Según un informe realizado por el grupo Amnistía Internacional (AI), el año pasado América Latina se mantuvo como una de las regiones de mayor riesgo para los activistas, personas que luchan por los derechos humanos, medioambientales y periodistas. Y la situación se agrava en El Salvador, Ecuador y Brasil.
La organización indicó que tanto gobiernos como actores no vinculados a los Estados usaron prácticas como hostigamiento, estigmatización, homicidios y criminalización para impedir a los activistas y periodistas ejercer su labores.
Según los resultados del informe donde citan a la agrupación Global Witness, Honduras presenta un gran porcentaje de asesinatos a defensores de derechos humanos respecto al tamaño de la población del país.
El organismo aludió también a las detenciones arbitrarias que continuaron detectándose en El Salvador, Nicaragua y Venezuela, donde las amenazas para opositores políticos y activistas fueron significativas.
El informe denunció el uso de la fuerza excesiva por parte de la policía en países como Perú, donde reprimieron una protesta tras la llegada a la presidencia de Dina Boluarte y mataron a 50 personas. AI respecto, destacaron que al menos 20 casos «podrían considerarse ejecuciones extrajudiciales».
Retroceso en derechos para las mujeres, infancias y las minorías
El informe además resaltó las alarmantes cifras de abusos contra minorías y violencia de género en la región, donde los países gobernados por presidentes de ultraderecha aplastan cada vez más los derechos de los mismos.
En México se reportaron en promedio nueve mujeres asesinadas por día y, de acuerdo a cifras del Gobierno, los casos quedan muchas veces sin resolverse.
En el caso de Canadá, el informe citó fuentes de Naciones Unidas que denunciaron un incremento en las cifras de mujeres o niñas indígenas desaparecidas o asesinadas en el último año, junto con índices altos de explotación y agresiones sexuales tanto entre mujeres como entre miembros de las comunidades LGBTQ+ en las cercanías de obras de construcción.
Según IA «los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres también se vieron mermados», incluso en países como Argentina y Colombia, donde ya se despenalizó o legalizó el aborto. Además señaló que naciones como Brasil, Chile y El Salvador siguen sin lograr progresos para levantar la estricta prohibición a la práctica.
El reporte hizo énfasis en el retroceso de Estados Unidos, después de que la Corte Suprema de ese país pusiera fin en 2022 a las medidas federales de protección del derecho al aborto, lo que llevó a 15 estados a prohibir la práctica o a aplicar fuertes restricciones, lo que afectó de manera «desproporcionada a personas negras y de otros grupos racializados».
Otras vulneraciones importantes detectadas el año pasado estuvieron relacionadas con el desplazamiento forzado de millones de personas en la región provocado por la hostilidad política, las crisis económicas y el deterioro de la situación humanitaria.
Según cifras de la Agencia de la ONU para los Refugiados, en Venezuela, alrededor de 7,71 millones de ciudadanos había dejado el país al cierre de 2023 ,mientras que Panamá notificó que unas 520.000 personas atravesaron el año pasado su frontera con Colombia a través del peligroso Tapón del Darién, el doble de los registros de 2022.
Con información de Noticias Argentinas
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