Ser inquilino en una villa: entre el temor a los contagios y el miedo a los desalojos | RED/ACCIÓN

Ser inquilino en una villa: entre el temor a los contagios y el miedo a los desalojos

Un decreto prohíbe aumentar el alquiler y dispone que nadie puede ser obligado a irse de una propiedad por falta de pago. Sin embargo, en los barrios populares se complica el cumplimiento. ¿Qué instituciones están mediando en estos conflictos? ¿Cuáles son las recomendaciones?

Intervención: Pablo Domrose

El 21 de abril se confirmó el primer caso de coronavirus en la Villa 31. La mujer de 43 años que contrajo el virus es inquilina y vivía en una pieza de tres metros cuadrados. Compartía el cuarto con sus padres de más de 80 años.

Este sábado, 11 días después, su mamá, de 84 años, murió de Covid-19. Aquel 21 de abril, desde el hospital Hospital Vélez Sarsfield, la mujer de 43 años contó en redes sociales que en el mismo piso que alquilan viven además otras tres familias y que comparten un baño entre 13 personas.

Los barrios populares porteños viven los días más preocupantes desde que se desató la pandemia. En la villa 31 los casos confirmados ya superan los 80. El hacinamiento es uno de los peores enemigos.

La modalidad de alquiler informal, como la que tenía la familia con la que empezamos esta nota, es muy común en los asentamientos de la ciudad de Buenos Aires y hace muy difícil poder cumplir con las medidas de prevención. Sin embargo, es a lo que pueden acceder miles de familias. Y a lo que se aferran por estas horas, tiempos en los que el congelamiento de los alquileres dispuesto por el Gobierno no les asegura nada. O muy poco.

Desde el 29 de marzo, un decreto presidencial congeló el precio de los alquileres y suspendió los desalojos hasta el 30 de septiembre. Es más, habilita a que si el inquilino no tiene cómo pagar el alquiler, lo pueda hacer después del 30 de septiembre y en hasta seis cuotas mensuales.

El decreto alivió a muchos inquilinos del país. Pero no a todos: si bien las nuevas reglas también deben regir para los acuerdos informales de alquiler, por el grado de informalidad es difícil que en la práctica los propietarios acepten un atraso en el pago o incluso se nieguen a no seguir aumentando los valores.

El 40% de la población que vive en villas alquila su casa o pieza en un mercado informal, según un informe del Observatorio Universitario de Buenos Aires (OUBA). Y la mayoría paga precios cercanos al del mercado formal de alquileres. Pero al no contar con contratos formales, si no pagan en fecha, a muchos los amenazan con echarlos ese mismo día. Así, están permanentemente expuestos a conflictos. Y a quedar en la calle.

Foto: AFP

Malena Dondo, coordinadora Operativa de Villas de la Defensoría del Pueblo, explica que los desalojos son denunciables porque hay un decreto nacional, pero como no hay un registro de los alquileres en las villas es difícil de probar. Muchas veces los desalojos son violentos, les sacan cosas a la calle o les cambian la cerradura.

“Los alquileres pueden ir desde una pieza muy chica hasta una vivienda. Algunos propietarios o locadores que viven en el barrio construyen una pieza para alquilarla y la usan como renta de subsistencia. Otros cuentan con edificio de varios pisos para alquilar. El universo es muy variado. Los inquilinos suelen mudarse regularmente, por cuenta propia o por las exigencias abusivas”, cuenta Dondo.

El Programa de Atención al Inquilino de la Defensoría ofrece un número de WhatApp de Atención al Inquilino (+54 9 11 2254-6185) y recibe alrededor de 200 consultas por día vinculadas al tema.

Después de la publicación del decreto nacional, organizaciones que trabajan por el derecho a la vivienda recibieron denuncias por intentos de desalojo y intimaciones, como la amenaza de que les iban a cortar servicios básicos. Apenas una de las formas de hostigamiento para que abandonen el lugar.

Esas organizaciones, entre las que figuran la Defensoría, Inquilinos Agrupados y el CELS, le enviaron una serie de propuestas o recomendaciones al Gobierno de la Ciudad:

  • Establecer un protocolo de intervención inmediata ante intentos de desalojo.
  • Comprometer a los propietarios de hoteles familiares y pensiones a definir mensualmente una tabla de precios fija con el fin de evitar especulaciones y arbitrariedades.
  • Adoptar mecanismos de fiscalización para garantizar el congelamiento de los precios.
  • Establecer una línea de subsidios especiales para contribuir al pago del alquiler de habitaciones en hoteles familiares y pensiones por al menos los próximos seis meses.
  • Establecer mecanismos de fiscalización y de recepción de denuncias para garantizar que los inquilinos puedan pagar su alquiler a través de transferencia bancaria.

