programa educativo.
Lo aprobó el Congreso y está en Campana, en el norte de la provincia de Buenos Aires. Ocupa 5.288 hectáreas, un área equivalente a un cuarto de la superficie de la ciudad de Buenos Aires.
Como gran parte son humedales, el área contribuye a retener agua los días de tormenta o sudestada. Lleva el nombre de Ciervo de los Pantanos porque contribuirá a la preservación de ese animal.
Qué pasó. La provincia de Buenos Aires sumó un nuevo parque nacional. Lleva el nombre de Ciervo de los Pantanos y está a 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires, en el partido de Campana.
Además de ayudar a preservar la fauna y flora típica de un humedal ofrece un beneficio ambiental determinante: contribuye a evitar inundaciones en los municipios del noroeste del conurbano.
El proyecto se materializó ayer, cuando la Cámara de Senadores convirtió en ley el plan que integra 4.088 hectáreas de la reserva Otamendi, en poder de la Administración de Parques Nacionales, con otras 1.200 de la reserva Río Luján, de jurisdicción bonaerense.
Es el segundo parque nacional en jurisdicción bonaerense, ya que en 2009 se había creado Campos del Tuyú para preservar 3.000 hectáreas de pampa, entre General Lavalle y San Clemente del Tuyú.
Y es el parque número 45 del país. Entre todos, protegen 4,4 millones de hectáreas, casi dos veces la superficie de la provincia de Tucumán.
Un invitación especial. César Toledo, guardaparque del flamante parque nacional, invita a los lectores a visitar el lugar y cuenta cuáles son sus atracciones:
Por qué es importante. El sitio preserva pastizales pampeanos, un área de barranca, islas del Delta y sobre todo humedales, lo que convierte al lugar en vital para minimizar los riesgos de inundaciones.
“Por su ubicación, tan metropolitana y urbanizada, será un parque muy importante. Porque los humedales tienen la capacidad de regular excesos de agua al retener, absorber el agua y filtrarla al acuífero subterráneo”, explicó geógrafa Patricia Pintos, del Centro de Investigaciones Geográficas de la Universidad de La Plata.
“Gran parte de los valles de inundación de la cuenca del Luján fueron alterados por la construcción de desarrollos inmobiliarios. Por eso es sumamente importante este nuevo parque: asegura la conservación de una gran porción de humedales”, sostuvo Marta Andelman, de la Fundación Humedales
Ocurre que en la cuenca baja del río Luján -incluye Pilar, Campana, Escobar y Tigre- había hasta 2015 unas 9200 hectáreas de humedales que fueron rellenados para hacer 66 barrios cerrados. Por eso, cuando llueve mucho o hay sudestada, es más probable que el río Luján desborde y provoque inundaciones.
Qué biodiversidad resguarda. Más allá de las modificaciones que hubo en la zona, el parque reúne uno de los sectores mejor conservados. Sus 5500 hectáreas son un refugio de 309 especies de aves y 49 de mamíferos.
Vive o se resguarda el ciervo de los pantanos, una especie amenazada por la caza furtiva y la pérdida de su hábitat en el Delta.
Se estima que hay solo 800 ejemplares en la zona del Delta inferior, es decir desde Puerto Ibicuy, en Entre Ríos, hasta la desembocadura del Paraná en el Río de la Plata. Por eso, el nombre elegido para el parque es Ciervo de los Pantanos.
También sirve para conservar especies como el lobito de río, la comadreja y el gato montés.
Entre las aves, destacan la presencia de la pajonalera de pico recto, de la pava de monte y de la palomita azul. Y hay algunos registros del burrito colorado.
Dónde está ubicado. El parque ocupa un área equivalente a un cuarto de la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Está cercado al oeste por la autopista Panamericana, al norte por la ciudad de Campana, al este por el río Paraná, y al sur por el Luján y el arroyo Las Rosas.
Desde marzo de 2019 aportará energía como para abastecer tres veces la población de Jujuy. Tendrá un total de 1.200.000 paneles, que llegan de China vía Chile.
El parque producirá energía a un costo de 60 dólares el megavatio por hora, lo mismo que se paga en promedio por la energía que se consume actualmente en todo el país.
Desde fines de septiembre un barco chino con 110 contenedores llenos de paneles solares y otras piezas desembarca todas las semanas en Puerto Angamos, en el norte de Chile. Lo espera una flota de camiones que se ocupa de que los equipos crucen la cordillera y completen un viaje de 700 kilómetros hasta su destino definitivo: la puna jujeña.
En diciembre serán 200 contenedores semanales y a fin de año habrán terminado de traer los 1.200.000 paneles que cubrirán 600 hectáreas y convertirán ese territorio desértico en el parque solar más grande de Sudamérica.
“Estamos trabajando para que en marzo de 2019 estemos vendiendo energía a la red”, se entusiasma Mario Pizarro, secretario de Energía de Jujuy y hace una cuenta impactante: el parque que financia el banco chino EximBank y levantan tres constructoras de ese país asiático producirá energía como para abastecer a 600 mil hogares, tres veces la cantidad de viviendas que hay en todo Jujuy.
La zona del parque, que será administrado por una empresa estatal jujeña, se la conoce como Cauchari, está a 300 kilómetros de San Salvador de Jujuy y a 4200 metros de altura. Es uno de los lugares con mayor radiación solar del mundo, solo comparable con el desierto de Sahara. Y por lo tanto es un sitio ideal para un parque solar.
Porque está cerca del trópico de Capricornio y los rayos de sol caen verticalmente sobre los paneles. Porque la altura hace que la columna de aire que separa los paneles del Sol sea menor. Y porque es un clima seco y en promedio hay 6,5 horas de sol pleno por día.
La construcción del parque empleo hoy a 200 personas, pero llegará a 800.
Un hito que posiciona a las energías renovables
Cauchari será el séptimo parque solar del país, pero el primero en hacer un aporte significativo de energía eléctrica al país: 300 megavatios. Hoy operan siete (cinco en San Juan y dos en San Luis), pero entre todos suman apenas 56 megavatios.
Para entender el hito que significará el parque de Jujuy sirve exponer que la central nuclear Atucha I tiene una potencia de 362 megavatios. Y que desde que el Gobierno nacional lanzó el programa RenovAR, a mediados del 2016, se construyeron y entraron en funcionamiento 14 proyectos de generación de energía renovable por 343 megavatios.
Pero además de mayor escala en la producción, Cauchari demostrará que el costo de generación de la energía solar es competitiva en relación al costo de las centrales térmicas que funcionan a gas, gasoil o fueloil, y que producen en el 65% de la energía que genera el país.
Por contrato, el Estado nacional pagará 60 dólares por cada megavatio-hora que Cauchari aporte a la red, el mismo precio que pagó durante todo agosto pasado por la energía que se usó en todo el país. Y a la empresas JEMSE le permitirá ganar 25 millones de dólares por año.
“Lo que pasó es que bajaron los costos para la obtención de las obleas de silicio y la fabricación de las celdas y los módulos solares. Y eso incidió en los costos de construcción de los parques solares. Los paneles representan entre el 20% y el 30% de la inversión”, señala José Luis Polti, coordinador de la Maestría en Energías Renovables de la regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional.
Polti remarca otro dato auspicioso: “Las parque solares que comenzaron a construirse después de Cauchari ya prometen un costo de 49 dólares el megavatio-hora”. Es decir, ofrecerían energía limpia y más barata que la de las centrales térmicas.
Incidir en la matriz energética nacional
Cuando Cauchari empiece a operar hará que la producción de energías renovable del país crezca en un 25%. Eso ocurrirá porque las 70 plantas de energía renovable activas suman una potencia de 1114 megavatios, entre parques solares y eólicos; pequeños aprovechamientos hídricos (no se cuentan las represas de más de 50 megavatios por la alteración que producen en el ambiente); y plantas de biomasa y biogas.
Toda esa infraestructura, de todos modos, aporta apenas el 2% de la energía que necesita el país, muy lejos de lo que ocurre en el mundo, donde en promedio es del 10,4%, según Ren21, una red global que monitorea el avance de las energías renovables.
La cifra también está lejos de la incidencia que tienen las energías limpias en Uruguay (44%, con predominio de las eólicas), Brasil (19%, combinando eólica y pequeñas hidroeléctricas) o Chile (17%, también con eólica e hidroeléctricas), según el sitio Climatescope, que permite comparar las matrices energéticas de los países.
También está lejos de los porcentajes de participación de las renovables que, según la ley 27191, debe tener el país: 8% para diciembre de 2017; 12% en 2019; 16% en 2021; 18% en 2023; y 20% en 2025.
Pero más allá de esos números, es cierto que el país encuentra en los proyectos de generación de energías renovables un sector en el cual logró importantes inversiones que empezarán a notarse a partir de 2019.
Desde la Subsecretaría de Energías Renovables de la Nación, que dirige Sebastián Kind, impulsor de la ley 27191, aseguran que “hay 70 plantas de generación de energías limpias en construcción, 20 de ellas solares”, con una inversión de 4.443 millones de dólares. Entre todas, prevén aportar 2700 megavatios, lo que permitiría ampliar la participación de las renovables al 8% de la matriz.
Y detallan que sumando los proyectos inaugurados en los últimos dos años, los que están en obra y los que se planean construir son 147 iniciativas para producir 4466 megavatios. De esa potencia, los parques solares aportarían 38%.
“Si en 2025 llegáramos al 20% de la matriz conformada por renovables, la energía solar podría explicar la mitad de ese porcentaje”, pronostica Julio Duran, jefe del Departamento de Energía Solar de la Comisión Nacional de Energía Nuclear (CNEA).
El principal argumento para que las renovables ganen terreno dentro de la matriz energética mundial es ambiental. Las centrales térmicas que operan con combustibles fósiles generan emisiones de dióxido de carbono y esas emisiones son las que aceleran el cambio climático y el calentamiento global.
Polti detalla que cada 1000 megavatios que se generan a partir de centrales de energía renovable se evita una emisión comparable a la que producen 900 mil autos en un año. Y además. el país se ahorra alrededor de 300 millones de dólares en combustibles fósiles.
La incorporación de energía eólica y solar también permite diversificar la matriz energética, lo que al país le da mayores alternativas y menos dependencia del precio de los combustibles.
“Las centrales térmicas son necesarias porque los parques solares y eólicos generan energía de manera intermitente, cuando hay sol y viento. Sin embargo y mientras se dan las condiciones climáticas, permiten inyectar electricidad a la red sin costos ambientales. Y hay que tener en cuenta que el país, en horas pico o meses de mucho calor, importa energía de países limítrofes”, señala Salvador Gil, director de la carrera de Ingeniería en Energías de la Universidad Nacional de San Martín.
En Jujuy, donde en marzo del año que viene inaugurarán el parque solar más grande de Sudamérica, ejemplifican el ahorro y el costo ambiental que se evita con un ejemplo muy gráfico: esa zona de la puna recibe por cada metro cuadrado una cantidad de radiación solar que equivale a la energía que produce un barril de petróleo de 190 litros.
El lanzamiento del satélite más innovador y productivo que desarrolló y construyó el país entró en la cuenta regresiva: este domingo a las 23.21 iniciará un viaje de 10 días para alcanzar su órbita, a 600 kilómetros de la superficie terrestre.
El Saocom 1A, quinto satélite producido en el país, partirá desde California, Estados Unidos. El vehículo lanzador Falcon 9, de SpaceX, una empresa norteamericana de transporte aeroespacial, será el encargada de llevarlo hasta el espacio.
Actividades para seguir el lanzamiento
Más allá de la distancia, el lanzamiento podrá seguirse en vivo desde el Centro Cultural de la Ciencia (C3), en Godoy Cruz 2270, en Palermo. Desde las 20.30, la gente podrá ir al C3 para vivir una previa que incluye charlas con especialistas, actividades para entender el funcionamiento del satélite y juegos para toda la familia en los que habrá premios para los participantes.
A las 23.15, se habilitará el auditorio principal para seguir el lanzamiento desde una pantalla gigante. Para asegurarse un lugar, hay que retirar la entrada una hora antes del lanzamiento.
En paralelo, el Planetario también habilitará su sala de espectáculos para poder ver el despegue de un nuevo satélite nacional. Probablemente, también haya una previa con charlas de especialistas, que en breve será definida en la agenda del sitio oficial del Planetario.
Además, quienes lo quiera seguir desde sus casas, la TV Pública hará una transmisión especial.
Las imágenes y datos serán útiles para prevenir y gestionar emergencias vinculadas a inundaciones, incendios forestales y plagas. Al sector productivo del campo, le ofrecerá información para ser más eficiente y competitivo. También generará información de cualquier parte del mundo, por lo que los servicios serán exportables.
Cuándo estará operativo. Una vez en órbita, las pruebas y calibraciones llevarán hasta 9 meses. Pero la idea es que empiece a operar en marzo de 2019, con una vida útil de 6 años.
Cómo funcionará. En 16 días dará la vuelta al mundo, por lo que podrá tomar imágenes de cualquier sitio. Por día, producirá 250 imágenes. Para funcionar, obtendrá energía mediante paneles solares. Al operar con microondas, produce información durante la noche y los días nublados, una condición que en nuestro país está presente el 60% del tiempo.
¿Es único en el mundo? Este satélite y uno gemelo que ya está en construcción se integrarán a cuatro satélites italianos, constituyendo un sistema único en el mundo por su resolución. Un ejemplo: cada pixel de los mapas que generan los satélites de la NASA o la Agencia Espacial Europea representan 9 km2. Mientras que cada pixel de los mapas que generará este sistema representarán 250 metros cuadrados.
Otro ejemplo: las imágenes satelitales que comercializan empresas privadas, como la argentina Satellogic o la estadounidense Planet, ofrecen buena resolución pero no identifican humedad en suelo.
Será este viernes en San Miguel y los interesados pueden sumarse el mismo día o anotarse antes para correr con la remera oficial. Todos serán guiados por un compañero.
Buscan orientar a la gente sobre cómo acompañar a los ciegos en la calle y difundir la campaña de donación de órganos. En la lista de espera para trasplantes del INCUCAI, 1 de cada 4 personas aguarda una córnea.
El viernes a las 12.30 se hará en el partido bonaerense de San Miguel una maratón en la que los participantes correrán con los ojos vendados pero guiados por un compañero.
La actividad es gratuita y pretende generar conciencia sobre las necesidades que tiene la comunidad de ciegos y disminuidos visuales.
Por qué es importante. La actividad tiene tres objetivos:
Comprender cómo se sienten las personas que no pueden ver.
Orientar a la gente sobre cómo guiar en la calle a los ciegos o disminuidos visuales.
Difundir la campaña nacional de donación de órganos y tejidos, especialmente de córnea, una membrana que puede ayudar a muchas personas a recuperar la vista. Es que en la lista de espera del INCUCAI, 1 de cada 4 personas espera un trasplante de córnea.
Cómo participar. Aunque los interesados podrán sumarse el mismo día de la carrera, también se pueden anotar anticipadamente llamando a la Fundación Nano, una ONG creada por oftalmólogos que trabaja para rehabilitar pacientes, impulsar el deporte para no videntes y concientizar sobre las patologías que afectan los ojos.
Con la inscripción anticipada, los participantes podrán correr con una remera especialmente diseñada para la maratón.
Si querés anotarte y correr con la remera oficial del evento, tenés que inscribirte anticipadamente por teléfono:
Campaña de donación. Al menos una hora antes y luego de terminada la carrera, habrá un stand del Centro Único Coordinador de Ablación e Implante (CUCAIBA), que invitará a la gente a que puedan anotarse formalmente como donantes.
La importancia radica en que uno de cada cuatro personas que están en la lista de espera para recibir un trasplante, necesita una córnea. En cifras totales a nivel país, son 2.775 personas de 11.000. Sólo en la provincia de Buenos Aires, casi 1.800 personas esperan por una córnea.
En ese espacio también informarán sobre la campaña nacional de donación o la Ley Justina, que fue aprobada en julio pasado y que determina que todas las personas son donantes de órganos, salvo que hubieran expresado su voluntad contraria.
Cómo se correrá. La mitad de los inscriptos correrá con los ojos vendados. La otra mitad, se encargará de guiar, dejando que les apoyen una mano en el hombro, como se lleva a las personas ciegas. Y en el camino de vuelta, en general, se invierten los roles.
“Es un evento que derriba barreras y ayuda a perderle el miedo a lo desconocido. Y se convierte en una gran fiesta de integración y muchas veces los atletas terminan corriendo junto a una persona ciega y formando vínculos fuertes”, explica María Bayá Casal, directora de la Fundación Nano, que organiza el evento junto a la Municipalidad de San Miguel y el CUCAIBA.
El circuito. La carrera largará en la esquina de avenida Perón y Conesa, en la Plaza de las Carretas de Muñiz. La competencia se hará por Perón hasta la esquina Pardo, ida y vuelta. Es decir, se extenderá unos 2 kilómetros.
Para el evento, cortarán tres carriles del tránsito, ya que esperan unos 500 inscriptos.
La opinión de un deportista ciego. En la largada estará Nacho Oviedo, joven promesa del fútbol para ciegos y delantero de Los Murciélagos.
“La carrera es una idea muy linda. Está bueno que la gente pueda vivir esa experiencia que genera tanto miedo”, dice el deportista de 17 años. Y explica: “Yo nací así y estoy acostumbrado a correr, pero la gente no entiende. Muchas veces voy por la calle y me choco con alguien que va mirando el celular. O quizás me quieren ayudar a cruzar la calle y me agarran la mano, no saben cómo se lleva a una persona ciega”.
El proyecto de presupuesto establece una quita del 19% respecto a este año. El recorte principal se da por la reducción de fondos para subsidiar investigaciones y comprar insumos, maquinaria y equipos.
La construcción de dos reactores nucleares y dos satélites son algunos de los principales proyectos que seguirán en marcha. En el Conicet, el INTI, y el INTA, sólo actualizan los fondos para salarios.
Que pasó. El Gobierno definió en el proyecto de presupuesto cuál es la inversión que prevé hacer en ciencia en 2019, qué áreas deberán tolerar los mayores ajustes y cuáles son los programas que continuarán.
Sin embargo, en la práctica la cifra representa un ajuste del 19%.
Ocurre que para no perder contra la inflación, debería contemplar una suba del 23% (la inflación estimada por el Gobierno para 2019) y recuperar los 26 puntos porcentuales que el sector perdería este año, ya que los $ 35.490 millones asignados para 2018 se fijaron cuando la proyección oficial de la inflación era del 15,7% y no del 42%, como proyectó Hacienda.
En relación al presupuesto nacional total, el porcentaje destinado a ciencia y técnica es el más bajo en 10 años: un 1,10%.
Jorge Aguado, secretario nacional de Planeamiento y Políticas en Ciencias, reconoció que se “hizo un esfuerzo” pero lo relaciona con una búsqueda de “eficiencia” que “no afecta los compromisos”. Igual, admitió que en 2019 “podrán hacer reajustes si fuera necesario”.
Cómo evolucionan los fondos en cada institución. El ajuste es bastante generalizado.
Los recortes más fuertes se dan en la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE), enfocada en la fabricación de satélites, y en el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), que desarrolla mejoras tecnológicas para las industrias. Pierden un 19% y un 7% de sus fondos, respectivamente y sin contar la incidencia de la inflación.
El presupuesto del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), que desarrolla capacidades para el sector agroindustrial, crecerá un 20%, aunque no llega a recuperar la pérdida por inflación.
El Conicet, principal institución científica del país, incrementa sus fondos un 27%, por debajo del porcentaje de inflación acumulada.
La gran apuesta para 2019 sería al sector nuclear: la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) duplicará su presupuesto.
Qué escenario esperan en el Conicet. Con institutos en 22 provincias y 10.255 investigadores, recibirá $ 16.444 millones. Es un tercio de la inversión total en ciencia.
Descontada la inflación, significaría un recorte del 21,5%.
Además, 9 de cada 10 pesos serán para pagar salarios.
Se sumarán 450 becarios, igual que este año, pero lejos de los 900 que se incoporaron en 2015.
“La falta de fondos para la agencia es demoledor. De ahí viene la financiación de las investigaciones y muchos costos son en dólares”, asegura Luis Baraldo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA e investigador del Conicet. Y aclara que hasta la investigación más teórica necesita insumos, revistas internacionales y trabajo de campo. Es decir, “necesita inversión más allá del salario”.
El proyecto de presupuesto genera preocupación en los investigadores, que en agosto, y con la firma de 240 de los 266 directores de los institutos del Conicet, advirtieron que la institución “está al borde de la parálisis” por la falta de presupuesto.
Qué respuestas dan desde el ex Ministerio de Ciencia. Aguado, secretario de Planeamiento y Políticas en Ciencias, le aseguró a RED/ACCIÓN que a lo previsto para investigación y desarrollo se le sumará “una línea de crédito por $ 1.500 millones”, por lo que “todos los proyectos comprometidos continuarán su ejecución”.
Prevén seguir con la construcción, en Zárate, del prototipo de un reactor para generar energía. Se trata del CAREM, que quieren terminar a fines de 2021. El desarrollo puede lograr que Argentina de pelea en un mercado mundial que prevé operaciones por 50.000 millones de dólares y por el que están en carrera proyectos de Corea del Sur, Estados Unidos y Rusia.
Otro desarrollo importante que tendrá continuidad es la construcción del reactor RA-10, en obra en el Centro Atómico Ezeiza. Su finalización está prevista para 2023. Una vez en operación asegurará el 100% del abastecimiento en materia de radioisótopos para uso médico para el mercado nacional y atenderá la demanda de América Latina.
Vista aérea de la obra civil del CAREM, en Lima, partido de Zárate. Crédito: CNEA.
“Veo muy positivo que se sostengan las dos locomotoras del sector, como son el CAREM y el RA-10. Es una buena noticia. Pero es grave que se desfinancien otros planes”, consideró el físico Diego Hurtado, director del Centro de Estudios de Historia de la Ciencia y la Técnica de la Universidad Nacional de San Martín.
Hurtado remarcó que los despidos o suspensiones de personal en la planta de agua pesada en Neuquén, en Nucleoeléctrica Argentina (opera las tres centrales nucleares) y Dioxitex (produce combustible a base de uranio natural) son consecuencia de la cancelación de la construcción de Atucha III, en Zárate, que iba a ser financiada por China y tendría tecnología canadiense. Ocurre que esa central requeriría agua pesada, combustible y mano de obra calificada.
En diálogo con RED/ACCIÓN, Julián Gadano, subsecretario de Energía Nuclear de la Nación, confió cuáles son los nuevos planes respecto a las futuras centrales: a fines de noviembre, tras la Cumbre del G20, el presidente Mauricio Macri firmará con el presidente Chino, Xi Jinping, un acuerdo para construir una central de tecnología china, financiada en un 85% por el país asiático pero que operará con agua liviana y uranio enriquecido. Es decir, con tecnología diferente a las tres centrales que operan en el país.
“El 90% de la centrales del mundo operan con esa tecnología. Pero además estamos en tratativas para que el 100% de la obra civil esté en mano de argentinos y que entre el 40% y el 50% de todo el proyecto se haga con componentes locales”, aseguró Gadano y remarcó que el acuerdo incluirá el compromiso de transferir la tecnología para producir uranio enriquecido en el país.
Gadano asegura que el proyecto de presupuesto 2019 establece una financiación adicional, por fuera de lo que hoy se puede ver asignado estrictamente a la CNEA, de $ 2.000 millones, que serán destinados al CAREM. En ese caso, el crecimiento presupuestario del sector sería aún mayor.
Trabajan en dos satélites, pero hay dudas sobre el lanzador. A la CONAE le asignaron $ 1962 millones. A priori, representa una reducción importante: 19 % sin descontar la inflación.
