La pandemia de COVID-19, las crecientes tasas de pobreza y desigualdad en el mundo, la persistencia de los conflictos, así como la escalada de la crisis climática y de la biodiversidad son conmociones y tensiones que, en conjunto, contribuyen al aumento del hambre y al incremento de la inseguridad alimentaria y nutricional. A fin de coadyuvar de manera más eficaz con el abordaje de este problema urgente, y hacer que el sistema alimentario mundial sea más estable y tenga resiliencia, los gobiernos deberían considerar la posibilidad de establecer un Consejo de Estabilidad de los Sistemas Alimentarios (CESA) que se constituya como un organismo nuevo y multilateral liderado por las Naciones Unidas.
Hoy en día, entre 720 millones y 811 millones de personas, es decir alrededor del 10% de la población mundial, se acuestan sintiendo hambre todas las noches, y al menos 2.400 millones de personas carecen de acceso a una dieta saludable y nutritiva. Es probable que estas tendencias persistan debido a la falta de una acción internacional de importantes proporciones. El informe más reciente del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático demuestra que los efectos del calentamiento global no han dejado a ninguna región intacta, lo que conlleva implicaciones significativas para el sistema alimentario a lo largo de las próximas décadas.
Los sistemas alimentarios sustentan la seguridad de la economía mundial, así como la seguridad nacional en muchos países: el hambre y la falta de acceso a los alimentos han sido históricamente los propulsores de los disturbios civiles. Estos sistemas también se encuentran entre los principales impulsores de la pérdida de ecosistemas y el cambio climático, y la agricultura y el cambio de uso de la tierra son responsables de una cuarta parte de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero. Al mismo tiempo, los ecosistemas, como los bosques, los manglares y los océanos, son fundamentales para los esfuerzos que hace la humanidad para adaptarse a los cambios climáticos que ya están en curso.
Para garantizar la resiliencia a largo plazo del sistema alimentario mundial se requerirá de un importante esfuerzo de colaboración multilateral, el cual debería cimentarse en las estructuras e instituciones ya existentes, como por ejemplo el Comité de Seguridad Alimentaria, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, el Programa Mundial de Alimentos, y el Banco Mundial. Dicho esfuerzo también demandará que los jefes de Estado y de Gobierno, los ministros de finanzas, y las autoridades que lideran las instituciones financieras multilaterales le presten su atención de manera concertada.
Un cuarteto de reuniones internacionales – la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios en septiembre de 2021, la cumbre del G20 en octubre, la conferencia climática de la ONU (COP26) en noviembre, y la Cumbre sobre Nutrición para el Crecimiento organizada por el gobierno japonés en diciembre – brinda una rara oportunidad para centrar la atención internacional en la crisis del hambre y la seguridad alimentaria, y de igual manera en los vínculos que tienen estas crisis con el cambio climático. Cada una de estas reuniones podría allanar el camino para la creación de un CESA, que sería un organismo constituido por gobiernos nacionales y organizaciones internacionales que trabaje para abordar este tema. Este organismo podría ser parte de un esfuerzo mundial más amplio para mejorar la gobernanza alimentaria y para lograr – tal como lo expresa el gobierno de Indonesia, que ocupará la presidencia del G20 en el año 2022 – “una transición justa y asequible hacia cero emisiones netas”.
Además, existe un precedente alentador para la creación de este organismo. El Consejo de Estabilidad Financiera (CEF), establecido por los ministros de finanzas del G20 en abril de 2009 con el objetivo de evitar que se repita la crisis financiera mundial de 2008, ha contribuido positivamente a la estabilidad macroeconómica mundial y ahora es un organismo autorizado, independiente y respetado. Sus hallazgos influyen directamente en la toma de decisiones de los ministros de finanzas del G20, así como en la de los jefes del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y los bancos regionales de desarrollo.
