El espacio ganado por las mujeres en ámbitos económicos, educativos y sociales en las últimas décadas se está achicando. En estos tiempos de pandemia, su función de cuidadoras ha sido más importante que nunca, pero les han aumentado desproporcionadamente las horas dedicadas al trabajo doméstico y a la atención de niños y ancianos. Eso ha impedido que muchas regresen a sus empleos.
Poco a poco, los empleos empiezan a recuperarse en Latinoamérica. Sin embargo, gran parte de los nuevos puestos son informales, sin cotización para seguros de salud o desempleo ni ahorro para la jubilación. Todo apunta a que el auge de las apps y el cuentapropismo disfrazado de emprendimiento, con leyes laborales débiles, producirán trabajos cada vez más precarios y el caldo de cultivo perfecto para nuevos estallidos sociales.
En Argentina y Chile, la comunidad de migrantes ocupa el 70 % de los puestos en estas empresas, según datos de la Organización Internacional del Trabajo. Ante la pandemia, muchos vieron en las aplicaciones una solución, sobre todo los grupos más vulnerables. Una gran cantidad de personas migrantes optaron, entonces, por un trabajo que ofrecía beneficios y flexibilidad, pero, ¿a qué costo?
El malestar puede convertirse en fuerza de cambio y en ese sentido resulta esperanzador. Pero cuando excede ciertos niveles y se da en sociedades maduras y con estabilidad institucional, pasa a constituir un motivo de alarma.
Más de 7.000 personas viven en la calle en la ciudad de Buenos Aires. Ignacio Alarcón fue uno de ellos durante nueve meses. Hoy es un operario de Metrovías. La Fundación Multipolar, que lo ayudó a insertarse laboralmente, sostiene que para que eso ocurra, “no depende de uno solo que quiere salir, sino también de mucha gente que quiere ayudar”.
Plantea integrar el 80% de la economía informal en 3 a 5 años, lo que podría representar un ingreso fiscal de US$ 100.000 millones para la economía argentina. La propuesta es de un economista de la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresa y fue presentada durante un seminario organizado por la UCA.
Hoy se pierden 21.000 empleos por mes y, ajustados por la inflación, los salarios bajaron un 15% en el último año. Son las principales razones por las que 1 de cada 10 trabajadores se sumó a algún reclamo y estuvo de huelga.