Básicamente, tendrá continuidad la construcción de dos satélites.
El Saocom 1B se terminaría de construir y se lanzaría a fines de 2019. Se sumará al 1A, que sería lanzado este sábado. Las imágenes que tomen serán útiles para prevenir emergencias por inundaciones e incendios. Al campo, le dará información para ser más productivo.
El otro satélite es el Sabiamar, que se terminaría de construir en 2020 o principios de 2021. Servirá para monitorear el mar junto con otro satélite que está haciendo Brasil.
En principio, el ajuste afectaría el plan para desarrollar medios de acceso al espacio. Es decir, postergaría la posibilidad de que por primera vez el país y la región tengan un lanzador de satélites. Según revela el presupuesto, ese programa tendría en 2019 apenas un tercio ($ 110 millones) de los fondos que le asignaron este año.
De todos modos, Aguado sostuvo que la CONAE tendrá por fuera de lo que hoy se puede ver en la planilla presupuestaria de la institución, $ 1.300 millones de “adelanto a proveedores de financiamiento externo”, aunque no dio precisiones sobre cuál es el compromiso de ejecución que tiene esa partida ni de dónde provendría.
El Saocom 1B será un gemelo del 1A que se ve en esta foto. Crédito: CONAE
El INTA, con poco margen de acción. El proyecto de presupuesto le otorga fondos por $ 7516 millones, un 20% más que lo pautado para este año sin contemplar la inflación.
Casi toda la partida es para pagar salarios, que se llevan el 91% del presupuesto.
En cambio, la inversión en equipos, maquinaria, insumos y servicios, se desploma. El ajuste llega a ser del 50%, según el rubro.
“Si se descuenta la inversión en recursos humanos, el recorte es terrible”, analizó Elisa Carrillo, directora Centro de Investigación en Ciencias Veterinarias y Agronómicas del INTA. Y graficó que el presupuesto 2018 para su instituto, que es mayor al previsto para 2019, no alcanzó ni para pagar los servicios de luz, gas y limpieza: “Estamos con un déficit de $ 2,5 millones”.
Para ejemplificar qué implica una posible parálisis de los laboratorios, Carrillo detalló que en los últimos dos años su centro desarrolló dos vacunas, una contra la diarrea bovina y otra contra una enfermedad que afecta a las aves de corral.
El INTI teme más despidos y que se paralicen laboratorios. Sin dudas, es el instituto que viene sufriendo más recortes. Y la previsión para 2019 no lo saca de ese terreno: le asignan $ 2215 millones, un 7,5% menos que este año.
Tiene una planta de alrededor de 3.000 investigadores. Unos 250 fueron despedidos este año. Y al menos 100 se fueron con retiros voluntarios. Eso explica en gran medida que la partida para sueldos, pese al aumento paritario, crezca apenas un 12%.
En cambio, las partidas para equipos, maquinarias e insumos se reducen un 90% dejando al borde de la inactividad a muchos institutos.
Hay acampes frente a las sedes en reclamo de reincorporaciones y contra el ajuste.
Qué pasó. Los estudiantes de primaria cuyos padres terminaron la secundaria logran mejores resultados en Lengua y Matemática que aquellos alumnos cuyos padres tienen menor nivel educativo. Así lo expuso un informe difundido por el Observatorio Argentinos por la Educación.
La conclusión surge al relacionar el máximo nivel educativo alcanzado por los padres con el nivel de desempeño de sus hijos de 6° grado de primaria en las pruebas Aprender de 2016, una evaluación nacional impulsada por el Ministerio de Educación.
Desempeño en Lengua. Los estudiantes obtienen mejores resultados cuando sus padres alcanzaron niveles educativos más avanzados. En promedio, los alumnos con padres que terminaron la secundaria superan el nivel satisfactorio en las pruebas Aprender, tal como lo expone este gráfico.
En cambio, la media de los estudiantes cuyos padres no completaron la secundaria o tienen niveles todavía más bajos registran resultados de nivel básico o por debajo de lo básico en las mismas evaluaciones.
Desempeño en Matemáticas. Los chicos con padres que finalizaron la secundaria también superan el nivel satisfactorio en las pruebas Aprender. Mientras que se observan pocas diferencias entre los resultados de los alumnos que pertenecen a familias con secundaria incompleta o primaria completa o incompleta.
Qué relación hay entre los propios padres. El informe también analizó el nivel educativo de la pareja y expuso que en la mayoría de las familias tienden a compartir un nivel educativo similar. De hecho en el 47% de los casos, alcanzaron exactamente el mismo nivel. Y en el 29%, apenas tienen un nivel de diferencia, tal como lo muestra este gráfico.
Por qué es importante analizar esta relación. Especialistas en educación afirman que estos datos exhiben una serie de desafíos adicionales para las políticas educativas.
“Estos datos señalan el enorme desafío que tiene el sistema educativo argentino para lograr una mayor equidad en los aprendizajes y compensar las múltiples desigualdades de origen de los estudiantes”, afirma Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación.
“Se sabe a nivel mundial que los niveles de aprendizaje están muy condicionados por el nivel educativo de la madre o los padres. Esta variable afecta las experiencias educativas y hasta nutricionales de los niños antes de empezar la escuela. Afecta la elección de la propia escuela a la que van a asistir, y los aprendizajes alcanzados”, plantea Paula Razquin, profesora e investigadora de la Universidad de San Andrés.
El 26 de septiembre se celebra el Día del Bastón Verde. Se trata de una jornada de difusión de una herramienta muy importante para ayudar a diferenciar a las personas de baja visión de las ciegas y de esa manera mejorar su calidad de vida.
Quiénes lo usan. Las personas que no han perdido totalmente la visión pero la tienen muy limitada y en consecuencia pueden necesitar ayuda en la vía pública. ¿Por qué necesitan asistencia?
Sus posibilidades de desplazarse y actuar en el espacio varían mucho según la luz y cómo es físicamente el lugar.
Quizás pueden ver objetos a corta o mediana distancia, como un celular o una vidriera, pero no pueden cruzar la calle solos.
O pueden distinguir objetos a larga distancia, pero no de cerca.
En ocasiones tienen dificultad para advertir los desniveles, escaleras y cordones.
Al hablarle muchas veces pueden no dirigirle la mirada, pero no es por indiferencia, sino por necesidad de acomodar la visión.
Quién ideó el bastón verde. Fue Perla Catherine Mayo, una profesora que desde 1990 se dedica a la investigación, la evaluación y el tratamiento de pacientes con baja visión.
“Muchas veces me decían mis alumnos: ‘Profe, no soy ciego, no quiero usar un bastón blanco’. A partir de esa problemática se me ocurrió crear el bastón verde para mejorar su calidad de vida’”, explica Mayo en el sitio web del Centro Mayo de Baja Visión, donde es la directora.
Una iniciativa que llegó a ser ley. En 2002 el uso del bastón verde para personas con disminución visual se convirtió en ley.
La ley 25.682, que también es ley en Uruguay desde el año 2011, sostiene: “Adóptese a partir de la presente ley, el uso del bastón verde en todo el territorio de la República Argentina como instrumento de orientación y movilidad para las personas con baja visión.”
Por qué es importante la diferenciación. En Argentina, según el último censo, hay 5.114.190 personas que tienen alguna dificultad o limitación física permanente. La mayor parte de esta población, 2.069.151 personas, tiene dificultades visuales.
“En el país hay 216 escuelas de ciegos y disminuidos visuales con una matrícula de 100 alumnos en promedio. El 70% de esos niños no son ciegos, sino que tienen baja visión. Pero hoy están sentenciados a la ceguera. Por eso ya es momento de que, tanto del ministerio de Educación como el de Salud, hagan algo. Por ejemplo, cambiar las currículas del plantel docente para que las maestras de ciegos aprendan a trabajar con niños de baja visión y no traten a todos los niños como ciegos”, le dijo Mayo a Infobae a fines del año pasado.
Querés ayudar. ASAC es una asociación sin fines de lucro que trabaja de manera por las personas con discapacidad visual. Actualmente tiene distintos programas en los que la comunidad puede colaborar económicamente, difundiendo las acciones o como voluntario.
Fotografías, imágenes y videos: Centro Mayo de Baja Visión y ASAC.
ASAC es una asociación sin fines de lucro que trabaja de manera integral al servicio de las personas con discapacidad visual.
Se trata de una cámara que suministra oxígeno en una cabina presurizada a alta presión y ya se exporta a 35 países. Se usa para tratar la piel quemada, herida o con implantes.
También para rehabilitaciones neurológica, traumatológicas y reumatológicas. El Hospital de Quemados ya usa un equipo y pronto se sumará el Ramos Mejía.
Oscar Merbilhaa todavía llora cuando se acuerda cómo le salvó la vida a uno de los 60 jóvenes que llegaron quemados e intoxicados la noche en que Cromañón ardió.
“Estuve toda la madrugada dándole oxígeno con un resucitador manual”, dice y reconoce que 14 años después no puede evitar llorar cada vez que lo cuenta.
Oscar es cirujano del Hospital de Quemados, del barrio de Caballito. El joven al que le salvó la vida había llegado con muerte cerebral por el gas tóxico que soltó la media sombra del techo cuando se incendió.
“Esta cámara hubiese sido vital esa madrugada –asegura y señala una cabina circular de dos metros de largo que está en una sala del primer piso-. Porque la mayoría de los chicos que murieron fue por intoxicación. Y ésta cámara permite oxigenar la sangre rápidamente porque lo hace en un ambiente de mayor presión”.
Oscar se refiere a la cámara hiperbárica que el hospital acaba de sumar gracias a la donación del fabricante. Se trata de una tecnología que “inventó” una pyme familiar argentina, que se produce en el país, que se exporta a 35 países y que ningún hospital público local tenía.
Es más, el Hospital Ramos Mejía, en Balvanera, también recibió un equipo y se prepara para usarlo. Después se sumarán el Garrahan y el Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez.
Con la incorporación de esta tecnología buscan que el sistema público de salud sume tratamientos que mejoran la evolución de heridas por radioterapia, quemaduras e implantes; y que favorecen la rehabilitación de enfermedades neurológicas, traumatológicas y reumatológicas.
Desde acelerar un tratamiento a salvar un miembro
Al Hospital de Quemados el equipo llegó hace dos meses y produjo una revolución. “Veníamos haciendo gestiones para incorporar este equipo desde hace cinco años”, cuenta Mercedes Portas, jefa de Cirugía Plástica del hospital,
El anhelo tenía argumentos sólidos: la oxigenación de la sangre que logra en el paciente produce un cambio fisiológico en el cuerpo que favorece la recuperación de los tejidos de la piel. “Cuanto mejor respira una célula, el tejido quemado se va a recuperar mejor y más rápido. Porque con esa oxigenación crecen los vasos sanguíneos y hay mejor vascularización”, detalla Mercedes.
La cámara hiperbárica se empezó a usar en el tratamiento de quemados con fuego, agua, químicos y electricidad. También para mejorar las lesiones en la piel producidas por la exposición a radiación, como ocurre con pacientes oncológicos tratados con radioterapia.
Mercedes tiene 62 años y 39 de trayectoria en el Hospital de Quemados. Visitó muchos hospitales en el mundo y asegura que hay áreas de quemados con seis camas de internación y seis cámaras hiperbáricas. “Es que no solo acorta los tiempos de sanación, permitiendo un alta temprana, sino que en casos graves crecen las posibilidades de que una persona no pierda un pie, por ejemplo”, asegura.
En su hospital hay 70 camas de internación y por día atienden unos 180 pacientes: 65 mil a lo largo de todo año.
María Ramírez recurrió al hospital el mes pasado. Tiene 51 años, vive en Vicente López, es docente y llegó a la guardia desesperada: llevaba nueve operaciones en las que intentaron suturar, sin éxito, la herida por la que hacía un año le habían colocado un implante mamario. Antes, había pasado por 25 sesiones de radioterapia y finalmente una operación en la que le extirparon el seno.
“La piel no podía cicatrizar porque estaba lastimada por la radioterapia. Así que me sacaron el implante y empecé con las sesiones de oxígeno. Hice 18. Cambió el color de la piel y sanó. La doctora me dijo que cuando la piel esté todavía mejor me hará una cirugía para reconstruir el seno con grasa de mi abdomen”, cuenta María.
Cómo funciona la cámara hiperbárica
La cámara es una cabina circular de casi un metro de diámetro por dos de largo. Entra una persona acostada. Ese compartimiento se cierra herméticamente y un compresor lleva la presión atmosférica a 1,45, es decir un 45% más alta que la normal.
Una vez adentro, el paciente respira oxígeno por una mascarilla. Al inhalar oxígeno a presiones más altas que la normal, en el cuerpo se produce lo que se conoce como hiperoxia, que es el exceso de oxígeno en pulmones y tejidos corporales.
La hiperoxia desencadena beneficios fisiológicos en el organismo: estimula el colágeno, la inmunidad celular y las células madres; aumenta el éxito en los implantes; mejora la respuesta a los procesos infamatorios; y aumenta el desarrollo de vasos sanguíneos.
Este tipo de cámaras existían en el mundo, pero eran mucho más grandes, costosas y con una presión atmosférica mayor (arriba de 1,8), lo que la hace muy difícil de operar. Durante mucho tiempo, el Hospital Naval fue el único centro que tuvo ese equipo y el tratamiento estuvo orientado a las complicaciones físicas que pueden tener los buzos cuando salen a la superficie sin hacer las paradas que permiten ir descomprimiendo la mayor presión que hay bajo el agua.
La selección argentina de fútbol suele llevar una cámara hiperbárica a sus giras.
Un desarrollo nacional que se exporta
“Lo que inventamos nosotros y es una novedad a nivel mundial es el segmento de cámaras de mediana presión, que no aplica para rehabilitar buzos pero ofrece todos los demás tratamientos”, cuenta Claudio Teler, dueño de BioBarica y donante de los equipos que empezaron a sumar los hospitales porteños.
Hace ocho años, Claudio, que es licenciado en administración de empresas, tenía una fábrica de plásticos en el partido de San Martín. Y tenía un hobbie: hacer sus propias máquinas. Por eso, en 2010 no dudó en crear una cámara hiperbárica móvil para un amigo que tenía un hijo autista y al que le habían recomendado que hiciera sesiones de oxígeno, pero no tenía dónde hacerlo.
“Con mi hijo Ivo desarrollamos la cámara, competimos en el certamen Buenos Aires Emprende y ganamos unos 3.000 dólares. Con ese dinero alquilamos un garaje en Villa Urquiza y decidimos fabricarla en serie”, recuerda.
En un año lograron que la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) certificara el taller y el producto. Y el 21 de diciembre de 2011 vendieron el primer equipo a un médico generalista porteño.
Claudio Teler desarrolló la cámara en 2010 y en 2011 fue aprobada por la ANMAT.
Desde entonces, empezaron a llover pedidos de todo el mundo. Es que la cámara que inventaron sale 35 mil dólares, menos de la mitad de lo que sale un equipo de alta presión. También es más fácil de operar, más segura (porque trabaja con menor presión) y transportable. Además, la sala donde se instala no necesita ninguna adaptación.
Vendieron 450 equipos, casi el 80% al extranjero. A casi todo América Latina; a varios países de Europa, principalmente a España; a Asia, por ejemplo a la India; a Irak y Kuwait, en Medio Oriente; a Sudáfrica y Egipto. En total, a 35 países, donde tuvieron que pasar por procesos de certificación, principalmente el CE, que permite entrar a la comunidad europea.
A Estados Unidos están a punto de ingresar: ya tienen avanzada la certificación ante la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA, por sus siglas en inglés).
Ese fenómeno hizo que la pyme familiar, radicada en Villa Urquiza, empleara a 15 personas e integrara una cadena productiva junto a 10 pymes que fabrican piezas especialmente para BioBarica.
“En Argentina vendimos unos 130 equipos. Muchos a consultorios particulares y a centros privados de casi todo el país. De hecho, tenemos nuestra propia red de centros. Pero queríamos que este tratamiento fuera accesible para quienes se atienden en el sistema público de salud”, cuenta Claudio y adelanta que las donaciones para el Garrahan y el Gutiérrez se materializarán el año que viene.
Un plan para trabajar en protocolos médicos locales
La medicina hiperbárica, como se llama a la que se consigue a partir del tratamiento con oxígeno a alta presión, tiene poca tradición en el país. Estados Unidos, Rusia, México y Japón, en cambio, son países con mucho recorrido.
“Las donaciones a los hospitales van a permitir hacer investigación y generar protocolos médicos nacionales”, adelantó Mariana Cannellotto, presidenta de la Asociación Argentina de Medicina Hiperbárica e Investigación.
Lo que ocurre es que las sesiones de oxígeno están indicadas para rehabilitación o tratamiento de enfermedades neurológicas, como autismo o parálisis cerebral; clínicas, como migrañas o fibromialgia; traumatológicas, como posquirúrgico o injertos; o reumatológicas, como artritis o artrosis. Pero en todos los casos se indican en base a investigaciones internacionales.
“En el Quemados vamos a hacer investigación y trabajar en tres protocolos: para quemados térmicos, para quemados por exposición a radiaciones y para pie diabético quemado”, adelantó Mercedes Portas, jefe de Cirugía Plástica del hospital.
Es decir, documentarán con detalle científico qué evolución se lograr gracias a la incorporación de sesiones en la cámara.
En el Ramos Mejía, en tanto, tienen la idea de trabajar en varios protocolos más: para pie diabético, heridas y tratamiento de osteopenia, que es una disminución en la densidad mineral ósea, que puede ser una condición precursora de osteoporosis.
Hoy se realizó en la Argentina el trasplante de médula ósea número 1.000. Se logró gracias al aporte de un donante no relacionado, es decir que no pertenece al grupo familiar del trasplantado.
El Incucai informó que se llegó a ese número 15 años después de haberse creado el Registro Nacional de Donantes de Células Progenitoras Hematopoyéticas, donde ya se anotaron más de 200 mil voluntarios del país. A su vez se suman a la red mundial que agrupa registros de 63 países y que cuenta con 32 millones de inscriptos.
La importancia del registro de donantes reside en que 3 de cada 4 pacientes no tienen donante compatible en su grupo familiar y necesitan recurrir a un donante no emparentado.
Para sumarse al registro hay que donar sangre normalmente en un centro asociado al registro. De esa sangre se extrae una pequeña muestra que se analiza genéticamente. El resto de la sangre se utiliza para el trasplante en caso de que un paciente lo necesite para tratamientos y cirugías.
Inscribite como donante voluntario de médula ósea:
Escuelas privadas y estatales bonaerenses incorporaron un método basado en la estructura de las palabras y sus sonidos. Se basan en estudios neurocientíficos que afirman que los chicos aprenden mejor.
La técnica desafía el modelo que predomina en las aulas argentinas, y promete resolver las dificultades de comprensión lectora que explican los problemas de repitencia y abandono escolar.
La manera en la que se enseña a leer y escribir empezó a cambiar en varias escuelas bonaerenses. Ese cambio en la metodología se basa en estudios de neurociencia que analizaron el funcionamiento del cerebro de los chicos durante el proceso de aprendizaje.
Básicamente, varios especialistas en alfabetización y funcionarios del área de educación proponen incorporar, o ya lo hicieron, un método centrado en la estructura de la palabra y sus sonidos.
Ese método, conocido como conciencia fonológica, implica que la maestra enseñe de manera explícita la naturaleza del código alfabético y el sonido de cada letra.
Hoy y desde hace tres décadas, la técnica que predomina en las aulas de primer y segundo grado, donde se da el proceso de alfabetización, es de inmersión: la maestra crea las condiciones y da lugar a que los chicos construyan su lectoescritura de manera más integral a partir de la exposición a estímulos culturales.
Esa práctica surge del método que la academia llama psicogénesis, que tiene su origen en 1979, con la publicación de “Los sistemas de escritura en el desarrollo del niño“, el libro de Emilia Ferreiro y Ana Teberosky con el que se funda ese modelo alfabetización.
Uno de los primeros pasos de la conciencia fonológica es repasar los fonemas.
Por qué es importante el debate. Quienes impulsan el cambio, que implicaría acercarse al método con el que se alfabetizaba hasta la década del 70, afirman que las prácticas que predominan hoy no resolvieron los problemas de comprensión lectora y que esa situación explica los problemas de repitencia y abandono escolar.
“Los seres humanos no leemos naturalmente, leer es artificial y difícil. No se madura, se aprende, requiere de enseñanza explícita y sistemática para convertir al cerebro lingüístico en uno lector”, opina Florencia Salvarezza, directora del Instituto de Neurociencias y Educación de la Fundación INECO, que junto al Ministerio de Educación armaron una serie de cuadernillos para docentes en los que detallan cómo enseñar a leer con el método de la conciencia fonológica.
El diagnóstico. Para argumentar la necesidad de replantear las prácticas de alfabetización, los impulsores del cambio exponen varios números que explicarían el “fracaso” del método actual:
El 30% de los alumnos de 4° grado apenas alcanza un desempeño incipiente o básico en las tres dimensiones evaluadas: discursiva, textual y convenciones lingüísticas, según las pruebas Aprender 2017.
El 53,6% de los alumnos argentinos de 15 años no pudo reconocer la idea principal de un texto ni hacer “inferencias sencillas”, según datos de la prueba PISA que realiza la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
En las pruebas regionales TERCE, de Unesco, Argentina cayó del 6° al 9° puesto en lectura en 3° grado. Solo supera a Ecuador, Paraguay y los países centroamericanos.
Qué escuelas experimentan con el método explícito. La primera experiencia surgió hace dos años en un colegio privado, pero ahora se sumaron pruebas piloto en cinco escuelas de gestión estatal.
El Newman, de San Isidro, fue pionero y en 2016 sumó el método.
Luego lo incorporó el Santa Inés, también en ese municipio, y finalmente el Well Spring, de Pilar.
Este año, la Provincia de Buenos Aires instauró una prueba piloto en cinco escuelas primarias estatales: en Morón, Almirante Brown, San Isidro, Lanús y Quilmes.
“Tengo 20 años de experiencia como maestra y nadie me había explicado exactamente cómo enseñar a leer y escribir. Por eso viajé a Estados Unidos para capacitarme en el método de enseñanza explícito, que te ofrece recursos concretos para llevar al aula, porque es sistemático y directo”, contó Florencia Aguilar, maestra del Newman y encargada, luego, de capacitar a las maestras del Santa Inés.
Florencia se entrenó en Nueva York con Phyllis Bertín, una referente en el tema y coautora del programa Preveniendo el Fracaso Escolar, un método bastante difundido en Estados Unidos y basado en la conciencia fonológica.
“Yo sé exactamente con qué letra comenzar a enseñar: la c. Y con cuáles seguir: la a y la s. Es decir, tengo una secuencia de habilidades para ir enseñando”, explicó Florencia y aseguró que en 2016 y el año pasado, todos los chicos de primer grado pasaron a segundo “sabiendo leer fluido, con buen ritmo y entendiendo lo que lee”.
Y completó: “Eso no ocurría antes. Algunos chicos no alcanzaban ese nivel y era un problema que luego arrastraban en su vida escolar”.
En el Newman trabajan con el método explícito desde 2016.
Cómo se prueba el método en la gestión estatal. El primer espacio gubernamental en volver a abrazar la técnica explícita fue el Ministerio de Educación de la Nación al promoverlo desde los cuadernillos. Mientras que la Provincia de Buenos Aires es la que empieza a practicarlo.
“El nuevo diseño curricular de primaria habilita expresamente ambos métodos: la psicogénesis y el explícito. Y está muy bien que convivan. Hay chicos que pueden aprender mejor trabajando letra por letra, decodificando. Incluso podría ser un ejercicio para que la materia Prácticas del Lenguaje instrumente dos veces por semana”, consideró Agustina Blanco, directora de Evaluación y Planeamiento bonaerense.
