La mayor parte de los sistemas tributarios en América Latina son regresivos, es decir, están compuestos por impuestos indirectos que se les cobran a todos por igual. De allí su incapacidad para reducir las inequidades. En el marco de su Convención Constitucional Chile tiene la oportunidad para diseñar un pacto fiscal inclusivo.
Pagar un alquiler que se lleva hasta el 40 % de los ingresos es la realidad de prácticamente 2 de cada 10 hogares en la Argentina. Mientras los requisitos de acceso y los precios del mercado son barreras cada vez más altas, desde la sociedad civil y las políticas públicas se prueban nuevos modelos para facilitar el acceso a los sectores más vulnerables dentro de ese universo de inquilinos, que están al borde de la emergencia habitacional o necesitan salir de ella. Cómo son las experiencias de alquiler social en la Argentina, de subsidios en Chile y de restauración de casas abandonadas en Montevideo.
Lo dice un joven de 27 años que tiene discapacidad psicosocial y por orden de un juez no tiene derecho a disponer de su patrimonio. Si bien, por la normativa vigente, las personas con discapacidad tienen la posibilidad de acceder a apoyos para ejercer sus derechos al igual que el resto de la población, en la práctica no ocurre. Decenas de miles de ellas se ven privadas de elegir qué comprar, con quién casarse o cómo vivir. Qué medidas tomaron Colombia y España sobre este tema.
These are the words of a 27-year-old who has a psychosocial disability and has been deprived of the right to dispose of his assets by order of a judge. Even though the current regulations grants people with disabilities the possibility of accessing support to exercise their rights just like the rest of the population, this doesn’t happen in practice. Tens of thousands of them are prevented from choosing what to buy, whom to marry or how to live. What measures did Colombia and Spain take on this issue.
Por la falta de ingresos, muchos tuvieron que regresar al hogar familiar o posponer irse a vivir solos. El 42% de los inquilinos menores de 30 años dedicaron más ingresos al alquiler durante cuarentena y el 41% deben al menos un mes de alquiler. El 36% considera que deberá dejar el lugar que alquilan en el corto plazo. Lectoras y lectores de RED/ACCIÓN cuentan sus experiencias.
Claudio Castro, Jorge González Nieva, Cristina Vázquez, Alejandro Bordón pudieron demostrar su inocencia después de pasar por una causa armada. Pero estuvieron desde un mes a 14 años en prisión por crímenes que no cometieron, lo que les dejó secuelas económicas y, sobre todo, emocionales. Especialistas señalan que es necesaria la asistencia del Estado en forma integral, desde su reinserción laboral o su vivienda hasta su atención psicológica.
