Nueva Zelanda prohíbe fumar: ¿son efectivas estas medidas?

Nueva Zelanda prohíbe fumar: ¿hasta qué punto reprimir algo (como armas, drogas, juegos de azar) es una solución efectiva?

 Una iniciativa de Dircoms + RED/ACCION

La iniciativa tomada por el país oceánico abre un profundo debate. Especialistas explican en esta nota los riesgos que tienen medidas de este tipo y por qué el consenso es la clave para implementar normas. Y nuestra comunidad de lectores y lectoras aporta su opinión.

Nueva Zelanda prohíbe fumar: ¿hasta qué punto reprimir algo (como armas, drogas, juegos de azar) es una solución efectiva?

Intervención: Julieta de la Cal.

El gobierno de Nueva Zelanda anunció que quienes nacieron después de 2008 nunca podrán comprar cigarrillos (al menos, no legalmente). La nueva legislación —según el diario The Guardian— significa que la edad legal para fumar aumentará cada año: se pretende crear “una generación de neozelandeses libre de humo”, dijo la ministra de Salud de ese país, Ayesha Verrall, y se busca que el país esté completamente libre de ese humo de acá a cuatro años. La propuesta parece interesante, pero abre una pregunta honda: ¿hasta qué punto prohibir algo es una solución?

En Nueva Zelanda se va a reducir la cantidad legal de nicotina, se cerrarán los negocios donde se venden cigarrillos y se aumentará la financiación para los servicios de adicción. “Queremos asegurarnos de que los jóvenes nunca empiecen a fumar, por lo que convertiremos en delito vender productos de tabaco a las nuevas generaciones. Las personas que tengan 14 años cuando la ley entre en vigencia nunca podrán comprar tabaco”, dijo la ministra Verrall. 

Según se lee en cancer.org, un informe del Director General de Salud Pública de los Estados Unidos emitido en 2014 muestra que casi 9 de cada 10 fumadores adultos comenzaron el hábito antes de los 18 años. Por este tipo de cosas, Nueva Zelanda propone que el cigarrillo —que hasta no hace mucho tiempo era un símbolo cultural de actitud o de elegancia— tenga su lugar en un “eje del mal” junto con otros productos indeseables de la sociedad: drogas, armas, ruletas.

Sin embargo, no toda la gente coincide en que esos productos son indeseables en cualquier circunstancia. Y no toda coincidirá en que el cigarrillo lo sea. Por ejemplo:

  • “Prohibir la portación de armas”, escribe la ultraliberal rosarina Antonella Marty en una pieza de opinión, “equivale a prohibir los matafuegos en todos los edificios y hogares, por el simple hecho de que vendrán los bomberos y serán ellos los que sepan correctamente qué hacer. La realidad es que en la mayoría de las ocasiones, necesitamos algo para apagar el fuego de inmediato, porque en caso de esperar podría hacerse demasiado tarde para preservar nuestras vidas y las de nuestros seres queridos”.
  • Cuando en México el congreso de Oaxaca prohibió la distribución, venta, regalo y suministro de bebidas azucaradas y alimentos chatarra a menores de edad, el periodista y analista Leo Zuckermann escribió: “Esto lo único que va a generar es un mercado negro de estos productos donde las policías se llevarán parte de las ganancias. En México también está prohibida la venta de tabaco y alcohol a menores y, sin embargo, la ley no se aplica. Lo mismo ocurrirá con los refrescos, botanas y pastelillos en Oaxaca”.
Un hombre fumando detrás de un símbolo de "prohibido".
Intervención: Julieta de la Cal.

¿Por qué prohibir?

El problema parece estar en las bases filosóficas de cualquier prohibición: en su justificación. 

“Tradicionalmente, la teoría del derecho señalaba que la forma que tenía el derecho para hacer que la gente cumpla con las normas era amenazarla con castigos o darle incentivos ”, dice Martín Böhmer, investigador principal de Instituciones Políticas de CIPPEC y ex Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo. 