Más allá de esa postura amplía, docentes de cinco escuelas bonaerenses están siendo capacitados para aplicar el programa Aprendo Leyendo, un plan de alfabetización enmarcado en la teoría de la conciencia fonológica. A su vez, esas cinco escuelas son parte de la Red de Escuelas de Aprendizaje, que impulsa la colaboración e intercambio de buenas prácticas entre colegios desde una plataforma online.
¿Podría predominar este método en la Argentina? “No es imposible, pero sí resulta difícil. En primer lugar porque tenés que cambiar el sentido común de los docentes respecto de cómo se enseña”, consideró Guillermina Tiramonti, coordinadora del Consejo de Formación Continua de la provincia de Buenos Aires e investigadora principal del área de educación de FLACSO.
Hacerlo a nivel nacional requeriría, además de mayor consenso, una adhesión por parte de las provincias y un trabajo en el mismo sentido en los cerca de 1300 institutos de formación docente del país.
Ocurre que el método es resistido, o al menos no es visto como una hipotética solución, por muchos especialistas en educación defensores de la teoría de la psicogénesis, como la propia Emilia Ferreiro, Ana María Kaufman o Delia Lerner, por citar algunos académicos.
También Mirta Castedo, directora de la Maestría en Escritura y Alfabetización de la Universidad de La Plata, vuelve a poner en valor el modelo de la psicogénesis.
“La propuesta de enseñanza (de la psicogénesis) se apoya sobre un principio fundamental (divergente con la conciencia fonológica), que es el de introducir a los niños en la escritura lo antes posible y dejar de lado los ejercicios de análisis de la oralidad en sí misma, porque es la escritura la herramienta cultural que abre la llave del análisis de la oralidad”, señala Castedo en un documento en el que analiza los dos métodos.
Qué dicen los trabajos científicos que vuelven a poner en valor la conciencia fonológica. El 8 de septiembre pasado se hizo en el Centro Cultural de la Ciencia una jornada sobre estrategias para mejorar resultados escolares. Expusieron algunos de los máximos referentes del método explícito y asistieron casi 500 docentes y directivos de escuelas.
El norteamericano Kenneth Pugh, director de investigación del Haskins Laboratories de la Universidad de Yale, expuso sobre cómo lee el cerebro y cómo se desarrollan en los niños los circuitos cerebrales que permiten leer. Y concluyó: “Hay niños que presentan trastornos de la lectura que no están relacionados con el ambiente ni la inteligencia sino con la biología del aprendizaje. La neurociencia corrobora lo que las abuelas ya sabían: una buena lectura tiene que ver con la fonología, el lenguaje y sus conexiones”.
John Russel, director de la escuela neoyorquina The Windward School, contó que su colegio inscribe casi exclusivamente a chicos con dificultades para leer, principalmente con dislexia, un trastorno que dificulta justamente la lectura y está presente en el 10% de los chicos. “Usamos el método explícito de alfabetización y logramos una instrucción efectiva en todos los chicos”, señaló Russel.
Qué países aplican el método explícito. Según explicó Florencia Salvarezza, de INECO, es la metodología que “predomina en el mundo” y remarcó que en Finlandia, donde predomina esa técnica, “el 90% de los chicos lee fluido”.
“Estados Unidos tiene un mix entre ambos métodos. Lo mismo pasa en México y Colombia. Pero en Chile, Perú y Uruguay trabajan el explícito”, detalló Salvarezza.
Fotografía de portada: Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires.
Qué pasará. Este fin de semana se hará en Catamarca una cumbre que buscará resaltar la necesidad de preservar el agua como “bien común y vital”. Participarán asambleas vecinales, referentes de derechos humanos, ambientalistas, comunidades originarias e investigadores del país y de América Latina.
La agenda propone mesas de trabajo y talleres liderados por 40 especialistas de universidades, ONG y agrupaciones populares.
Las actividades son abiertas y gratuitas.
Por qué es importante. Quieren que el encuentro se establezca como un espacio regional para agrupar esfuerzos en defensa del agua como recurso natural, como herramienta para posicionar sus reclamos en la agenda pública y como instrumento formal para elevar pedidos a los estados.
Conformarán una red para aunar criterios y acciones.
Pretenden afianzar relaciones entre las comunidades.
Trabajarán sobre buenos ejemplos de políticas públicas.
Consensuarán un documento final con el que planean clarificar reclamos comunes.
“Así como los gobiernos y los organismos internacionales tienen sus cumbres sobre el agua, queremos instaurar una cumbre impulsada desde los pueblos”, señaló Rosita Farías, referente de la Asamblea El Algarrobo, de Andalgalá. Ese grupo lleva dos décadas de lucha socioambiental contra la mina de oro y cobre La Alumbrera, el primero proyecto de megaminería de la Argentina, instalado en 1997.
Qué les preocupa. Debatirán acerca del impacto que tienen sobre el agua seis actividades: la megaminería, los agronegocios, la expansión de la frontera urbana, las represas, la energía nuclear y el uso de fracking hidráulico para extraer petróleo y gas.
En Argentina, el Informe del Estado del Ambiente, elaborado por el entonces Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, reconoce a los agroquímicos como uno de los principales contaminantes del agua.
El mismo informe señala que el sector que más agua consume es el agrícola y el agroindustrial. A nivel mundial y según la FAO, esa actividad representa el 70% de la extracción mundial de agua.
El vertido de efluentes en áreas urbanas, en tanto, constituye en la Argentina uno de los principales contaminantes de los cursos de agua.
Semáforo. Los colores indican la intensidad del problema asociado al acceso a agua y cloacas. Rojo, para más intensidad, y verde, para menos.
Quiénes confirmaron su presencia. Participarán el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el experto en ecosistemas de agua dulce Lino Pizzolón, del Observatorio del Agua de la Universidad Nacional de la Patagonia; y el sociólogo e investigador del Conicet Mauricio Berger, de Universidad Nacional de Córdoba, entre otros.
Habrá alrededor de 300 referentes y asambleístas de Tucumán, Misiones, Neuquén, Buenos Aires, Chubut, La Rioja, Córdoba, Salta, San Juan, Mendoza y Santa Fe.
De la región, vendrán representantes de San Pedro de Atacama, del Movimiento Agua y Territorio, y de la Red por los Ríos Libres, los tres de Chile. De Brasil participarán miembros del Movimiento de Afectados por las Represas. Y de Bolivia vendrán del Colectivo de Profesionales en Derechos Humanos.
Por qué se hace en Catamarca. El encuentro es organizado por Pucará, una colectivo de asambleas vecinales catamarqueñas que militan contra la minería.
La actividad de las asambleas en la provincia es alta, sobre todo como espacio de oposición a la instalación de nuevos proyectos mineros y de lucha contra las exploraciones activas. Cuestionan entre otros aspecto, el uso de millones de litros de agua por día para operar esas minas.
Marcelo Benítez es docente y director de la escuela de El Progreso, un paraje misionero en el límite con Brasil. El colegio es la única institución estatal y Marcelo se ocupa de educar a 85 chicos y resolver los conflictos que surgen en una comunidad campesina de 500 familias.
Se podría decir que Marcelo Benítez pasó un tercio de su vida en la escuela y dedicado a la escuela. Tiene 48 años y desde hace 18 que vive con su familia en una casa que se hizo con un crédito Procrear a 50 metros de la primaria pública N°634 de Misiones.
Marcelo es uno de los cuatro maestros y, además, el director. También se podría decir que es como un juez o una especie de delegado gubernamental. Porque la única presencia del estado en ese paraje ubicado a 1500 metros del límite con Brasil es esa escuela de frontera.
“En El Progreso el maestro sigue siendo la máxima autoridad y lo que pasa en la escuela es central para las 500 familias campesinas que viven en un territorio de 10 kilómetros a la redonda”, dice Marcelo en un día especial, el Día del Maestro, una profesión que dice hacerlo feliz y que volvería a elegir.
En muchos casos, la armonía del paraje está en sus manos. A veces debe dirimir dónde termina un campo y empieza el del vecino. O conversa con la familia de una chica que se enamoró y quiere irse de la casa. “¿A quién recurrirían? La escuela es desde hace 18 años el centro de contención de las familias en todos sus aspectos”, asegura.
Marcelo es uno de los 363.557 maestros de escuelas primarias que tiene el país y uno de los 56.257 que trabajan en escuelas primarias rurales. Esa relación se podría establecer incluso dentro de su propia familia, de 14 hermanos, todos nacidos en Colonia Guaraní, cerca de Oberá. “Soy uno de los 10 hermanos que elegimos la docencia: 8 somos maestros de grado y dos son profesores”, cuenta.
A El Progreso llegó en 1997 y se sumó a la escuela en el año 2000, cuando los gendarmes del cuartel de la ciudad cabecera de Colonia Aurora terminaron de construir la escuela con dinero que donó la Asociación de Clubes Argentinos de Servicios, una ONG que construye, asiste y mantiene a escuelas ubicadas en zonas de frontera. Lo acompañó su mujer, Claudia, y su hija, Ayelén, que ahora tiene 20 y estudia para ser maestra del nivel inicial. Bianca, de 11, nació en El Pogreso.
A la escuela van 85 chicos de 4 a 12 años. Pasan ocho horas, de 8 a 16. Desayunan, almuerzan y meriendan. Y los cursos son plurigrados, es decir integran a chicos que están cursando distintos años. Esa es una de las características de las escuelas rurales aisladas. De lo contrario necesitarían mucho más que cuatro maestros.
La escuela tiene otra característica muy especial. La mayoría de los chicos son hijos de familias brasileñas que se asentaron en la zona para cultivar tabaco. Como los inmigrantes son tantos, Marcelo tuvo que aprender portugués para dar clases. En la práctica, es una escuela bilingüe. “También tenemos hijos de una comunidad guaraní. Digamos que la multiculturalidad es uno de los desafíos que enfrentamos al momento de dar clases”, cuenta Marcelo.
La mayoría de las familias vive de los cultivos de tabaco. Algunos plantan soja y maíz. Y casi todos tienen animales para consumo propio: vacas, gallinas y chanchos. En los últimos años, Marcelo tiene un desafío adicional: evitar los abandonos. “Estamos teniendo una deserción más alta y creemos que es por la situación económica de país”, dice.
En El Progreso muchos chicos ayudan a sus padres en la siembra y cosecha de tabaco. También hay hijos de peones que cobran por día y que sus economías son muy vulnerables. Algunos chicos comen pocos. Y varios están bajos de peso. De los que trabajan en el tabaco, varios tienen retraso madurativo. La hipótesis de Marcelo es que los afectan los pesticidas que usan en el campo.
En gran medida, el futuro de una nueva generación de vecinos de El Progreso depende de Marcelo y otros tres maestros. Así de simple y así de transcendental.
La escuela fue construida en el año 2000, pero necesita reponer los pisos, que están destruidos. Tiene agua de pozo y luz eléctrica, pero no cuenta con Internet, algo que sería importante para darle mayor utilidad a las computadoras donadas por la Asociación de Clubes Argentinos de Servicios, que lleva hechas 18 escuelas en zonas de fronteras. “También necesitaríamos algún tipo de apoyo para el comedor escolar”, pide Marcelo.
Muchos de los docentes del país deben trabajar en más de una escuela simultáneamente para poder llegar a fin de mes. En las primarias, el 28% enseña en dos escuelas y el 3% lo hace en tres o cuatro.
En las secundarias, en tanto, el 44% de los profesores tiene horas en tres o más colegios, mientras que el 30% da clases en dos.
Estas cifras muestran la situación de pluriempleo que caracteriza a la profesión docente en el país, según reveló un informe del Observatorio Argentinos por la Educación difundido en el contexto del Día del Maestro y elaborado en base a la encuesta docente que se realizó junto con las pruebas Aprender 2016.
Si bien los regímenes laborales son diferentes, ya que en primaria la organización es por turnos y en la secundaria es por horas cátedra, la situación de pluriempleo afecta a los docentes en ambos niveles del sistema educativo.
“El pluriempleo de los docentes atenta contra el ejercicio profesional de su rol y la calidad de la enseñanza. El pluriempleo obedece a las condiciones en que se estructura el trabajo docente. Hay que tener en cuenta que los docentes en Argentina ganan menos que otros profesionales de calificación similar”, consideró Claudia Romero, directora del área de educación de la Universidad Torcuato Di Tella.
“En el Día del Maestro, poner el foco sobre el pluriempleo docente permite advertir las limitaciones del sistema educativo argentino para avanzar con algunas de las reformas previstas por la Secundaria 2030, como el aprendizaje por proyectos y el trabajo articulado entre asignaturas”, plantea Ignacio Ibarzábal, director ejecutivo del Observatorio Argentinos por la Educación.
Después de 12 años de investigación y desarrollo, la Comisión Nacional de Energía Atómica fabricó e instaló en el Hospital de Clínicas un equipo que permite un diagnóstico temprano y preciso de tumores. Es el primero que llega a un hospital público y hay planes de producirlo en serie.
El fin de semana, Gerardo Rank estuvo en un congreso de endocrinólogos en Mar del Plata y vivió días de popularidad. Aunque no fue a exponer ningún hallazgo médico, sus colegas quisieron conocerlo, felicitarlo y preparar el terreno para cuando necesiten de él.
Gerardo es el jefe del servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas de la ciudad de Buenos Aires. Su área acaba de sumar un tomógrafo por emisión de positrones (PET), un equipo que hace tres décadas revolucionó el diagnóstico de varias enfermedades, sobre todo del cáncer.
Este tipo de tomógrafo ofrece una precisión todavía insuperable y permite detectar anomalías en un estado prematuro. Curables. Sin embargo, ningún hospital público del país tenía este equipo.
“Lo que más les importaba a los colegas era saber cuándo lo tendremos operativo y cuándo podrían mandarnos pacientes. La mayoría de las consultas eran de médicos del interior, donde ni las clínicas privadas tienen este equipo”, cuenta Gerardo, que es tucumano y ensaya una enumeración: “Salta no tiene; La Rioja no tiene; Catamarca, tampoco; y San Juan y Santiago del Estero, tampoco”.
La lista podría seguir: en todo el país hay unos 20 tomógrafos PET y la mayoría está en la ciudad de Buenos Aires.
La notoriedad que tuvo Gerardo en Mar del Plata no estuvo sólo asociada a la posibilidad de derivar pacientes, algo que ocurrirá en un año, cuando terminen de homologar el equipo ante la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica. También alimentó la ilusión de sumar esa tecnología en otros hospitales públicos y en más centros privados, ya que el tomógrafo del Clínicas fue diseñado y fabricado en el país.
Ese hito tecnológico fue logrado por un equipo de seis ingenieros de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) que trabajan en este proyecto desde hace 12 años. El desarrollo, que tuvo la colaboración de la sede porteña de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), permite imaginar que lo que a nivel mundial comercializan tres empresas, Phillips, General Electric y Siemens, ahora se pueda fabricar en la Argentina y a la mitad de precio: unos 600 mil dólares.
Ocurre que Argentina suma siete décadas de tradición en investigación y desarrollo de tecnologías nucleares. Gracias a esa continuidad de políticas públicas, el país ya exporta reactores de investigación y construye un prototipo para generar energía.
La apuesta es competir por un mercado de centrales medianas en el que el mundo planea invertir US$600.000 millones hasta 2035. Argentina compite con Estados Unidos y Corea del Sur.
Cómo funciona y para qué sirve
Quién lidera el proyecto desde 2006 es el ingeniero electrónico Claudio Verrastro. Tiene 65 años y lleva 39 como investigador en la CNEA. Es el jefe de la División Sistemas Digitales y Robótica. También es el director del Grupo de Inteligencia Artificial y Robótica de la regional Buenos Aires de la UTN, donde reclutó estudiantes para trabajar en su equipo.
“El tomógrafo que hicimos no es uno convencional como el que se usa cuando el paciente se dobla el tobillo. El ARPET, como lo bautizamos, brinda información sobre cómo están funcionando los órganos del paciente”, explica Verrastro.
Para lograrlo, al paciente se le administra un radiofármaco endovenoso que viaja en la sangre y se acumula en órganos y tejidos. Ese líquido opera como un marcador que ayuda a ver ciertas con claridad zonas “preocupantes” gracias a una especie de escáner en forma de túnel.
El tomógrafo detecta las señales del marcador y una computadora las convierte en imágenes tridimensionales muy útiles para definir terapias oncológicas y tratamientos por enfermedades cardiológicas o neurológicas, como el Alzheimer.
Silvina Racioppi fue una de las pioneras en trabajar con esta tecnología, cuando el Hospital Italiano sumó en 2001 el primer tomógrafo PET de la Ciudad de Buenos Aires. Ahora es la jefa del servicio de Imágenes Moleculares y Terapia Metabólica del Instituto Alexander Fleming y presidenta de la Asociación Argentina de Biología y Medicina Nuclear.
Ante la consulta sobre cuál es el aporte médico de esta tecnología, Silvana se desespera por explicar el universo de información al que se puede acceder. Destaca que es un método no invasivo; que determina el comportamiento metabólico de un tejido, órgano o sistema; que da información que permite adelantarse a los cambios morfológicos, permitiendo tomar decisiones precoces; y que impacta en el manejo terapéutico, evitando intervenciones innecesaria o aumentando las opciones de tratamientos.
“El impacto se da en la eficacia del diagnóstico y en el posterior manejo del paciente, principalmente oncológico. Una tomografía PET puede redefinir en hasta un 45% la conducta terapéutica”, dice Silvana y remarca que es importante que el sector público también pueda sumar esta herramienta.
Un plan para fabricarlo en serie
El proyecto para fabricar el tomógrafo nació en 2006 y demandó una inversión de 300 mil dólares del Gobierno nacional, lo que suena razonable si se tiene en cuenta que las clínicas privadas que incorporaron estos equipos debieron desembolsar por lo menos 1 millón de dólares y pagar una garantía anual posventa equivalente al 10% del valor del equipo.
La gran inversión que hizo el Estado fue en horas de investigación, ya que un equipo de seis personas le dedicó ocho horas diarias: es decir hasta 25.000 horas al año a lo largo de 12 años.
Sostener el equipo no fue sencillo. Salvo Verrastro, ninguno de los otros cinco miembros del staff inicial llegó a ver el tomógrafo terminado. Un ingeniero se fue a hacer un posdoctorado a Inglaterra y otros dos ganaron una beca para sumarse a un instituto de física holandés que colaboró con el Laboratorio Europeo de Física de Partículas, en Suiza, donde se creó el acelerador de partículas más potente del mundo. Mientras que los demás integrantes fueron contratados por empresas.
“Me sumé en 2012 como estudiante de ingeniería electrónica de la UTN. Lo que me sedujo es que el proyecto proponía desarrollar muchas de las nuevas tecnologías actuales y pateaba el tablero de todo lo que se estaba haciendo en el país. Porque trabajamos con lenguaje de programación C++ e hicimos 300 matrices de puertas programables”, cuenta Damián Pirlo, que tiene 28 años y está a punto de recibirse.
Fotos: Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)
Verrastro encargó un pequeño estudio de mercado y llegó a la conclusión de que si se produjera industrialmente en el país este tomógrafo podría venderse a 600 mil dólares. También estimó que se podrían vender entre 1 y 2 equipos por año, sin contabilizar la posibilidad de exportación.
“De hecho tuvimos una pedido de Italia. Pero la CNEA no está habilitado a producir equipos y comercializarlos. Sin embargo, hay dos empresas interesadas en fabricar el ARPET y estamos en conversaciones”, revela Verrastro.
Si se llegara a un acuerdo, la posibilidad de democratizar el acceso a esta tecnología y de los estudios médicos que ofrece sería realmente factible. “Si valiese la mitad de lo que sale importar el equipo y el service pasara a ser nacional, realmente podría permitir una federalización de esta tecnología”, se entusiasma Gerardo Rank, jefe del servicio de Medicina Nuclear del Hospital de Clínicas.
Desarrollaron nuevas capacidades
Para Verrasco, el ARPET “reafirma la idea de que apostar a la investigación y el desarrolló en el país vale la pena”. No se refiere únicamente a que se llegó a concluir un tomógrafo que solo fabrican tres empresas en el mundo, sino a que el trabajo permitió emplear nuevas tecnologías y desarrollar nuevas capacidades.
En esa línea y usando los saberes incorporados gracias al tomógrafo, la CNEA desarrolló un espectrómetro de rayos gamma capaz de analizar geológicamente los suelos para determinar dónde hay grandes concentraciones de uranio como para justificar su extracción.
También hicieron un escáner tomográfico para monitorear residuos radioactivos. Y por último, fabricaron un equipo que permite tomar gammagrafías (radiografías hechas con rayos gamma) de obras de ingeniería civil, como rutas, puentes y edificios.
Son herramientas de avanzada que se materializan en un momento delicado para los investigadores y científicos, que reclaman por mayor inversión pública en el área de ciencia y tecnología.
Con un sistema de flotadores de 600 metros de largo que servirá para capturar basura, mañana empieza una campaña para limpiar una especie de isla conformada principalmente por desperdicios plásticos.
Ese “parche de basura”, como se lo llama, es el más grande del mundo y está ubicado en el océano Pacífico, entre California y Hawái.
El comienzo de la cruzada podrá seguirse en vivo desde el sitio de The Ocean Cleanup, la fundación que desarrolló la tecnología y que pretende levantar en cinco años la mitad de las 80 mil toneladas de basura acumulada por las corrientes marinas en un mismo sitio hasta conformar una isla que tiene una superficie equivalente a cinco veces la provincia de Buenos Aires.
A partir de millonarias donaciones y el trabajo de ingenieros, Slat desarrolló una línea costera hecha con flotadores que se asientan sobre la superficie del agua y permiten desplegar una falda de 3 metros de profundidad, lo que retiene el plástico pero no bloquea el paso de peces y otras especies marinas.
Una primera línea costera artificial será liberada mañana en el océano. Cuando retenga suficiente basura, un barco retirará lo acumulado y dejará la línea en el océano. Y así sucesivamente. La cadena de noticias positivas BrigthVibes lo explica de manera sencilla en este video:
Qué pasó. El Gobierno redujo de 18 a 10 los ministerios que conforman el gabinete nacional que conduce Marcos Peña y acompaña la gestión de Mauricio Macri. Los ministerios de Salud, Trabajo, Agroindustria, Energía, Cultura, Turismo, Modernización y Ciencia y Tecnología pasaron a ser secretarías y sus ministros ahora son secretarios.
El gabinete nacional se convirtió en el más chico de América Latina, por debajo del de Uruguay, que está conformado por 13 ministerios; Chile, que cuenta con 23; o Brasil, que suma 24. Tres especialistas en gestión pública analizan el impacto de la decisión.
Qué implica el cambio. Cuando un ministerio pasa a ser secretaría pierde rango jerárquico. “Técnicamente, porque habrá que ver qué ocurre políticamente, el secretario recibe instrucciones de su ministro. Es decir, pasó a estar en un plano inferior”, asegura Luciano Andrenacci, director de la Maestría en Planificación y Evaluación de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de San Martín.
A diferencia de los ministros, los secretarios no son invitados regulares a las reuniones del gabinete con el Presidente, salvo que sean reuniones ampliadas.
Pierden autonomía. “Le va a costar tomar decisiones sin consultar con el ministro. Teóricamente no podría tomar decisiones por fuera de lo que se decida en el gabinete de su propio ministerio, al que asisten los secretarios”, explica Andrenacci.
