En busca de empoderar a mujeres indígenas y rurales | RED/ACCIÓN

Campesina, indígena y feminista: quién es Deolinda Carrizo, la funcionaria que busca empoderar a las mujeres rurales del país

 Una iniciativa de Dircoms + RED/ACCION

Oriunda de Quimilí, Santiago del Estero, y referente del Movimiento Campesino de su provincia, desde febrero se desempeña como directora de Género e Igualdad de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (SAFCI) del Ministerio de Agricultura de la Nación. En esta entrevista expresa que buscará avanzar con la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar y explica cuáles son los desafíos que enfrentan las mujeres rurales.

Campesina, indígena y feminista: quién es Deolinda Carrizo, la funcionaria que busca empoderar a las mujeres rurales del país

Intervención: Denise Belluzo

Cuando Deolinda Del Valle Carrizo era una niña de 10 años vio cómo comenzaba a formarse el Movimiento Campesino de Santiago del Estero, conocido como el MOCASE. La organización nació para dar respuesta al avance de la frontera agropecuaria, responsable de la transformación del paisaje de la provincia. En ese entonces, se multiplicaban los desmontes, los desalojos y los conflictos por la tierra. Miles de familias campesinas fueron expulsadas de la zona mientras se imponía el monocultivo de la soja. El abuelo y el padre de Deolinda formaron parte de la fundación de la organización y, con el paso de los años, ella se convirtió en una dirigente muy importante.

Para Carrizo, el surgimiento del MOCASE fue una herramienta poderosa para aquellos campesinos y campesinas que decidieron seguir en sus territorios. La organización logró instalar en el debate nacional la voz de los pequeños productores que resistían los desalojos.

Este año, Carrizo pasó de la militancia a la gestión pública. Asumió un nuevo rol para seguir trabajando en pos de los derechos de las comunidades campesinas: el 1 de febrero la designaron como directora de Género e Igualdad de la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura de la Nación.

“La pandemia me facilitó la oportunidad de trabajar como funcionaria pública. Tenía miedo de tener que irme de mi casa y dejar a mis tres hijos. Cuando me comentaron esta posibilidad estaba dando de amamantar al último changuito. Finalmente puede asumir la función desde acá”, dice la mujer de 41 años por Zoom. Como muchas mujeres en la pandemia, Deolinda cuida a sus hijos mientras trabaja. Incluso, a lo largo de la entrevista se escucha al hijo más chico que busca la atención de su mamá.

La funcionaria trabaja desde su casa en Quimilí, a unos 200 kilómetros de la capital de Santiago del Estero. De todas formas, va constantemente a Pampa Pozo, su comunidad. “En la semana estoy en Quimilí y los fines de semana en la comunidad. Me faltan algunas condiciones para quedarme más tiempo allá. Hay que resolver el tema de la conexión a internet y la energía eléctrica. Vamos a probar con unos panelitos solares”, cuenta Carrizo.

Pampa Pozo está integrada por 13 familias —83 personas— que tienen la propiedad comunitaria de 1.200 hectáreas. Allí, se produce desde miel, queso y dulce de leche hasta salames, escabeches y verduras. La producción se vende en ciudades cercanas como Quimilí o El Colorado y también genera el autoabastecimiento de todas las personas que viven en el lugar. En ese territorio hay cabras, chanchas madres, ovejas, vacas y corrales de gallinas. 

— ¿Cuáles son las prioridades que se están trabajando desde la Secretaría?
— La agenda que intentamos poner en práctica en la Secretaría tiene que ver con demandas históricas que tiene el campesinado. La intención es dejar en estos espacios una mayor fortaleza de la agricultura familiar, campesina e indígena. Llevamos 30 años en las calles demandando algo central que es el derecho a la tierra. Producto de estos conflictos se produjeron desplazamientos violentos, el asesinato de compañeros y fallos judiciales que beneficiaron al agronegocio. Queremos avanzar en la reglamentación de la Ley de Agricultura Familiar, la 27.118, que se sancionó en 2014. La ley es el fruto de trabajo de las organizaciones campesinas e indígenas a nivel nacional. Sabemos que la ley no garantiza una transformación del modelo actual, pero es una herramienta que nos va a servir para toda esa lucha que se viene dando. Otro tema importante que se viene trabajando es la disputa en torno a la privatización de las semillas. Este año, la Secretaría se hizo eco de este problema y lanzó el programa SemillAR.

La Secretaría de Agricultura Familiar Campesina Indígena promueve, por primera vez desde el Estado nacional, la producción y el rescate de semillas nativas y criollas a través del programa SemillAR. La iniciativa busca recuperar y multiplicar la diversidad biológica y cultural, y revalorizar el rol de agricultoras y agricultores como guardianes de las semillas. El programa surgió para materializar reclamos históricos de las organizaciones de la agricultura familiar.