“También se tomaba en cuenta la moral, las costumbres, la mirada de los pares y el respeto a la ley. El derecho se manejaba tradicionalmente con la cuestión del castigo, tanto como la economía pensaba en un homo economicus que funcionaba por premios y castigos. Pero de un tiempo a esta parte el derecho empezó a estudiar los sesgos cognitivos, y eso tiró por la borda la idea del homo economicus. No siempre nos comportamos como seres racionales y autointeresados”.

Böhmer explica que la gente obedece más a las normas por su confianza en instituciones legítimas que por temor a un castigo. “Ahora se está tratando de crear procedimientos que generen confianza y percepción de legitimidad en la gente”, sigue. “Cuando la gente percibe que la autoridad es legítima y la norma también, confía más y cumple más”. ¿Pero qué significa esta legitimidad? “Que uno siente que participó del procedimiento de creación de la norma, que su opinión tuvo algún peso, que la autoridad es imparcial y que el lenguaje es claro”. 

Entonces, la siguiente pregunta es cómo hacer cumplir una prohibición. “Depende del contexto”, dice Böhmer. “En la Argentina hay casi un 50% del mercado laboral en negro, no paramos en los semáforos, etcétera. ¿Cómo construir entonces la legitimidad de una norma? Con algunos colegas discutimos cómo fue posible que en un país tan incumplidor como el nuestro, a nadie se le ocurra hoy fumar en lugares públicos. ¿Qué pasó? Nadie sabe bien. Supongo que es una mezcla: la presión de los pares, los hijos pidiéndole a sus padres que no fumen, más conocimiento sobre efectos nocivos, y otras cosas”.

Preguntamos a nuestra comunidad en Instagram: “¿Te parece que la prohibición es una solución válida?” 🚭❓ Nos respondieron: alguien estuvo de acuerdo, alguien habló de mercado negro, otra persona lo vio como algo negativo...

Distintas opiniones en Instagram a la pregunta sobre si la prohibición es una buena medida.

Tres problemas de la prohibición de las drogas

La prohibición respecto de las drogas es un gran debate: quizás el debate madre de todo este tipo de noes. “Hay prohibiciones que funcionan bastante bien, aunque ninguna es infalible”, opina Guillermo Nicora, director del programa de Cárceles y políticas penitenciarias del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), e integrante de la Junta Directiva. “La mayoría de las comunidades les prohíben a sus miembros destruir los bienes ajenos o compartidos (e incluso los propios, si tienen algún valor social o económico relevante), por ejemplo. Eso ha llevado a que muchas veces los gobernantes pretendan prohibir la producción, distribución, la venta o incluso la tenencia de aquellos bienes o sustancias cuyo uso o consumo se ve como problemático, especialmente sustancias psicoactivas”. 

Esto tiene, dice Nicora, tres problemas: 

1️⃣ “Hay un problema histórico: casi todas las culturas, desde que existe la memoria de la humanidad, han utilizado determinadas sustancias que alteran las percepciones o las conductas, sea para provocar trances con fines religiosos o bien para modificar transitoriamente las interacciones sociales”.

2️⃣ “El segundo problema podríamos decir que es práctico: las estrategias prohibicionistas fracasan. Y no es solo una cuestión de ineficacia; por lo general, traen más problemas que los que se pretenden solucionar. Es proverbial la experiencia estadounidense con la Ley Seca a principios del siglo pasado: la prohibición ‘oficial’ del alcohol frente a una demanda inalterada generó un mercado ilícito con ganancias astronómicas (y consiguiente alto poder de corrupción de los funcionarios que debieran controlar, y proliferación de la violencia para asegurar el funcionamiento del mercado ilegal), y graves problemas sanitarios por el consumo de alcohol de baja calidad y sin controles bromatológicos”.

3️⃣ “El tercer problema, que podríamos llamar psicológico (con muchas reservas), es que los consumos problemáticos no dependen de las sustancias, sino de las condiciones personales de quienes desarrollan conductas adictivas: hay adictos al alcohol y a otras sustancias psicoactivas, pero también hay conductas adictivas vinculadas a las apuestas, a las redes sociales, al uso de aparatos, al trabajo, al sexo, a las harinas, al azúcar, y a una larga serie de etcéteras. Las ciencias de la conducta no tienen aún respuestas definitivas (y posiblemente, tampoco las preguntas adecuadas) para conjurar conductas compulsivas muy diversas que funcionan por mecanismos aparentemente similares. Es decir, si llegáramos a transformar a la humanidad hasta abolir la justificación de los consumos de sustancias psicoactivas, o si descubriésemos el modo de hacer desaparecer por completo las sustancias de ese tipo, aún quedaría el tercer problema”.