Tienen menos peso simbólico. Juan Negri, politólogo y docente de Ciencia Política en la Universidad Di Tella, lo grafica así: “Cuando un gobierno eleva una secretaría al rango de ministerio lo hace como una decisión simbólica, como una declaración de principios de su gestión”.
Relega independencia presupuestaria. “En caso de que hubiese una orden presidencial que le ponga topes presupuestarios a cada ministerio, ahora el secretario deberá moverse con mayor cautela para discutir el presupuesto para su secretaría, ya que debe entrar en una estructura piramidal de la que no era parte”, agrega Andrenacci.
¿Implica un ahorro? “Un ministro tiene más asesores, más secretarios administrativos y hasta más de un chofer. Si esa súper estructura se redujera al pasar a ser secretaría, podría implicar un ahorro pero de carácter más simbólico”, afirma Oscar Oszlack, doctor en Ciencia Política y en Economía y fundador del Centro de Estudios de Estado y Sociedad.
Oszlack estima que el salario de los secretarios es un 10% más bajo que el de los ministros, que a principio de año rondaba los $ 180 mil mensuales, según publicó Chequeado.
Qué impacto tiene en la sociedad. Los especialistas coinciden en que es difícil de medir mientras no se sepa si además de la reducción del rango habrá un recorte sobre sus presupuestos y su dotación de personal.
“No en todos los casos la situación es igual. Pero convertir a Salud en una secretaría es alarmante. Es un área que hace 20 años que tiene problemas operativos y reducir la autoridad relativa de esa área no puede significar nada bueno. La señal es que el Gobierno considera que no es un ámbito importante como para tener rango de ministerio y en consecuencia no se pueden esperar cambios importantes”, opina Andrenacci.
Los especialistas remarcan que los gremios o las entidades del campo, por ejemplo, ahora deberán sentarse a negociar con secretarios y no con ministros, lo que supone que sus peticiones tendrán un escalón más para que lleguen a oídos del Presidente.
“Se supone que si son ministerios, el titular está más cerca del poder y por lo tanto, va a tener mayor prioridad dentro de la planificación del Gobierno. Pero eso es relativo. Lo más importante es saber qué presupuesto tendrán y la cantidad de puestos de trabajo que dispondrá para llevar a cabo su trabajo”, considera Oszlack.
Qué ocurre en otros países. La tendencia en los últimos 20 años es que los países tienen cada vez más ministerios porque buscan la tecnificación y la profesionalización en áreas más pequeñas. “Los especialistas decimos que es por la propia complejidad de los problemas que tiene que resolver el Estado”, expone Andrenacci y ejemplifica que un ministerio de Agroindustria hoy tiene que saber negociar precios, medir calidad, competitividad y cuidado del ambiente, entre otras variantes.
A los ejemplos de América Latina, se le pueden sumar los de Estados Unidos, donde tienen 14 secretarías de Estado (el equivalente al ministerio) o Francia, con 14 ministerios.
Algunos aspectos positivos. Negri afirma que, según la teoría, puede aumentar la coordinación siempre que el agrupamiento de áreas sean realmente cercanas. “Educación y Ciencia y Tecnología, separadas, pueden tener problemas de coordinación”, señala.
Oszlack coincide en que algunas áreas tienen la posibilidad de tener mayor coordinación horizontal, “como Salud y Desarrollo Social, en temas vinculados con la pobreza”. Y destaca: “Un gabinete de 10 ministros es más compacto. Por lo que el conductor tiene mejor control y supervisión”.
En los últimos diez años, surgieron 88 iniciativas y ya hay 291 en todo el país. Entre los impulsores, hay filántropos, emprendedores turísticos y empresarios que quieren hacer que sus producciones sean más amigables con el ambiente.
Entre todas, suman 876.745 hectáreas protegidas. Algo así como 43 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, según se desprende de un relevamiento hecho por la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas,
Cuando heredaron el campo en Misiones, los hermanos Teza pensaron que tenían tres opciones: rematarlo, plantar yerba o desmontarlo para vender cedro y lapacho.
Pero esas 350 hectáreas de selva en El Soberbio no tuvieron ninguno de esos destinos. “No necesitábamos la plata y a los seis hermanos nos gustó la idea de que el campo de mi viejo sea conservado”, cuenta Diego Teza, que tiene 47 años, es ingeniero agrónomo y se dedica a hacer auditorías ambientales.
Los Teza armaron 10 kilómetros de senderos por la selva y a fines de 2015 lograron que el Gobierno de Misiones le reconociera oficialmente que tenían una reserva natural. A cambio de conservar el ambiente, le redujeron los impuestos.
La reserva se llama El Cantar de la Pachamama y la visitan sobre todo turistas de hoteles y lodges de El Soberbio, que tiene como principal atractivo a los Saltos del Moconá, unas cataratas que están en el límite con Brasil. Para entrar, pagan un ticket “a voluntad” que es para el guardaparques.
La reserva está rodeada por el arroyo Chafaríz, que desemboca en el río Uruguay.
“No queremos ganar dinero, sólo que en un futuro la reserva genere fondos como para costear su mantenimiento”, asegura Diego y dice que lo hacen por las próxima generaciones, para que no se pierda más selva misionera.
La de la familia Teza es una de las 88 reservas naturales privadas que se crearon en el país en los últimos diez años y que llevaron a que ya haya 291 reservas instauradas por particulares y empresas.
Entre todas, suman 876.745 hectáreas protegidas. Algo así como 43 veces la superficie de la Ciudad de Buenos Aires, según se desprende de un relevamiento hecho por la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas, que este fin de semana reunió en Misiones a 130 propietarios y miembros de ONG que trabajan en la consolidación de este tipo de espacios.
En Misiones se realizó el 3° Encuentro Nacional de Reservas Naturales Privadas.
De la filantropía a la sustentabilidad productiva
Las razones por las que un particular o una empresa deciden crear una reserva son varias. Hay decisiones filántropas, como la de los Teza o la de Douglas Tompkins, un conservacionista norteamericano millonario que murió en 2015 y que compró 150.000 hectáreas en los Esteros del Iberá, en Corrientes, para conformar una reserva que será donada al Estado y se convertirá en un nuevo parque nacional.
“Además hay más conciencia sobre el recurso natural sobre el que se desarrollan actividades productivas. Muchos propietarios quieren seguir sembrando o teniendo ganado pero de una manera sustentable, por lo que una parte de su campo lo convierten en reserva”, explica Florencia Morales, coordinadora de la red.
Eso explica que ya son 67 las reservas impulsadas por empresas. Está la de Toyota, de 21 hectáreas en Zárate; o la emblemática de Villavicencio, de 72 mil hectáreas en Mendoza, donde hacen compatible la conservación y la extracción de agua.
Villavicencio es la tercer reserva privada más grande del país, con 72 mil hectáreas.
La azucarera Ledesma, en tanto, mantiene intangibles 91 mil hectáreas de yungas en Jujuy, una forma también de asegurarse la “producción” de agua que ocurre en esa selva y que luego riega sus ingenios.
Esta manera de hacer más amigable la producción también les permite certificar normas internacionales y agregarle valor o diferenciar sus cultivos, carne o madera.
En la reserva El Carrizal, muy cerca de Las Toninas, Federico Quiroga, cría ganado pero mantiene el pastizal. Es decir, no siembra pasturas exóticas. De esa manera, en sus 2300 hectáreas preserva las 500 especies vegetales del pastizal autóctono. Y en un futuro podrá certificar su carne como amigable con el ambiente.
También el turismo de naturaleza se volvió más exigente y valora aquellos complejos que instauran reservas dentro de sus predios. Eso ocurre con Puerto Bemberg, un predio turístico ubicado a 35 minutos de las Cataratas del Iguazú. Ahí crearon una reserva de 198 hectáreas.
“Además en los últimos años creció la cantidad de profesionales que tiene una orientación ambiental. Eso también influye en lo que está ocurriendo hoy”, afirma Morales, que estudió ciencias ambientales la Universidad de Madrid y se recibió en 2006, cuando todavía la Universidad de Buenos Aires no tenía esa especialidad.
Las obligaciones que asumen
Para que un predio se constituya en reserva tiene básicamente dos caminos posibles. Su dueño puede tramitarlo ante el estado provincial o certificarlo ante una ONG, como Aves Argentinas, Fundación Vida Silvestre, Temaiken, Pro-Yungas, Azara o Hábitat y Desarrollo, por citar algunas de las 11 organizaciones que integran la red.
Los propietarios se comprometen a conservar los ambientes naturales y promover acciones para mejorar las condiciones de la flora y la fauna. También prohíben la caza y el uso de agroquímicos.
Mientras que la infraestructura y el desarrollo productivo, si lo tuvieran, deben estar limitados a un sector específico. Esa actividad, además, tiene que contar con un plan de manejo sustentable que justamente garantice que no afecte el área intangible.
Según cada caso, esas responsabilidades pueden ser acordadas de por vida, en un convenio por 20 años o hasta que el privado decida otro fin para el territorio.
Aunque existen pocos incentivos estatales, algunas provincias, como Misiones o Entre Ríos, ofrecen descuentos impositivos. También pueden llegar a aplicar a fondos nacionales, como los que instaura la ley de Bosques, o internacionales, que en ambos casos buscan apuntalar iniciativas conservacionistas. Finalmente, como se dijo antes, estas iniciativas ayudan a que lo que puedan producir en ese entorno lleve un certificado de sustentabilidad.
Si tenés un predio que creas que puede tener valor para ser conservado, podés ponerte en contacto con la Red Argentina de Reservas Naturales Privadas:
En primer lugar, las reservas naturales privadas aumentan la superficie protegida del país, que según los compromisos internacionales ya suscriptos, debe llegar al 17% del territorio en 2020. Actualmente, entre parques nacionales y reservas naturales ronda el 12%, según los últimos datos oficiales del área de Ambiente de la Nación.
“Estas reservas reflejan que existen otras formas de pensar el territorio sembrando la opción de la conservación. Además, dan apoyo a acciones de educación e investigación y contribuyen en la difusión de buenas prácticas productivas y del valor de la biodiversidad”, enumeró la bióloga Alejandra Carminati, coordinadora del proyecto Áreas Protegidas Privadas de la Fundación Vida Silvestre.
Para ejemplificar cuál es su aporte, contamos algunas de las iniciativas:
Refugio de huemules
Nombre: Los Huemules Lugar: Lago Argentino, Santa Cruz Ecoregión: Bosques patagónicos Perfil del propietario: Copropietarios de un barrioSuperficie: 5.600 hectáreas
La reserva nació de la mano de un desarrollo inmobiliario: un loteo para levantar 92 casas y un hotel en pleno bosque patagónico. El proyecto fue desarrollado por Cielos Patagónicos y se desarrolló sobre 5.800 hectáreas, de las cuales 5.600 quedaron intangibles y como reserva.
Ahora, los dueños de la reserva son los propietarios de los lotes. A Los Huemules lo visitaron 3.000 personas en 2017. Los turistas pagan un ticket de $ 300. Pero los alumnos de colegios, los residentes y los investigadores que llegan de todo el país entran gratis.
“Nuestro principal aporte es a la conservación del huemul. Ya logramos identificar a 15 ejemplares”, asegura Federico Reese, administrador del campo. El huemul es el principal herbívoro del bosque andino patagónico y está en peligro de extinción: quedan sólo 1500 ejemplares entre Argentina y Chile.
Purificador de agua
Nombre: El Potrero Lugar: Gualeguaychú, Entre Ríos Ecoregión: Humedales, selva en galería y monte de espinal Perfil del propietario: FamiliarSuperficie: 18.000 hectáreas
Se trata de una reserva de la familia de Marcos Pereda y Azul García Uriburu. Cuando compraron el campo, de 30.000 hectáreas, con una gran extensión de humedales, la idea era secarlo para hacerlo productivo. “Cuando conocimos bien el lugar, tuvimos una corazonada: esto tiene que ser importante como para conservarlo. Llamamos a especialistas y nos explicaron que esto era como un riñón, que purificaba el agua y alimentaba los acuíferos subterráneos”, explica Azul, directora de la reserva.
Esa visión hizo que la familia limitara la siembra de maíz, soja y trigo y la explotación forestal de eucaliptus a un 40% del campo. El resto, unas 12.000 hectáreas de humedales, selva en galería y monte de espinal fue constituido como una reserva que es visitada gratis por escuelas y grupos en general.
En la zona hay 700 especies de plantas, 285 de aves, 48 de anfibios y reptiles y 29 de mamíferos.
La selva del yaguareté
Fotografía: Ramón Moller Jensen.
Nombre: Rubichana Lugar: General Belgrano, Misiones Ecoregión: Selva paranaense Perfil del propietario: FamiliarSuperficie: 800 hectáreas
Entre 2009 y 2016, Fabiana Giussani y Gabriel Andreanó fueron compraron distintos lotes de selva misionera hasta conformar una predio de 800 hectáreas. Son porteños y se dedican a la venta de repuestos de equipos de refrigeración, pero se involucraron en el proyecto por filantropía, para ayudar a conservar una de las ecoregiones con mayor biodiversidad.
“Por ahora la reserva es exclusivamente para favorecer la conservación”, asegura Fabiana y cuenta que uno de los principales aportes es a la preservación del yaguareté, del que se estima que quedan apenas 250 ejemplares en todo el país.
Con registros de video hechos en la reserva y la ayuda de científicos del Conicet que integran el Centro de Investigaciones del Bosque Atlántico, ya lograron identificar cuatro yaguaretés. Por ser registros inéditos pudieron ponerle nombres a los ejemplares: Teté y su cachorro Doti; Jerovia y La Vándala.
Los gremios docentes afirman que sus salarios perdieron poder adquisitivo y los rectores reclaman por el retraso en el giro de fondos y demoras en las obras. Por esta situación, hoy hay una movilización a Plaza de Mayo. ¿Qué dicen los números oficiales? ¿Qué respuestas dio el Gobierno?
Qué pasó. Los gremios que representan a los docentes de las 57 universidades públicas nacionales del país realizaron tres semanas de paro este mes y hoy a las 17 horas marchan a Plaza de Mayo para reclamar que el aumento salarial anual sea del 30% e incluya una cláusula gatillo en caso de que la inflación supere esa cifra.
De esa forma rechazan el 21% que ofrece el Gobierno.
Además, denuncian un desfinanciamiento de las universidades por la demora en el giro de los fondos y porque la inflación es superior a la prevista a fines de 2017, cuando se definió el presupuesto para las universidades.
Los rectores también le pidieron al Gobierno que “tomen las medidas políticas y económicas necesarias” para que los docentes “recompongan su salario”.
Qué reacción tuvo el Gobierno. Ayer se hizo la última reunión paritaria y por segunda vez consecutiva fue el ministro de Educación, Alejandro Finocchiaro.
Un día antes, el martes, el presidente Mauricio Macri había recibido a los rectores para escuchar sus planteos, lo que demostró que el tema pasó a estar en la agenda prioritaria del Gobierno.
Cuál fue la oferta salarial. Para los docentes de hasta 7 años de antigüedad, la suba propuesta por el Gobierno llega al 21%. De ahí en más esa cifra baja hasta el 19%.
Por un lado, ya le prometió a todos los docentes un 15% en tres cuotas: 5% que empezó a pagarse en mayo, 5,8% a cobrar con el sueldo de agosto y 4,2% en septiembre.
El 6% restante lo ofrece en dos cuotas, una del 4% con el sueldo de noviembre y otra del 2% en el de diciembre, a cobrar en enero. Esas cuotas son “no bonificables”. Es decir que no se aplican sobre el plus que cobran por antigüedad, que en la carrera docente permite que el sueldo aumente en hasta un 120%.
Por ese motivo, los que llegarían al 21% son los docentes con menos de 7 años de antigüedad.
De todos modos, el Ministerio está abierto a seguir negociando y de hecho mañana hay una nueva reunión paritaria.
Sobre el presupuesto, reconocen que hubo retrasos de hasta tres meses en el pago de los gastos de funcionamiento, la partida que permite mantener la operatividad de las universidades, pero aclaran que en los próximos días girarán los fondos de junio y julio.
Respecto a la parálisis de las obras de infraestructura que denuncian los rectores, Finocchiaro lo negó durante una conferencia de prensa que dio el lunes: “No hay obras que se hayan suspendido”.
Cuál es el impacto del conflicto. A las 57 universidades nacionales van 1.617.573 alumnos de pregrado, grado y posgrado, según datos oficiales.
Prácticamente 8 de cada 10 alumnos universitarios del país se forman en universidades públicas
En las universidades nacionales trabajan 130.557 docentes que toman 183.908 cargos docentes.
Por lo menos 21.000 docentes tienen dedicación exclusiva. Es decir, probablemente viven exclusivamente de ese sueldo.
Por qué es tan importante la discusión de los salarios. Los sueldos se llevan alrededor del 85% del presupuesto de las universidades, por lo que la evolución de los salarios explica en gran medida cómo evoluciona el sistema universitario nacional.
Los gremios y varios rectores plantean que si no progresa el salario docente, se pone en riesgo la calidad educativa y la renovación de recursos humanos. En la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires lo explican de la siguiente manera:
El 30% de los profesores de la Facultad tiene más de 60 años y el 55% más de 55 años.
Por eso estiman que en los próximos 10 años será necesario incorporar 200 profesores.
Si los salarios no se recomponen, se podría perder a quienes hoy se están preparando para concursar por esos reemplazos.
Cómo evolucionó el sueldo hasta hoy. Hay varios trabajos hechos y en todos los casos muestran una pérdida del poder adquisitivo.
Daniel Schteingart, doctor en Sociología del Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín y profesor de la Universidad Nacional de Quilmes, revisó la evolución del poder adquisitivo tomando a 2015 con un valor de 100.
Llegó a la conclusión que llegaron a julio con un 5,4% menos de poder de compra. Y determinó que los docentes podrían terminar el año con una pérdida del 7%, tal como muestra en este gráfico:
En el blog El Gato y La Caja, Schteingart y otros dos autores explican en detalle la evolución del salario.
La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA afirma en un informe que el salario perdió en lo que va del año un 14%, ya que en ese tramo solo se les dio un aumento del 5% y la inflación fue del 19,6%. Ocurre que la segunda cuota, del 5,8%, entra recién con la liquidación del sueldo de agosto.
A esa pérdida le suman un 6% de retroceso en 2016, cuando cerraron una paritaria del 36% pero la inflación terminó arañando el 41%.
Cuánto cobra un docente de dedicación exclusiva. La Facultad de Ciencias Exactas de la UBA publicó los salarios netos de noviembre de 2017, julio de 2018 y, en una tercera barra de color naranja, el salario que deberían haberse pagado si se hubiese actualizado de acuerdo a la inflación.
En todos los casos se trata de docentes de dedicación exclusiva, es decir con una carga de 8 horas diarias y con hasta 24 años de antigüedad. Es decir, es una manera de exponer a qué sueldo puede aspirar alguien que quiera dedicarse y hacer carrera en la docencia.
Un ayudante sin antigüedad percibió en julio $ 25.912.
Un jefe de trabajos prácticos con cinco años de antigüedad, $ 26.827.
Un profesor adjunto con 10 años de antigüedad, $ 35.893.
Un profesor asociado con 17 años de antigüedad, $ 46.242.
Uno profesor titular con 24 años de antigüedad, $ 59.188.
Cómo evolucionó el presupuesto. Durante la gestión de Cambiemos, los fondos para las universidades se incrementaron en un 90%, pero quedaron licuados por la inflación.
Al comparar el presupuesto 2018, de $ 103 mil millones, con el elaborado por el kirchnerismo para el funcionamiento de las universidades durante 2016, que fue de $ 54 mil millones, el incremento es del 90%.
Si se compara el presupuesto actual con el de 2017, el primero que armó el actual Gobierno, de $ 79 mil millones, el incremento es del 30%.
Sin embargo, en términos reales no se puede hablar de un aumento de presupuesto, ya que entre diciembre de 2015 y julio de este año, es decir faltando seis meses para completar el año, la inflación acumulada ronda el 110%.
En 2016, medida por el Congreso, la inflación fue del 40,3%; la de 2017, ya registrada por el Indec, alcanzó el 24,8%; y en los primeros seis meses de este año suma un 19,6%.
Como esos porcentajes son acumulativos, es decir cada aumento porcentual de precios se hace sobre el valor ya aumentado, el incremento real ya ronda el 110% y aún resta esperar qué ocurre durante el segundo semestre.
Cuál es la discusión en términos de fondos. Aumentar el salario de los docentes un 30% y así acercarse a la inflación pronosticada para este año, implicaría un desembolso a lo largo de un período de 12 meses de $ 30 mil millones, según se desprende de la composición del gasto en salarios del último presupuesto (ver página 17).
De los $ 103 mil millones del presupuesto, unos 85 mil son para pagar salarios. Por eso, un incremento del 15% significaría un desembolso aproximado de $ 15 mil millones.
Si efectivamente los gremios consiguen una recomposición del 30%, el desembolso representaría prácticamente el doble de esa cifra.
Qué puede pasar en 2019. Habrá que esperar al cierre de esta paritaria para determinar con mayor precisión cuál debería ser el presupuesto para el año que viene.
De todos modos y como lo hacen todos los años, el 7 de agosto los rectores le enviaron una propuesta al Ministerio de Educación. En ese documento del Consejo Interuniversitario Nacional proponen llevar a $ 133 mil millones el presupuesto. Es decir, sugieren un ajuste del 29%.
Tienen 17 años y los invitaron a Estocolmo para competir en un certamen internacional de ciencia. En su escuela descubrieron que un pez muy común en su pueblo se come las larvas del mosquito que transmite el dengue. El hallazgo podría ser tenido en cuenta como un agente de control natural del Aedes Aegypti.
En este momento, entre ingenieros y expertos internacionales en temas ambientales y del agua, un chico y una chica de San Roque, un pueblo correntino de 8.500 habitantes, están en Suecia y pueden ganar un certamen conocido como el Premio Nobel del Agua.
Los dos tienen 17 años y en la secundaria estatal de su pueblo descubrieron una forma ingeniosa de controlar de manera natural la población del mosquito que transmite el dengue.
Por el hallazgo, los invitaron a Estocolmo y compiten por el “nobel” que desde hace dos décadas entrega el Instituto Internacional del Agua de Estocolmo.
Están junto a jóvenes de otros 31 países que llegaron por el mismo camino: lograron un hallazgo científico escolar. Mañana, martes 28 de agosto, se conocerá el ganador.
El descubrimiento
En San Roque, 130 kilómetros al sur de la capital correntina, pescan mucho. La mayoría camina hasta el río Santa Lucía y comparte una obsesión: sacar dorados.
Es una distracción y una forma de auxiliar a la economía familiar de una comunidad que vive sobre todo del empleo público y en menor medida del campo: algo de ganadería y cultivos de sandía, batata y tabaco.
El Santa Lucía es un río zigzagueante que forma esteros, que son suelos pantanosos e inundados. Para ahorrarse los $ 20 que sale una bolsa de carnada, los pescadores suelen capturar con redes tarariras negras que viven en los esteros que están al costado de la ruta nacional 12.
La cadena trófica explica su utilidad como cebo: el pez más grande, el dorado, se quiere comer al más chico, la tararira negra, que tiene unos 20 centímetros.
Lo que descubrieron Micaela Linera y Emiliano Aquino es que ese pez también tiene una presa favorita mucho más pequeña: las larvas de mosquitos.
El hallazgo no fue una iluminación espontánea. En la materia ecología estaban estudiando lo que se conoce como biocontroladores, que es el uso de un organismo vivo para controlar a otro. Se suele usar en el campo para evitar daños en los cultivos. Por ejemplo, hay una avispa que sirve para controlar un pulgón que se come las hojas.