En la Argentina existen diversas experiencias de producción, intercambio y resguardo de semillas, entre los que se destacan iniciativas como Casas de Semillas y Ferias de Intercambio, que son espacios de encuentro y formación que se constituyeron como espacios de las comunidades para almacenar, conservar y recuperar sus semillas. La pérdida de variedades nativas y criollas que dejan de ser sembradas o conservadas por los agricultores es una preocupación de la agricultura familiar, campesina, indígena por la función que cumplen estos vegetales en la conservación de la biodiversidad y la adaptación a las condiciones ambientales locales.

— ¿De qué forma se está trabajando la perspectiva de género en la agricultura familiar desde tu dirección?
— Estamos llevando adelante el Plan integral en Nuestras Manos, dirigido a mujeres rurales de la agricultura familiar campesina e indígena y de la pesca artesanal. Se presentaron más de 700 proyectos, que involucran a alrededor de 2.000 mujeres. El programa cuenta con tres componentes: el primero implica facilitar el acceso a las innovaciones tecnológicas, maquinarias, herramientas e insumos agropecuarios; el segundo tiene que ver con brindar fondos rotatorios y capital comercial para proyectos ya financiados afectados por la pandemia; el tercero busca generar una red de centros productivos agroecológicos con un triple enfoque productivo, formativo pedagógico y de contención y apoyo a mujeres rurales víctimas de violencias de género. El plan tiene como objetivo acortar la brecha del patrimonio productivo, con maquinaria, herramientas y tecnología en manos de las mujeres. Ahora se está desarrollando la evaluación técnica de los proyectos presentados. 

—¿Cuáles son los mayores desafíos que enfrentan las mujeres rurales?
— Se ve una falta de acompañamiento a las mujeres en situación de violencia. Por eso se desarrolló el tercer componente del Plan Nuestras Manos. Muchas mujeres víctimas de violencia de zonas rurales no hacen la denuncia porque les queda muy lejos o porque no las quieren recibir. Ante una situación de violencia, las mujeres rurales se suelen ir de su comunidad para resguardar su vida. La idea es que cuenten con espacios que las puedan contener hasta que se resuelva su situación. Otro desafío es el acceso a la tierra por parte de las mujeres. Tampoco el acceso a herramientas es suficiente.

Las mujeres representan alrededor del 50% de la fuerza formal de producción de alimentos en el mundo y ocupan un rol predominante en la producción de alimentos a pequeña escala, la preservación de la biodiversidad y la recuperación de las prácticas agroecológicas. Según Naciones Unidas, en América Latina solo un 30% de las mujeres poseen tierra y apenas el 5% tiene acceso a asistencia técnica. Según los datos del Registro Nacional de la Agricultura Familiar (RENAF), estas brechas se reproducen en nuestro país. Al 30 de agosto de 2020 en Argentina el 45% de las personas registradas en núcleos de agricultura familiar son mujeres (152.293), y solo el 10% de estos núcleos se identifican con jefatura femenina. Estos datos expresan que, si bien existe una participación igualmente significativa, esta se encuentra asimétricamente valorada.

—¿Cómo impactó la pandemia en los pequeños productores?
—En algunas localidades, sobre todo en los cordones frutihortícolas, los productores tuvieron más demanda a través de la venta directa. Se potenció la posibilidad de eliminar intermediarios y de comercializar a través de organizaciones de productores. Además, en este contexto, más personas se interesaron por la agroecología. Se hizo evidente que es necesario que se desarrollen las políticas para acelerar la transición. Hay quienes tienen miedo de que se lleve adelante este proceso de ser soberanos alimentariamente.

Carrizo señala que hoy en América latina hay una disputa entre dos sistemas productivos y de vida. “Por un lado está el modelo que acapara la tierra, la concentra y la destruye. Y por el otro, el que defiende la tierra y las culturas milenarias. En las últimas dos décadas en el norte argentino se vieron desastres impresionantes. Allí las familias enfrentan distintos riesgos. Por las comunidades pasan las avionetas que fumigan los monocultivos. No queda otra que convivir con esa exposición al agronegocio. Hoy la otra opción es darse por vencido e irse. Y no nos vamos a ir de nuestros territorios. Hay que establecer políticas que lleven a retroceder ese avasallamiento que sufrieron y sufren poblaciones enteras”, dice la funcionaria.

En torno a la organización campesina, Carrizo reflexiona: “Cada productor es un granito de maíz de una gran mazorca, que representa al campesinado en el mundo entero. Hoy nos mueve un mismo propósito: pelear, estar y construir para el buen vivir de los pueblos”.


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