Christian Baez vive en la Villa 31 y tiene vecinos que fueron desalojados en estos días. Indignado por la situación lo publicó en un grupo de Facebook.

“Hay mucha gente a la que le cuesta encontrar un lugar para alquilar y por eso no se quejan si les aumentan. Conozco un muchacho que se tuvo que ir a la provincia en plena cuarentena. Le querían cobrar $8500 por una habitación. Como no lo pudo pagar, le sacaron las cosas a la calle y se tuvo que ir a la casa de un familiar en provincia”, dice Baez.

Además, Baez comenta que el precio es muy arbitrario: “Depende de la cara”. Cuenta que lo más común es alquilar una habitación y compartir el baño y la cocina con otras familias. “Las condiciones suelen ser muy precarias. Muchos baños no tienen depósito de agua y tienen que manejarse con un balde”, agrega.

Carmen Villafañe, también vecina de la Villa 31 y colaboradora de la Fundación El Pobre de Asís, comenta que a muchas personas se les hace difícil pagar el alquiler porque no pueden salir a trabajar. “Hay dueños que toleran y aguantan la situación y otros que no”, dice.

En la Villa 31 viven unas 40 mil personas, que desde hace varios días sufren además la falta de agua.

Foto: AFP

Villafañe observa más gente en situación de calle dentro de la villa. “Ellos recurren a organizaciones o a los comedores para buscar el almuerzo y la cena. Se la rebuscan para sobrevivir con los recursos del barrio. Es muy triste”, comenta. Y asegura que el alquiler de una habitación con baño compartido ronda los 8.000. “Con baño privado tiene otro precio: unos $12.000”, dice.

Villafañe tiene su casa, pero el año pasado se le incendió el segundo piso, donde están las habitaciones, durante un corte de luz. Como no podía vivir ahí empezó a alquilar una habitación. “Al principio pagaba 4.000. Cada dos meses me aumentaron y ahora ya me quieren pedir $8000. No tengo muchas alternativas para elegir porque son muy pocos los lugares que aceptan alquilar con chicos. Los carteles ya dicen: parejas solas”, relata Villafañe.

Diego Fernández, secretario de Integración Social y Urbana de la Ciudad, habló con La Nación sobre la situación general en los barrios populares y reconoció que "en los barrios vulnerables el cumplimiento de la cuarentena se complejiza" y sobre la asistencia a las personas que estuvieron en contacto con los casos confirmados dijo que "se les facilita el aislamiento y se les realiza un seguimiento telefónico".

En los barrios populares hay problemas nuevos que emergen por la crisis desatada por la pandemia, pero sobre todo se ve el agravamiento de las condiciones deficitarias que siempre existieron.

“Las condiciones son las menos propicias para generar el aislamiento adecuado. Por el contrario favorecen situaciones de contagio por compartir espacios. La situación es muy complicada para los que están en riesgo de desalojo, pero también para quienes permanecen en condiciones inadecuadas como para sostener el aislamiento social que puede tender a menguar la propagación del virus”, opina Pablo Vitale, uno de los directores de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

La directora de la maestría de estudios urbanos en la Universidad Nacional General Sarmiento, María Cristina Cravino, se mostró preocupada por la falta de agua en la Villa 31: “La gente tiene que hacer cola para buscar un balde de agua. ¿Cómo se lavan las manos sin agua? ¿Cómo limpian los alimentos? ¿Cómo se higienizan?"

Foto: AFP

Petronila Yanayaco, que vive en el barrio el Playón de Chacarita, está alojando a su sobrina junto al hijo, porque no tienen más ingresos para pagar el alquiler. “La dueña le dijo que cuando terminara la cuarentena se iba a tener que ir. Pero ella ya vino para mi casa. Ella trabajaba en un almacén y se quedó sin trabajo. Por un departamento de un ambiente pagaba $9000. Mi casita es chiquita, pero no los voy a dejar en el calle tampoco. Estamos hacinados”, cuenta.

Petronilla se queda pensando en la entrevista y me vuelve a escribir para contarme la historia de una vecina:

Las historias siguen. Petronilla recuerda más y más casos. Todos conocen a una persona que no solo está asustada por la pandemia, sino por la posibilidad de quedarse sin un refugio.

Petronilla reflexiona: “El tema con la vivienda, la comida, los servicios y el no poder trabajar es un túnel muy largo y oscuro que nos toca transitar”.

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