“Es un método amigable con el ambiente porque es natural. Cuando vimos que hay peces que se alimentan de larvas de mosquitos, lo asociamos con la posibilidad de que sea una forma de controlar al Aedes Aegypti, que es el que contagia dengue. Allá es una amenaza re grave porque está lleno de mosquitos de esa especie”, explicaba Emiliano el jueves en Buenos Aires, dos días antes de volar a Estocolmo.
Desde la capital sueca
Micaela y Emiliano llegaron a Estocolmo el domingo. Es su primera vez en Europa. También la de Roque Barrios, el profesor de matemática y física que los acompaña en el viaje.
A la capital sueca llegaron el domingo a la madrugada y desayunaron en el hotel con un uniforme muy característico: la camiseta de la selección argentina, como se ve en esta foto que mandaron por WhatsApp.
Micaela vive con su mamá y dos hermanos. Su papá, que era policía, murió en un accidente. Ella quiere estudiar medicina, salvar vidas. También le gusta coser. De hecho, el vestido para la gala de premiación, a la que estará la princesa de Suecia, se lo hizo ella.
También por WhatsApp, Micaela contó que el viaje le resulta “impactante” y que no puede creer que esté “pisando tierra sueca”.
Emiliano quiere ser contador. Todos los mediodías, cuando vuelve del colegio y después de almorzar, ayuda a su papá en el campo. Tienen cultivos de sandía y mandioca. Su mamá es docente y trabaja doble turno en la primaria del pueblo.
Apenas aterrizado, Emiliano se sorprendió por la diversidad cultural que encontró en el hotel, contó que estuvieron “haciendo amistad con un par de chicos” y destacó “la calidad de vida con la que viven” en Estocolmo.
Camino al Nobel
Antes de que ellos cuenten cómo documentaron su hallazgo, es importante saber qué reconocimientos ya ganaron y por qué están en Suecia.
El jurado, compuesto por varios ingenieros, los eligió después de una exposición que tuvieron que hacer en Buenos Aires en junio y que quedó registrada en esta imagen.
Ese fue el pasaje al certamen de Estocolmo, donde pasarán una semana y se medirán con chicos de Brasil y Chile, de la región, y de países como Estados Unidos, Japón, Alemania e Inglaterra.
“Desde 1999, cuando instauramos el premio nacional como instancia previa al de Estocolmo, la mayoría de los chicos que ganaron fueron de escuelas del interior, donde los alumnos tienen mucho contacto con la naturaleza y donde la problemática ambiental los toca de cerca”, consideró el ingeniero José Luis Inglese, promotor del premio y presidente de AySA, una de las empresas que patrocina el certamen.
En ese ambiente están inmersos hoy los jóvenes correntinos, que el jueves ya se tuvieron que vestir de gala para recibir los pasajes en una ceremonia que se hizo en el Club Sueco, en el barrio porteño de Monserrat, tal como se ve en la foto de abajo, donde los acompañan dos profesores.
El proceso de descubrimiento
“La investigación comenzó con un muestreo para determinar la abundancia de Aedes Aegypti en San Roque”, contó el jueves pasado Micaela. Dividieron el pueblo en siete zonas y eligieron cuatro manzanas de cada área.
En cada manzana fueron a cuatro casas y colocaron recipientes plásticos pintados de negro y con agua. La idea era recrear un buen ámbito para que el mosquito ponga huevos.
“En cada tacho pusimos un baja lengua que nos donaron en el hospital. Son esos palitos de madera, como de helado. De esa forma, si ponían huevos, íbamos a poder sacar fácil los que quedaran pegados al baja lengua”, contó Micaela.
El resultado fue contundente: de las 28 casas en las que colocaron esas ovitrampas, 21 dieron resultados positivos de huevos de mosquito Aedes Aegypti.
Era probable. Si bien en el pueblo todavía no tuvieron casos de dengue, en tres localidades cercanas, Bella Vista, Saladas y Goya, sí tuvieron y estaba confirmada la presencia del mosquito.
“Ahí pasamos a la segunda etapa, que fue instalar peceras con tarariras negras para ver si se alimentaban de esos huevos”, explicó Emiliano.
En cada pecera colocaron varios baja lengua con huevos. A los dos o tres días, cuando de la fase del huevo pasaban a la fase de larva, la tararira se comía todas las larvas, hasta 300 por día.
“Lo interesante es que este pez es muy común en el pueblo y puede constituirse en un biocontrolador efectivo y no dañino, como sí lo puede ser un pesticida”, señaló el profesor Roque Barrios. Él y los profesores Leonardo Amarilla, de ecología, y Roque Arriola, de biología, fueron los que apuntalaron el proyecto de los chicos.
En realidad, la investigación revolucionó a todo el pueblo. Porque para hacer el experimento en las 28 casas, los chicos fueron acompañados por bomberos voluntarios y también agentes sanitarios del hospital provincial, ya que se aprovechó para hacer una campaña de difusión sobre cómo mantener limpia la casa para evitar la reproducción del mosquito.
“En Saladas, el verano pasado, hubo un brote de 45 casos de dengue y es un pueblo que lo tenemos a 50 kilómetros. Por eso es importante el trabajo de los chicos, porque genera un compromiso con el tema –dijo desde San Roque el médico Alejandro Amarilla, director del hospital local-. Además el estudio que hicieron abre las puertas para que algún investigador tome el tema y lo analice aún con mayor profundidad.
Amarilla aventuró una hipótesis: “Quizás es útil favorecer la reproducción de tarariras negras en los esteros para controlar naturalmente al mosquito”.
[Al día siguiente de publicada esta nota, martes 28 de agosto, finalmente fueron dos estudiantes de Singapur los que ganaron el premio. Desarrollaron un método para producir un material que podría usarse para purificar agua con desechos agrícolas].
Qué pasó. 240 de los 266 directores de los institutos que conforman el Conicet difundieron la semana pasada una carta en la que advierten que “el Conicet está al borde de la parálisis” por la falta de presupuesto.
Afirman que reciben cuotas presupuestarias “a cuentagotas” y con una “reducción nominal significativa respecto a los montos recibidos en 2017”.
Señalan que el dinero que no les alcanza para “pagar servicios públicos, limpiar y garantizar la seguridad de las instalaciones”.
Remarcan que los salarios de los investigadores son “los más bajos de toda la región”.
Denuncian que no se financian nuevos proyectos de investigación.
Un ejemplo. Transcurridos ocho meses del año, el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Buenos Aires recibió apenas el 40% del presupuesto asignado, según le contó a Clarín la directora del laboratorio, Andrea Gamarnik.
Además, la investigadora explicó que el año pasado les aprobaron un proyecto para investigar cómo el virus del zika causa la enfermedad y qué estrategias anti-virales se pueden crear. El proyecto, del que participarían diez grupos de investigación y requería $ 1 millón por año, aún no recibió financiación.
Cuál fue la respuesta del Gobierno. Quien encabeza las respuestas es Jorge Aguado, a cargo de la Secretaría de Planeamiento y Políticas del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
A principio de la semana anunció una partida adicional de $ 500 millones para el Conicet que se haría efectiva en septiembre.
Esa suma representaría un incremento del 4 % del presupuesto que hoy tiene asignado el Conicet.
Ese “refuerzo” tendría tres destinos, según dijeron voceros del Conicet:
Cubrir gastos de funcionamiento, como luz, gas y mantenimiento.
Aumentar el monto de las becas, ya que no se actualizan a la par de los salarios porque justamente no son un sueldo.
Continuar con la ejecución de proyectos de investigación.
A principio de mes, cuando varios científicos habían empezado a mostrar preocupación, fue el propio ministro, Lino Barañao, el que dio varias definiciones, según publicó Cadena3:
Aseguró que “está garantizada la partida para (incorporar) 450 investigadores” lo que permite “garantizar el crecimiento del Conicet y el recambio generacional”.
Y reconoció que se implementa un plan para reducir el déficit fiscal general y que en ese marco se inscribe “un reordenamiento del Conicet”.
En mayo, Barañao le había asegurado a Perfil que el presupuesto era “suficiente” para cumplir con “todos los compromisos asumidos y para garantizar todos los proyectos” del Conicet.
Cómo evolucionó el presupuesto. Al comparar lo asignado este año respecto a 2017, se incrementó en un 27%.
Qué presupuesto queda para financiar investigaciones. Este es un punto clave, según los científicos, porque la partida para salarios y becas se fue “comiendo” el presupuesto y poco quedó para invertir en viáticos para realizar trabajo de campo, sumar equipos y comprar insumos, que en muchos casos son importados y se pagan en dólares.
Los investigadores afirman que muchos de ellos financian en parte sus proyectos, que suelen llevar varios años. Si no lo hicieran, pagarían lo que en el ambiente se llama “costo de oportunidad”. Es decir, si no terminan y publican su investigación, lo puede hacer otro investigador en otra parte del mundo. El investigador, y el país, se perdería la posibilidad de sumar una patente o un servicio para comercializar.
Cuánto invierte el país en ciencia y técnica. En términos de porcentaje del presupuesto total del país, la función ciencia y técnica viene en descenso.
Y si la asignación de recursos se midiera en dólares, la inversión en el área retrocedería a niveles de 2011.
Qué es el Conicet. Se trata del principal organismo dedicado a la promoción de la ciencia y la tecnología en la Argentina.
Fue fundado en 1958 y sus siglas significan Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas.
Se trata de un ente autárquico estatal que depende del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación Productiva.
Tiene institutos en 22 provincias y emplea a 10.255 investigadores.
Trabaja en cuatro ejes: ciencias Agrarias, Ingeniería y de Materiales; ciencias Biológicas y de la Salud; ciencias Exactas y Naturales; y ciencias Sociales y Humanidades.
En 2017, el Conicet trabajó en 2.052 proyectos de investigación.
Es la mejor institución científica gubernamental de América Latina, según el ranking SCImago, un organismo que estudia el desarrollo de las instituciones de investigación en el mundo.
Por qué es importante. La investigación es clave para el desarrollo de un país.
Los grupos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico impulsan el desarrollo y crecimiento de los diversos sectores de la sociedad mediante el acceso al conocimiento y la experiencia.
Esa “transferencia” de habilidades y técnicas ayuda a evolucionar tanto al sector productivo de un país como a la sociedad, ya que hay investigaciones de orientación social.
Cuántos investigadores tiene el Conicet. En los últimos 10 años se duplicó la cantidad de investigadores, principalmente porque también duplicaron las becas para que los estudiantes hagan doctorados o postdoctorados. Muchos de ellos concursaron y se incorporaron como investigadores, con la particularidad de que ingresaron muchas mujeres.
Cuánto gana un investigador. Al tope del escalafón, al que acceden sólo 205 profesionales, están los investigadores superiores, con un sueldo neto que en septiembre llevará a los $ 58.000.
Sin embargo, el grueso de los investigadores (64%) son adjuntos o asistentes, por lo que tienen salarios de alrededor de $ 38.000 y $ 35.000, respectivamente, según un informe que publica la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad de Buenos Aires.
El salario de los investigadores del Conicet aumentó un 9% en lo que va del año: 3% julio y 6% agosto. Mientras que en septiembre se sumará un 6%, redondeando una suba del 15%, por lo que según el mismo informe de la Facultad de Ciencias Exactas y teniendo en cuenta la inflación acumulada, el salario de los investigadores perdió al menos un 11% de poder adquisitivo.
Para los sueldos mayores a $ 40.000, en tanto, se otorgaron aumentos mediante sumas fijas, por lo que en esos casos el ajuste de salarios fue de entre el 13% y el 4%, por lo que la pérdida de poder adquisitivo es aún mayor.
Según afirma Luis Baraldo, vicedecano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA e investigador principal del Conicet, un investigador con cierta trayectoria gana en otras partes del mundo unos 4000 dólares, mientras que en el país el salario más alto es de 2000 dólares.
En el gráfico que sigue se muestra cómo evolucionó el salario y en la última barra, de color rojo, se expone cómo debió haber evolucionado como para acompañar la inflación, según el informe de la Facultad de Ciencias Exactas.
Fuente: Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA.
Muchas familias acondicionan el techo de sus casas para captar agua y almacenarla en cisternas de 16 mil litros. El sistema es promovido por varias organizaciones en Chaco, Santiago del Estero, La Rioja y Córdoba, donde vive la mayoría de los 450 mil hogares pobres y sin acceso a agua en sus casas.
El agua que toma Humberto Torres es turbia y tiene gusto a arcilla. Todos los años que tiene, que son 66, los vivió tomando ese agua.
Cuando termina de arriar las vacas y encerrar las cabras, en el campo empieza a oscurecer. Humberto y María, su mujer, apuran la cena para no gastar en velas: a 15 kilómetros del Chañar, un pueblo del sur riojano donde viven unas 450 familias, no hay luz eléctrica.
María es sordomuda y se ocupa de la casa. Unas horas antes de servir agua, le da una última colada con un trapo y le pone dos gotitas de lavandina por cada litro.
El agua la comparten con los animales. Literalmente. La sacan de una represa que Humberto cavó en el campo: dos metros de profundidad por 80 de largo y 50 de ancho. Con el suelo apisonado, la lluvia no escurre y queda atrapada: se forma una laguna artificial que se puede ver en esta foto.
La familia Torres toma el agua de una represa de la que también beben los animales.
De ahí beben las vacas y cabras, aves e insectos. Es un pequeño oasis en un ambiente árido. A veces, tienen que sacar animales muertos del agua. Con los excrementos es más difícil. “Lo primero que hacen las vacas después de entrar a tomar agua es cagar”, se resigna Humberto.
Ni él ni María se olvidaron de que el agua es cristalina: desde hace dos años, cuando nació su nieto, siempre tienen agua potable envasada. Por si vienen a visitarlos. Es solo para el bebé. Aseguran que nunca les faltó para comer, pero no pueden darse el lujo de comprarse agua para ellos.
“Todo esto se acabó”, asegura Humberto. En unos meses va a empezar a “cosechar” agua de lluvia de manera segura. Colocará las chapas en el techo de su casa y las canaletas que llevarán el agua hasta una cisterna de 16 mil litros. Él mismo construirá todo.
Aunque el clima es seco, si captura las lluvias del verano, se asegurará 43 litros por día. “Nos va a parecer agua mineral”, cree Humberto.
Una alternativa rural en el Gran Chaco
Las dificultades que atraviesan Humberto y María son representativas de la de miles de familias que viven en el campo. En el país hay 448.211 hogares que tienen necesidades básicas insatisfechas y además no cuentan con agua de red en sus casas, por lo que le dedican hasta seis horas por día para conseguirla.
La cosecha de agua de lluvia que ellos planean hacer también es representativa de una solución que muchos especialistas consideran la más adecuada para resolver la falta de agua para consumo humano en las comunidades rurales aisladas.
Esa herramienta es todavía más conveniente en la región del Gran Chaco, donde las perforaciones para contar con agua de pozo no son seguras: es frecuente que a los 15 metros el agua tenga arsénico y a partir de los 50 metros contenga sales.
Es en esa región donde está la mayoría de los hogares rurales sin agua. Salta, Chaco y Santiago del Estero son las provincias con más hogares pobres y sin agua: 32.999, 36.496 y 31.451, respectivamente.
Tucumán, Córdoba y La Rioja, que son parte de la región, suman 34.476, 19.494 y 5.876 hogares más, según la Plataforma del Agua, una herramienta que permite revisar cómo es el acceso al agua en cada provincia y expone qué soluciones empiezan a experimentarse.
El objetivo de ese relevamiento, hecho por investigadores de varias universidades, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) es claro: busca poner a disposición del Estado, empresas y la comunidad material que sirva para guiar las políticas para garantizar el derecho elemental de tener acceso al agua en la casa.
Ese trabajo es una iniciativa del programa Sed Cero, del que participan varios actores sociales que buscan garantizar el acceso a agua en Argentina, Bolivia y Paraguay.
Si querés saber más sobre las soluciones para dar acceso al agua o conocés alguna experiencia nueva, escribile a los especialistas de la Plataforma del Agua.
La importancia de que colabore la propia comunidad
“El agua de lluvia puede ser una solución para contar con agua para consumo: es limpia y segura”, afirma la ingeniera química Marta Esber, coordinadora del plan de Democratización de Recursos Naturales de la Fundación Plurales, que tiene sede en Córdoba e impulsó la construcción de unas 300 cosechadoras de agua de lluvia en La Rioja, Chaco, Santiago del Estero y Córdoba.
La fundación es la que promueve la herramienta en el Chañar, donde las lluvias arañan los 300 milímetros anuales, un tercio del promedio del país. Los años de sequía, los productores no tienen otra opción que dejar morir animales y la ambulancia del pueblo recorre los campos repartiendo sales de hidratación para los pobladores mayores.
El método que tiene la fundación es participativo. Ellos llevan los materiales, financiados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, y el conocimiento. Pero es la propia comunidad la que tiene que aprender a construir la cosechadora, de forma tal que la herramienta pueda ser apropiada y se transmita de generación en generación.
“El primer techo colector con su cisterna la hicimos en nuestra sede, pero vinieron de todo el pueblo, porque usamos la obra como taller de aprendizaje”, cuenta Nicolás Olivera, de la Asociación de Pequeños Productores de Chañar.
Las cisternas son de 3,5 metros de diámetro y 3 metros de alto, una parte bajo tierra.
Luego hicieron una segunda cosechadora en una escuela y ahora se preparan para distribuir los materiales para que 46 familias puedan replicar el sistema en sus casas. Entre ellos, está Humberto Torres.
“Acá el agua es importante no solo porque necesitamos tomarla. Sin agua, se cae la economía. Somos un pueblo ganadero y caprino, pero por las sequías pasamos de tener 24 mil cabras en 2004 a 9 mil este año”, apunta Nicolás, que estudió ciencias políticas en la capital riojana y hace 10 años regresó a Chañar para hacerse cargo del campo familiar.
La cisterna se hace con 63 placas de concreto hechas por la propia comunidad.
Cómo es el sistema y cuánta agua colecta
La idea de cosechar agua de lluvia no es nueva en el campo. Muchos lo hacen, pero en represas que no aseguran la sanidad del agua.
La mejor forman que se encontró para captar el agua de manera limpia y en grandes proporciones es aprovechar los techos de las casas como superficie colectora. Por eso, para ganar superficie de captación, muchas familias anexan una galería o arman aleros.
“Los techos que promovemos tienen unos 70 metros cuadrados. Y estimamos que por cada milímetro de lluvia que cae en la zona se puede juntar un litro por metro cuadrado”, explica la ingeniera agrónoma Gabriela Faggi, jefa de la Agencia de Extensión Rural que el INTA tiene en Las Breñas, un pueblo del sudoeste chaqueño ubicado a 257 kilómetros de Resistencia.
En esa zona, hay dos temporadas de lluvia, de octubre a diciembre y de marzo a mayo. Al año caen 800 milímetros. Es decir que la capacidad de captación de los techos es de 56 mil litros anuales.
Pero como llueve rigurosamente en esos periodos, es necesario tener capacidad de almacenar el agua. Por eso las cisternas, hechas de placas de arena y cemento, son de 16 mil litros. Ese tanque tiene un filtro de ingreso y uno de salida. Están hechos de mallas metálicas, arena y carbón. Es decir, en el sistema de cosecha no hay nada que no pueda ser mantenido o renovado por la propia comunidad.
Un sistema completo de cosecha de agua de lluvia cuesta unos $ 25.000. El modelo fue tomado de la experiencia reunida en el nordeste brasilero, donde la Articulación del Semiarido Brasileño, una red de organizaciones sociales, lleva hechas unas 400 mil cisternas similares.
“Pensé que nunca iba a tener agua en casa”
En Pampa Iporá Guazú viven 45 familias. Queda 45 kilómetros al noroeste de Las Breñas, en la región del chaco seco.
Hace dos años que viven una verdadera revolución: 30 familias que le dedicaban hasta medio día para conseguir agua ahora la tienen en sus casas a partir de la colecta de agua de lluvia.
“Te juró que pensé que nunca iba a tener agua en casa”, asegura Gladys Campos, que tiene 42 años, nació y vive en el paraje.
Ella fue la coordinadora local que, en asociación con el INTA de Las Breñas, ayudó a que las familias formaran una asociación y aprovecharan la asistencia de los técnicos para que cada uno construyera en su casa un sistema para cosechar agua de lluvia.
El marido de Gladys ocupaba parte de la mañana en traer agua de un pozo que está a 2 kilómetros de su casa. “Está cerca, pero el agua hay que sacarla con baldes, llenar tachos de 200 litros y tirar del carro para traerlo a casa”, cuenta y asegura que muchos vecinos, sobre todo los jóvenes, se fueron del campo por las carencias con las que viven.
“Muchos terminan en villas miserias, pero la realidad es que sin agua no podés progresar –sigue Gladys–. Ahora por lo menos planté zanahoria, lechuga, perejil y cebolla de verdeo. Y mi marido tiene cuatro horas más para dedicarle a la cría de animales”.
Las cisternas tienen bombas manuales para extraer agua. Crédito: Fundación Plurales.
El agua segura puede evitar muertes
Nicolás Wertheimer es médico, tiene 29 años y hace tres que fundó una empresa que ofrece soluciones a la falta de acceso al agua. Trabaja en red con el sector público y privado, y con organizaciones sociales.
Agua Segura es una firma de las llamadas de triple impacto. Tiene objetivos de rentabilidad, pero también persigue un impacto social y ambiental positivo. Su origen es la instalación de filtros de agua en escuelas rurales: ya acercaron esa tecnología a 674 escuelas de 21 provincias.
“Nacimos como una solución a la tercera etapa del acceso al agua, que es la de asegurar la calidad. Ahora, este año, empezamos a trabajar en la primera y la segunda, que es el acceso y la distribución. Por eso, incursionamos en los sistemas de cosecha de agua de lluvia. Ya colocamos equipos en Entre Ríos y Salta”, cuenta Nicolás y expone uno de los datos que lo llevó a pasar de la guardia del Hospital Houssay de Vicente López al trabajo social: el agua sin tratamiento ocasiona diarrea y en los chicos menores de 5 años esa es la segunda causa de muerte.
A diferencia del agua de lluvia, que es limpia, la de arroyos debería ser filtrada.
Agua para la producción y el saneamiento
De lo que no hay datos en el país es sobre la cantidad de sistemas de cosecha de agua de lluvia que se llevan instalados.
“Pero investigamos y sabemos que es el sistema más adecuado para áreas dispersas y aisladas. También sabemos que la forma de acercar esta tecnología es en colaboración y con la participación de las propias comunidad. Y estamos seguros que contar con agua en su propia casa evita sistemas paternalistas o un poder concentrado”, analiza Hernán Thomas, director del proyecto “Derecho de Acceso a Bienes: Agua para el Desarrollo”, que lleva a cabo el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes y el INTA.
Thomas advierte, de todos modos, que con el acceso al agua para consumo se está lejos de solucionar las necesidades: “Lo que se debe pensar es en un sistema de acceso a diferentes tipo de aguas. Para consumo, que puede ser de lluvia. Y también para la producción y el saneamiento, donde podría usarse agua reutilizada, de alguna vertiente o de pozo, incluso con sales o arsénico”.
Si las condiciones meteorológicas son apropiadas, entre el 28 de septiembre y el 4 de octubre será lanzado al espacio el Saocom 1A, un satélite hecho cien por ciento en el país. Partirá de California, en Estados Unidos, pero es de la Argentina y será operado por la Argentina. Así lo anunció la semana pasada la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (CONAE).
Para qué servirá. Las imágenes y datos serán útiles para prevenir y gestionar emergencias vinculadas a inundaciones, incendios forestales y plagas. Al sector productivo del campo, le ofrecerá información para ser más eficiente y competitivo. También generará información de cualquier parte del mundo, por lo que los servicios serán exportables.