Mientras tanto, la Argentina sigue fumando

Hace un año, el Defensor del Pueblo Adjunto bonaerense, Walter Martello, alertaba que la Argentina aparecía en los primeros lugares entre los países latinoamericanos en el Índice Regional de Interferencia de la Industria Tabacalera (IT), de Corporate Accountability y Stopping Tobacco Organizations and Products (STOP), un ranking que medía el nivel de interferencia de la industria tabacalera en las políticas públicas en todo el mundo. 

“En plena pandemia, y siendo el tabaquismo uno de los principales factores de riesgo en la letalidad del COVID-19, las tabacaleras despliegan una fuerte ofensiva comercial y marketinera”, explicaba Martello. “Lo hacen en los márgenes del marco regulatorio vigente, aprovechando al máximo los vacíos legales, y con el claro objetivo de asegurarse una nueva generación de clientes […] A su vez, la legislación nacional y provincial no ha ido aggiornándose a las nuevas estrategias comerciales y publicitarias de las tabacaleras. Se están expandiendo en el negocio de los cigarrillos electrónicos o dispositivos similares (como el IQOS, un híbrido entre el vaporizador y un producto de tabaco tradicional)”. La ley tiene ya 10 años.

Martello no está de acuerdo con prohibir. “Sancionando una reforma a la ley alcanzaría”, dice ahora. “Prefiero hablar de regulación antes que de prohibición porque esta fomenta el consumo clandestino”.

Un cartel de "Parc sans tabac" ("Parque libre de tabaco"), en Estrasburgo, Francia, en 2018. Foto: SEBASTIEN BOZON / AFP.

Más consenso por un bien común 

¿Se justifica una medida de fuerza por un bien mayor? “Siempre que se piensa en implementar normas que restringe el ámbito de autonomía de las personas, se producen tensiones y conflictos”, explica Nicora. “Un elemento importante es el consenso. Hace quince o veinte años, prohibir fumar en aviones y otros lugares cerrados parecía una idea ridícula: todos recordamos conductores de colectivos o taxis y profesores universitarios fumando aunque estuviera prohibido hacerlo en los vehículos o las aulas”. 

Sigue: “Fueron necesarios muchos años de debate social (no hace mucho, la idea de ‘fumador pasivo’ parecía extravagante) para llegar al momento actual en que el acatamiento de las normas que prohíben fumar en espacios cerrados es muy alto. En resumen: se justifica en la medida del consenso que alcance la medida. No parece adecuado (desde mi punto de vista) plantear una respuesta categórica en abstracto ni en términos absolutos”.

El debate público debe incluir información de calidad, cree Nicora: una “democratización del conocimiento”. “Y también, tener muy claro los intereses en juego: todas las medidas orientadas a reducir el consumo de alcohol y tabaco son y serán sistemáticamente combatidas por cada uno de los eslabones de la cadena de producción y distribución de esos productos, hasta hoy legales”. 

“Esto no quiere decir que haya que descartar por completo la gradual y sostenida reconversión de los productores de tabaco (y de los esquemas impositivos de los gobiernos) hacia actividades agropecuarias o industriales con menor impacto negativo en la salud; pero es importante entender que estamos ante uno de los múltiples conflictos que conviene abordar con las herramientas de la democracia, más que con autoritarismo”, agrega el dirigente de INECIP.

Algo parecido dice Böhmer sobre la cuestión del origen de la fuerza de una prohibición: “Es una gran discusión: ¿cómo se justifica la democracia y el poder? En la modernidad decidimos que nadie nos puede imponer nada, salvo que lo concedamos. Nos tienen que dar razones para convencernos. Es la democracia constitucional. La justificación a la obediencia de la ley depende de la política”.


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