De manera similar, un CESA, en caso de establecerse, se encargaría de promover la salud y la resiliencia del sistema alimentario mundial, incluso abordando asuntos como la estabilidad de precios, el comercio, las reservas estratégicas y los efectos del cambio climático en la producción. Este Consejo respetaría plenamente la soberanía nacional y no emitiría recomendaciones jurídicamente vinculantes. Por el contrario, brindaría consejos creíbles a los gobiernos sobre cómo construir un sistema alimentario que esté mejor preparado para resistir futuras crisis y garantizar un mayor acceso mundial a alimentos nutritivos.
Si bien los gobiernos serían quienes decidan con precisión el alcance, la estructura y la composición de un CESA, creemos que el organismo podría desempeñar un papel útil de varias maneras. Por ejemplo, podría analizar los sistemas de alerta temprana y los datos de modelado de riesgos con relación al hambre, la agricultura y el clima, incluso hacer esto utilizando la actual base de datos del Sistema de Información de Mercados Agrícolas. También podría asesorar a la Organización Mundial del Comercio y a los gobiernos nacionales sobre políticas comerciales relacionadas con los alimentos, y su vez podría coadyuvar con las respuestas que dan los países a la volatilidad del clima y a la dinámica cambiante del mercado.
Además, el CESA podría apoyar y permitir que los países presenten de forma voluntaria evaluaciones de riesgo y planes quinquenales de resiliencia de sus sistemas alimentarios. También podría recopilar y compartir conocimientos sobre las vulnerabilidades del comercio mundial de alimentos, como por ejemplo aquellos conocimientos relacionados con el cambio climático, los conflictos, la falta de diversidad de cultivos, la pérdida de polinizadores y otras amenazas, asimismo este organismo podría identificar y revisar las disposiciones regulatorias y de supervisión, así como las medidas voluntarias dirigidas a abordar dichas vulnerabilidades.
El CESA podría respaldar la planificación de contingencias para la gestión de crisis transfronterizas, especialmente con respecto a cultivos alimentarios de importancia sistémica o zonas particularmente afectadas debido a su vulnerabilidad climática, la pérdida de la biodiversidad y/o futuras pandemias. Por último, el Consejo podría colaborar con el FMI para incluir mayores consideraciones que atañen a los riesgos climáticos, la biodiversidad, y los sistemas alimentarios y de uso de la tierra durante las consultas periódicas con los países miembros sobre el Artículo IV del Fondo.
El Consejo de Seguridad Alimentaria podría estar formado por representantes nacionales pertinentes que provengan de los ministerios de agricultura y asuntos rurales, comercio, salud, medio ambiente y finanzas, así como por organismos internacionales de normalización y científicos líderes en el campo de riesgos que afectan al sistema alimentario mundial. Al igual que ocurre con el Consejo de Estabilidad Financiera, la audiencia de esta institución serían los Estados miembros, incluidos los jefes de gobierno, los ministros de finanzas y ministros de otras carteras.
La ausencia actual de un Consejo de Seguridad Alimentaria es una laguna notable dentro de la arquitectura de gobernanza internacional necesaria para reforzar la sostenibilidad, la equidad y la resiliencia del sistema alimentario mundial durante el siglo XXI y posteriormente. Durante la Asamblea General de las Naciones Unidas y la Cumbre de las Naciones Unidas sobre los Sistemas Alimentarios, que se celebrarán en el mes de septiembre, los gobiernos podrían acordar iniciar un proceso de consulta de un año de duración para estudiar la posibilidad de crear el antes mencionado organismo. Al hacerlo, estos gobiernos podrían contribuir a un futuro mejor para cientos de millones de personas vulnerables, y a su vez podrían garantizar el acceso a los alimentos y la seguridad para todos en el mundo.
Sandrine Dixson-Declève es copresidenta del Club de Roma. José Antonio Ocampo, ex ministro de Hacienda de Colombia y ex Secretario General Adjunto de las Naciones Unidas, es profesor de la Universidad de Columbia y embajador de la Coalición para los alimentos y uso de la Tierra. Felia Salim, presidenta de la Junta Directiva de Partnership for Governance Reform, es embajadora de la Coalición para los alimentos y uso de la Tierra.
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