Las prestaciones para el Estado. Serán gratuitas para las instituciones gubernamentales.
Elaborará un índice de crecida de ríos y hará pronósticos de inundaciones.
Identificará con precisión zonas inundadas.
Generará alertas de incendio al reconocer sequías peligrosas.
Monitoreará bosques: conservación, restauración y pérdida.
Hará predicciones cuando un ambiente se vuelva propenso para la reproducción de una especie dañina, como el mosquito transmisor del dengue o la langosta que arrasa con cultivos.
Obtendrá mapas de desplazamiento de glaciares.
Las prestaciones para el campo. Serán comercializadas, pero aún no fueron definidos a qué costos.
Permitirá conocer la humedad del suelo para definir con exactitud el mejor momento para sembrar o aplicar fertilizantes.
Ese índice de humedad ayudará a definir cuándo es necesario realizar un riego.
Ofrecerá la posibilidad de estimar la presencia de enfermedades en los cultivos, como la fusariosis, causada por un hongo que afecta a la espiga de trigo.
Si querés saber más sobre las prestaciones mirá este video.
Cuándo estará operativo. Ponerlo en órbita llevará hasta 10 días desde el lanzamiento, que lo hará SpaceX, una empresa estadounidense de transporte aeroespacial. Después, las pruebas y calibraciones llevarán hasta 9 meses. Pero la idea es que empiece a operar en marzo de 2019, con una vida útil de 6 años.
Cómo funcionará. En 16 días dará la vuelta al mundo, por lo que podrá tomar imágenes de cualquier sitio. Por día, producirá 250 imágenes. Para funcionar, obtendrá energía mediante paneles solares. Al operar con microondas, produce información durante la noche y los días nublados, una condición que en nuestro país está presente el 60% del tiempo.
Si querés saber más sobre el funcionamiento mirá este video.
¿Es único en el mundo? Sí, porque este satélite y uno gemelo que ya está en construcción se integrarán al Sistema Italo-Argentino de Satélites para Gestión de Emergencias (SIASGE), conformado por ahora por cuatro satélites italianos.
A su vez, este sistema así constituido es único en el mundo. Un ejemplo: cada pixel de los mapas que generan los satélites de la NASA o la Agencia Espacial Europea representan 9 km2. Mientras que cada pixel de los mapas que generará el SIASGE representarán 250 metros cuadrados.
Otro ejemplo: las imágenes satelitales que comercializan empresas privadas, como la argentina Satellogic o la estadounidense Planet, ofrecen buena resolución pero no identifican humedad en suelo.
“Al trabajar en posiciones y bandas complementarias, generan información única, por lo que también es una oportunidad económica para el país”, aseguró Laura Frulla, investigadora principal de la misión SAOCOM de la CONAE, que hasta esta misión ya había fabricado otros cuatro satélites, de los cuales ninguno sigue en operación.
Cómo es el satélite. Su construcción llevó 11 años y arrancó en 2007.
El plan para ampliar el parque nacional Aconquija de Tucumán
Por Javier Drovetto | Diseño y desarrollo: Maxi De Rito y Dina Pérez
16 de agosto de 2018
El parque nacional Aconquija tiene una fecha de nacimiento: 4 de julio de 2018, día en que se creó por ley. Pero esa fecha ignora las iniciativas anteriores y complementarias que se dieron con el mismo objetivo: conservar esas sierras y selvas tucumanas. Y no dice nada de los planes futuros de ampliación.
Las primeras reservas en la zona tienen 82 años. Y la instauración del parque nacional está lejos de ser definitiva: ya hay un plan para incorporar 14 mil hectáreas a una superficie que entre reservas provinciales y nacionales ya blinda 111.000 hectáreas de yungas.
Además existe una previsión de alcanzar las 180.000 hectáreas, hasta preservar todo el Aconquija.
En este mapa interactivo, te contamos cómo se consolidó el sistema de conservación actual y cuáles son los planes para asegurar un área que protege recursos hídricos para 2 millones de personas, desde el sur de Tucumán y Santiago del Estero hasta el norte de Córdoba.
Finca La Florida, el primer hito
La primera medida para resguardar un ambiente que va de los 700 a los 5000 metros de altura la tomó la Gobernación de Tucumán en 1936. Ese año, la provincia compró 10 mil hectáreas de selva subtropical, pastizal de neblina y pastizal altoandino de una finca que se había mantenido prácticamente virgen: La Florida.
De esa manera se conformó el primer parque provincial. Fue apenas dos años después de la creación de los dos primeros parques nacionales: Iguazú y Perito Moreno.
Dos nuevas reservas provinciales
Cuatro años después, en 1940, 890 hectáreas que corren paralelos a la ruta 307, entre los kilómetros 20 y 38, son instauradas como área reserva natural provincial. Buscan preservar la quebrada del río Los Sosa, con bosques de cedros, nogales y laureles en los márgenes.
Ya en 1965, la provincia declara parque provincial unas 10 mil hectáreas del departamento de Tafí del Valle. Contiene ambientes de yungas y altoandina.
La reserva de yungas más austral
En 1972 se da otro gran paso: la provincia destina a reserva natural 20 mil hectáreas de la estancia Santa Ana. El límite oeste de la reserva son las cumbres de Santa Ana. El valor principal de la medida es que se convierte en la reserva de yungas más austral del país.
Es la reserva de bosques más grande de la provincia. Los propietarios del predio eran las familias Hileret y Quinteros, quienes tenían un ingenio azucarero en parte de la estancia.
El primer parque nacional de Tucumán
Tucumán tuvo su primer parque nacional justamente en las serranías del Aconquija. Fue creado por ley en 1995, con 18 mil hectáreas de yungas y altos andes. Se trata de Los Alisos, que hoy pasó a formar parte del nuevo parque nacional Aconquija. De hecho, hoy es el único portal de acceso a la reserva.
Ubicado entre los ríos Jaya y Las Pavas, sobre la ladera oriental de los cerros nevados del Aconquija, se extiende entre los 847 y los 5200 metros, por lo que es el parque nacional con mayor altitud del país.
Un mesías hizo posible el parque Aconquija
Aunque tiene un perfil bajo, poco duró la reserva con la que intentó manejarse Hansjörg Wyss, un multimillonario suizo de 82 años. Fue él, uno de los principales filántropos del mundo, quien puso los 14 millones de dólares necesarios para comprar y donar a favor de la Administración de Parques Nacionales siete estancias vecinas o cercanas al parque nacional Los Alisos.
“Wyss no quiere protagonizar la noticia, pero él comparte la visión que tenemos nosotros sobre la necesidad asegurar la recuperación de ecosistemas muy dañados”, asegura Sofía Heinonen, presidenta de la Fundación Flora y Fauna Argentina, la ONG que administró las donaciones de Wyss.
Una reserva a favor de los diaguitas
En la misma ley sancionada en julio, se incorpora al parque nacional, pero con el estatus de reserva nacional, unas 12 mil hectáreas que el Instituto Nación de Asuntos Indígenas le reconoce posesión ancestral a la comunidad diaguita de la zona.
El acuerdo establece el compromiso de otorgarle la titularidad de las tierras, de las sierras Los Ñuñorcos, a la comunidad de pueblos originarios, pero con destino a reserva. Esa figura permite que la comunidad mantenga ciertas actividades en el cerro mientras no afecten su preservación, como la cría de animales y el aprovechamiento de madera.
Un plan para sumar 11 estancias
En la legislatura tucumana están trabajando en un plan para hacer una primera ampliación del parque Aconquija. “Existen 11 estancia que sus dueños están dispuestos a vender”, adelanta el ex diputado nacional por Tucumán Miguel Nacul, principal impulsor del parque Aconquija y, en 1995, del parque Los Alisos.
Esa ampliación permitiría sumar 13.910 hectáreas.
El primer paso está por darse: este año la legislatura cedería por ley la jurisdicción ambiental de esas tierras a la Nación. Una vez hecha la sesión, el Congreso debe aceptarla. “Creemos que durante lo que queda de 2018 podemos llegar a la media sanción en el Congreso, por lo que para la aprobación definitiva debemos pensar en 2019”, pronostica Emiliano Ezcurra, vicepresidente de la Administración de Parques Nacionales.
En paralelo, la fundación Flora y Fauna, que ya tiene pre acordada la compra de las estancias, está en la búsqueda de donantes. Debe reunir unos 10 millones de dólares. Wyss podría hacer un nuevo aporte. “Pero queremos involucrar a donantes argentinos. Es importante que eso ocurra”, considera Sofía Heinonen.
El sueño de llegar a las 180.000 hectáreas
Si bien es por ahora una línea punteada marcada en mapas catastrales de la Administración e Parques Nacionales, el plan definitivo es incorporar al sistema de conservación las estancias que quedarían encerradas por las distintas reservas y llegar de esa forma a un área de conservación cercana a las 180.000 hectáreas.
El parque nacional Aconquija mejora la vida de miles de tucumanos
Por Javier Drovetto | Diseño y desarrollo: Maxi De Rito y Dina Pérez
16 de agosto de 2018
Hace un mes, el sudoeste tucumano fue atravesado por una noticia ambiental.
Unas 77 mil hectáreas de sierras del sudoeste tucumano pasaron a ser parte de un nuevo parque nacional: Aconquija. Es el único del país que tiene en un mismo espacio cumbres con nieve y selva subtropical.
El parque está pegado a cuatro reservas provinciales que suman 56 mil hectáreas. Es decir, son 111 mil hectáreas protegidas: el 5% de la provincia de Tucumán, algo así como seis veces la Ciudad de Buenos Aires.
Los pueblos que están en el entorno se convirtieron en vecinos de un área inmensa que ahora es intocable. Viajamos a Tucumán y recorrimos 400 kilómetros para visitar y conversar con esas comunidades. Conocimos pueblos de 100 familias y ciudades de 50 mil habitantes.
Nos propusimos saber qué piensan de la medida y qué impacto tiene en sus vidas. Y llegamos a una conclusión que narramos en esta crónica: si el área no fuera conservada, los pueblos perderían calidad de vida, tendrían peor agua, sufrirían inundaciones y sus cultivos no alcanzarían la mejor productividad. El potencial turístico sería más bien un sueño eterno.
Una gran esponja natural
El guardaparque Gerardo Carreras acaricia el musgo que cubre las ramas de un lapacho. Es un musgo de color verde intenso, todavía húmedo. En la selva y en el bosque de montaña, entre los 700 y los 2600 metros, el musgo lo cubre casi todo.
“Es lo que predomina y cumple un rol esencial: absorbe la lluvia, mantiene la humedad y regula el escurrimiento del agua”, explica Gerardo y deja de hablar, como si fuera tan obvio que no hace falta explicar nada más. Pero lo hace: “Si se pierde esta selva de montaña, en verano, cuando llueve muchísimo, el agua bajaría con fuerza y causaría mucho daño abajo”.
“Abajo” es una decena de pueblos y ciudades del sur tucumano. “Abajo” es donde viven decenas de miles de familias.
Si no se protegiera, esa selva se podría perder, dice Gerardo. Aprovecharían la madera y llevarían ganado a pastar. Iría desapareciendo. No es una exageración. Pasó con el 95% de la selva pedemontana, una selva de transición que estaba por debajo de los 700 metros y que fue reconvertida en tierra para cultivos y ganadería.
Gerardo recorre los senderos de lo que hasta hace unos días fue el parque nacional Campo de Los Alisos, de 18 mil hectáreas. Esa reserva está a 100 kilómetros de San Miguel de Tucumán y pasó a formar parte del nuevo parque. Por ahora es el único ingreso al parque Aconquija. Y es un sitio muy representativo del ambiente que por ley se blindó para siempre.
En 77 mil hectáreas de parque, son miles de toneladas de musgo reteniendo agua. Mucha agua. Al año, en las yungas llueven 2 mil milímetros, el doble que el promedio de todo el país o el de Buenos Aires. Diez veces lo que llueve en la Patagonia.
“Este bosque y la selva garantizan un balance hídrico”, asegura el guardaparque Daniel Vega, intendente de Campo de los Alisos. Está parado sobre una roca en medio de un arroyo al que llaman El Sufrimiento.
“Las tormentas del verano son absorbidas, como explicó Gerardo, y eso sirve como reservorio de agua para los inviernos secos. Porque en julio y agosto, sin lluvias, el agua sigue escurriendo y alimenta los arroyos y ríos que riegan las poblaciones de acá al norte de Córdoba”.
Lo que pasa en Aconquija se enseña en geografía de la escuela: los vientos húmedos que vienen del océano Atlántico se elevan para sobrepasar las sierras y en su ascenso el aire se enfría, se satura de humedad y provoca lluvias.
Esa agua irriga una veintena de ríos y arroyos que riegan Tucumán, Santiago del Estero y llegan hasta la laguna cordobesa de Mar Chiquita por el río Dulce: 2 millones de personas toman y usan esa agua.
Agua para el limonero del mundo
Antonio Márquez tiene 43 años y nació en Piedra Grande, el pueblo más cercano al único acceso que por ahora tiene Aconquija, por la ruta provincial 330, de tierra apisonada.
La mayoría de los 400 habitantes del pueblo nacieron ahí. La mayoría trabaja en cultivos de limones. Y muy pocos, 10 familias, son dueños de plantaciones. Los Márquez son una de ellas.
“Con mi padre y mi hermano, cultivamos 8 hectáreas”, cuenta Antonio, que tiene las manos más curtidas que de costumbre porque hace unos días terminó de cosechar limones. Con eso, una huerta, cinco gallinas ponedoras, tres chanchos y cinco vacas, se las arreglan él, su mujer y sus tres hijos.
Antonio le agradece a Dios por lo que tiene. Es creyente y va a una iglesia evangélica de la zona. Él, que no llegó a terminar la primaria, también le agradece a Dios porque sus tres hijos estén por terminar el secundario. Y le agradece a Dios por estar cerca de la montaña.
“Al lado de casa pasa el arroyo Batalla que baja de la montaña. Usamos esa agua para regar y para los animales. Los limoneros directamente toman agua con las raíces”, cuenta y dice que por eso “está a favor del parque”, por el “futuro” de sus hijos y nietos. Dice nietos, pero no tiene. Lo usa para imaginarse el futuro.
En la Calera y Muyo, dos pueblos cercanos ubicados sobre la ruta 330, hay otros 70 pequeños productores de limones como Antonio. También aparecen productores grandes. De ahí, alimentados por el agua subterránea que baja del Aconquija, sale una porción de los limones que el país le vende al mundo y que lo convierten en el principal exportador global.
Tucumán, con el 85% de la producción local de limones, es el sostén del sector. De ese cultivo viven 55 mil tucumanos.
Un pueblo que sueña ser emprendedor
La comuna de Alpachiri no tiene intendente ni jefe comunal. A la máxima autoridad del gobierno se la llama comisionado. Y el comisionado es Juan Manuel Moreno. Lleva dos mandatos y acaba de cumplir 50 años. La foto del gobernador Juan Manzur que tiene en su despacho, un cuarto frío de una vieja casa de paredes de adobe, lo presenta peronista.
“Nosotros podemos crecer mucho si entendemos que el parque puede traer miles de visitantes”, proyecta Juan Manuel, que es dueño de 100 hectáreas cultivadas con papa y limón, pero que está convencido de que el despegue vendrá de la mano de los servicios.
La clave, dice Juan Manuel, está en empezar a afianzar emprendimientos que puedan convertir a Alpachiri en un pueblo “proveeduría” y “dormitorio”. Así, reconoce que le explicaron, llaman a los sitios que están en las puertas de un gran atractivo turístico natural. Y Alpachiri está a 15 kilómetros del nuevo parque.
Alpachiri ya tiene alguna experiencia en el tema, sobre todo porque ya existía el parque nacional Campo de los Alisos y ya recibieron algunos turistas. “Se armó una gomería, un comedor, una panadería y tres hospedajes. Y ahora conseguimos que una de las dos secundarias tenga la orientación en turismo”, se ilusiona Juan Manuel.
El sueño de Alpachiri, donde viven 1000 familias, no es excesivo. Cuando un área pasa a ser parque nacional aparece en guías internacionales y forman parte de decena de paquetes turísticos. Iguazú es la estrella, con 1.300.000 visitas al año. Pero incluso lo que son menos conocidos, convocan miles de personas: Talampaya, en La Rioja, tiene 300 mil visitantes anuales; y Los Alerces, en Chubut, 150 mil.
Gabriela Prieto tiene 45 años y en 2008 se convirtió en la emprendedora turística pionera: abrió en su casa el hospedaje Posta de los Alisos. Asegura que ya alojó a mochileros brasileños, norteamericanos y belgas. Y a varios argentinos. Pero se lamenta que todavía no puede vivir de eso y que tiene que trabajar para la comuna en la ambientación de espacios públicos: “Por ahora tenemos que llevar muy a corazón el proyecto, pero con el nuevo parque nos da esperanza”.
Unos 40 millones de dólares en arándanos
La mayoría de los productores que se instalaron en El Molino no son de la zona ni viven en el pueblo de 270 familias. Son empresarios agropecuarios de San Miguel de Tucumán, Córdoba y Buenos Aires. Muchos cultivan arándanos.
Francisco Estrada es ingeniero agrónomo y porteño. En 2005 se convirtió en uno de los pioneros en reconvertir un viejo cultivo de caña de azúcar del pueblo en uno de arándanos. Hoy tiene 100 hectáreas sembradas con ese fruto a 8 kilómetros del parque nacional y es el presidente de la Asociación de Productores de Arándanos de Tucumán.
“El agua que alimenta la cosecha es de muchísima calidad. Usamos la subterránea y también el agua superficial de arroyos para hacer el riego por aspersión. Es un agua sin ningún tipo de contaminante, de manantial”, afirma Francisco, que justamente certificó su producción como orgánica.
Entre El Molino y Monteros, otro pueblo que está a solo 10 kilómetros de la jurisdicción del nuevo parque, hay 45 productores de arándanos emplazados en antiguos ingenios azucareros. Producen 6 mil toneladas al año y el 95% se exporta. Esa riqueza alcanza los 40 millones de dólares.
Una defensa contra las inundaciones
En el despacho de Roberto Sánchez, un mapa de Concepción ocupa una pared que no debe tener menos de tres metros de ancho. La lámina muestra una ciudad de 200 manzanas surcadas al noreste por el río Gastona y al suroeste por el Chirimayo.
Roberto era conocido en Tucumán por ser un múltiple campeón de rally, pero hace dos años y medio fue electo intendente. Ya no lo obsesiona cómo encausar su auto por caminos de ripio. Lo obsesiona que el agua que en verano baja de la montaña pueda ser encausada por los ríos.
“Baja muy rápido y el Gastona a veces desborda”, asegura Roberto. Cuando eso ocurre, se inunda el norte de la ciudad. “Hay agua hasta por acá”, afirma y con la mano marca una línea imaginaría que supera sus rodillas. “Si no se conserva la selva que todavía está en pie, la absorción será menor y las inundaciones van a ser terribles”, explica.
Roberto es ingeniero agrónomo, productor de caña, papa y limón. Sabe que esa agua que baja del Aconquija es necesaria para regar cultivos de la zona, pero reconoce que no es natural que descienda con tanta fuerza. Y argumenta que por eso se necesita conservar y restaurar la absorción de los suelos para lograr un equilibrio entre la conservación y la productividad.
Concepción está a 30 kilómetros del acceso actual al parque nacional. Desde el punto de vista comercial, es la segunda ciudad más importante de Tucumán. Tiene 2500 comercios, 7 bancos y 4 hoteles. “Todavía no tomamos dimensión de todo lo que puede crecer nuestra ciudad con la llegada de visitantes”, reconoce Roberto.
Diaguitas: conservar sus tierras y vivir del cerro
Hace tres décadas que Alicia Pistán vive de los tejidos, cactus, humitas y tamales que prepara y vende en la plaza de El Mollar, el pueblo que es cabecera de cinco comunas rurales que suman 10 mil habitantes.
Como la mayoría de las familias de la zona, Alicia se asume diaguita y pobladora originaria de ese valle seco al pie del cerro Los Ñuñorcos, un área de 12 mil hectáreas que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas le reconoce posesión ancestral a las comunidades diaguitas.
“Ojalá vengan turistas. Ahora pasan en colectivos, conocen el pueblo, pero siguen hasta Tafí. Acá casi no compran nada”, se lamenta Alicia, que tiene 59 años y cinco hijos. Lo cuenta mientras arma unos tamales dentro de su puesto de madera y techo de chapa donde pasa por lo menos todas las mañanas y tardes.
Alicia cuenta que, como ella, hay muchas mujeres diaguitas que hacen artesanías, pero están desilusionadas porque no las pueden vender. “Ojalá ahora vengan a ver el cerro y nos compren algo”, insiste.
Dice “ahora” porque sabe que Los Ñuñorcos pasaron a formar parte del parque nacional Aconquija pero como reserva, una categoría de conservación que le permite a la comunidad diaguita contar con la titularidad de las tierras y mantener ciertas actividades en el cerro mientras no afecten su preservación, como la cría de animales y el aprovechamiento de madera. Incluso podrían abrir un camping, un comedor y organizar cabalgatas y visitas guiadas por Los Ñuñorcos.
Ahora y hasta que no lleguen turistas, Américo Cruz, el comisionado de El Mollar, asegura que la mayoría del pueblo vive de los cultivos de papa, frutilla y lechuga. También de los animales: vacas y cabras. Muchos son empleados públicos. Y muchos están desocupados.
“Que acá en El Mollar se haga uno de los portales de acceso al parque va a ser determinante para nuestra economía”, pronostica Américo, que tiene sangre diaguita, árabe y española. “Y peronista”, dice.
Efectivamente, el acceso del que ya se habla en El Mollar podría estar en El Encuentro, a 7 kilómetros del Mollar, donde vive la comunidad diaguita Ayllú El Rincón, la que obtendría el título comunitario de las tierras.
Su cacique es María Mamani, una mujer pequeña que supo negociar con firmeza la integración de Los Ñuñorcos al parque Aconquija a cambio de obtener la titularidad de esas tierras. Lo hizo en representación de unas 100 personas que integran la comunidad.
Mamani fue invitada a una reunión en el Senado, en la previa a la sanción de la ley que creó el parque, y fue contundente: “Estaríamos de acuerdo con la reserva siempre y cuando podamos ser dueños, con título, para disponer de las tierras, trabajarlas, que no nos cambien las costumbres, nuestras tradiciones, que podamos vivir y andar libres”.
Durante nuestra visita Mamani fue tan amable como categórica: “Hasta el verano, cuando el tiempo esté más lindo para conocer el lugar, como comunidad no vamos a hablar del parque”.
Otro paseo para la ciudad más turística
La agencia de excursiones de Ramona Córdoba es la del cactus. Así la llaman en Tafí del Valle. El cardón que está en el frente de su local brota de la vereda como una mano gigante, de unos cuatro metros y dedos gruesos que apuntan al cielo.
La agencia comparte el espacio del local con una agencia de lotería y un puesto de diarios. Los Córdoba son pioneros en el turismo local. “Mi familia tiene un hospedaje desde 1964, cuando todavía el turismo no era tan importante para Tafí”, cuenta Ramona.
Tafí ya tiene unas 7000 camas para alojar turistas. Desde hace por lo menos dos décadas que es parte del circuito por los Valles Calchaquíes y la ruta 40, que llega hasta La Quiaca y acompaña el Camino del Inca.
“Somos una primera escala en un circuito que sigue hacia el noroeste. Pero pocos visitantes se detienen en lo que tenemos al sur: a 15 kilómetros está El Mollar y el cerro Los Ñuñorcos”, apunta Ramona. Su agencia ofrece paseos a caballo, en bicicleta o en jeep por Los Ñuñorcos. Pero apenas pueden armar una salida al mes: casi no hay interesados.
Luis Maza es el director de Turismo de Tafí y cree que el “título” de reserva nacional que sumó Los Ñuñorcos va a traer “sí o sí” nuevos visitantes a la ciudad, que tiene 17 mil habitantes y en verano puede llegar a sumar 30 mil turistas durante los fines de semana.
“Para nosotros Los Ñuñorcos siempre fue un producto turístico, pero con poca salida”, analiza Luis y está convencido de que instalarlo como “sitio imperdible” puede hacer que en la cuenta que hacen los viajeros terminen dándole “una día más” a Tafi. Luís lo explica así: “Te quedás una día más en Tafí o te perdés la posibilidad de visitar el parque nacional Aconquija”.
Qué pasó. El ministerio de Educación provincial quiere que los psicólogos, trabajadores sociales y psicopedagogos, entre otros especialistas, que conforman los equipos de orientación escolar que funcionan en la mitad de las escuelas estatales pasen a ocuparse de varias escuelas simultáneamente.
El principal argumento es que de esta manera más escuelas podrán acceder, aunque de manera regionalizada y no en cada escuela, a un equipo de orientación.
La medida fue dispuesta a través de la resolución 1736, firmada por el ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny.
Pretenden que el cambio empiece a operar a partir del año que viene.
Por qué es importante. Los equipos de orientación escolar tienen un gran protagonismo en el armado de las estrategias para lograr inclusión social y educativa a través de la escuela.
Trabajan para identificar y revertir las causas que originan ausentismo, deserción, repitencia y fracaso escolar.
Como los equipos están conformados por profesionales de varias disciplinas, tienen capacidad para intervenir en problemas de múltiples orígenes.
Orientan soluciones en casos de pobreza, violencia, abuso y adicciones: son un nexo para que las familias puedan conocer y acceder a los programas y herramientas que ofrece el estado en cada situación.
Cumplen un rol pedagógico porque colaboran con los directores y los docentes para elaborar el proyecto educativo institucional y para que los contenidos y las clases respondan a las necesidades de la comunidad donde está ubicada la escuela.
Su rol tiene más peso en los barrios populares y se vuelve más necesario en épocas de crisis económica y social.
Cuántos equipos existen hoy. Alrededor del 50% de los 10 mil jardines, primarias y secundarias estatales que hay en la provincia cuentan con equipo de orientación escolar, según detallaron desde la Dirección provincial de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social, que está al frente del área.
En total son unos 15 mil profesionales, entre psicólogos, asistentes sociales, psicopedagogos y licenciados en educación. Algunos equipos cuentan con fonoaudiólogos y hasta médicos.
Según los gremios, agrupados en el Frente de Unidad Docente Bonaerense, donde hay mayor proporción de escuelas con equipos de orientación es en el nivel primario. El porcentaje desciende en el nivel inicial y es poco habitual en el secundario.
Un ejemplo de ese diagnóstico es el distrito de Moreno. Actualmente cuentan con equipo de orientación 58 de las 83 primarias; 11 de los 65 jardines y 27 de los 77 secundarios.
Cuáles son los argumentos de la provincia. En primer lugar, desde la Dirección General de Cultura y Educación prometen que no se perderá ningún cargo y que los profesionales que trabajan en los equipos de orientación y deban ser reubicados serán reasignados dentro de su mismo distrito.
Afirman que con este reagrupamiento la cobertura será “mayor”, aunque reconocen que no llegará a todas las escuelas, por lo que “será acompañada con otras medidas”.
Aseguran que hay 200 equipos que trabajan en escuelas donde ya hay equipos. Es decir, están duplicados. Eso ocurrió, según explican, cuando al reorganizar el nivel medio en las actuales secundarias de seis años se integraron escuelas polimodales que tenían equipos de orientación con EGB que también lo tenían.
Y revelan que hay escuelas que tienen 10 alumnos y cuentan con equipo, mientras que otras de 1800 estudiantes no tienen.
“El objetivo es mejorar la distribución de los equipos en función de poder atender a más estudiantes, optimizar el diagnóstico de las necesidades pedagógicas para lograr mayor asistencia, profundizar un enfoque preventivo y disponer la reasignación inmediata de los más de 200 equipos de excedencia, para garantizar la equidad de la atención de los alumnos de los diferentes niveles”, explican desde la Dirección de Psicología Comunitaria y Pedagogía Social.
Qué denuncian los gremios docentes. Afirman que se trata de un ajuste impulsado por la provincia, ya que en lugar de crear nuevos equipos en las escuelas que no los tienen, le asigna más escuelas a los que existen actualmente, lo que “desnaturaliza” y “empobrece” el trabajo.
Exponen que en el anexo de la resolución con la que se pretende instrumentar el cambio, la Dirección General de Cultura y Educación habilita la posibilidad de que los equipos puedan funcionar con apenas un miembro.
Destacan que el principal argumento que citan en la resolución es que la cobertura resulta poco equitativa, ya que hay escuelas que no tienen equipo de orientación. Por lo que, según entienden, de esa manera reconocen que la necesidad es la de crear equipos en todas las escuelas.
Advierten que la reasignación de los equipo puede no contemplar el conocimiento que los profesionales ya tienen de la comunidad en la que vienen trabajando.
“La medida empobrece a los equipos que ya están conformados porque desconoce su pertenencia a un lugar y provoca desarraigo. Además, niega lo complejidad del equipo y su carácter multidisciplinario al habilitar la chance de que funcionen con un solo miembro”, consideró Patricia Romero Díaz, secretaria de Derechos Humanos de Suteba, que compartió el rechazo junto con la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), AMET y Udocba.
Qué puede ocurrir a partir de 2019. Básicamente, la Dirección General de Cultura y Educación planea tres escenarios posibles.
Muchos equipos seguirán trabajando de la misma manera y en una única escuela. Ocurrirá cuando la necesidad de esa dedicación esté justificada.
Los equipos que tengan “capacidad disponible” asistirán a escuelas cercanas, en muchos casos dentro del mismo edificio, ya que se suelen compartir instalaciones.
Qué pasó. Un grupo de 18 investigadores de universidades del país, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria y del Instituto Nacional de Tecnología Industrial reunió datos oficiales sobre el acceso al agua en la Argentina. Reveló que hay 448.211 hogares que tienen necesidades básicas insatisfechas, no cuentan con agua de red en sus casas y en muchos casos llegan a dedicarle hasta seis horas por día para conseguirla.
El trabajo marca que el 22% de las viviendas del país no tienen red de agua potable en su casa: 3 millones de 13,8 millones de hogares.
15 de cada 100 de esas viviendas sin red, es decir 448.211, además tienen necesidades básicas insatisfechas: son familias pobres, viven hacinados, no tienen baños o los chicos no van a la escuela.
Revela que 122.000 hogares consiguen agua a partir de la lluvia o en un río o arroyo; 109.000 la toman de una canilla comunitaria; 99.000 de camiones cisternas; y 59.000 de pozos comunitarios.
Para buscar agua, usan carros, bicicletas, caballos y hasta burros. | Foto: Paula Juárez
Quiénes son los más afectados. La mayoría de los hogares sin agua de red y con necesidades básicas insatisfechas están en áreas rurales o barrios populares.
1 de cada 4 de esas familias habita en la provincia de Buenos Aires, principalmente en villas y asentamientos.
El resto, en su mayoría, son hogares rurales, muchos de ellos dispersos y aislados. Salta, Chaco y Santiago del Estero aparecen entre las provincias con más hogares pobres y sin agua: 32.999, 36.496 y 31.451, respectivamente.
“En estos hogares tardan hasta seis horas en buscar agua. Caminan, van a caballo, en moto y hasta en burro para llegar a una canilla o pozo comunitario o un arroyo. Es tiempo que pierden y no se lo pueden dedicar al trabajo. Muchas son familias agricultoras y necesitan agua para sus animales y cultivos”, asegura Paula Juárez, directora de la investigación y miembro del Instituto de Estudios Sociales de la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes.
Cómo se arregla una familia. Los Villagrán viven en el paraje Pozo la Gringa, a 90 kilómetros de Castelli, en el norte de Chaco. En ese paraje viven en total unas 20 familias. Nadie tiene agua de red y todos sacan agua del aljibe de la escuela secundaria provincial, que almacena agua de lluvia que colecta de los techos.
“Todos los días camino unos 40 minutos (ida y vuelta) hasta el colegio y lleno un bidón de 15 litros. Esa agua es el que tomamos nosotros”, cuenta Juan Carlos, que es albañil, pero está sin trabajo desde el año pasado. Su mujer es la cocinera de la escuela. Y sus cuatro hijos, de 13, 16 y 17 y 18, van al secundario.
Para regar la huerta, el sacrificio es mayor. Por lo menos cuatro miembros de la familia caminan por el monte otros 60 minutos, ida y vuelta, hasta una laguna. Ahí llenan cuatro bidones más grandes: unos 60 litros en total.
Al año, los Villagrán pierden o le dedican 25 días de su vida a tareas para tener agua.
Dónde se puede revisar el trabajo. El equipo de investigadores que preparó el informe se tomó dos años para explorar registros provinciales y nacionales, cruzarlos con datos del Indec e incorporar las obras de infraestructura de los últimos años.
Con ese detalle, armaron el sitio Plataforma del Agua. La herramienta permite revisar el acceso a agua y por qué medio se logra, según la provincia y en cada municipio.
También releva los hogares que tienen cloacas, un servicio que hoy carece el 41% de la población. De hecho, hay 300.000 viviendas sin baños.
Semáforo. Los colores indican la intensidad del problema asociado al acceso a agua y cloacas. Rojo, para más intensidad, y verde, para menos.
Por qué es importante visibilizar estos datos. El trabajo buscó alumbrar cuál es la población que necesita con mayor urgencia una solución.
“Exponer cuántos hogares no tienen agua de red en sus casas y además son pobres es una decisión pensada para marcar que son familias que tienen dificultad física de acceder a ese recurso básico, ya que les demanda hasta seis horas, y que no tienen dinero como para comprar agua envasada”, explica Lucas Becerra, investigador del Conicet, docente de Sistemas Económicos Comparados de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires y parte del equipo que elaboró el estudio.
“La intención es que todo el trabajo resulte útil para quienes gestionan el acceso al agua. Porque de cada provincia, se pueden ver cuáles son los distritos donde hay más necesidades urgentes”, agrega Juárez.
Cuáles son las causas de este diagnóstico. Los investigadores coinciden en que la falta de planificación, inversión y trabajo territorial fue determinante para encontrarse en esta situación. Y esgrimen los siguientes argumentos:
Entre mediados del siglo XIX y mediados del XX se planificaron servicios públicos principalmente en la región pampeana. Luego hubo etapas regionales sin un marco estratégico, erráticas y espasmódicas.
En la década del 90 muchas empresas que prestaban el servicio pasaron a manos privadas, pero tampoco hubo grandes inversiones para extender el servicio.
Desde 2006 la extensión de la red de agua volvió a ser una prioridad, pero más como una reacción a una necesidad que una estrategia.
Desde hace casi dos años existe el Plan Nacional de Agua Potable y Saneamiento, pero los investigadores lo entienden más orientado a abastecer áreas productivas, ciudades o aglomerados rurales.
Qué soluciones proponen. Justamente, la Plataforma del Agua busca reunir información sobre distintas medidas que se tomaron y sirvieron para garantizar el acceso agua.
Para llevar agua potable a los asentamientos y villas, lo que se necesita es infraestructura: es decir, ampliar la red.
Para las comunidades rurales aisladas y dispersas, las soluciones son tecnológicas: cosecha de agua de lluvia, tomas en arroyos y perforaciones para llegar a las aguas subterráneas.
“Para dar una solución a una comunidad rural se debe conocer la región porque esa solución debe contemplan tres criterios. El climático: si llueve mucho o poco, por ejemplo. El geológico: como es el suelo, rocoso o fácil de perforar. Y el último, el sociocultural, que es lo que está dispuesto a aceptar esa población para tener agua”, explica Becerra.
En algunas comunidades rurales arman techos que sirven para cosechar agua de lluvia. | Foto: Paula Juárez
Quién debe garantizar el servicio. En primer lugar, el Estado nacional, porque es un derecho humano de rango constitucional. Finalmente, las provincias son las dueñas del agua como recurso natural.
El organismo que posee competencia sectorial de agua y saneamiento a nivel nacional es el Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda. Lo hace a través de la Secretaría de Obras Públicas y de la Subsecretaría de Recursos Hídricos.
La organización de la prestación en todo el territorio replica a la organización federal del país en gobiernos provinciales con facultades sobre sus recursos. Cada provincia tiene su propia normativa.
Esta situación explica que a nivel nacional haya 1.828 prestadores de agua, entre sociedades estatales, sociedades del estado, entes autárquicos, sociedades anónimas privadas, entes centralizados y cooperativas.
Qué hace el Estado actualmente. Las principales obras que se ejecutan a nivel nacional están contempladas en el Plan Nacional del Agua, instrumentado por el gobierno nacional a través del Ministerio del Interior, Obras Públicas y Viviendas.
El plan propone alcanzar un 100% de la cobertura de agua. “Para lograrlo nos proponemos llegar a 2019 con todas las obras necesarias licitadas. Son obras de 2, 3 y hasta 4 años”, aseguró Pablo Bereciartua, secretario nacional de Infraestructura y Política Hídrica.
El programa incluye inversiones por U$S 22.000 millones, financiadas por el tesoro nacional, las provincias y los bancos internacionales.
Según datos de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, ya se realizaron 340 obras de agua y cloacas, hay 263 en ejecución, y 61 en proceso licitatorio.
Por qué la inversión debe ser de Nación. Bereciartua explica que así ocurre en la mayoría de los países del mundo, ya que lo que se paga por el servicio sirve para el mantenimiento de la red pero no para trazados nuevos.
“Extender la red de agua potable requiere mucho más inversión que ampliar la red de gas, los tendidos eléctricos y los cables de telecomunicaciones”, aseguró Bereciartua.
Qué ocurre en el mundo. Resulta difícil comparar en qué situación se encuentra el país respecto de otros países del mundo. Se debe a que el Programa Conjunto de Monitoreo que llevan adelante Unicef y la Organización Mundial de la Salud (OMS) mide, país por país, el acceso a “suministro de agua mejorada”.
Ese indicador incluye acceso a agua envasada, pozos entubados o protegidos, agua de lluvia y agua distribuida por camiones cisternas.
En ese indicador, Argentina llega al 99% de cobertura.
Chile, Brasil y Uruguay, por ejemplo, están en el 99%, 97% y 99%, respectivamente.
De todos modos, la OMS, a nivel global, estima que 3 de cada 10 carece de acceso a agua potable y disponible en su hogar.
En ese sentido, la Argentina estaría algo por arriba del promedio, ya que la relación es de 2 de cada 10.
Sus integrantes son electos junto a los intendentes y suelen responder a los jefes comunales. Los directores recurren a los consejeros cuando necesitan un arreglo en su escuela.
Sin embargo, administran apenas un 10% de los fondos que se destinan al mantenimiento de escuelas. ¿Quién gestiona el otro 90%? ¿Cuál es la política provincial en este sentido?
Qué pasó. La directora y el portero de la escuela primaria N°49 de Moreno murieron el jueves pasado por una explosión que se produjo en la sala de profesores por un escape de gas.
Un día antes, un gasista había ido a la escuela para revisar las conexiones porque en la escuela habían sentido olor a gas.
El gasista es proveedor del Consejo Escolar de Moreno, a donde habían llamado para denunciar escapes de gas.
El Consejo Escolar de Moreno fue intervenido en octubre del año pasado por la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, que nombró un interventor.
El ministro de Educación bonaerense, Gabriel Sánchez Zinny, explicó que la intervención del Consejo se resolvió, entre otras razones, “porque no tenía actividad en término de arreglos en las escuelas”.
Nueve meses después de la intervención y tras la muerte de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez, la Justicia investiga, entre otras responsabilidades, la que pudo haber tenido el Consejo Escolar, la Municipalidad de Moreno y el Gobierno provincial.
Qué son los Consejos Escolares. Es un “órgano desconcentrado” instaurado por la Constitución provincial que se ocupa de la “administración de los servicios educativos” en cada municipio pero “con exclusión de los aspectos técnicos pedagógicos”.
Es un órgano desconcentrado (y no descentralizado) porque sus autoridades son elegidas por los vecinos de cada municipio en la misma elección en la que eligen intendente y concejales.
Es decir, si bien están bajo la órbita de la Dirección Provincial de Consejos Escolares, los consejeros que conducen el órgano son electos.
Los consejos pueden tener entre 4 y 10 miembros, según la cantidad de escuelas que tenga el distrito. En cada elección se renueva la mitad de los miembros.
Los candidatos a consejeros comparten el mismo cuerpo de la boleta electoral que el candidato a intendente.
La mayoría de los consejeros responde al espacio político que gobierna cada municipio, ya que, como se dijo, los intendentes comparten la lista con los consejeros.
Por lo general el intendente que resulta electo consigue tener mayoría en el consejo escolar y logra imponer el presidente de ese órgano.
Qué tareas tienen a su cargo. Principalmente, administran recursos provinciales para asegurar el funcionamiento operativo de los 12 mil edificios escolares provinciales, entre jardines, primarias, secundarios y establecimientos especiales y de adultos.
Se encargan de tramitar y contratar obras menores o medianas vinculadas al mantenimiento de los edificios escolares. Son los arreglos necesarios para garantizar la continuidad de las clases.
Tramitan la provisión de muebles, útiles y equipamiento escolar.
Gestionan la comida para la copa de leche, merienda o almuerzo en las escuelas que tienen ese servicio.
Contratan transporte para llevar al colegio a los chicos de escuelas especiales o rurales que necesitan movilidad pero sus padres no se la pueden dar.
Con qué fondos cumplen esas tareas. Administran cuatro partidas, según explican desde la Dirección Provincial de Consejos Escolares.
Un fondo para el denominado Sistema Alimentario Escolar, que el año pasado fue de unos $ 3.600 millones. Es decir, para la copa de leche, almuerzo o merienda de los colegios con ese servicio.
Una partida denominada Cuenta Única de Fondos Presupuestarios, que el año pasado fue de alrededor de $ 600 millones. El 80% se usa para contratar transportes escolares y 20% para limpiar tanques de agua y vaciar pozos ciegos.
El Fondo Compensador, en tanto, es el que reciben para encargar obras de mantenimiento en los edificios escolares. El año pasado, entre los 135 municipios sumaron $ 294 millones por ese concepto: a razón de $ 24.500 por edificio.
La cuarta partida es la de fondos propios, que son donaciones y subsidios girados por los municipios, por ejemplo, para un fin específico.
Qué fondos recibió el Consejo de Moreno para hacer arreglos. El Fondo Compensador para obras se compone por un porcentaje de lo recaudado por el impuesto sobre los Ingresos Brutos de los contribuyentes que por convenio con la provincia pagan en los municipios, tal como lo establece la ley 13.010.
Durante 2017, Moreno recibió $ 9.494.064 para el mantenimiento de 230 edificios escolares.
Entre enero y junio de este año, ya bajo la intervención del Gobierno provincial, había percibido $ 9.679.940. Es decir, un incremento en términos proporcionales del 100%.
El ministro de Educación bonaerense, Sánchez Zinny, afirmó en una entrevista en Radio con Vos que desde la intervención se hicieron “1.000 trabajos” en escuelas de Moreno.
Cómo se distribuyen los fondos disponibles para obras. Tienen tres grandes actores y un volumen que este año rondará los $ 5800 millones.
Alrededor del 10% lo administran los Consejos Escolares a través del Fondo Compensador.
Quién hace las obras más importantes. En la práctica, actualmente muchas de las obras de ampliación o mejoras estructurales en las escuelas provinciales las gestionan los municipios.
Lo hacen a partir del Fondo Educativo, instaurado desde 2006 a partir de la Ley Nacional de Financiamiento Educativo. Se trata de una partida que Nación envía a las provincias y estas bajan luego a sus municipios.
La provincia de Buenos Aires transfirió a los 135 municipios un total de $ 5.540 millones en 2017.
Desde este año, a partir de una reforma que impulsó la Gobernación en la ley de presupuesto, el 50% debe estar destinado sí o sí a obras de infraestructura escolar. Ese porcentaje baja al 40% en los municipios del interior bonaerense.
Entre enero y junio de 2018, los municipios recibieron $ 3.474 millones, de los que $ 1.737 debieron haber sido asignados a obras en escuelas.
En lo que va del año, la Municipalidad de Moreno recibió $ 98 millones por este fondo. $ 49 millones debieron haber cubierto obras y arreglos en escuelas.
Qué obras quedan en manos de la Provincia. Si bien la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense es la máxima responsable de las escuelas públicas provinciales en los 135 municipios, el fondo que le asigna a obras no es el de mayor relevancia.
“La Dirección Provincial de Infraestructura Escolar tiene prevista una inversión de $ 1800 millones durante 2018”, aseguraron desde la Provincia.
Es decir, que en volumen, la inversión que hace directamente la provincia para mantener y mejorar los edificios escolares es la segunda en importancia, detrás de la partida que administran los municipios y es costeada por el tesoro nacional.
Cuántas escuelas necesitan obras urgentes de gas.
En la Provincia aseguran que no tienen ese detalle, pero “reconocen que la mayoría de las escuelas tiene problemas edilicios que hay que solucionar”.
Los gremios docentes entregaron hace un mes en la Provincia un relevamiento en el que listan las obras urgentes que necesitan las escuelas, distrito por distrito. En ese informe, registran 46 escuelas con problemas en las instalaciones de gas.
Las urgencias enumeradas respecto al servicio de gas son pérdidas, estufas en mal estado, conexiones sin terminar, baja presión o directamente falta de conexión.
El relevamiento fue hecho por el Frente de Unidad Docente Bonaerense, integrado por Suteba, FEB, Sadop, Udocba y AMET.
Hoy, la Provincia anunció que inspeccionarán el estado de todas las escuelas de Moreno y anticiparon que harán algo similar en General Rodríguez.
Los consejos escolares aparecen como los responsables inmediatos de los arreglos urgentes en las escuelas. Son también los que tienen más contacto con los directivos de las escuelas. Sin embargo, administran apenas un 10% de los fondos que en la provincia se destinan al mantenimiento de las escuelas.
Esos fondos, además de escasos, en muchos casos están sospechados, como en Moreno, de ser gestionados con discrecionalidad y poca transparencia. El fuerte vínculo que tienen los consejeros con los intendentes, en muchos casos “politiza” la gestión.
Los municipios, en tanto, no son los responsables de las escuelas públicas provinciales pero desde este año son los que administran la partida más sustancial vinculada a mejoras en las escuelas, ya que están obligadas por la ley de presupuesto bonaerense a invertir entre un 40% y un 50% del Fondo Educativo que desde 2006 reciben de Nación.
Eso lleva a que los directivos de las escuelas, que son funcionarios provinciales, deban hacer gestiones ante los intendentes cuando necesitan pedir una obra importante para su colegio.
El gobierno provincial, máximo responsable de la educación pública en los 135 municipios, de alguna manera “delega” en gran medida la responsabilidad del mantenimiento de las escuelas en los consejos escolares y los municipios, ya que su área de infraestructura escolar administra solo el 30% de los fondos totales destinados a este tema.
La FAO informó que perdió el 1,25% de sus bosques. Ocurrió algo similar en África Subsahariana y Asia Sudoriental. En Sudamérica, Chile recuperó un 1,8% de masa boscosa. Cómo lo logró y qué planes tiene la Argentina.
Qué pasó. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) presentó el informe 2018 sobre El Estado de los Bosques del Mundo y reveló que América Latina es una de tres regiones donde continúa la deforestación.
Entre 1990 y 2015, la superficie forestal del planeta disminuyó del 31,6 % de la superficie terrestre mundial al 30,6 %, aunque el ritmo de pérdida se ha ralentizado en los últimos años, ya que a 2010 se había llegado con un 30,8% de bosques.
La mayor parte de esta pérdida tuvo lugar en países en desarrollo. América Latina perdió el 1,25 % de sus bosques entre 2010 y 2015. Las otras dos regiones que perdieron áreas de forestación son África Subsahariana y Asia Sudoriental.
El resto de Asia, Europa, América del Norte, Australia y Nueva Zelandia son los sitios donde más se recuperaron los bosques: entre el 0,10% y el 0,20%.
Cuáles son las principales razones por las que se pierden bosques. En general, la reconversión del bosque es para un uso productivo intensivo.
En América Latina, y particularmente en la Argentina, se debe a los desmontes para instaurar cultivos, principalmente de soja. También por el pastoreo de ganado en área de montes, lo que termina erosionando la vegetación.
En Asía la principal causa son las plantaciones de palma de aceite.
En África incide mucho la recolección de madera para combustible, tanto para uso doméstico como para el uso comercial. La proporción de personas que depende de la leña varía del 63% en África al 38% en Asia y el 16% en América Latina.
En general, también inciden el desarrollo de ciudades y rutas, los incendios forestales, las explotaciones forestales ilegales o no sostenibles y la minería.
Los países que siguen teniendo tasas altas de deforestación son los de ingresos económicos bajos.
Cuáles son las consecuencias. Según el informe, la deforestación supone la segunda causa principal del cambio climático después de la quema de combustibles fósiles.
La pérdida de bosques representa casi el 20% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto representa más que todo el sector del transporte del mundo.
Sin vegetación, los suelos se erosionan y se produce un fenómeno conocido como “desertificación” de áreas.
Aumentan las inundaciones. Un buen ejemplo son las anegaciones en Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires.
Desaparece un reservorio natural de agua de lluvia, ya que la vegetación tiene la capacidad de absorber el agua y hacerla filtrar a las cuencas subterráneas.
Con la pérdida de bosques, también se pierde biodiversidad, tanto animal como vegetal.
Finalmente, aparece un problema social: la migración forzada de comunidades que históricamente vivieron de una explotación extensiva de los bosques.
Cuáles son los países que más bosques recuperaron. En términos porcentuales, los siguientes:
Filipinas (3,3%)
Chile (1,8%)
Laos (1%)
Gabón (0,9%)
Vietnam (0,9%)
China (0,8%).
Francia (0,7%)
India (0,3%)
Australia (0,2%)
Estados Unidos (0,1%)
Cómo lo lograron. “Las razones son específicas a cada país. En algunos casos se debe a un deseo de reforestación y restauración a través de programas de forestación, y en otros casos se deben a iniciativas privadas ligadas a la explotación del recurso forestal”, afirma Jorge Meza, oficial forestal principal de la Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe.
“En general, donde la superficie de bosque se ha mantenido o ha aumentado es en los países con mayores niveles de ingreso. Se debe a programas de forestación, a la conversión natural de zonas agrícolas de baja productividad, y a un aumento en las plantaciones forestales comerciales”, agrega Meza.
Cómo lo logró Chile. El país apostó a la producción forestal y avanzó con la plantación de bosques y métodos de explotación sustentables. Ocurre que el sector forestal chileno está orientado al comercio internacional y exporta por 6.100 millones de dólares al año, siendo el segundo sector exportador después de la minería.
Así se explica cómo pese a tener un 40% menos de superficie de bosques que la Argentina, Chile cuenta con casi tres veces más superficie de bosques plantados: 3 millones de hectáreas contra poco más de 1 millón.
Cuál es la deforestación en la Argentina. Entre 2010 y 2015 nuestro país fue uno de los 10 países con la tasa de deforestación más alta del mundo: cada año desaparecía el 1,1 % de su superficie boscosa.
Actualmente, ese índice bajó a la mitad y es del 0,5%, pero sigue siendo alto si se lo compara con el promedio mundial, que es del 0,08%.
Desde 2008 hasta 2016, el 78 % de los desmontes se concentraron en cuatro provincias: Santiago del Estero, Chaco, Formosa y Salta.
Qué políticas recomienda la FAO. Son por lo menos cuatro.
Promover la protección y uso sostenible de los bosques en manos privadas con incentivos económicos o fiscales para su conservación.
Promover el aumento de la producción sobre la base del incremento de la productividad y no con la expansión de la frontera agrícola.
Contemplar la importancia de reconocer los derechos de las poblaciones indígenas al acceso libre y permanente a sus bosques.
Fortalecer el sistema nacional de áreas naturales protegidas
Qué políticas tiene la Argentina.
Se impulsa que los dueños de campos adopten el denominado Manejo de Bosques con Ganadería Integrada, un plan que permite la plantación de forrajes en espacios limitados y autoriza el aprovechamiento forestal con zonas rotativas.
Otro plan es el de restauración de bosques degradados. Cuenta con experiencias en Chaco, Jujuy, Mendoza, Misiones, San Luis, Buenos Aires, Chubut y Santiago del Estero.
Una tercera estrategia busca que las explotaciones forestales incorporen mejores prácticas de manejo, con turnos de corte e inventarios forestales, de modo que la actividad sea sustentable. Ya hay dos experiencias, una en la cuenca de Monte Quemado, en Santiago del Estero, y otra en el Caimancito, en Jujuy.
El plan Bosques y Comunidades aspira a resolver necesidades básicas y ayudar a comunidades indígenas y criollas a que aprovechen el potencial productivo del bosque mediante la explotación forestal y la cría de animales, pero sin degradarlo. Esa línea alcanza a 75 comunidades con unas 410.000 hectáreas.
En junio, el Gobierno lanzó el programa ForestAr 2030, un plan que busca duplicar la superficie de hectáreas forestadas con el propósito de potenciar esa industria. La meta es pasar de las 1.300.000 hectáreas forestadas actuales a 2.000.000.
A las que se registran formalmente como pymes les financia el IVA y les toma a cuenta de Ganancias hasta el 10% de la inversión en capital o infraestructura. Además, instauró un régimen simplificado para concretar exportaciones e impulsó una serie de líneas preferenciales de financiamiento.
Las pymes generan el 70% del empleo del sector privado y representan el 90% de las empresas del país. Pero hace varios meses que atraviesan una crisis. Las cámaras sectoriales le apuntan a la caída del consumo, una carga fiscal alta, la dificultad de contar con financiamiento y la suba de tarifas de los servicios públicos.
En ese contexto, muchas pymes dejaron de pagar impuestos y postergaron el pago a sus proveedores. Otras impulsan ajustes internos, planean sacar productos más económicos o intentan exportar, entre otras soluciones que ponen a prueba.
“Estamos poniendo a disposición de las pymes todas las herramientas necesarias para acompañarlas en esta coyuntura”, asegura Mariano Mayer, secretario de Emprendedores y PyMEs del Ministerio de la Producción.
¿Qué instrumentos le ofrece el Gobierno a las pymes?
Desde el año pasado está Exporta Simple, un régimen simplificado para acordar exportaciones desde una computadora. Es para ventas de hasta 300 kilos y con un tope anual de 600 mil dólares. El sistema habilita a exportar sin estar inscripto en el registro de la Aduana.
Unas 200 pymes, de las cuales el 31% realizó su primera exportación o no lo hacían desde 2011, ya vendieron a Estados Unidos, Angola, Brasil, Chile, Italia, Guatemala, República Dominicana, Suecia, Suiza, Nueva Zelanda, Japón, Australia e Israel.
La ley PyME, sancionada en julio de 2016, ofrece la posibilidad de pagar el IVA a los 90 días en lugar de mensualmente y tomar a cuenta del impuesto a las Ganancias hasta el 10% de los montos invertidos en bienes de capital y nueva infraestructura, entre otros beneficios fiscales.
Por ahora, a esa ayuda accede la mitad de las pymes, unas 440.000. Ocurre que para alcanzar esas herramientas hay que estar registrado formalmente como pyme, un trámite que se puede hacer totalmente online.
El Gobierno instauró varias líneas de financiamiento. Por un lado, el BICE pondrá a disposición de las pymes $ 7.000 millones para apuntalar proyectos de eficiencia energética, economías regionales, parques industriales y maquinaria agrícola.
También está el programa de Inclusión Financiera, que pone a disposición $ 4.000 millones del Fondo de Garantías Argentino (FOGAR) administrado por el Ministerio de Producción para otorgar garantías automáticas y parciales a bancos para el otorgamiento de préstamos.
Mientras que a través de 19 Sociedades de Garantías Recíprocas (SGRs) se bonificarán las comisiones que pagan las pymes por la obtención de avales asociados a préstamos de capital de trabajo y descuento de cheques de pago diferido hasta un año de plazo.
El Ministerio de Producción reconoce que “el sistema financiero argentino es muy reducido” y afirma que “en Argentina el 70% de las pymes se encuentra fuera del sistema”. Finalmente consigna que de los créditos que se otorgan al sector privado por un valor equivalente al 14% del PBI, sólo 3,8 puntos porcentuales de ese total son destinados a las pymes. De esos créditos sólo el 0,5% es a largo plazo.
En paralelo y como medida a corto plazo, Producción acordó con 12 bancos públicos la posibilidad de descontar cheques de hasta 90 días a pymes a una tasa final del 29%. El monto total que destinarán los bancos será de $ 26.000 millones. Las entidades otorgarán a sus clientes una tasa bruta máxima de 32% y el Ministerio de Producción bonificará 3 punto porcentuales, por lo que la tasa neta será del 29%.
Son parte de esta iniciativa el Banco Nación, Banco de la Provincia de Buenos Aires, Banco Ciudad, Banco de Córdoba, Banco de la Rioja, Banco de La Pampa, Banco de Santa Fe, Banco de Entre Ríos, Banco de Corrientes, Banco de Tierra del Fuego, Banco de Neuquén y Banco Credicoop.
Son 853.000 y generan 7 de cada 10 puestos de trabajo del sector privado. Por la caída del consumo y el retroceso de la actividad industrial, cancelan horas extras y no reemplazan a los empleados que se van.
Al mismo tiempo y para no perder mercado interno, sacan productos en presentaciones económicas. Otras apuntan a exportar o diseñar nuevos productos.
En el país hay un millón de empresas y 853.886 son consideradas micro, pequeñas y medianas empresas: lo que se conoce como pymes. Para el Estado son todas las que facturan menos de $ 95 millones al mes y tienen hasta 655 empleados.
Es decir, hay pymes en todo el país, son la columna vertebral de la riqueza doméstica y el principal sostén socioeconómico. De hecho, 7 de cada 10 empleados en blanco del sector privado trabajan en comercios, industrias, prestadoras de servicios y agropecuarias consideradas pymes. En total, 4 millones de personas dependen de su prosperidad.
“Son las que dan el primer empleo y forman a futuros empresarios. Además le dan trabajo a los segmentos más vulnerables de la población y favorecen una economía competitiva al evitar la concentración económica y territorial”, afirma Mario Grinman, secretario de la Cámara Argentina de Comercio y Servicio (CAC).
Sin embargo, nadie pone en duda que la salud de las pymes es hoy endeble.
Otro aspecto que los pone en jaque es la dificultad de acceder a financiamiento con tasas razonables. Así lo expone un informe del Observatorio Pyme. Es más, el Ministerio de Producción reconoce que el 70% de las pymes está fuera del sistema financiero.
La suba de tarifas de los servicios públicos aparece como otra preocupación. Entre otras cámaras, lo exponen los economistas de Industriales Pymes Argentinos (IPA).
“Ante un escenario complicado, la primera reacción de las pymes es postergar el pago de impuestos. Eso está ocurriendo”, afirma Pedro Cascales, secretario de Comunicación de CAME. De hecho, la AFIP sacó una serie de planes para financiar las deudas de las pymes.
Luego, continúa Cascales, negocian nuevos plazos de pago a sus proveedores, que habitualmente es de 30 a 60 días y hoy intentan llevar hasta los 120 días.
Un mal síntoma que expone la necesidad de postergar pagos que tienen las pymes es que la cantidad de cheques impagos creció 61,23% en los primeros cinco meses del año, según datos del Banco Central.
Cascales dice que esas dos primeras reacciones no fueron suficiente y que por eso muchas pymes ya toman otras medidas.
Para bajar costos, el personal de NH también se hizo cargo de la limpieza de la planta.
Con el personal mínimo e indispensable
Muchas pymes cortaron las horas extras y suspendieron contrataciones de nuevos empleados. Cuando un trabajador tiene una oferta laboral, lo dejan ir. Y no suelen reemplazar a los que se jubilan.
“En 2016 y 2017, bajamos de 120 a 70 empleados. La mayoría tomó retiros voluntarios y resolvimos algunos despidos”, revela Eugenio Hadges, dueño de NH, una pyme del partido bonaerense de Berazategui que construye estructuras metálicas para empresas de telecomunicaciones y durante los primeros cuatro meses del año no logró tomar ninguna obra.
Hadges dice que el número de empleados al que llegaron es el mínimo para no afectar la calidad de las obras que hacen. Poro eso, para poder seguir corrigiendo costos, suspendió horas extras e hizo que el plantel se hiciera cargo de la limpieza de la fábrica, una tarea que estaba tercerizada. También pasaron a ocuparse de la liquidación de sueldos, que lo hacía un estudio externo.
“Máxima prudencia, que en nuestro caso es que nadie se suma a la planta permanente”, describe Augusto Petrone, de The Other Guys, una productora de videojuegos que tiene 22 empleados y le da trabajo a 50 freelancers. “Aunque nos favorece la suba del dólar porque el 95% de lo que hacemos lo vendemos al extranjero, nos subieron los costos laborales porque reabrimos la negociación salarial con los colaboradores, que son nuestra principal materia prima”, explica.
Para Cascales, de CAME, lo que más tratan las pymes es de cuidar a sus empleados: “Les cuesta mucho formarlos, tiempo y dinero. No puede desprenderse fácilmente del personal porque luego les cuesta mucho volver a prepararlo. Pero además, son empresas familiares que tienen una relación afectiva con su gente”.
Para bajar costos, el personal de NH también se hizo cargo de la limpieza de la planta.
Analizar la posibilidad de exportar
Daniel Bornico fabrica cubiertas y neumáticos para bicicletas y motos en Gualeguaychú, Entre Ríos. Dice que el ingreso de productos importados condiciona su crecimiento y que la planta trabaja al 50%.
“Nuestra mejor oportunidad puede aparecer en Brasil, empezando por el sur, que por cercanía es más barato el flete. Estamos explorando la posibilidad de vender cubiertas de playeras y mountain bike”, cuenta Bornico y dice que estudian un mecanismo que les permite importar materia prima sin aranceles comprometiéndose a que el producto terminado se exporte.
Desde la Cámara Argentina de Indumentaria de Bebés y Niños (Caibyn) dicen que es momento de ser “ingenioso” e insertarse en el mercado regional. “Hay formas asociativas que pueden servir de ejemplo: Jazmín Chebar sumó a sus diseño tejidos de alpaca producida en Perú. Es decir, el producto final, que es exportable, tiene una cadena de valor compartida”, dicen en Caibyn.
Diversificar la oferta o su presentación
“Un buen recurso para enfrentar el momento es pensar cómo podemos ser más competitivos con casi lo mismo que producimos”, invita Daniel Rosato, presidente de Industriales Pymes Argentinos.
Rosato da ejemplos de lo que surge a partir de esa pregunta: “Sin perder calidad, las pymes sacan al mercado el mismo producto pero en una presentación de menos gramaje o cantidad de unidades”. Por ejemplo, un paquete de yerba de 900 gramos en vez de un kilo. O un rollo de papel de cocina de 30 metros en lugar de 35.
“Para salvar el año, empezamos a ofrecernos en obras industriales. Y logramos hacernos cargos del armado de estructuras en dos parques fotovoltaicos que se hacen en Jujuy”, cuenta Eugenio Hadges, NH, la pyme de Berazategui que hasta esta obra solo construía estructuras para empresas de telecomunicaciones.
Alicia Hernández, gerenta de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria, cuenta que el sector adelantará las colecciones: “El lanzamiento de nuevos productos, que para nosotros sería la temporada de verano, se ha adelantado para la primera semana de agosto. El objetivo es tentar a los clientes con novedades”.
En Taverniti aprovechan el tiempo ocioso para diseñar prendas que sacarán a futuro.
Tiempo para buscar calidad y nuevos productos
Por falta de actividad, la mayoría del personal de las pymes tiene tiempo libre.
“Hay que preguntarse qué hacer con ese tiempo sin que implique un costo adicional. Por ejemplo, desde el año pasado, junto al Instituto Nacional de Tecnología Industrial, las pymes pueden aprender el modelo japonés Kaizen, un proceso de mejora continua basado en acciones concretas, simples y económicas que buscan optimizar aspectos vinculados a la calidad y competitividad”, afirma Cascales, de CAME.
Algunas empresas ya están explorando cómo aprovechar ese tiempo. Gustavo Martínez está al frente de una pyme textil familiar conocida por la marca Taverniti. Dice que no es un buen momento y que trabajan al 80%. “El tiempo ocioso lo estamos ocupando en diseñar nuevos productos para cuando la actividad rebote”, cuenta y agrega: “Estamos creando una línea deportiva pero de calle, con telas conceptualmente modernas, que sean una alternativa más económicas a las colecciones que ofrecen en esa gama las multinacionales”.
En el campo hay 10.500 primarias pero sólo 3.500 secundarias. Con nuevas escuelas y clases a distancia, varias provincias buscan ampliar la oferta.
Especialistas aseguran que el secundario estimula el desarrollo productivo y profesional de los jóvenes. Y ayuda a evitar que migren a la ciudad, muchas veces para vivir en peores condiciones.
Alba Osuna está segura. Haber llegado con un secundario a Laguna Gobernador le ofrece un futuro más prometedor a las nuevas generaciones qom de esa colonia indígena del sur formoseño, ubicada a 70 kilómetros de la capital provincial.
Es la directora de la escuela y cuenta que en la zona viven 100 familias de un pueblo que cuando la propiedad privada no les imponía límites, vivió de la caza y la recolección, pero que ahora subsiste con planes sociales y comida que le da el gobierno provincial y local.
La secundaria abrió en 2011 y hoy tiene 33 alumnos que llegan caminando desde parajes de ocho kilómetros a la redonda. Alba grafica cómo la educación puede cambiar la perspectiva del pueblo: “Por primera vez en su historia, varios siguieron estudiando. Una chica es enfermera, tres son policías y dos serán maestros. Además hay varios jóvenes que aprendieron a armar una huerta y a criar pollos parrilleros. Ojalá ellos decidan empezar un emprendimiento”.
A pesar del progreso que pueden traer y aunque por ley es un nivel obligatoria y debería ser universal, lo que más falta en las comunidades rurales son escuelas secundarias: en el mismo territorio donde hay 10.533 primarias, las secundarias son apenas 3.483. Es decir, hay tres veces menos.
De todos modos hay un dato que ofrece esperanzas respecto a las políticas que están tomando algunas provincias. En los últimos cinco años, el aumento de la matrícula de los chicos que van a secundarias rurales de todo el país duplicó a la que registraron las secundarias urbanas: 13,8 % contra el 7 %, según un informe del Observatorio Argentinos por la Educación.
Las secundarias rurales lograron sumar 36.537 alumnos entre 2011 y 2016: se pasó de 265.598 a 302.135. En muchos casos se debe a que se abrieron escuelas, como en Laguna Gobernador. También a que armaron aulas en donde funcionan primarias, y a escuelas que implementaron estrategias para llegar a más jóvenes, como clases por Skype y WhatsApp.
De las provincias que tienen mayor población rural, las que más ampliaron la matrícula en escuelas secundarias son San Luis (38,9%) Santiago del Estero (37%), Corrientes (25%), Misiones (20,9%), Córdoba (18,2%), Tucumán (17,5%) y San Juan (14,1%).
Ese aumento llegó además acompañado de un incremento de los cargos docentes: crecieron en promedio un 42,3%. Es decir que proporcionalmente se sumaron más profesores que alumnos. Ocurre eso porque las secundarias rurales demandan muchos profesores para atender a pocos alumnos.
El secundario de montaña Alfarcito, en Salta, tuvo su primera promoción en 2014.
Fortalecen comunidades y evitan migraciones
Los especialistas coinciden en que las secundarias son vitales para que los chicos tengan herramientas e ideas para crear emprendimientos productivos y para apuntalar la agricultura familiar. También para preparar a los jóvenes para trabajar en un sector agropecuario cada vez más tecnificados. En resumen: son clave para ofrecer oportunidades de progreso.
Ese diagnóstico hace que sean importantes para desacelerar la migración hacia las ciudades. En 1991 vivían en zonas rurales 4 millones de personas, cifra que cayó a 3,5 millones en 2010, incluso a pesar de que aumentó la población en más de 7 millones. Hoy, 1 de cada 10 personas vive en el campo.
Patricio Sutton, director ejecutivo de la Red de Comunidades Rurales, asegura que la falta de secundarias rurales es uno de los mayores déficit de la educación argentina y afecta sobre todo a poblaciones vulnerables y aisladas.
Para describir la importancia que tienen, Sutton prefiere enumerar las consecuencias que genera que los jóvenes no puedan estudiar: “Baja la capacidad de que la nuevas generaciones afiancen la agricultura familiar, surgen menos emprendimientos y baja el empoderamiento de la comunidad”.
Como contrapartida, Sutton explica que crece la migración hacia zonas urbanas y muchos terminan viviendo en villas o en peores condiciones que las que tenían en el campo. Además, hay más espacio para producciones a gran escala y con más impacto sobre el ambiente.
A la secundaria tucumana de Las Arquitas se llega tras 9 horas a caballo.
Todos los niveles en una misma escuela
En Tucumán abrieron 102 secundarias rurales desde 2005. De esas, 26 fueron creadas en el último año. Una de las propuestas con las que innovaron son las denominadas “multinivel”. Es decir, crearon escuelas secundarias y jardines aprovechando el edificio y toda la estructura de una primaria.
“En el paraje Las Arquitas, un pueblo de alta montaña a donde se llega después de 9 horas a caballo, convertimos la primaria en una escuela multinivel. Pasamos de tener tres alumnos a contar con 20, desde jardín a secundaria”, cuenta Juan Manuel Victoria, coordinador de Educación Rural de Tucumán.
Para lograr ese salto, tuvieron que ampliar el plantel, que pasó de una maestra a 12 docentes. Además hablaron con cada familia para que todos entendieran el futuro que le puede ofrecer a sus hijos ir la escuela. Algo similar hicieron en el paraje Mala Mala y San José de Chasquivil.
“Antes de decidirnos por estos proyectos, nos instalamos varios días en esas comunidades. La gente estaba triste porque pensaba que veníamos a cerrar la escuela, que era el fin del núcleo poblacional. Porque eso son las escuelas rurales: el lugar de encuentro”, asegura Victoria y adelanta que incorporarán el nivel de adultos en esas escuelas: “Son comunidades que necesitan ocupar su tiempo, sufren la soledad, y la escuela es un puntal”.
Unicef ayuda a crear secundarios “virtuales”: los chicos cursan desde una notebook.
Aulas virtuales impulsadas por Unicef
Un programa que contribuyó a la ampliación de la matrícula en varias provincias es el de Secundaria Rural Mediada por Tecnología, que impulsa Unicef desde 2012.
